nombre reservado con AFP UNO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se interpone recurso de protección por nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, lo que vulneraría las garantías constitucionales reconocidas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante su permanencia en Chile, desarrolló actividades laborales, efectuando las cotizaciones previsionales obligatorias en su cuenta de capitalización individual, y ha decidido regresar definitivamente a su país de origen para realizar su proceso de jubilación, razón por la cual solicita la devolución de los fondos acumulados.

Indica que la recurrida no le entrega los fondos ya que el certificado acompañado no está legalizado.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte toda vez que ha actuado en estricto cumplimiento del marco normativo vigente, particularmente el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los Oficios Ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025, y Reservado N° 2.966, de 3 de agosto de 2023, exigen que la certificación de afiliación al sistema previsional extranjero se encuentre debidamente legalizada o apostillada, y que la simple remisión a un enlace web de verificación electrónica no satisface dicho estándar. Señala que no cuenta con atribuciones para dejar sin aplicación una exigencia legal expresa cuya finalidad es garantizar la autenticidad y seguridad jurídica del sistema previsional, y que la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile no la habilita para prescindir de tales requisitos.

Enfatiza que la acción de protección es de naturaleza cautelar y requiere la existencia de un derecho indubitado, lo que no ocurre en la especie al tratarse de una expectativa de devolución condicionada al cumplimiento de requisitos técnicos y legales no satisfechos.

Concluye que no se ha configurado privación, perturbación ni amenaza a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley o derecho de propiedad pues la AFP no puede realizar actos que la ley prohíbe o no autoriza expresamente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. La procedencia de esta acción cautelar exige la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que este cause privación, perturbación o amenaza a una garantía constitucional, requiriéndose indispensablemente que el derecho reclamado tenga el carácter de indubitado y preexistente. No resulta ser esta vía un procedimiento de lato conocimiento destinado a declarar derechos controvertidos.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, es preciso tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno. Su artículo 1° exige copulativamente: a) Que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados a estos autos aparece establecido que, para los efectos de acreditar el presupuesto previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó ante la autoridad administrativa una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento que no se encuentra suscrito por autoridad competente, ni legalizado o apostillado, y que, además, no permite tener por acreditado que dicho régimen le otorgue cobertura, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Sexto: Que, asentado lo anterior, no se advierte que la actuación de la recurrida pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, desde que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos encuentra sustento en la falta de acreditación suficiente de los presupuestos copulativos que contempla el artículo 1° de la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional y, por ende, de aplicación restrictiva.

Séptimo: Que, en efecto, la constancia electrónica acompañada por la actora, aun cuando incorpore mecanismos de verificación digital, no satisface, por sí sola, las exigencias formales que nuestro ordenamiento impone respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero, de manera que no resulta bastante para tener por acreditada, en esta sede cautelar, la cobertura previsional invocada en los términos exigidos por la ley.

Octavo: Que, en lo concerniente a la imposibilidad material para obtener la apostilla o legalización de la documentación emanada de autoridades venezolanas, cabe señalar que dicha circunstancia, aun cuando pudiere importar una dificultad práctica atendible, no autoriza a esta Corte para eximir del cumplimiento de exigencias legales expresas ni para sustituir, por la vía de esta acción cautelar, los medios de acreditación previstos por el legislador y desarrollados por la autoridad administrativa competente.

Noveno: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la recurrida aparece sustentada en antecedentes objetivos y en la aplicación de la normativa sectorial pertinente, sin que se advierta en su dictación un proceder caprichoso, infundado o discriminatorio que justifique el otorgamiento de la cautela constitucional pretendida.

Décimo: Que, asimismo, tampoco se configura la vulneración del derecho de propiedad denunciada, toda vez que los fondos previsionales de la recurrente permanecen incorporados a su cuenta de capitalización individual y conservan la finalidad legal que les es propia, de modo que la negativa impugnada no importa privación, perturbación ni amenaza de dicho derecho, sino únicamente la improcedencia de su restitución anticipada en ausencia de los presupuestos legales que la hacen excepcionalmente procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-7235-2026.