Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparecen los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de don nombre reservado, ciudadano venezolano, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente y el envío de los respectivos antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera el derecho fundamental a solicitar refugio y el principio de no devolución establecido en la legislación nacional e internacional, vulnerando con ello los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, específicamente la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la carta fundamental, por lo que solicita que se ordene la conclusión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y se conceda la correspondiente visa temporaria mientras se evalúa la solicitud.

Los hechos que fundamentan la presente acción se remontan a la situación que atraviesa Venezuela, país de origen del recurrente. Según se expone, don nombre reservado se vio forzado a abandonar su país natal debido a la violencia generalizada, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público venezolano. En tal contexto, se describe una grave descomposición social, económica e institucional que incluye fallas en la distribución de alimentos, servicios básicos deficientes, crisis en el sistema de salud y seguridad pública, además del aumento de la delincuencia con la presencia de bandas criminales conocidas como "Colectivos" y "Tupamaros", que operan con el amparo del gobierno.

Ante esta situación, el recurrente abandonó Venezuela el 29 de julio de 2024, ingresando posteriormente a territorio chileno el 11 de agosto de 2024 por pasos inhabilitados. Una vez en Chile, el 4 de septiembre de 2024, acudió a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en que fue atendido, se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos que fundamentan su solicitud.

No obstante lo anterior, y constituyendo el núcleo de la controversia, se sostiene que desde esa fecha el recurrente no ha vuelto a ser contactado por la autoridad migratoria recurrida, tampoco se le ha otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley Nº 20.430, circunstancia que justifica la interposición del presente recurso.

Desde la perspectiva jurídica, fundamentan su pretensión en el derecho a buscar y recibir asilo como derecho humano fundamental que no puede limitarse arbitrariamente. Invocan la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 14, que establece el derecho de toda persona a buscar asilo en caso de persecución. Asimismo, se basan en el artículo 5° de la Constitución Política, que obliga al Estado a respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y a respetar y promover tales derechos, ya sea que estén garantizados por la Constitución o en tratados internacionales ratificados por Chile.

Adicionalmente, invocan el principio de no devolución establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 20.430, que se aplica desde el momento en que se manifiesta la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la autoridad competente. En este sentido, citan la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, específicamente sus artículos 32 y 33, que prohíben la expulsión y devolución de refugiados. También mencionan la Resolución Exenta Nº NUM000 de fecha 11 de mayo de 2023, que establece un manual de procedimiento administrativo para la correcta atención de las personas que necesiten solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

En cuanto a la configuración de la situación amparada mediante la presente acción constitucional, sostienen que se cumplen los requisitos del artículo 20 de la Constitución: la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que esta haya causado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de garantías constitucionales, y la relación de causalidad entre ambos elementos. Argumentan que la omisión de la autoridad migratoria en dar curso al procedimiento de reconocimiento de refugio y otorgar la visa temporaria correspondiente constituye una discriminación respecto al trato dispensado a otros extranjeros.

Por lo anterior, indican que se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente, específicamente la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que el proceder de la autoridad migratoria importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros, al no darle curso a su solicitud de refugio ni otorgarle la visación temporal que prescribe la ley, vulnerando además su derecho fundamental a solicitar refugio reconocido tanto en la legislación nacional como internacional.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal vulnerando derechos fundamentales del recurrente, se ordene concluir el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley Nº 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada. Adicionalmente, solicita una orden de no innovar para precaver la eventualidad de expulsión del recurrente y que se ordene la reserva de la causa para proteger los datos personales del solicitante.

Segundo: Que requerido el informe a la autoridad recurrida, el Servicio Nacional de Migraciones evacúa dicha diligencia, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, fundando su petición en que la acción constitucional habría perdido toda oportunidad y eficacia al haberse pronunciado definitivamente sobre la solicitud del recurrente.

En cuanto a los antecedentes de hecho que expone la recurrida, señala que con fecha 13 de agosto de 2024, el extranjero nombre reservado, de nacionalidad venezolana, inició efectivamente la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a través de los canales dispuestos por dicha autoridad para tales efectos. Agrega que, cumplidos los requerimientos establecidos en la Ley Nº 20.430, mediante Resolución Exenta Nº NUM001 de fecha 18 de febrero de 2025, se declaró inadmisible por improcedente la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del señor nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 bis del referido cuerpo legal.

Desde la perspectiva jurídica, la recurrida fundamenta su defensa en la causal de pérdida de oportunidad y eficacia de la acción de protección.

En tal sentido, argumenta que habiéndose pronunciado definitivamente sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado mediante la resolución administrativa mencionada, no existe actualmente acto u omisión alguno que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sostiene la recurrida que la circunstancia de haberse dictado el acto administrativo conclusivo del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado hace que desaparezca el presupuesto fáctico que originalmente sustentaba el recurso de protección, esto es, la alegada omisión en tramitar la solicitud y otorgar la visa temporaria correspondiente.

Por consiguiente, considera que al haberse resuelto definitivamente la petición administrativa del recurrente, la acción constitucional carece de todo objeto y fundamento, perdiendo por ende su oportunidad y eficacia.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

Quinto: Que, conforme a los antecedentes, el recurrente está solicitando que esta Corte ordene la conclusión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y se conceda la correspondiente visa temporaria mientras se evalúa la solicitud.

Sexto: En ese sentido, consta del informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones que el 18 de febrero de 2025, mediante Resolución Exenta Nº NUM001, se declaró inadmisible por improcedente la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del señor nombre reservado, siendo este el acto terminal de dicho proceso.

Lo anterior, impide a esta Corte adoptar medida alguna en favor del solicitante en relación al acto denunciado como fundamento de la acción cautelar, al haber perdido oportunidad.

En razón de lo dicho, no existiendo actualmente conducta que vulnere los derechos fundamentales que nuestra Carta Fundamental reconoce a la recurrente, susceptible de ser subsanado por medio del recurso interpuesto, éste deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el arbitrio deducido en favor de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección Nº 723-2025.