Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Franco Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, por haber incurrido en una omisión que califica de arbitraria e ilegal, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de regularización migratoria enviada mediante carta certificada con fecha 9 de julio de 2025, lo que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente se vio forzada a salir de Venezuela debido a la violencia generalizada y a la vulneración de derechos, ingresando a territorio nacional por un paso no habilitado. Sostiene que, el 9 de julio de 2025, envió mediante carta certificada una solicitud a la recurrida para regularizar su situación migratoria bajo el amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325. Sin embargo, alega que la autoridad no ha emitido respuesta a la recurrente ni le ha otorgado la visación de residente temporario, prescrita en el artículo 32 de la Ley N°20.430.

Invoca el derecho fundamental a buscar y recibir asilo contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de no devolución contemplado en la Ley N°20.430 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Afirma que la administración tiene el deber de poner las solicitudes en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado en el más breve plazo.

Solicita se ordene que se concluya el procedimiento de regularización y se le otorgue una visa temporaria de refugio mientras se evalúa su situación.

Segundo: Que, informa la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, pidiendo que se rechace la acción de protección con expresa condena en costas.

Refiere que existe una confusión por parte de la recurrente entre el procedimiento de refugio regulado en la Ley N°20.430 y el de regularización extraordinaria por casos calificados o humanitarios contenido en la Ley N°21.325, los cuales poseen requisitos y organismos competentes distintos. Indica que, respecto de la solicitud de la condición de refugiado, es el Servicio Nacional de Migraciones el competente para la tramitación inicial, etapa previa a la intervención del Ministerio del Interior.

A su vez, confirma que la solicitud de regularización extraordinaria de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación en la Subsecretaría.

Al respecto, expone que las solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería. Agrega que este tipo de solicitudes ha experimentado un aumento exponencial en los últimos años.

Afirma que, debido a lo anterior, corresponde desechar cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la recurrente, toda vez que aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada.

Sostiene que no existe una omisión ilegal, pues el plazo de seis meses de la Ley N°19.880 no es un plazo fatal según la jurisprudencia de la Corte Suprema. Arguye que la regularización migratoria excepcional es una potestad discrecional indelegable del Subsecretario del Interior, no un derecho de la solicitante. Finalmente, alega que acoger el recurso vulneraría la igualdad ante la ley de otros extranjeros que esperan en la vía regular sin judicializar sus casos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que lo discutido en el presente recurso dice relación con la demora en el pronunciamiento de la solicitud efectuada por la actora el 9 de julio de 2025, lo que califica como vulneratorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Quinto: Que, de conformidad a los antecedentes allegados en el recurso y en particular, lo informado por el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, consta que el 9 de julio de 2025 se solicitó la regularización migratoria del recurrente. Luego, consta que a la fecha del informe de este recurso se remitieron los antecedentes a la Subsecretaría, para efectos de emitir una resolución de término, que aún se encuentra pendiente, toda vez que dicha entidad señala que tal solicitud está en “análisis” ante el Servicio recurrido Sexto: Que, lo anterior, en el contexto del tipo de solicitud que se trata, da cuenta de una vulneración al principio de celeridad, contemplado en el artículo 7° de la Ley N° 19.880, que señala que “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.”, lo anterior, además, comprendiendo que las recurridas son instituciones que, si bien cuentan con competencias con competencias diversas, se encuentran estrechamente relacionadas, porque el ejercicio de sus funciones así lo exige, como ocurre precisamente con hipótesis como las que se conoce en estos autos en que el actuar de una depende del de la otra.

Séptimo: Que, en consecuencia, la excesiva demora en la tramitación de la solicitud de regularización presentada por el recurrente con fecha 2 de mayo de 2025, deviene en un acto arbitrario y que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, que debe ser subsanado.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, solo en cuanto se ordena a la Subsecretaría del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, sobre la solicitud de regularización migratoria que tiene pendiente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Acordado con el voto en contra del abogado señor Luna, quien estuvo por rechazar el recurso por lo siguiente: 1º Que, no resulta posible calificar el actuar que se reprocha como arbitrario o ilegal, pues si bien se constata una demora en la tramitación de solicitud de regularización migratoria de la actora, ésta resulta prudente y es consecuencia de la gran cantidad de requerimientos que ha debido tramitar el Ministerio del Interior en el último tiempo, lo que es de público conocimiento, circunstancia que no permite dar una celeridad mayor al procedimiento en los términos y plazos establecidos en la Ley N°19.880. 2º. Que, de otro lado, tampoco se puede advertir una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, pues la parte recurrente se encuentra a la espera de la respuesta en igualdad de condiciones con otros solicitantes, de tal forma que, de acceder a la presente acción, se estaría otorgando un trato preferente al actor.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-7226-2026.