nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por doña nombre reservado, inspectora, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, desconoce profesión u oficio, domiciliada en domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías de los numerales 1, 4 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide la eliminación de la publicación de la red social Facebook por la recurrida en un plazo prudente o decretar oficio a Facebook con el objeto de que elimine dicha publicación, y todas las que hayan sido compartidas desde la publicación original, junto a las publicaciones en medios de comunicación masivo y disponer todas las medidas conducentes al restablecimiento del Derecho, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 6 de agosto pasado, a las 22:00 horas, una amiga de la recurrente la llama a su teléfono celular y le señala que había visto una publicación en redes sociales, en la que estaba aludida en un grupo de la red social Facebook “Quilicura vende up” (https://www.facebook.com/groups/296217897715283) y de otros grupo de la misma red social, que era una “funa” escrita por la recurrida, que venía acompañada con una foto de la actora junto a su pareja cuyo mensaje señalaba lo siguiente: “Este csm le apagó la niñez a mi hija a sus 12 añitos y aún duerme en tribunales la demanda por abuso sexual a menores y la mujer que lo acompaña (tía de mi hija) lo defendió diciendo que el jugaba así con las niñas. Dejaré sus nombres porque si la justicia sigue tardando quizás a quien más puede dañar este mal nacido avalado por su señora. nombre reservado (abusador de menores) nombre reservado (trabaja de inspectora de patio en el colegio santa María de Quilicura) #justiciaparacadamenorabusadayasesinada.”

Indica que de estas publicaciones la recurrente se enteró por diversas personas, amistades y compañeros de trabajo que han manifestado su preocupación al verse expuesto el lugar de trabajo de la recurrente, la que se encuentra en la intranquilidad por la masividad que significan las redes sociales y como se ha expuesto este arbitrario hecho, y teme por su futuro laboral al haber estado mencionado el colegio en donde trabaja en la publicación. La recurrida ha hecho estas publicaciones tanto en su cuenta personal, que desconoce si es de ella o la hizo para estos fines, y en diversos grupos de redes sociales, muchos que desconoce, pero todas con el mismo mensaje y foto.

Señala que, previo a este acontecimiento, la recurrente tuvo problemas familiares con la recurrida, ya que don nombre reservado es padre de doña nombre reservado y padrastro de nombre reservado y los problemas surgieron porque don nombre reservado, siguió viviendo en la casa de la madre de las partes (nombre reservado), quien falleció el 5 de junio de 2012, siendo don nombre reservado quien inició una causa de violencia intrafamiliar en contra de nombre reservado, bajo el Rit F-9329-2019 del Centro de medidas Cautelares de Santiago, causa que ordenó a que don nombre reservado debía abandonar el hogar en el que vivía ya que, al no haber estado casada con la fallecida, no tenía derechos hereditarios respecto a ese bien y como había una comunidad se sugirió vender.

Expone que, la recurrente en su calidad de heredera y en conjunto con sus hermanos, realiza los trámites para la venta de la casa que le había dejado su madre, lo que produce el total desconcierto de la recurrida, la que la motiva a realizar diversos tipos de amenazas en contra de la actora, una de ellas es que “le hará la vida imposible” y que metería preso a su marido porque había “abusado de su hija”, amenazas e improperios que desencadenaron la interposición del presente recurso, por la “funa” por redes sociales producida, que le ha generado diversos problemas familiares, psicológicos, laborales y sociales por la exposición arbitraria y con claros efectos negativos en la que se vio expuesta.

Señala que se ha conculcado el derecho a la integridad psíquica de la recurrente, al promoverse un enjuiciamiento público a través de las redes sociales sobre hechos que nunca fueron objeto de una causa en los tribunales de justicia. En razón de que la recurrida ha difamado a la actora, su integridad psíquica se ha visto perjudicada, al verse expuesta su vida de una forma maliciosa y mal intencionada, acusada de un encubrimiento de un abuso sexual con el objeto de hacer daño y difamar.

Agrega que, se violenta el derecho a la honra, ya que a través de la publicación ilegal y arbitraria, se ha impedido que el 6 de agosto pasado la recurrente pueda desarrollar su vida normal, pues se ha afectado su honra desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista objetivo lo ha hecho afectando la apreciación que terceros pueden hacerse de la recurrente, con los comentarios de la publicación y la cantidad de reacciones que han tenido las publicaciones, junto con la apreciación negativa hacia su persona. Desde un punto de vista subjetivo porque se afecta su autoestima al verse expuesta a una publicación que tiene como único objeto destruir el valor intrínseco de su persona con la sociedad, afectando su imagen y la apreciación de su persona que pueda tener la sociedad, asimismo, dicha publicación afecta su vida privada en cuanto se utiliza una imagen de su persona sin su consentimiento, vinculándola a hechos absolutamente falsos.

En relación con el derecho de propiedad, indica que se violenta por el uso ilegal y arbitrario de su imagen en la publicación, lo cual constituye una vulneración al derecho incorporal que tiene sobre aquella, en consideración a que no se consultó ni prestó en ningún momento su consentimiento para que dicha publicación contuviera aquella imagen.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Impresiones de pantalla en formato PDF de la publicaciones y de comentarios en la red social Facebook donde consta que la publicación fue hecha en el grupo “Quilicura Vende Up” (https://www.facebook.com/groups/296217897715283) y en la cuenta personal de la recurrida; 2. Certificado de antecedentes para fines especiales de la recurrente; 3. Impresiones de pantalla en formato PDF de los comentarios emitidos en su contra producto de la publicación y el alcance masivo del post de la recurrida en la red social FACEBOOK, dichos mensajes fueron escritos en su cuenta personal de la red social FACEBOOK cuyo contenido es altamente difamatorio, violento y agresivo, y tiene acceso general.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, en su calidad de cónyuge de la recurrida doña nombre reservado.

Expone que en su calidad de cónyuge de la recurrida y en atención a que se encuentra hospitalizada en tratamiento por un cáncer hace una semana en el Instituto Nacional del Cáncer, señala como descargos que, producto de esta grave enfermedad se ve impedida de hacerlo personalmente.

Explica que, su hija menor en agosto de 2019 les contó una devastadora noticia que involucra al cónyuge de la recurrente, situación por la que interpusieron una denuncia el 29 de agosto de dicho año, ante la Fiscalía Local Santiago Norte, por abuso sexual a menor de 14 años, delito sancionado en el artículo 366 bis del Código Penal, actualmente tramitándose bajo el RUC 1900949886-1.

Agrega que, desde la fecha de la denuncia no existió avance alguno en la investigación, lo que género en la familia una verdadera angustia y sentimiento de injusticia, sumado a que a principios del mes de agosto le fue detectado un cáncer.

Afirma que, en su calidad de cónyuge de la recurrida y padre de la menor afectada, tomó todas las providencias y se aseguró que cualquier publicación que se haya efectuado en las redes sociales o cualquier otro medio fuera borrado o eliminado, ya que también podía afectar a su hija, que actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico para ir superando tan dolorosa maldad de la que fue objeto, por lo que no existe actualmente ninguna publicación en redes sociales o cualquier otro medio, que involucre a los recurrentes o a mi hija, ya que el conocimiento de estos hechos ha sido entregada a los órganos pertinentes.

Cuarto: Que, conforme al tenor de lo informado se le confirió traslado a la recurrente, quien lo evacuó señalando que el informante, se habría encargado de que las publicaciones realizadas en redes sociales fueran borradas de los sitios web, reconociendo implícitamente que fueron realizadas y posteriormente borradas, situación que no le consta, pero que al ser efectivo lo señalado por el cónyuge de la recurrida, no quita el temor o la incertidumbre de eventuales publicaciones que puedan hacerse con posterioridad o incluso por represalias por haberse interpuesto el presente recurso, por lo que solicita se inste a la recurrida a no cometer este tipo de actos a futuro.

Agrega que, la denuncia interpuesta por la recurrida el 29 de agosto del año 2019 por presunto caso de abuso sexual, ante la Fiscalía Local Santiago Norte, tramitándose bajo el RUC 1900949886-1 no ha prosperado hasta la fecha en su investigación y formalización de tal causa y solicitó se oficiara para efectos de remitir dichos antecedentes.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, de los antecedentes allegados al proceso, aunado a la confesión espontánea del cónyuge de la recurrida, quien señaló haber eliminado las publicaciones injuriosas realizadas en contra de la recurrente y su pareja, se puede tener por establecido que, efectivamente, existen las publicaciones realizadas por nombre reservado en el grupo de Facebook “Quilicura Vende Up”, en la que aparece la imagen de la recurrente y su pareja, bajo la leyenda: “Este csm le apagó la niñez a mi hija de 12 añitos y aun duerme en tribunales la demanda por abuso sexual a menores y la mujer que lo acompaña (tía de mi hija) lo defendió diciendo que el (sic) jugaba así con las niñas. Dejaré sus nombres por si la justicia sigue tardando quisas (sic) a quien (sic) más puede dañar este mal nacido avalado por su señora. nombre reservado (abusador de menores) nombre reservado (trabaja de inspectora de patio en el colegio María de Quilicura” (sic).

Por otra parte, la ausencia de prueba de la recurrida impide dar por acreditada la supuesta baja de las publicaciones que son objeto de esta acción cautelar, como asimismo, la existencia de una acción penal ante el Ministerio Público (y no los tribunales de justicia como se indica en la publicación) por un delito de abuso sexual de menor de 14 años, sin que exista noción alguna de los hechos que conformarían dicho ilícito.

Séptimo: Que, esta Corte ve con preocupación que muchos miembros de la sociedad, dentro de los cuales se encuentra la recurrida, han optado por tomar la justicia por su propia mano y mediante el uso indiscriminado de las redes sociales, han destruido la imagen a quienes estiman, presuntos victimarios, olvidando con ello que en Chile nos gobernamos bajo un Estado de Derecho, cuestión que implica que cada persona está sujeta al imperio de la ley, incluidas las personas que son legisladores, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y jueces. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido al que se someten en sus formas y contenidos.

De allí que la autotutela, como método de solución de conflictos sea una herramienta de limitadísima usanza para los justiciables, al haberse sustituido la razón de la fuerza, por la fuerza de la razón, reemplazando con ello, el brazo armado por la palabra, que en palabras de Adolfo Alvarado otorga “(…) la innegable ventaja de igualar a los contendientes” (Alvarado Velloso, Adolfo, El debido proceso de la garantía constitucional. Editorial Zeus, Rosario, 2003, p. 23).

Octavo: Que, en el informe emitido por el cónyuge de la recurrida, sin señalar explícitamente cuáles serían los hechos por los que habría formulado una supuesta denuncia, insiste en sindicar a la pareja de la recurrente como un abusador sexual de su hija, en circunstancias que no existe, formalmente, un proceso penal substanciado ante tribunal competente, no pudiéndose pasar por alto que, respecto de la pareja de la actora y de ella misma, rige la denominada “presunción de inocencia”.

Esta presunción, en palabras de López Masle “es una de las banderas de lucha de la reforma liberal al sistema inquisitivo y aparece por primera vez en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” y su rango es constitucional, al estar plasmada dentro de las garantías judiciales del artículo 8.2 del Pacto de San nombre reservado Rica, norma que se integra al ordenamiento jurídico nacional por medio del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental.

Conforme al principio de la verdad material, la presunción de inocencia constituye en sí mismo un sistema de reconstrucción de la verdad que involucra grados crecientes de sospecha respecto de la participación que ha cabido a un individuo en un hecho punible, avanzando naturalmente desde el estado de duda hasta el estado de certeza. El principio de inocencia no constituye un obstáculo al desarrollo gradual de estos niveles de conocimiento ni a la posibilidad de adoptar resoluciones basadas en ellos. Constituye, por el contrario, un obstáculo para que se impongan al imputado las consecuencias penales derivadas del juicio de culpabilidad (v. López Masle, Julián Derecho Procesal Penal Chileno, T. I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005. Pp. 78-80).

En consecuencia, permitir que los justiciables acudan a la auto tutela como mecanismo de solución o venganza respecto de sus conflictos intersubjetivos es una cuestión que desborda los límites del ordenamiento jurídico y desnaturaliza el sentido de justicia, valor último en el que descansa la sociedad toda. El juicio de culpabilidad, únicamente, puede ser obtenido, por medio de una sentencia judicial condenatoria que determine la participación de tal o cual personal en la comisión de uno o más delitos determinados.

Es por lo anterior que, las redes sociales tienden a provocar sesgos anticipados en las personas, sin que medie el más mínimo sentido de análisis o racionalidad sobre los hechos que motivan estas denominadas “denuncias” o mal llamadas “funas”.

Noveno: Que, en el caso sub judice, como ya se ha razonado, no existe sentencia judicial condenatoria respecto de la pareja de la recurrente o de esta última, quienes tienen el derecho a ser considerados inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario. Asimismo, los medios utilizados por la recurrida para “ajusticiar” a la pareja de la actora y a esta última, son actos que, a todas luces, constituyen un hecho lesivo, antijurídico y arbitrario que, al haber sido explícitamente reconocido, debe tenerse por configurado en perjuicio de la recurrente.

Insiste esta Corte en que la forma de buscar justicia es mediante el ejercicio de las acciones que el constituyente ha previsto para casos como los descritos, pero en ningún caso, resulta permisible autorizar la autotutela como mecanismo de venganza, máxime cuando en el ejercicio del mismo se lesionan derechos fundamentales.

Décimo: Que, al haberse estimado que la conducta de la recurrida es ilegal y arbitraria, conviene abocarse al análisis de la lesión a los derechos fundamentales denunciada.

A juicio de esta Corte, es indudable que la publicación de una fotografía de la recurrente y su pareja, bajo las leyendas antes consignadas y señalando explícitamente el lugar donde trabaja, son actos atentatorios contra la garantía de la integridad psíquica de la misma, sin que sus dichos cuenten con ningún antecedente que respalden lo narrado.

Undécimo: Que, para una correcta decisión del asunto sometido a decisión, conviene precisar que la honra, ha sido conceptualizada como la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general. Como se comprende, la honra se halla íntima e indisolublemente unida a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica. Por eso, es acertado también calificarla de un elemento del patrimonio moral del sujeto, de un derecho suyo de índole personalísima (V. nombre reservado, nombre reservado. Derecho Constitucional chileno, T. II., 2ª ed., Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2012, p. 201).

Duodécimo: Que, asentado el concepto antes enunciado, hay que precisar que, en un caso similar y anterior, la Excma. Corte Suprema ha señalado, a propósito de publicaciones realizadas en redes sociales que, al no existir prueba que en contra del recurrente se haya formulado cargos o que se encuentre sancionado por algún hecho en el cumplimiento de sus funciones de docente, “(…) no puede sino sostenerse que las publicaciones vertidas en la red social aludida vulneran su honra, lesionando asimismo su dignidad profesional lo que importa una conculcación de la garantía constitucional del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República” (Considerando Quinto, sentencia Excma. Corte Suprema, Rol 14.869-2018).

Pues bien, teniendo en especial consideración que los fundamentos por los cuales la recurrida publicó en Facebook no tienen la más mínima base de seriedad, esto es, que se encuentre fundada en antecedentes reales, perceptibles por los sentidos, teniendo especialmente presente que no existe constancia de la existencia de una denuncia, el contenido de la misma y que hasta la fecha no se ha formalizado la supuesta investigación contra la pareja de la recurrente o en contra de esta última, es que el razonamiento expresado por el máximo Tribunal esta Corte lo hace suyo, estimando que el actuar de la recurrida, al subir a una red social una publicación que violenta, sin razón suficiente, la dignidad de la actora, es un acto que lesiona su honra y deben adoptarse las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho a su respecto.

Décimo Tercero: Que, finalmente, el derecho a la libertad de expresión, como todo derecho fundamental, no es absoluto. Este derecho se garantiza, ex ante, para expresar libremente la opinión e información, prohibiendo la censura. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida con responsabilidad, por cuanto, de los abusos que de ella se cometan, pueden nacer responsabilidades civiles, penales y como en el presente caso, constitucionales, dando derecho a los agraviados a interponer las acciones penales e indemnizatorias que puedan provenir del daño provocado por el mal uso de la libertad conferida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, y en consecuencia, se ordena a la recurrida que proceda a la eliminación de todo registro en la plataforma digital Facebook y, en especial, en la página “Quilicura vende up” o en cualquier otra red social que haga alusión a las expresiones dirigidas contra la recurrente, debiendo abstenerse en lo sucesivo de seguir utilizando dichos medios de comunicación en la forma que se reprocha en esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-72-248-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Abogado Integrante señora Carolina Andrea Coppo Diez. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.