nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinte.

A los escritos folios 13, 14 y 15: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 16: a sus antecedentes.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, factor de comercio, por sí y en representación de la sociedad AFRL SpA, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, por sí y en representación de la Comunidad Edificio Andalucía, por el acto ilegal y arbitrario consistente en amenazarlo con un corte de suministro eléctrico, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 en sus numerales 2, 3, y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide ordenar a la recurrida abstenerse de efectuar cualquier acción, tendiente al corte de la energía eléctrica del inmueble correspondiente al departamento 303 del Edifico Andalucía ubicado en domicilio reservado, de propiedad de la sociedad que representa y ocupa.

Funda su recurso señalando que con fecha 7 de agosto de 2020, recibió, en su domicilio, un documento que fue dejado por debajo de la puerta, que corresponde a una “Orden de Corte”, comunicación firmada por el Administrador del Edificio, don nombre reservado, en representación de la Comunidad Edificio Andalucía, mediante la cual se indica que, debido a la existencia de deuda en gastos comunes por más de tres meses -no se indica el monto de la supuesta deuda- se dará orden de corte de suministro eléctrico a partir del lunes 17 de agosto próximo, a las 8:00 horas.

Refiere que en la misma comunicación se indica que para evitar el corte, debe procederse al pago total de la deuda.

Al respecto, expone que el Administrador del Edificio Andalucía no tiene la facultad de proceder al corte suministro eléctrico como amenaza en la carta, ni la facultad de solicitar a la empresa eléctrica que lo haga, y por ello, su actuar es ilegal. En efecto, expone que el Reglamento de Copropiedad del Edificio Andalucía Parque Monseñor Escrivá de Balaguer, no otorga dicha facultad, por lo que ni el administrador, ni el Comité de Administración, ni ningún órgano puede realizarlo.

Agrega que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, en su artículo 5 se establece que en el Reglamento de Copropiedad la comunidad “podrá” autorizar al administrador para que, con acuerdo del Comité de Administración, suspenda o requiera la suspensión del Servicio eléctrico, situación que en la especie no se da, por no señalarlo de manera alguna el Reglamento que rige las relaciones en la comunidad Edificio Andalucía.

Manifiesta que, en la cláusula quinta del Reglamento de Copropiedad “Se deja constancia que los medidores independientes de electricidad, gas, agua potable o cualquier otro servicio, los teléfonos instalados para el uso exclusivo de un departamento, no se considerarán bienes comunes, sino propiedad del dueño del respectivo departamento.”, lo que ratifica que al dictarse el mismo, justamente lo que se quiso evitar era entregar aquella facultad al administrador o a cualquier otra persona.

Señala que el actuar de la recurrida vulnera su derecho de propiedad pues respecto del medidor de electricidad que sirve al inmueble él es dueño y nadie tiene derecho a intervenirlo sin su consentimiento.

Asimismo, expone que se vulneran además las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, ya que, el Administrador, careciendo de una orden judicial, sin tener la facultad para ello, basado en una supuesta deuda cuya cuantía y origen es discutido y objetado por esta parte, pretende, mediante la autotutela, presionar y obligar al pago de una suma, que no corresponde y no ha sido determinada por un juez, como en un estado de derecho corresponde.

Agrega que, la amenaza de corte de electricidad efectuada, implica que amenaza no solo con el corte de energía, sino también con impedir el uso de otros servicios básicos, tales como agua caliente, ya que todos los artefactos del edificio son eléctricos y el internet, con lo que se afecta otros derechos, como la libertad de trabajo y el derecho a la educación de su hijo y su hijastro, quienes viven con él, ya que, como es evidente, y estando en época de pandemia, todo se hace a través de medios electrónicos, los que no podrán utilizarse en caso de ser efectuado el corte del suministro eléctrico, lo que torna el acto ilegal y arbitrario aún más injusto y perjudicial.

Acompaña:

1.- Copia del Reglamento de Copropiedad del Edificio Andalucía Parque Monseñor Escrivá de Balaguer, que corresponde a la escritura pública otorgada con fecha 9 de marzo de 2001, en la Notaria de don nombre reservado, Repertorio N° 2.222 con la certificación de haberse inscrito en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 9015 N° 8727 del año 2001.

2.- Copia “Orden de Corte” departamento 303, documento suscrito y firmado por don nombre reservado, Administrador, Comunidad Edificio Andalucía.

3.- Copia inscripción de dominio de fojas 68.786, N° 101.348 correspondiente al año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que acredita que la sociedad AFRL SpA es la propietaria del inmueble correspondiente a la Unidad N° 303 del Edificio Andalucía.

Por su parte, comparece don nombre reservado, Administrador, informa el presente recurso solicitando su rechazo. Expone que el recurrente es propietario del depto. 303 de la Comunidad Edificio Andalucía, y que de acuerdo a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria Nº 19.537 y al Reglamento de Copropiedad del mismo, le asisten derechos y obligaciones, los cuales debe cumplir, entre los que se encuentra el deber de pagar los gastos comunes conforme al artículo decimoquinto de dicho reglamento; adeudando por este concepto la suma de $4.185.711, por mora en el pago del mes de enero del año 2018 a la fecha.

Refiere que la Comunidad Edificio Andalucía se rige por un Reglamento de Copropiedad vigente desde el 09 de marzo del año 2001 y en su artículo decimoquinto, entre otros estipula: “(…) La comunidad podrá, en todo caso, emplear los procedimientos de cobro y apremio que en derecho procedan (…)”. Lo anterior se condice con el inciso 3º del artículo 5º de la Ley Nº 19537, por la cual se le dan facultades al Administrador con el acuerdo del Comité de Administración, para que suspenda el servicio eléctrico de aquellas unidades cuyos propietarios se encuentran morosos en el pago de los gastos comunes, por tres meses consecutivos o discontinuos, que es lo que ha ocurrido en este caso.

Señala que, por aproximadamente treinta meses, el recurrente no ha tenido intención alguna de ponerse al día en los gastos comunes, a excepción de algunos abonos durante el 2018, toda vez, que, a pesar de tener una cuantiosa deuda con la comunidad, en ningún momento ha ofrecido un plan de pago para solucionar su morosidad, como tampoco, ha respondido de los requerimientos hechos por esta administración.

En definitiva, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario, por cuanto se ha actuado dentro de las atribuciones que la ley le confiere al administrador y conforme al Reglamento de Copropiedad del Edificio, no vulnerándose las garantías constitucionales esgrimidas por el recurrente.

Acompaña:

1. Detalle de cobros y pagos de gastos comunes del año 2018 correspondiente al depto. 303.

2. Detalle de cobros y pagos de gastos comunes del año 2019 correspondiente al depto. 303.

3. Detalle de cobros y pagos de gastos comunes del año 2020 correspondiente al depto. 303.

4. Correo aviso por morosidad depto. 303.

5. Carta aviso de morosidad depto. 303.

6. Correo aviso de corte depto. 303.

7. Carta aviso de corte depto. 303.

8. Autorización de corte de suministro de energía eléctrica por parte de la administración.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

Tercero: Sobre la existencia del acto no existe discusión, encontrándose acreditado que el 17 de agosto del año en curso, por requerimiento del administrador de la Comunidad recurrida, se efectuó el corte de energía eléctrica al domicilio de la recurrente, por las deudas de gastos comunes del departamento 303 del Edificio Andalucía ubicado en domicilio reservado, que según detalle agregado a los antecedentes asciende a $4.185.711.

Cuarto: Es del caso destacar que la propia recurrente reconoce que adeuda conceptos de gastos comunes, efectuándose, además, en su oportunidad, los correspondientes abonos, discutiéndose a través del presente arbitrio la facultad que tendría el recurrido para cortar el suministro eléctrico de la propiedad antes signada.

Quinto: De esta forma, obra en los antecedentes, en especial del documento denominado Histórico de Cobros y Pagos por Unidad de Copropiedad -folio 10-, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que los conceptos cobrados corresponden a gastos comunes.

Sexto: No obsta a lo aseverado precedentemente, que en sentencia de fecha 30 de octubre de 2020, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol N° C-14025-2020, seguida entre las mismas partes, se acogió la excepción incoada por el ejecutado AFRL SpA representado por don nombre reservado -artículo 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil- por faltar los requisitos para que aquel tuviera el mérito de un título ejecutivo. En consecuencia, dada la naturaleza de la excepción acogida, no se ha discutido la existencia de la deuda, sino el carácter de título ejecutivo y la vía en que se debía impetrarse su cobro.

Séptimo: Por su parte, conforme a los incisos tercero y cuarto del artículo 5° de la Ley N° 19.537 “(…) El reglamento de copropiedad podrá autorizar al administrador para que, con el acuerdo del Comité de Administración, suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes.

Si el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso de dicho servicio, las empresas que lo suministren, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del Comité de Administración, deberán suspender el servicio que proporcionen a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren en la misma situación descrita en el inciso anterior.”

Octavo: Asimismo, obra que la Comunidad Edificio Andalucía se rige por un Reglamento de Copropiedad vigente desde el 9 de marzo del año 2001 y en su artículo decimoquinto, el que entre otros estipula: “(…) La comunidad podrá, en todo caso, emplear los procedimientos de cobro y apremio que en derecho procedan (…)”

Noveno: En el contexto descrito, la actuación que motiva la presente acción cautelar, resulta ajustada a los hechos y al derecho, toda vez que el requerimiento efectuado a la empresa de electricidad se ajustó a lo dispuesto por el inciso 4° del artículo 5° de la Ley N° 19.537 ante la existencia de gastos por gastos comunes.

Décimo: En consecuencia, al descartarse la ilegalidad o arbitrariedad en la actuación denunciada, corresponde desestimar la presente acción cautelar sin que sea necesario analizar la vulneración de derechos que se acusa, al no concurrir los presupuestos básicos para su éxito.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida en beneficio de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección IC 72220-2020 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Jenny Book Reyes, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Ministro (S) señora Paulina Gallardo García.