Protección contra Hospital Santiago Oriente “Dr

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, médico cirujano, interponiendo recurso de protección en contra del Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado”, representado por su director don nombre reservado, por la actuación que estima ilegal y arbitraria consistente en la dictación de las Resoluciones Afectas N°NUM000, de 18 de agosto de 2025, y N°NUM001, de 23 de septiembre del mismo año, mediante las cuales se le aplicó la medida disciplinaria de destitución y se rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, respectivamente, denunciando la vulneración de las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo en su contra a raíz de antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República relativos a funcionarios que habrían viajado al extranjero mientras hacían uso de licencia médica. En su caso, reconoce haber efectuado dos viajes a Argentina durante 2023, mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas otorgadas por patologías asociadas a su embarazo.

Argumenta que dichos antecedentes no permiten configurar una infracción grave al principio de probidad administrativa, puesto que las licencias médicas eran auténticas y no se acreditó que hubiesen sido obtenidas fraudulentamente ni utilizadas de manera indebida. Señala también que el eventual incumplimiento del reposo se encuentra sujeto a la regulación del Decreto Supremo N.º 3, de 1984, del Ministerio de Salud, y a la competencia de los organismos previsionales correspondientes.

Añade que dado que las licencias médicas estaban vinculadas a su embarazo debía considerarse la normativa dictada por la Superintendencia de Seguridad Social en relación con los desplazamientos efectuados durante los períodos de descanso asociados a la maternidad.

Sostiene que la medida aplicada carece de proporcionalidad y de fundamentación suficiente, pues el fiscal instructor, pese a estimar configurada una infracción administrativa, propuso sancionarla con suspensión por tres meses y medio goce de remuneraciones. Sin embargo, el director se apartó de dicha propuesta e impuso la destitución, sin que, a su juicio, existan antecedentes que permitan calificar su conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa y añade que otros funcionarios investigados por hechos semejantes habrían sido sancionados con medidas de menor entidad.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto la sanción de destitución, se disponga su reincorporación y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la aplicación de la medida, o se adopten las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa el abogado Rodrigo López Estay en representación del Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado”, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el sumario administrativo se instruyó a requerimiento de la Contraloría General de la República y que durante su tramitación se estableció que la recurrente hizo uso de dos licencias médicas “tipo 7”, por patología del embarazo, que le prescribían reposo laboral total en su domicilio. Sin embargo, mientras estas se encontraban vigentes, realizó dos viajes a Argentina, circunstancia que fue reconocida por la propia funcionaria.

Sostiene que la autoridad calificó tales conductas como una infracción grave al principio de probidad administrativa, al estimar que utilizó las licencias médicas para fines distintos del reposo prescrito, con lo que habría vulnerado el deber de honradez y el correcto uso de un beneficio público.

Precisa que el reproche disciplinario no se funda en la falsedad de las licencias ni en la inexistencia de las patologías que las motivaron, sino en que la funcionaria efectuó dos viajes al extranjero durante períodos en los que debía cumplir reposo total en su domicilio.

Añade que el criterio de la Superintendencia de Seguridad Social invocado en el recurso no resulta aplicable al caso, puesto que las licencias otorgadas a la recurrente correspondían al tipo 7, por patologías del embarazo, y no a licencias de descanso prenatal o postnatal, respecto de las cuales sí se permite el desplazamiento. En cambio, las primeras, se encuentran sujetas a las reglas generales sobre cumplimiento del reposo.

Afirma que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas y fueron dictadas tras la tramitación de un procedimiento disciplinario en el que se respetaron las garantías de la recurrente, quien prestó declaración, formuló descargos, rindió prueba e interpuso recurso de reposición. Añade que la calificación de los hechos y la determinación del grado de responsabilidad corresponden, en primer término, a la Administración activa y que, una vez establecida la existencia de una infracción grave al principio de probidad administrativa, el artículo 125 del Estatuto Administrativo contempla la destitución como sanción aplicable.

Finalmente, alega que el recurso de protección no constituye una instancia destinada a revisar el mérito de lo decidido en el procedimiento disciplinario, destacando que la Resolución Afecta N°NUM001 fue tomada de razón por la Contraloría General de la República y que dicho órgano desestimó posteriormente la reclamación deducida por la recurrente, sin advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación administrativa.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, de los antecedentes allegados al proceso, es posible tener por establecidos los siguientes hechos: a) Mediante Resolución Exenta N.º NUM002, de 26 de mayo de 2025, el Hospital Santiago Oriente «Dr. nombre reservado», a raíz de los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República, dispuso instruir un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad de la recurrente por haber efectuado viajes al extranjero mientras hacía uso de licencia médica. b) El 10 de julio de 2023 se otorgó a la recurrente una licencia médica tipo 7, por patología del embarazo, con indicación de reposo laboral total en su domicilio entre el 11 y el 23 de julio del mismo año. Durante la vigencia de dicha licencia, viajó por vía terrestre a Mendoza, Argentina, y permaneció fuera del país entre el 11 y el 20 de julio de 2023. c) El 19 de octubre de 2023 se otorgó a la recurrente una segunda licencia médica tipo 7, también por patología del embarazo, con indicación de reposo laboral total en su domicilio hasta el 8 de noviembre de ese año.

Durante la vigencia de dicha licencia viajó por vía terrestre a Buenos Aires, Argentina y permaneció fuera del país entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre de 2023. d) La recurrente reconoció haber efectuado ambos viajes y en el procedimiento administrativo manifestó que estos tuvieron por finalidad obtener una segunda opinión médica y acceder a tratamientos de medicina alternativa respecto de una malformación que padece. Sin embargo, no acompañó antecedentes médicos que acreditaran las atenciones que afirmó haber recibido en el extranjero. e) Concluida la investigación, el fiscal instructor tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa de la recurrente y estimó que su conducta infringía el principio de probidad administrativa. En consecuencia, propuso sancionarla con la suspensión del empleo por tres meses, con goce del cincuenta por ciento de sus remuneraciones. f) El Director del Hospital calificó los hechos como constitutivos de una infracción grave al principio de probidad administrativa y, mediante Resolución Afecta N.º NUM000, de 18 de agosto de 2025, aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, de conformidad con los artículos 121, letra d), y 125 del Estatuto Administrativo. g) La recurrente interpuso recurso de reposición en contra de dicha decisión, el que fue rechazado mediante Resolución Afecta N.º NUM001, de 23 de septiembre de 2025, manteniéndose la medida disciplinaria de destitución. h) La Resolución Afecta N.º NUM001 fue remitida a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón y fue cursada con alcance mediante Oficio N.º NUM003, de 20 de noviembre de 2025.

Posteriormente, la recurrente interpuso una reclamación ante dicho órgano de control, la que fue desestimada mediante Resolución Exenta NUM004, de 19 de enero de 2026.

Quinto: Que, en cuanto a la idoneidad de la vía intentada, tanto esta Corte como la Excma. Corte Suprema han sostenido reiteradamente que el control ejercido mediante esta acción cautelar no está destinado a revisar aspectos de mérito de las actuaciones desarrolladas en un procedimiento disciplinario ni autoriza a sustituir a la autoridad administrativa en la calificación de los hechos, la ponderación de la prueba o la determinación de la responsabilidad funcionaria.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a esta Corte examinar la legalidad de la decisión impugnada y verificar que el ejercicio de la potestad disciplinaria no resulte arbitrario. Este control comprende determinar si la medida impuesta encuentra sustento en los hechos establecidos, se encuentra debidamente motivada y responde a criterios de razonabilidad, sin que ello implique efectuar una nueva valoración del mérito del procedimiento administrativo.

Sexto: Que, asentado lo anterior, cabe descartar la alegación de la recurrente relativa a que el eventual incumplimiento del reposo solo podía ser conocido y sancionado por la COMPIN o por la institución de salud previsional respectiva.

En efecto, las atribuciones que el Decreto Supremo N.º 3, de 1984, del Ministerio de Salud confiere a dichos organismos para fiscalizar el cumplimiento del reposo y disponer, en su caso, el rechazo o la invalidación de una licencia médica no excluyen la potestad de la Administración para investigar los mismos hechos y hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria que de ellos pueda derivarse respecto de sus funcionarios.

Es decir, se trata de ámbitos de responsabilidad distintos, de manera que las consecuencias que el incumplimiento del reposo pueda producir respecto de la licencia médica no impiden que esa misma conducta sea examinada, además, desde la perspectiva de los deberes que impone el estatuto funcionario.

Séptimo: Que tampoco resulta atendible la alegación fundada en que las licencias médicas cuestionadas tenían su origen en el estado de embarazo de la recurrente y que, por ello, se encontrarían comprendidas en el criterio de la Superintendencia de Seguridad Social que permite el desplazamiento dentro o fuera del territorio nacional durante los períodos de descanso pre y postnatal.

Las dos licencias otorgadas a la recurrente, cuyo reposo infringió, correspondían a licencias médicas “tipo 7, por patología del embarazo”, y no a licencias de descanso pre o postnatal. Esta distinción resulta relevante, desde que el criterio invocado por la actora exceptúa del incumplimiento del reposo a estas últimas, por corresponder a descansos establecidos por ley derivados del estado de embarazo y no de una enfermedad.

Por consiguiente, la circunstancia de encontrarse las licencias vinculadas al embarazo no dispensaba a la recurrente del cumplimiento del reposo total prescrito en ellas porque se trataba de una licencia a causa de una enfermedad que la mantiene sujeta a las reglas generales sobre cumplimiento del reposo médico domiciliario.

Octavo: Que, en cuanto a la alegación de que los hechos establecidos carecerían de entidad suficiente para configurar una infracción grave al principio de probidad administrativa, cabe señalar que la Resolución Afecta N.º NUM000 no sustentó dicha calificación únicamente en el incumplimiento del reposo prescrito, sino que consideró que este se produjo en dos oportunidades; que en ambas la recurrente viajó al extranjero durante períodos en que debía cumplir reposo total en su domicilio; que utilizó las respectivas licencias médicas para justificar su ausencia del servicio; y que, si bien manifestó que los desplazamientos tuvieron por finalidad obtener una segunda opinión médica y acceder a tratamientos de medicina alternativa, no aportó antecedentes que acreditaran las atenciones que afirmó haber recibido ni que tales viajes hubiesen sido indicados como parte del tratamiento de las patologías que dieron origen a las licencias.

Sobre la base de esas circunstancias, la autoridad estimó que la recurrente utilizó las licencias médicas para justificar su ausencia del servicio mientras permanecía fuera del país y que, con ello, las destinó a una finalidad diversa de aquella para la cual habían sido otorgadas. Asimismo, consideró que tal conducta resultaba contraria a los deberes de honestidad y lealtad funcionaria y suponía hacer prevalecer el interés particular por sobre el general.

De este modo, con independencia de que las licencias fueran auténticas y de que las patologías que las motivaron fueran reales, la calificación disciplinaria no se fundó en la falsedad de dichos instrumentos, sino en la conducta desplegada por la funcionaria durante su vigencia.

En consecuencia, atendidos los antecedentes ponderados por la autoridad y las razones expresadas en la resolución impugnada, no se advierte que la calificación de los hechos como constitutivos de una infracción grave al principio de probidad administrativa carezca de fundamento racional.

Noveno: Que no altera lo razonado la circunstancia de que el fiscal instructor haya propuesto sancionar a la recurrente con la suspensión del empleo por tres meses, con goce del cincuenta por ciento de sus remuneraciones.

En efecto, la propuesta contenida en la vista fiscal no resulta vinculante para la autoridad encargada de ejercer la potestad disciplinaria, a quien corresponde efectuar la calificación definitiva de los hechos y determinar la sanción aplicable. En la especie, el Director del Hospital expresó las razones por las cuales se apartó de la propuesta del fiscal instructor y calificó la infracción como grave, atendida la reiteración de la conducta, la realización de dos viajes al extranjero durante períodos de reposo domiciliario total y la falta de antecedentes que respaldaran la finalidad terapéutica invocada.

Así, encontrándose suficientemente fundada la calificación de los hechos como constitutivos de una infracción grave al principio de probidad administrativa, el artículo 125 del Estatuto Administrativo contempla la destitución para aquellos casos en que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, por lo que las circunstancias atenuantes invocadas por la recurrente no permiten, por sí solas, sustituirla por una medida disciplinaria de menor entidad.

Décimo: Que, en cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley, la recurrente sostiene que otros funcionarios del mismo establecimiento, investigados por haber viajado al extranjero mientras hacían uso de licencia médica, habrían sido sancionados con suspensión y no con destitución.

Sin embargo, tal alegación no resulta suficiente para configurar una diferencia arbitraria, pues no se aportaron antecedentes que permitan establecer que dichos funcionarios se encontraban en una situación fáctica y jurídica equivalente a la de la recurrente, particularmente en cuanto al número y duración de los viajes, la naturaleza de las licencias médicas, las circunstancias concurrentes y los demás elementos considerados para determinar la responsabilidad administrativa y la sanción aplicable. Por lo que, en ausencia de un término de comparación que permita establecer una equivalencia relevante entre las situaciones invocadas, la sola existencia de sanciones distintas no permite tener por configurada la vulneración denunciada.

Undécimo: Que, en consecuencia, las resoluciones impugnadas fueron dictadas por autoridad competente, en ejercicio de la potestad disciplinaria conferida por el Estatuto Administrativo y como resultado de un procedimiento en el que la recurrente pudo formular descargos, rendir prueba e impugnar la decisión adoptada. Asimismo, la autoridad expresó los hechos y fundamentos que tuvo en consideración para calificar la conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa y aplicar la medida disciplinaria prevista en el artículo 125 del citado cuerpo legal.

En estas condiciones, no se advierte que las resoluciones impugnadas adolezcan de ilegalidad o arbitrariedad ni que hayan ocasionado una privación, perturbación o amenaza ilegítima al ejercicio de las garantías constitucionales invocadas. Por consiguiente, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Hospital Santiago Oriente “Dr. nombre reservado”.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante Magaly Correa Farías.

N° Protección-7222-2026.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner y por la abogada integrante señora Magaly Correa Farías. No firma la abogada integrante señora Correa por encontrarse ausente.