nombre reservado con AFP MODELO

C.A. SANTIAGO Santiago, treinta de julio de dos mil veinticinco.

Al folio N° 9: téngase presente.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Mauricio Alberto Lagos Lizana, abogado, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber dictado resolución de fecha 14 de marzo de 2025, mediante la cual se deniega la solicitud de devolución de los fondos de capitalización individual de la recurrente. Actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto se trataría de una negativa injustificada que priva a su representada del legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el presente recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la recurrida entregar la totalidad de los fondos previsionales administrados en favor de su representada.

Indica que la recurrente es de nacionalidad venezolana, con calidad de residente definitiva en Chile, y exfuncionaria pública en su país de origen, donde se encuentra afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el año 2006. Durante su permanencia en Chile, desempeñó funciones laborales bajo dependencia, ocasión en la que su empleador efectuó regularmente los pagos de cotizaciones previsionales en la AFP Modelo S.A., acumulando un monto total de $3.258.400.

Que, habiendo decidido regresar a Venezuela por razones familiares, solicitó en marzo de 2025, a través del formulario correspondiente, la devolución de sus fondos de pensiones conforme a la Ley N°18.156. Acompañó para ello los documentos requeridos por la AFP Modelo, no obstante, con fecha 14 de marzo del mismo año, la recurrida comunicó su rechazo fundado en que el empleador de la recurrente sería una persona natural, y no jurídica, como exige la interpretación que esta entidad hace de la normativa legal citada.

Argumenta que dicha negativa resulta ilegal y arbitraria, pues la recurrente cumple con los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 y su modificación por la Ley N°18.726, en cuanto a tener la calidad de técnico extranjero, estar afiliada a un régimen de previsión extranjero, y haber manifestado su voluntad expresa de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. Sostiene además que los fondos previsionales son de su propiedad, conforme al artículo 582 del Código Civil, y que la negativa de la AFP vulnera las garantías constitucionales protegidas por el artículo 19 N°24 de la Constitución.

Agrega, además, que el derecho de propiedad consagrado en la Constitución es de aplicación inmediata y directa, y que su restricción sólo puede justificarse por causas de utilidad pública debidamente calificadas por ley, lo que no ocurre en el caso de autos. Asimismo, se sostiene que la existencia de un eventual derecho a la seguridad social no puede imponerse como una obligación que restrinja el ejercicio del dominio sobre los fondos previsionales.

Estima que la resolución impugnada constituye una privación arbitraria del derecho de propiedad de la recurrente sobre los fondos administrados por la AFP Modelo, y que la negativa a su devolución carece de sustento legal y vulnera derechos fundamentales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la AFP Modelo S.A. restituir a doña nombre reservado la totalidad de sus fondos previsionales, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe la recurrida, solicita expresamente el rechazo del recurso de protección interpuesto, fundado en que no ha existido acto ilegal ni arbitrario por parte de su representada que vulnere garantía constitucional alguna.

Expone que la recurrente ingresó una solicitud de devolución de fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, aplicable a trabajadores técnicos extranjeros, acompañando como antecedentes un título profesional apostillado, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo con don nombre reservado, persona natural. Tras el análisis efectuado, la Administradora resolvió rechazar la solicitud por tres motivos principales.

Primero, se observó que el empleador no cumple con el requisito legal de ser una empresa privada, conforme al tenor literal de la Ley N°18.156 y a la interpretación restrictiva impartida por la Superintendencia de Pensiones, según la cual la exención solo procede en casos de contratos celebrados con empresas privadas.

Segundo, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los estándares normativos: no constituye un certificado de afiliación, no indica las prestaciones cubiertas, carece de firma y no está debidamente legalizada ni apostillada, según exige la normativa vigente y lo establecido por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Tercero, el contrato de trabajo acompañado no contiene una cláusula expresa donde la trabajadora manifieste su voluntad de mantener afiliación a un régimen de seguridad social extranjero, exigencia copulativa establecida en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, conforme ha sido reiterado por la Superintendencia de Pensiones en diversos oficios, entre ellos el N°12.088 de 2024.

En virtud de lo anterior, sostiene que su actuación se ajusta estrictamente a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, incluyendo el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, órgano regulador al cual está sujeta. Agrega que el carácter excepcional de la Ley N°18.156 obliga a una interpretación restrictiva, debiendo cumplirse todos los requisitos exigidos de manera íntegra y copulativa, lo que no se verifica en el caso de autos.

Asimismo, argumenta que el recurso de protección no constituye una vía idónea para dirimir controversias como la planteada, en tanto no se constata la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado de la recurrente. Sostiene que su decisión se encuentra debidamente motivada, fundada en derecho y sustentada en la documentación proporcionada, sin configurarse infracción alguna a las garantías constitucionales invocadas.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

QUINTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, este no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente; por otro lado, si bien no se acompaña copia del contrato de trabajo, debe entenderse que el contenido del contrato y la forma de contratación, tampoco cumple con los requisitos legales, por cuanto no se acredita lo contrario.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado, en contra de AFP Modelo SA.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°7215-2025.-