Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, veintidós de julio de dos mil veintiséis Visto y teniendo presente Primero: Que la abogada Paola Belmar Torres en representación de doña nombre reservado, interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°NUM000 de 23 de enero de 2026 que confirmó el diagnóstico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, en cuanto a que no procede otorgar la cobertura del seguro social de la Ley N°16.744, lo que estima afecta las garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la señora nombre reservado tiene 40 años y ejerce funciones en la empresa ADT Security Services, desempeñándose en el cargo de Ejecutiva de Monitoreo en el área de Call Center. Indica que el 7 de septiembre de 2025, mientras se encontraba realizando sus labores en su puesto de trabajo, comenzó a experimentar dolores en la zona del cuello, el hombro y el antebrazo derecho que le dificultaban su desempeño en el trabajo con teclado y mouse en su escritorio. Ante esta situación su jefatura decidió derivarla a la urgencia de la Mutual de Seguridad.

Refiere que al llegar a dicho recinto, se le realizó un examen físico y tras una evaluación, el profesional determinó que, aparentemente, la trabajadora presentaba un cuadro de “epicondilitis aguda”, pero para confirmar dicho diagnóstico, el médico indicó la necesidad de realizar exámenes complementarios pero por la alta demanda asistencial existente en la Mutual ese día, no fue posible efectuar los exámenes médicos indicados, sin embargo, le prescribieron analgésicos y se le concedió una licencia médica de 15 días y quedó a la espera de que le fueran asignados fecha y hora para la realización de los referidos exámenes médicos que eran indispensables para precisar su diagnóstico clínico.

Explica que aquello solo ocurrió el 6 de octubre de 2025, es decir, un mes después y, para ese entonces, la señora nombre reservado había empeorado sus síntomas, aumentando su dolor.

Expone que el 8 de octubre 2025, recibió la resolución de la Mutual, la cual no indicaba tratamiento, ni el resultado de exámenes o información alguna respecto de su cuadro clínico, sino que solo señaló que: “el presente comité revisa los antecedentes de la paciente, quien se desempeña como ejecutiva de monitoreo. El informe de nombre reservado de trabajo efectuado y el regustro audiovisual disponible no se evidencian, a criterio del Comité de expertos, factores de riesgo suficientes para explicar las lesiones músculo esqueléticas presentadas por la paciente a nivel de su codo derecho, no se observa extensión ni flexión de muñeca (mayor 25°) tampoco se evidencian movimientos de supinación ni pronación, la aplicación de fuerza es baja”.

Además, se le indicó, que la enfermedad no era de origen laboral, sino de carácter común razón por la que debía consultar a un médico particular.

En virtud de lo anterior, el 13 de octubre de 2025, la recurrente concurrió a un traumatólogo particular, el doctor nombre reservado, del Centro Médico Red Salud. En esta consulta, se llevaron a cabo los exámenes pertinentes, confirmándose el siguiente diagnóstico: “epicondilitis lateral codo derecho, síndrome del túnel carpiano bilateral leve y subluxación dinámica nervio ulnar codo derecho.” y se le extendió una licencia hasta la fecha de presentación del presente recurso.

Agrega que el tratamiento indicado por el especialista incluye la administración de analgesia, el uso de ortesis y la realización de sesiones de kinesiología. Asimismo, se prescribe la realización de una serie de exámenes médicos mensuales para poder evaluar la evolución de la enfermedad.

Menciona que por este motivo, la señora nombre reservado el 27 de octubre de 2025, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, presentando un reclamo formal en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción por la resolución que calificó como de origen común la patología diagnosticada como "Epicondilitis con Epitrocleitis en codo derecho", pues estima que aquel padecimiento es de origen laboral, sin embargo, el 23 de enero 2026, la Superintendencia de Seguridad Social, confirmó lo dictaminado por la referida Mutual.

Alega que la única explicación plausible para esta decisión es que la Mutual de Seguridad no llevó a cabo una investigación adecuada, ni realizó un examen exhaustivo de los antecedentes médicos aportados por el médico tratante ni tampoco los efectuó la SUSESO, pues su resolución fue emitida sin analizar ni ponderar la totalidad de la documentación médica, informes y relatos circunstanciales presentados, careciendo de motivación suficiente y, por lo demás, no realizó ningún nuevo control, examen ni intervención para determinar objetivamente el diagnóstico y la causa de la patología de la recurrente, todo lo cual ha significado que la señora nombre reservado se haya visto privada de los beneficios que proporciona la cobertura del seguro social de la Ley N° 16.744.

Pide se deje sin efecto la resolución recurrida, adoptando las medidas necesarias para que, en definitiva, se ordene la dictación del acto administrativo correspondiente a fin de declarar la patología como laboral, y así otorgar los beneficios de la Ley N°16.744 retroactivamente y hacía el futuro.

Segundo: Que comparece el abogado Sebastián de la Puente Hervé por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando en primer término, la extemporaneidad de la presente acción, pues el 7 de octubre de 2025 la recurrente reclamó por lo resuelto por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, momento en que tuvo conocimiento del acto recurrido, sin embargo, el recurso de protección fue interpuesto el 21 de febrero de 2026.

En segundo lugar, reclama la improcedencia de la acción deducida, dado que la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no está amparado por la acción cautelar de protección.

En cuanto al fondo, refiere que su representada, dentro de sus atribuciones, dictaminó que la recurrente no padecía de una enfermedad profesional respecto de su afección, destacando el informe de la profesional nombre reservado, de 23 de enero de 2026, por el diagnóstico "Epicondilitis y Epitrocleitis en codo derecho", quien concluyó: “NO SE ACOGE PRESENTACIÓN DE LA TRABAJADORA: EN EL nombre reservado DE TRABAJO SE CONCLUYE QUE: EN INFORME DE nombre reservado

DE TRABAJO EFECTUADO Y EN REGISTRO AUDIOVISUAL DISPONIBLE NO SE EVIDENCIAN, A CRITERIO DEL COMITÉ DE EXPERTOS, FACTORES DE RIESGO SUFICIENTES PARA EXPLICAR LAS LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS PRESENTADAS POR LA PACIENTE A NIVEL DE SU CODO DERECHO. NO SE OBSERVA EXTENSIÓN NI FLEXIÓN DE MUÑECA >25°, TAMPOCO SE EVIDENCIAN MOVIMIENTOS DE SUPINACIÓN NI PRONACIÓN, LA APLICACIÓN DE FUERZA ES BAJA. CON LO QUE SE CONCUERDA. CUADRO DEBE SER CUBIERTO POR EL RÉGIMEN DE SALUD COMÚN”.

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada o el grado de invalidez que una enfermedad provoca), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N°16.744, norma que establece que su representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, por lo que estima que resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N°16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, considera grave que, en este caso, la recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee la SUSESO.

En cuanto a una supuesta ilegalidad afirmada por la parte recurrente, hace presente que la Superintendencia no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tanto es así que la recurrente en su escrito, pese a afirmar que lo resuelto es contrario a lo legal, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, considerando que no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia, pues lo que se hizo es calificar una afección como de origen común, con las consecuencias que de ello se deriva, máxime si constan los informes tanto médicos como administrativos, de las entidades fiscalizadas por su representada, indispensables para la dictación fundada del dictamen impugnado.

Refiere que el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal que escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y que es propia de un juicio de lato conocimiento.

Por todo lo anterior, estima que no hay un acto ilegal y arbitrario que afecte las garantías constitucionales de la recurrente, debiendo rechazarse el recurso, con costas.

Tercero: Que comparece el abogado Roberto Torres Rebolledo por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Explica que, conforme a los registros clínicos y administrativos de su representada, la trabajadora nombre reservado ingresó a la Mutual el 7 de septiembre de 2025 para estudio de enfermedad profesional refiriendo dolor de muñeca y codo derecho que atribuía a la actividad realizaba.

Indica que en una primera evaluación médica, y según los síntomas que presentaba la trabajadora, se planteó, inicialmente, el diagnóstico de tendinitis de extensores de muñeca derecha, asociándose además dolor articular de codo derecho, evolucionando posteriormente el estudio clínico hacia un cuadro compatible con epicondilitis y epitrocleitis, motivo por el que se activó el protocolo de evaluación de patologías músculo-esqueléticas conforme a la normativa vigente.

Refiere que, conforme lo señala la ley, se efectuaron exámenes y estudios para determinar el origen de la patología que presentaba la trabajadora y, en tal sentido, el nombre reservado de trabajo identificó sólo una tarea crítica en el monitoreo de alarmas, lo que incluye: atención de señales de alarma; llamados telefónicos (80 a 150 diarios); digitación de información; uso intensivo de mouse y registro continuo en plataforma digital, concluyendo dicho estudio que si bien el trabajo es altamente repetitivo con pausas breves entre llamados, no se observa extensión ni flexión de muñeca en un ángulo superior a 25°, como tampoco se evidencian movimientos de supinación ni pronación y la aplicación de fuerza es baja y aun cuando la labor ejecutada por la trabajadora es de carácter repetitivo y demanda el uso continuo de teclado y mouse, dicha exposición no alcanza los umbrales técnicos exigidos por la normativa vigente para configurar un riesgo ergonómico suficiente que permita establecer una relación de causalidad directa entre las tareas desempeñadas y la patología diagnosticada a nivel de codo.

Agrega que el estudio determinó que la postura de las extremidades superiores se mantiene mayoritariamente dentro de rangos considerados funcionales, con apoyo permanente de antebrazos, sin ejecución de movimientos forzados, sin aplicación de fuerza relevante y sin exposición a vibraciones, elementos que, conforme a los criterios técnicos contenidos en el Anexo N°36 del Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N°16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social, descartan la presencia de un mecanismo lesional laboral suficiente para explicar una epicondilitis o epitrocleitis de origen profesional.

Conforme a lo anterior, y dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°16.744, su reglamentación y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, los antecedentes fueron sometidos al análisis del Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de la Mutual, instancia técnica y multidisciplinaria que, en sesión de 8 de octubre de 2025, concluyó que la patología presentada por la trabajadora no guarda relación causal directa con el trabajo desempeñado, calificándola como de origen común, decisión que fue formalizada mediante Resolución de Calificación respectiva.

Expone que la trabajadora, reclamó en contra de la mencionada decisión ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que resolvió mediante la resolución reclamada, confirmar lo indicado por la Mutual, por lo que estima que no hay afectación de parte de su representada, de las garantías constitucionales de su representada.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la presente acción se ha deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM000 de 23 de enero de 2026 de la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 21 de febrero del mismo año, la alegación de extemporaneidad será rechazada.

Séptimo: Que, en relación a que el recurso de autos sería improcedente, debe desestimarse dicha alegación toda vez que resulta inconcuso que, en la especie, se ha planteado la vulneración de garantías constitucionales como son aquellas previstas en el numeral 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, asunto respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación será rechazada.

Octavo: Que, en cuanto al fondo del asunto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Noveno: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000 de 23 de enero de 2026 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social explica la razón por la que decidió confirmar lo resuelto por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. En efecto, el acto impugnado señaló que: “la afección de la trabajadora por el diagnóstico de "Epicondilitis con Epitrocleitis en codo derecho" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley N° 16.744 entre el trabajo que desempeña como ejecutiva de monitoreo y el cuadro clínico diagnosticado. En efecto, en las actividades que efectúa en el trabajo, no se evidencian factores de riesgo condicionantes de la afección en comento.” Lo que se ve complementado con las conclusiones del informe médico que acompañó la Mutual de Seguridad de la Cámara de Chilena de la Construcción por consiguiente debe ser desestimado el reproche formulado por la actora en cuanto a la falta de fundamentación del acto administrativo objeto de la presente acción de protección.

Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la recurrente, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I. Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia del recurso de protección.

II. Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 7207-2026 Protección.