Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparecen los abogados don Ignacio Sebastián Moya Guzmán y doña Constanza Ávila Saona, en representación de don nombre reservado, estudiante de la carrera de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes interponen recurso de protección en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Directora del medio de comunicación estudiantil independiente “El PUClítico”, por haber dispuesto la suspensión y posterior cese de las funciones de editor que el recurrente desempeñaba en dicho medio, fundado en una supuesta denuncia por conductas de acoso sexual.

Expone que es alumno regular de la referida casa de estudios desde el año 2024 y que participaba activamente en el aludido periódico estudiantil. Relata que con fecha 16 de enero de 2026 fue citado a una reunión extraordinaria en la que se le informó, verbalmente y de manera genérica, el inicio de un proceso disciplinario en su contra por una supuesta denuncia de acoso sexual, entregándosele un documento denominado “Constancia de caso disciplinario” firmado por la directiva de la agrupación. Sostiene que jamás se le precisaron los hechos específicos, las fechas ni la identidad de la denunciante, lo que lo situó en una situación de indefensión jurídica.

Añade que con fecha 21 de enero de 2026 remitió una carta formal solicitando la especificación de los cargos para el ejercicio efectivo de su defensa, sin recibir respuesta satisfactoria.

Posteriormente, el 23 de enero de 2026, se le notificó la suspensión temporal de sus funciones en el medio, decisión que -según afirma- fue comunicada y difundida entre la comunidad estudiantil y diversos organismos, afectando gravemente su honra, reputación y desarrollo social y académico. Alega que tales actuaciones constituyen la creación de una comisión especial de facto para juzgarlo, vulnerando sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica y el debido proceso.

Solicita, en definitiva, se ordene a la recurrida el cese de toda difusión de las imputaciones y su inmediata reincorporación en el cargo de editor del medio.

Segundo: Que, informando la recurrida, doña nombre reservado, por sí, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Explica que “El PUClítico” es un medio estudiantil autónomo y de carácter privado, regido por sus propios lineamientos internos aprobados por sus miembros.

Expone que con fecha 10 de enero de 2026 tomó conocimiento directo, por parte de una estudiante individualizada nombre reservado, de una denuncia por conductas de acoso sexual en contra del recurrente, habiendo la denunciante acudido previamente a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad para solicitar medidas de resguardo y separación de espacios. Manifiesta que la denunciante solicitó expresa y fundadamente mantener el anonimato y estricta reserva de su identidad por temor a represalias.

Señala que ante la gravedad de los hechos y atendido el rol de editor y representante público que detentaba el recurrente, la directiva del medio inició una evaluación organizacional de su permanencia, precisando de inmediato mediante un “Acta correctiva” de fecha 22 de enero de 2026 que “El PUClítico” no posee facultades jurisdiccionales, investigativas ni sancionatorias, las cuales corresponden de forma exclusiva a los órganos competentes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agrega que con el fin de proceder con la máxima prudencia, la directiva recurrió a la asesoría del Ombuds estudiantil y la Defensoría Estudiantil.

Finalmente, informa que con fecha 27 de febrero de 2026, la directiva del medio dictó una “Resolución final” mediante la cual se dispuso que el recurrente cesara en sus funciones editoriales por razones de orden puramente organizacional y de resguardo del proyecto, manteniendo intacta su calidad de miembro regular de la agrupación, sin que tal determinación constituya un juicio de valor o declaración de responsabilidad respecto de la denuncia de acoso sexual.

Hace presente que actualmente existe un procedimiento de investigación formal en curso ante la Secretaría General de la Universidad, iniciado a requerimiento del propio recurrente, por lo que la materia controvertida ya se encuentra sometida a la sede correspondiente.

Tercero: Que, la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales expresamente señaladas en dicho precepto.

Por su naturaleza cautelar y urgente, esta vía exige que el derecho invocado aparezca revestido de certeza suficiente, esto es, que se trate de un derecho indubitado, preexistente y actualmente amenazado. En consecuencia, la procedencia del recurso requiere, en primer lugar, que el recurrente sea titular de un derecho claro, determinado y no controvertido sobre la materia reclamada. Solo una vez constatada dicha titularidad resulta pertinente examinar si el acto impugnado reviste ilegalidad o arbitrariedad y si ha producido una afectación constitucionalmente relevante.

Cuarto: Que, del examen de los antecedentes acompañados al proceso, es posible tener por establecidos los siguientes hechos: a) Que el recurrente, don nombre reservado, es estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se desempeñaba como editor del medio independiente y no oficial “El PUClítico”. b) Que la recurrida, doña nombre reservado, ejerce el cargo de Directora de la referida agrupación estudiantil. c) Que con fecha 10 de enero de 2026, la directiva del medio tomó conocimiento de un testimonio formal sobre conductas de acoso sexual atribuibles al recurrente, presentado por la alumna regular nombre reservado, quien solicitó mantener estricta reserva sobre sus antecedentes personales. d) Que con fecha 22 de enero de 2026, la directiva emitió un documento de aclaración titulado “Acta correctiva”, en virtud del cual rectificó expresamente el encuadre normativo inicial de las reuniones y actas del 16 de enero de 2026, precisando que “El PUClítico” carece de competencias jurisdiccionales, investigativas o sancionatorias sobre los hechos, las que recaen exclusivamente en la Universidad. e) Que con fecha 24 de febrero de 2026 se notificó al recurrente, el cese de sus funciones como editor, conservando su condición de miembro regular de la agrupación, bajo el fundamento de resguardar el adecuado funcionamiento, el prestigio y la convivencia interna de la organización. e) Que actualmente se encuentra en tramitación un procedimiento disciplinario e institucional formal ante la Secretaría General de la Pontificia Universidad Católica de Chile, iniciado a solicitud del propio recurrente con fecha anterior a la interposición de este recurso.

Quinto: Que, en la especie, el recurrente pretende que se ordene su reincorporación al cargo de editor del medio estudiantil independiente “El PUClítico”. Sin embargo, de los antecedentes no se desprende que dicha función constituya un derecho subjetivo consolidado, permanente o inamovible, sino un rol interno de confianza y representación dentro de una agrupación privada, voluntaria y autónoma, cuya permanencia se encuentra naturalmente sujeta a las reglas de funcionamiento y convivencia de la propia organización.

Sexto: Que, sobre esa base fáctica, resulta decisivo establecer que el cargo de editor no aparece amparado por un derecho constitucional indubitado que habilite su restitución por esta vía. “El PUClítico” es una asociación de hecho, de carácter privado, voluntario e independiente, que no forma parte de la estructura administrativa ni académica oficial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cuyos integrantes se someten a reglas internas de organización y permanencia.

En particular, el apartado B del Título II de sus “Lineamientos generales” confiere a la directiva la facultad de velar por el correcto funcionamiento del medio y de actuar frente a situaciones controversiales o disputas internas que comprometan los valores de tolerancia, respeto, buena convivencia y prestigio del periódico estudiantil. De ello se sigue que el desempeño de funciones editoriales depende de una relación de confianza interna y no de una titularidad jurídica absoluta o indisputable.

Séptimo: Que, por tanto, la pretensión de ser reincorporado forzosamente como editor carece de un presupuesto esencial de la acción cautelar intentada, esto es, la existencia de un derecho indubitado. No existe una ley, reglamento universitario ni antecedente estatutario acompañado que imponga a una agrupación estudiantil informal la obligación de mantener indefinidamente a uno de sus miembros en una función directiva o de exposición pública, menos aún cuando tal función se vincula al resguardo de la confianza, la convivencia interna y el prestigio de la organización.

Octavo: Que, finalmente, es un hecho relevante que existe una investigación formal actualmente en curso ante la Secretaría General y la Unidad de Violencia de Género de la Pontificia Universidad Católica de Chile, instancia administrativa competente que cuenta con las herramientas procedimentales necesarias, la bilateralidad de la audiencia y la etapa probatoria correspondiente para investigar con rigurosidad la veracidad o falsedad de los hechos denunciados.

Al encontrarse el asunto de fondo sometido al conocimiento y resolución del órgano especializado e idóneo, resulta improcedente que esta Corte interfiera, por la vía del recurso de protección, en una controversia que se halla bajo el imperio de la jurisdicción institucional y reglamentaria de la Universidad, la que en definitiva deberá resolver de manera definitiva sobre las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

Noveno: Que, en cuanto a la solicitud de ordenar el cese de toda difusión de las imputaciones formuladas en contra del recurrente, ella también debe ser desestimada. En efecto, de los antecedentes acompañados no consta de manera suficiente la existencia de una conducta actual o concreta de difusión pública de tales imputaciones, ni menos que dicha circunstancia pueda ser atribuida a la recurrida.

Las capturas y referencias acompañadas no permiten establecer que la recurrida hubiere comunicado, propagado o divulgado los hechos denunciados ante terceros en términos lesivos para las garantías invocadas.

Décimo: Que, por consiguiente, al no concurrir un derecho indubitado del recurrente a permanecer o ser reincorporado en el cargo de editor de una agrupación estudiantil privada y voluntaria, y al no haberse acreditado tampoco una difusión de imputaciones atribuible a la recurrida que configure una afectación constitucional amparable por esta vía cautelar, el recurso de protección debe ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido don nombre reservado y en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-7202-2026.