nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 17: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Juan Carlos Silva Quezada, actuando en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra la Superintendencia de Seguridad Social, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Valparaíso, por el rechazo de las Licencias Médicas N°s 68045211-3, 69638304-9, 71173680-8, 72929841-7, 74404867-2 y 75514690-0, acto que estima arbitrario e ilegal, que vulnera las garantías constitucionales previstas en los numerales 1°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente padece, desde mediados del año 2020, una reacción al estrés grave, es decir, una condición física neurológica mediada por procesos fisicoquímicos que impactan a todos los órganos y no sólo al cerebro que dio inicio a un periodo de licencias médicas.

Indica que el rechazo de las licencias médicas, comienza desde el mes de agosto del año 2022, por la causal de “reposo injustificado”, por lo que se presentaron reclamos, los cuales fueron respondidos con el mismo resultado, es decir, el rechazo de las licencias médicas, siendo ratificada dicha decisión por la SUSESO, con los mismos argumentos.

Señala que este rechazo es ilegal y arbitrario por su falta de fundamentos, dado que no expresa razones médicas, ni los hechos reales en que se basa, infringiendo los artículos 3, 30 y 41 de la Ley N° 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos y el artículo 16 del D.S. N° 3/1984 del Ministerio de Salud, destacando que no se ordenó una pericia clínica que justificara dicho rechazo.

Expone las facultades del Compin para la aprobación o rechazo de licencias médicas de conformidad al artículo 21 del decreto citado, tales realizar o solicitar nuevos exámenes médicos y explica que acompañó al proceso antecedentes médicos que fueron ignorados por las recurridas.

Alega que esta situación atenta contra los derechos invocados pues lo priva de su remuneración y, por tanto, le impide costear los tratamientos necesarios para su dolencia.

Pide que se acoja el presente recurso, declarando arbitrario e ilegal la resolución administrativa recurrida, ordenando a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar las licencias médicas rechazadas, como asimismo al Compin, o, en subsidio, se adopten las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, el abogado Gonzalo Jaque Lara, solicitando el rechazo del recurso, por cuanto no existe acto ilegal o arbitrario que pueda reprochársele, considerando que se trata del ejercicio de una facultad discrecional que, debido a su alta complejidad, el ordenamiento jurídico ha entregado a un organismo de naturaleza técnica, como lo es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y, por tanto, la deferencia técnica que debe regir en estas materias exige que deba ser revisada necesariamente, si es ello posible, a la luz de un procedimiento judicial de lato conocimiento.

Expone que el recurrente presentó licencias médicas continuas y discontinuas por diagnósticos psiquiátricos desde mayo de 2021 hasta febrero del año 2022, con un total de 256 días autorizados por misma patología. En cuanto a las licencias médicas rechazadas, explica que el fundamento de dicha decisión se justifica en que se trata de un reposo prolongado con un informe médico insuficiente, sin evaluación por un especialista psiquiatra.

A continuación, reproduce los fundamentos de la confirmación del rechazo de las mencionadas licencias: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 68045211-3, 69638304-9, 71173680-8, 72929841-7, 74404867-2, 75514690-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el nuevo informe emitido con fecha 31/08/2022 por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna de del paciente. Sumado a lo anterior el reclamante no acredita el haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados tampoco permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado.”.

Refiere los requisitos exigidos por el “Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar las Licencias Médicas”, destacando un límite que 180 días, que fue excedido en el caso de autos.

Concluye que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso y la COMPIN de Valparaíso, respecto de los hechos que se narran en el recurso, han ejercido las funciones fiscalizadoras que les confiere la normativa legal y reglamentaria vigente, razón por la que no puede imputárseles arbitrariedad ni menos ilegalidad a su accionar.

TERCERO: Que, comparece para evacuar informe la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, a través de su abogado Roberto Barraza Saavedra, solicitando el rechazo de la acción intentada, al no existir actuación ilegal o arbitraria que hubiera causado la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza, por cuanto en el caso de del recurrente, de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan al informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas, por reposo no justificado.

Alega, de manera preliminar, la extemporaneidad de la acción cautelar toda vez que el recurrente por presentación de fecha 19 de enero de 2023, reclamó ante dicho Servicio solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UNRA-99119-2022, de fecha 26 de julio de 2022, por el cual se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Valparaíso - COMPIN Región de Valparaíso, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 68045211-3, 69638304-9, extendidas por un total de 60 días a contar del 29 de marzo de 2022, por reposo no justificado. Además, el recurrente reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 71173680-8, 72929841-7, 74404867-2, 75514690-0, extendidas por un total de 126 días, bajo la misma causal de rechazo.

Explica que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, Resolución Exenta N° R-01-IBS-172557-2022, de fecha 19 de diciembre de 2022.

Por lo anterior, se evidencia que ha pasado más de treinta días, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que el recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la notificación del dictamen N° R-01-UNRA-99119-2022, de fecha 26 de julio de 2022, emitido por dicha Superintendencia.

En subsidio, reclama la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social, derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, refiere que de acuerdo con las normas pertinentes de los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y artículos 1º y 21° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados.

Afirma que, en el caso del recurrente, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente.

Explicita que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente del recurrente, los facultativos de dicho organismo informaron: “Dr. nombre reservado. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: R-149745-2022 / RUT reservado / R-106359-2022, 26 / 07 / 2022. 52 años, Chofer y maestro general en construcción y mantención, afiliado a FONASA. Con 226 días autorizados y 166 rechazados por patología psiquiátrica. IMC (informe médico complementario) sin GAF, sin psicoterapia, sin elementos clínicos de gravedad, sin derivación a sistema público para atención integral, sin derivación a especialista en psiquiatría, sin aumento de antidepresivo a dosis máximas pese a mantención de supuestos elementos invalidantes por más de 390 días. Aparenta reposo en demasía extenso sin rol curativo, se sugiere no acoger.”.

Argumenta que de acuerdo con las normas pertinentes de los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y artículos 1º y 21° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Cita el D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto de las patologías mentales, que en su artículo 4° número II establece, que el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, siempre debe ser otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal y se debe contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días.

Finalmente, destaca que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes. En efecto, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que confirmó el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, lo que fue decidido por la COMPIN y por la propia institución, y esa determinación se adoptó por Resolución Exenta N° R-01-IBS-172557-2022, de fecha 19 de diciembre de 2022, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 19 de enero de 2023, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia.

En cuanto al fondo:

SEXTO: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

SÉPTIMO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, en que se rechazaron las licencias médicas N°s 68045211-3, 69638304-9, 71173680-8, 72929841-7, 74404867-2 y 75514690-0, a contar de mayo de 2021.

En efecto, la Resolución Exenta N° R-01-IBS-172557-2022 señala: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 68045211-3, 69638304-9, 71173680-8, 72929841-7, 74404867-2, 75514690-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el nuevo informe emitido con fecha 31/08/2022 por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna de del paciente. Sumado a lo anterior el reclamante no acredita el haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados tampoco permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado. RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 68045211-3, 69638304-9, 71173680-8, 72929841-7, 74404867-2, 75514690-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 226 días.

OCTAVO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

NOVENO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

UNDÉCIMO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DUODÉCIMO: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, a lo que se añade la existencia de otros informes médicos incorporados por el paciente que mantiene el diagnóstico del médico tratante y, solo hay dos informes de profesionales de la Superintendencia que provienen de revisión de ficha médica de la paciente, a pesar de los reiterados informes del recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DÉCIMO QUINTO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado al historial clínico del recurrente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de la actora quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

DÉCIMO OCTAVO: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

DÉCIMO NOVENO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción constitucional interpuesta a favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta R-01-IBS-172557-2022, de 19 de diciembre de 2022, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo de las N°s 68045211-3, 69638304-9, 71173680-8, 72929841-7, 74404867-2 y 75514690-0.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-720-2023.