nombre reservado con COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

C.A. de Santiago Santiago, trece de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Comparece don nombre reservado, quien interpone acción cautelar de protección en contra del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido el Consejo Zonal Metropolitano constituido como Tribunal de Ética de primera instancia del colegio de ingenieros de Chile al dictar la resolución de fecha 20 de julio de 2020, que lo sanciona con la pérdida de sus derechos sociales de la institución por 12 meses siendo aquélla de carácter terminal, no procediendo en su contra ningún recurso, conforme los Estatutos del Colegio.

Manifiesta que esta determinación de la recurrida, constituye privación en el legítimo ejercicio del derecho y garantía constitucional señalada en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referido a la igualdad ante la justicia, y especialmente el derecho a un debido proceso, como garantía constitucional, En los hechos refiere que es ingeniero civil desde el año 1976, afiliado en el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., siendo miembro vitalicio. Asegura que es uno de los socios más activos, medido con la aparición en medios nacionales y extranjeros, liderando temas relevantes para el desarrollo sustentable del país. A modo ilustrativo, refiere que el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., para cumplir sus objetivos estatutarios desarrolla su trabajo a través del Consejo Nacional y los Zonales y de Especialidades, los que operan con la colaboración de las denominadas Comisiones, que a su vez se dividen en permanentes, sectoriales, transitorias y mixtas.

Entrando al fondo de los hechos que motivan este recurso, señala que el día viernes 14 de abril de 2020, se citó a una reunión de la Comisión de Planificación y Control (en adelante P&C), para trabajar en una segunda reunión con la ingeniera doña nombre reservado, que fue contratada para aplicar y activar el Plan de Desarrollo del Colegio que elaboró dicha Comisión. Expresa que en esa oportunidad fueron informados que la Sra. nombre reservado había sido repentinamente despedida, quien a los pocos días envió una carta con sus quejas sobre el Presidente del Colegio, Sr. nombre reservado, denunciando malos tratos de su parte y el hecho de haber sido injustificado su despido, misiva que fue dirigida a todos los integrantes del Consejo Nacional y enviada a otros colegiados. Asegura que, en su calidad de nombre reservado, recibió por parte de terceras personas, vinculados al Colegio, la petición de distribuir esta carta, dada la importancia de la misma.

Relata que la carta de la Sra. nombre reservado se discutió en el Consejo Nacional del día 22 de abril del presente año. Afirma que, al comienzo de esa sesión, la Presidenta de la Comisión de P&C, doña nombre reservado, hizo una seria acusación pública en su contra, imputándole haber “filtrado una carta confidencial” y “hecho mal uso” de los correos de los integrantes de la Comisión P&C. Asegura que, al efecto, pudo hacer sus descargos verbalmente. Asegura que dias después el Presidente del Consejo de los Ingenieros Comerciales, don nombre reservado, envió una carta dirigida a don nombre reservado, Presidente del Consejo Zonal Metropolitano, pidiendo que el mismo actuara como Tribunal de Ética (Primera Instancia), de conformidad al Estatuto del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., con la queja en su contra “por ofensa” y pidió se constituyera para conocer del asunto.

Refiere que luego de recibir diversos correos electrónicos con información incompleta, implica una afectación a su derecho de defensa, asegura que con fecha 7 de julio del presente año, recibió un correo electrónico, en que se le informa por parte de don nombre reservado, que el Consejo Zonal Metropolitano, constituido como Tribunal de Ética de Primera instancia, en su reunión extraordinaria del 6 de julio de 2020, acordó cerrar la investigación sumaria y en su resolución procedió a juzgarle en rebeldía, resolviendo sancionarle con la suspensión y pérdida de sus derechos de socio por un período de doce meses, manteniendo sus obligaciones pecuniarias, a contar de la fecha de esta notificación, según lo establecido en el artículo 63 letra c) de los referidos Estatutos. Asegura que ese mismo día anunció apelación al Tribunal de Segunda Instancia que corresponde al Comité de Ética del Colegio de Ingenieros, lo que haría cuando se le notificara por carta certificada, de acuerdo a lo establece el Reglamento, y además, lo señala expresamente la sentencia, que asegura no haber recibido a la fecha de presentación de este recurso.

Manifiesta que el día 20 de julio de 2020, a través de un nuevo correo electrónico el Tribunal de Primera Instancia, en sesión extraordinaria, le informa que habiendo tenido diez días corridos para apelar, contados desde la notificación del día 7 de julio de 2020, plazo fatal para apelar ante la Comisión de Ética del Colegio, el que se cumplió el 17 de julio del año en curso, se declaraba que la sentencia de primera instancia quedaba firme o ejecutoriada, dictándose el “cúmplase”, quedando afirme la sanción.

Agura que el acto recurrido perturba la garantía fundamental de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, entendido como aquel “Conjunto de elementos destinados a asegurar un ejercicio imparcial y ajustado a derecho de la función jurisdiccional”. En el caso de marras asegura que, se observa que se ha vulnerado su derecho de ser juzgado conforme a los Estatutos y Reglamentos del Colegio de Ingenieros de Chile.

Finalmente solicita, se acoja declarando que debe reestablecerse el imperio del derecho, ordenando se deje sin efecto el acto recurrido, rehabilitándole en todos sus derechos como miembro del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. e igualmente, en el caso que se le quiera juzgar nuevamente, se haga respetando todos los derechos que un debido proceso establece y consecuencialmente, dejando inhabilitados a todos aquellos miembros que conocieron, investigaron, juzgaron y le sancionaron conforme un espurio procedimiento, y/o adoptar las demás medidas que se estime conforme a derecho y al mérito de autos, con expresa condenación en costas.

Evacúa informe el recurrido Colegio de Ingenieros de Chile A.G., solicitando que el mismo sea rechazado, con costas.

Manifiesta que, la acción de autos es improcedente y sólo en base a dicha circunstancia debe ser rechazado por cuanto refiere que el derecho constitucional afectado, indica expresamente que “El acto recurrido perturba la garantía fundamental de IGUALDAD ANTE LA JUSTICIA, establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, entendido como aquel “Conjunto de elementos destinados a asegurar un ejercicio imparcial y ajustado a derecho de la función jurisdiccional”. Asegura que taxativamente establece el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la Republica, en relación al artículo 19 N° 3, solo será considerado el inciso 5°, referido a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señale la ley y que se hallare establecido con anterioridad a la perpetración del hecho, y no los alegados por el recurrente, que dicen relación con el debido proceso.

Argumenta luego que la acción de autos es extemporánea, ello porque conforme al libelo, el recurrente habría tomado conocimiento de la constitución del tribunal de ética de primera instancia, así como de la investigación sumaria que se llevaba en su contra por dicho tribunal, a lo menos, con fecha 12 de mayo de 2020, cuando se le notificó por vía correo electrónico la misma, dándosele traslado por el plazo de 15 días que establece el reglamento del sumario, oportunidad en que el recurrente acusa recibo de dicho emplazamiento, instancia en que también, -en que según su argumento- nacen las supuestas vulneraciones al debido proceso, que por medio de esta acción se denuncian. En tal sentido, habiendo sido interpuesto el recurso de autos con fecha 7 de agosto de 2020 es indudable que el mismo resulta extemporáneo conforme la disposición primera del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema señala lo siguiente respecto el plazo de interposición del recurso.

Argumenta en relación a la supuesta vulneración de las garantías fundamentales de la recurrente, que la sustanciación y fallo de un sumario a un socio colegiado es parte de las facultades reguladoras y de convivencia del Colegio, y no puede ser desconocido por un socio a través de recursos de protección ante tribunales de la República. Destaca, que el recurrente tuvo un plazo de 30 días para formular sus descargos por escrito, en relación a la denuncia fundante del sumario, descargos que no formuló, por lo que el sumario fue tramitado en su rebeldía. Luego, y una vez que le fue notificada la sentencia de primera instancia, el recurrente tuvo un plazo de 10 días para apelar ante el Tribunal de Ética de segunda instancia, apelación que no presentó. Finalmente, y en el caso que el recurrente hubiese considerado que alguna de las notificaciones no se hubiese realizado de forma valida, debió impetrar nulidad de determinada notificación, incidencia que no formuló o si considerase que, en la dictación de resoluciones se hubiesen cometidos faltas o abusos graves, lo que correspondía es que en vez de esta acción de protección, se hubiera presentado un recurso de queja regulado en los artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, recuso que tampoco impetró.

Concluye afirmando que, según se ha dado cuenta en el presente informe, el colegio ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en la sustanciación de sumarios. Indica que todo lo relatado demuestra que la controversia de autos excede el ámbito de pertinencia de la acción de protección. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto y en conformidad a lo prescrito en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de autos y en atención a los fundamentos expuestos, solicita rechazar la presente acción cautelar en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Sobre la existencia del acto impugnado, no existe discusión que corresponde a la resolución de fecha 20 de julio de 2020 del Consejo Zonal Metropolitano constituido como Tribunal de Ética de primera instancia del Colegio de Ingenieros de Chile al dictar la resolución de fecha 20 de julio de 2020 -“cúmplase”-, que lo sanciona con la pérdida de sus derechos sociales de la institución por doce meses, no procediendo en su contra ningún recurso, conforme los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile.

En cuanto a la forma:

Tercero: Que en primer término, en cuanto al análisis de los requisitos de forma susceptibles de ser analizados y conforme lo expresa el Acta N° 94-2015 de 17 de julio de 2015, que fijó el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su artículo 1° se establece que esta acción constitucional debe ser deducida "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Como puede advertirse del tenor de la referida norma, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación corresponda intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, de un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Acorde con los antecedentes acompañados el plazo debe contarse desde la fecha en que quedó a firme la resolución recurrida, esto es, se dictó el respectivo cúmplase, lo que aconteció el 20 de julio de 2020. En consecuencia, el presente arbitrio presentado el 7 de agosto de 2020 fue presentado dentro del plazo de treinta días a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al fondo:

Cuarto: En esta sede jurisdiccional resultan ser hechos no controvertidos que:

a.- El día 30 de abril de 2020, el Presidente del Consejo de los Ingenieros Comerciales, don nombre reservado, envió una carta dirigida a don nombre reservado, Presidente del Consejo Zonal Metropolitano, pidiendo que el mismo actuara como Tribunal de Ética (Primera Instancia), de conformidad al artículo 61 y 63 del Estatuto del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., con la queja en contra del recurrente “por ofensa” y pidió se constituyera el mismo para conocer del asunto, para conocer, investigar y juzgar de acuerdo al artículo 11 letra d) N° 2, 5 y 6 del mismo cuerpo normativo, que señalan lo siguiente:

“2. Desprestigiar infundadamente y en forma pública al Colegio o a sus autoridades.

5. Incumplir los principios y normas de los Estatutos y del Código de Ética del Colegio; y 6. Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave”.

b.- El día 11 de mayo de 2020, don nombre reservado, informó por email al Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, Sr. nombre reservado, que se había constituido como Tribunal de Primera Instancia el Consejo Zonal Metropolitano, presidido por él y que se había nombrado a don nombre reservado como Fiscal, asertos de los que el actor tomó conocimiento a través de una copia de mail de 12 de mayo del presente.

c.- El día 7 de junio del corriente, el actor recibió una carta certificada, cuyo remitente señalaba Consejo Zonal Metropolitano, Colegio de Ingenieros, fechada el 3 de junio del mismo, conforme consta en el sobre que la contenía, el que en su interior venía una carta conductora, suscrita por el fiscal, Sr. Wilhelm, de data 15 de mayo del presente, y que además incluía otras dos fotocopias de cartas. La primera carta de 15 de mayo del presente, suscrita por el nombre reservado Sr. nombre reservado tenía por objeto contestar las reclamaciones realizadas por el recurrente por correo electrónico, en que solicitaba se le notificara legalmente la denuncia en su contra, enviando carta certificada con la denuncia y sus antecedentes, como lo exige el artículo 8° del Reglamento de Instrucción de Sumarios del Colegio de Ingenieros, respondiéndole al recurrente que se le tenía por notificado en base a esos mismos correos electrónicos y que por la emergencia sanitaria no podían remitir la carta certificada. Añadió que las otras dos fotocopias de cartas acompañadas en el mismo sobre eran las referidas precedentemente, esto es, de fecha 11 de mayo y 30 de abril del presente, del Sr. nombre reservado al Sr. nombre reservado, y del Sr. nombre reservado al Sr. nombre reservado, respectivamente.

d.- Mediante correo electrónico de fecha 7 de junio de 2020, el recurrente respondió que seguía sin poder evacuar los descargos debido a que los mails que le habían enviado eran absolutamente informales y sin mayor precisión sobre la denuncia formulada en su contra, debiendo cumplirse con lo dispuesto en el artículo 8° del citado Reglamento.

e.- El día 6 de julio del presente, el actor le envió un nuevo mail al Sr. nombre reservado, reiterando la petición de remisión de la signada documentación.

f.- Con fecha 7 de julio de 2020, el recurrente recibió un correo electrónico en que don nombre reservado le informa que el Consejo Zonal Metropolitano, constituido como Tribunal de Ética de Primera instancia, en su reunión extraordinaria del 6 de julio del año en curso, acordó cerrar la investigación sumaria y en su resolución procedió a juzgarlo en rebeldía, al no cumplir con el artículo 9, resolviendo sancionarlo con la suspensión y pérdida de sus derechos de socio por un período de 12 meses, manteniendo sus obligaciones pecuniarias, a contar de la fecha de esa notificación, según lo establecido en el artículo 63 letra c) de los Estatutos, bajo el siguiente tenor:

1. “Que los hechos expresados por el acusado Ingeniero Sr. nombre reservado, han significado un agravio para el Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión, cuando el acusado expresara que “se trata del típico blindaje” del Presidente Ing. Comercial nombre reservado en grandes apuros por parte de sus colegas de Especialidad Comercial (‘defensa corporativa entre Ingenieros Comerciales’) y otros de sus amigos, actitud que entiendo en su parte emocional”. El acusado no ha mostrado intenciones de resolver esta situación dando las explicaciones del caso a los afectados, lo que se considera un factor agravante.

2. Que, sus hechos han significado una interferencia en el normal funcionamiento de la Comisión de Planificación y Control, al pedir que se trate en una reunión de dicha Comisión, ‘el caótico manejo de personal en el Colegio, la falta de información, y los rumores mal intencionados, ya que afecta profundamente todo el Plan de Desarrollo del Colegio, y con ello el trabajo de esta Comisión.’ Según lo denunciado por la Presidente de la Comisión, la que ha declarado que ‘A esta Comisión no le corresponde interferir en temas que son de responsabilidad del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo.”

3. Que las expresiones del Ingeniero nombre reservado constituyen una falta de respeto para la Ingeniero nombre reservado, cuando dice ‘el burdo y artero ataque de la Ing. nombre reservado a mi persona en una transparente maniobra de distracción del problema principal’, agregando ‘nuestra Ingeniera Comercial nombre reservado aplicó la muy antigua táctica de culpar y condenar al mensajero”.

4. Que, la actitud y expresiones del Ingeniero nombre reservado no respetan las atribuciones del CZM para acoger las denuncias en su contra, y ofende la honorabilidad del Consejo Zonal Metropolitano.

4a) Su nota del 5 de mayo de 2020 donde dice: ‘Según mi información, en la reunión del Consejo Zonal Metropolitano del 11/05 que alude la carta del Ing. nombre reservado al Presidente nombre reservado con fecha 11/05, no se decidió lo que están haciendo ahora, por lo que la formación de este Tribunal estaría viciada”. A la fecha no ha entregado pruebas respecto a esa acusación, a pesar de que el nombre reservado se lo requirió formalmente. De modo que se hace merecedor de la aplicación del art.12 del Reglamento para la Instrucción de Sumarios, con una multa de 10 UF.

4b) Su nota de fecha 5 de junio de 2020 acusando que este Consejo es parte de una maniobra para impedirle postularse al cargo de nombre reservado Nacional en la próxima elección al decir: ‘considero que dada la situación que enfrentaremos en un par de meses (Elecciones) los integrantes del Zonal Metropolitano, también son parte interesada.

4c) Su correo al Consejo Nacional de fecha 6 de junio de 2020 en que expresa: ‘hoy me encuentro con que integrantes del Consejo Zonal Metropolitano toman partido en esta investigación, escribiéndome públicamente y condenando un supuesto ‘actuar indebido’ y agrega ‘Dado que los integrantes del Zonal Metropolitano son los miembros del Tribunal de Primera Instancia, considero que, al emitir juicios públicos hacia mi persona, dejan absolutamente viciado el proceso’, utilizando una nota personal de un nombre reservado que lo invitaba a una actitud más constructiva en bien del Colegio.

5. Que, el Ingeniero nombre reservado no ha presentado sus descargos de los hechos denunciados, en el plazo de 15 días que establece el reglamento del sumario, desde que fue notificado por correo electrónico, a pesar de que se dio por notificado en sus varios correos de respuesta. Sin embargo, utiliza la notificación por correo electrónico a su conveniencia para dirigir una comunicación a los Consejeros Nacionales con fecha 6 de Junio de 2020 en que dice “Como ustedes saben, hace unas semanas atrás se me denunció ante Tribunal de Ética de Primera Instancia, constituido por los integrantes del Consejo Zonal Metropolitano”. Siendo esta actitud, una falta al Código de Ética grave, ya que en varias oportunidades manifestó desconocer la notificación por correo electrónico, pero en esta ocasión si la hace valer a los Consejeros Nacionales. Con el agravante que la recepción por correo electrónico, se produce 3 días después, es decir el 09 de junio 2020.

6. Que, el acusado tampoco ha presentado sus descargos en el plazo adicional de 15 días que se le otorgara desde que recibiera la notificación por carta certificada, como lo solicitó expresamente, a pesar del riesgo que eso significó (asistir a la oficina de correos), para la salud del nombre reservado.

7. Como consecuencia de los puntos anteriores, corresponde aplicar el Reglamento para la Instrucción de Sumarios en su Art. N° 9 “Si no concurriere a las citaciones o se negare a formular sus descargos dentro del plazo indicado, será juzgado en rebeldía”.

8. Que, el tribunal no tuvo conocimiento de alguna sanción anterior al ingeniero nombre reservado, lo que se considera un factor atenuante.

9. Que, la reglamentación vigente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., no cuenta entre su articulado, normas que regulen la correspondencia electrónica ni cuáles son sus faltas a la probidad administrativa que lo gobiernan, de modo que el Tribunal de Ética de Primera Instancia, no procede a calificar el actuar del acusado, en la condición del acto de dar a conocer el correo electrónico de la Ingeniero Sra. nombre reservado.

10. Se deja constancia que, no han sido parte de esta investigación sumaria otras actuaciones del Ingeniero nombre reservado, ya sea en reuniones del Consejo Nacional o sus acusaciones contra un integrante del Tribunal de Elecciones, ya que no se han denunciado formalmente a este Tribunal.

Vistos y considerando los puntos anteriores, el Consejo Zonal Metropolitano, constituido como Tribunal de Ética de Primera Instancia, en sesión de fecha 06 de julio de 2020, con participación de 7 Consejeros, considera que el Ingeniero nombre reservado ha incurrido en las siguientes faltas:

1. A lo indicado en los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile A.G, Artículo 9°: “Son obligaciones de todos los socios:

a) Informarse, respetar y cumplir estos Estatutos, el Código de Ética del Colegio, los Reglamentos y las decisiones y acuerdos de la Asamblea General, del Consejo Nacional y de los Consejos Zonales en su caso;

b) Servir los cargos, ejecutar los encargos o tareas específicas que se le hayan comisionado y colaborar con toda otra actividad que el Colegio le haya encomendado, en su calidad de autoridad en funciones. Podrá quedar liberado de la obligación de realizar determinadas tareas propias de su cargo en el Colegio por razones que lo justifiquen;

c) Proporcionar los antecedentes generales que les solicite el Consejo Nacional, el Consejo Zonal en su caso, o el Consejo de Especialidad que le corresponda;

h) En general, velar permanentemente por los intereses del Colegio, de sus socios y de la actividad común que los reúne.

2. A lo establecido en el Código de Ética del Colegio, artículo C.4, que establece: “Es obligación ética de los Ingenieros guardar deferencia y corrección en la relación con sus colegas. Los ingenieros no perjudicarán maliciosa o falsamente, directa o indirectamente la reputación de otro ingeniero ni criticará indiscriminadamente el trabajo de un colega”.

3. A lo señalado en el Reglamento para la Instrucción de Sumario, Art. N° 9: “Si no concurriere a las citaciones o se negare a formular sus descargos dentro del plazo indicado, será juzgado en rebeldía”.

4. Falta al punto 6), letra d) del Ar.t 11 de los estatutos, es decir: “6. Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave”. Dada la expresión usada por el Ingeniero Sr. nombre reservado, respecto de una solicitud expresa del nombre reservado, a probar por escrito lo indicado y queda pendiente la recepción de dichos antecedentes. En consecuencia, además, no respeta el Art. N° 12 del Reglamento para la Instrucción de Sumarios. Correspondiendo una multa de 10 UF.

5. Falta al Artículo 11 de los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., letra d) numerales:

2. Desprestigiar infundadamente y en forma pública al Colegio o a sus autoridades.

5. Incumplir los principios y normas de los Estatutos y del Código de Ética del Colegio; y 6. Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave”.

6. Los hechos comprobados en la Investigación Sumaria, respecto del acusado Ingeniero Sr. nombre reservado, dan cuenta de lo expresado en el Artículo 61° de los Estatutos que, es una “infracción al Código de Ética del Colegio, como desdoroso para la profesión de Ingeniero, abusivo del ejercido profesional o incompatible con la dignidad, cultura o ética profesional”.

g.- El día 7 de julio de 2020, el recurrente contestó y anunció su apelación al Tribunal de Segunda Instancia que corresponde al Comité de Ética del Colegio de Ingenieros y que procedería de esa forma cuando se le notificara por carta certificada.

h.- El día 20 de julio del presente, a través de un nuevo correo electrónico el Tribunal de Primera Instancia de parte del señor nombre reservado, en sesión extraordinaria, le informa que habiendo tenido 10 días corridos para apelar, contados desde la notificación del día 7 de julio de 2020, plazo fatal para apelar ante la Comisión de Ética del Colegio, y habiéndose cumplido el mismo el 17 de julio de 2020, se declaraba que la sentencia de primera instancia quedaba firme o ejecutoriada, dictándose el “cúmplase”, quedando afirme la suspensión del recurrente, la que fue informada además al Tribunal de Elecciones.

Quinto: Al respecto corresponde indicar que la respectiva normativa al conocimiento de la presente acción dice relación con:

1.- La Ley N° 21.226 que señala en su artículo 2 inciso 1° que: “1°.- Los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y los tribunales arbitrales ad hoc e institucionales del país, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, podrán suspender cualquier audiencia que corresponda realizar en el marco de los procedimientos de que conocen, con excepción de aquellas que requieran la intervención urgente del tribunal, en los mismos términos referidos en el artículo anterior. Decretada la suspensión de una audiencia, deberá el tribunal reagendarla para la fecha más próxima posible posterior al cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso”.

Por su parte, el artículo 3 inciso 1° y 2° del referido cuerpo normativo, dispone que: “Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, los tribunales ordinarios y especiales no podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional referido, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. En estos casos, los tribunales respectivos deberán postergar la realización de dichas diligencias y actuaciones judiciales para la fecha más próxima posible, posterior al cese de referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.

Se entenderá que se deja a las partes o intervinientes en la indefensión cuando no se cumplan las normas del debido proceso, en los términos del inciso segundo del artículo 1.”

2.- El artículo 4° del Reglamento para la Instrucción de Sumarios del Colegio de Ingenieros de Chile dispone que: “La denuncia o petición señalada en el artículo anterior deberá constar por escrito y deberá contener explícitamente los antecedentes de hecho y las pruebas en que se funde, las normas de ética profesional que se consideren transgredidas y las sanciones que se estimen procedentes. El Consejo examinará la denuncia o petición para comprobar si reúne los requisitos exigidos por este Reglamento. Si no los reuniere, lo comunicará al denunciante señalando las razones que se tuvieron presentes para no dar curso al reclamo. Si los reparos fueren sólo de forma, el Consejo fijará un plazo prudente para que el denunciante los subsane, bajo apercibimiento de tener por desistido el reclamo si no lo hiciera dentro del plazo que hubiere fijado”.

Por su parte, el artículo 5º del citado Reglamento dispone: “En su primera sesión, cada Consejo confeccionará una lista de turno de sus miembros, en el orden que estime conveniente el que deberá seguirse para la designación de nombre reservado que tramitará la denuncia o reclamo correspondiente. Si el nombre reservado a quien corresponda el conocimiento de un caso determinado, no pudiera tramitarlo por impedimento físico o por motivos de orden moral, como es el caso de haber emitido opinión previa, tener amistad o enemistad manifiesta o parentesco con el denunciante o el denunciado u otro motivo de implicancia, se designará como sumariante al nombre reservado que le siga en la lista de turno. En este caso el reemplazado quedará en primer lugar para el caso siguiente. El consejero a quien corresponda tramitar un sumario y que esté afecto a uno de los impedimentos indicados en el inciso anterior, está obligado a excusarse de hacerlo, manifestando al Consejo la existencia del motivo de la implicancia que a su juicio le afecta”.

Asimismo, el artículo 8° del Reglamento en análisis prevé: “El Secretario del Consejo deberá notificar el reclamo al denunciado mediante carta certificada, enviándole copia de la denuncia y el nombre del nombre reservado”

Además, el artículo 9 del referido Reglamento establece que: “Dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha de la notificación del reclamo, el denunciado deberá presentar sus descargos por escrito al nombre reservado. Si no concurriere a las citaciones o se negare a formular sus descargos dentro del plazo indicado, será juzgado en rebeldía”.

También, el artículo 14° dispone que: “La sentencia deberá ser dictada dentro del plazo de quince días, a contar de la fecha en que el sumario quede en estado de fallo. La sentencia será notificada al denunciante y al denunciado por carta certificada”. En efecto, el artículo 13º prevé que: “Una vez agotada la investigación a juicio del nombre reservado, éste elevará los antecedentes al Consejo en un informe escrito que contendrá los siguientes puntos:

a)

Exposición: Síntesis de los hechos y peticiones de la denuncia y de la contestación del denunciado, si la hubiere.

b)

Investigación: Exposición de las diligencias prácticas para aclarar los hechos investigados.

c)

Análisis y apreciación de la prueba.

d)

Proposición de acoger o rechazar la denuncia, sugiriendo en el primer caso la sanción correspondiente.

El Consejo analizará el informe con la presencia del nombre reservado, y si lo estima conveniente dictará medidas complementarias para mejor resolver.”

3.- El Estatuto del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. dispone en su artículo 9 que: “Son obligaciones de todos los socios:

a) Informarse, respetar y cumplir estos Estatutos, el Código de Ética del Colegio, los Reglamentos y las decisiones y acuerdos de la Asamblea General, del Consejo Nacional y de los Consejos Zonales en su caso;

b) Servir los cargos, ejecutar los encargos o tareas específicas que se le hayan comisionado y colaborar con toda otra actividad que el Colegio le haya encomendado, en su calidad de autoridad en funciones. Podrá quedar liberado de la obligación de realizar determinadas tareas propias de su cargo en el Colegio por razones que lo justifiquen;

c) Proporcionar los antecedentes generales que les solicite el Consejo Nacional, el Consejo Zonal en su caso, o el Consejo de Especialidad que le corresponda;

h) En general, velar permanentemente por los intereses del Colegio, de sus socios y de la actividad común que los reúne”.

Asimismo, el artículo 11° del referido cuerpo normativo dispone que: La calidad de socio se pierde por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por renuncia del socio presentada por escrito al Presidente del Consejo Nacional o al Presidente del Consejo Zonal, en su caso. Los asociados podrán renunciar a su calidad de socio; sin embargo, no podrán hacerlo, ni su renuncia será cursada, mientras exista acusación o denuncia pendiente en su contra, relacionada con su conducta ética o profesional;

b) Por muerte del socio;

c) Por incumplimiento de las obligaciones pecuniarias para con el Colegio por más de un año. El socio que incurriere en esta causal podrá recuperar su calidad de socio activo sujeto al cumplimiento de las condiciones que establezca el Consejo Nacional; y d) Por exclusión fundada en las siguientes causales:

1. Haber proporcionado datos falsos al ingresar al Colegio, o en cualquier momento posterior, relacionados con los antecedentes del socio relacionados con el Colegio, con la actividad común o respecto de cualquiera otra materia que el Colegio haya solicitado.

2. Desprestigiar infundadamente y en forma pública al Colegio o a sus autoridades.

3. Inferir daño de cualquier modo a los intereses del Colegio.

4. Haber sido suspendido más de tres veces en sus derechos de socio activo.

5. Incumplir los principios y normas de los Estatutos y del Código de Ética del Colegio; y 6. Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave.

La medida de exclusión y consecuente pérdida de la calidad de socio dispuestas en la letra d) precedente, se aplicará después de una sentencia de primera instancia dictada por el respectivo tribunal, según lo dispuesto en el Artículo 63° de estos Estatutos, salvo que el afectado presente un recurso de apelación ante la Comisión de Ética del Colegio, cuyo fallo será inapelable. El socio excluido en cualquiera de estos casos, sólo podrá reingresar al Colegio si hubiere transcurrido más de cinco años desde que la medida de exclusión se aplicó y así lo acordare el Consejo Nacional.

La sanción de pérdida de la calidad de socio siempre conlleva la eliminación del número de Registro que correspondía al socio excluido. Todos los acuerdos a que se refiere el presente artículo y el Artículo 10° de estos Estatutos, deberán ser adoptados con el voto conforme de la mayoría de los integrantes en ejercicio del Consejo Nacional.

Las faltas a la ética serán sancionadas por los Tribunales de Ética que corresponda, conforme a lo dispuesto en los Artículos 61° a 63° de estos Estatutos.

4.- Además, el Código de Ética en su artículo 4° establece que: “Es obligación ética de los ingenieros guardar deferencia y corrección en la relación con sus colegas. Los ingenieros no perjudicarán maliciosa o falsamente, directa o indirectamente la reputación de otro ingeniero ni criticará indiscriminadamente el trabajo de un colega”.

Sexto: En primer término, es dable señalar que, la resolución de fecha 11 de mayo de 2020, fundante del cúmplase impetrado mediante el presente arbitrio fue notificado mediante carta certificada de fecha 9 de junio de 2020, independiente que el actor conoció su contenido de manera previa, a través de la remisión y respuesta de los correos electrónicos aludidos con antelación, situándose incluso el artículo 9 del Reglamento para la Instrucción de Sumario, en la hipótesis en que el acusado “se negare a formular sus descargos”, tal como aconteció en la especie.

En efecto, si el acto que se estima vulneratorio ha cumplido su fin, no basta a su respecto con la sola verificación de la infracción reglamentaria -artículo 8 del citado Reglamento-, por cuanto en él se subyace la protección al debido emplazamiento y el conocimiento de los cargos que se formularon al actor, lo que en la especie según se ha desarrollado, se ha cumplido a cabalidad, pudiendo de esta forma ejercer su derecho a defensa técnica, por cuanto conoció el contenido de cada una de las resoluciones a través de la remisión y recepción de los respectivos correos electrónicos.

Séptimo: Por su parte, en cuanto a las demás supuestas conductas vulneratorias, no debe perderse de vista que el acto recurrido dijo relación con la dictación de la resolución terminal -“cúmplase”- mas no con las restantes actuaciones llevadas a cabo con anterioridad dentro del contexto de la investigación incoada, tales como la designación del fiscal sumariante, entre otras.

Octavo: Para los efectos de desestimar la configuración de la ilegalidad y arbitrariedad impetrada por el recurrente es dable indicar que la recurrida teniendo a la vista los antecedentes de hecho -precisados en la resolución de fecha 11 de mayo de 2020, los que fueron debidamente individualizados, transcribiéndose incluso las expresiones vertidas eventualmente por el actor-, concluyó tener por ciertos los mentados presupuestos fácticos, aunado a que actuó dentro de la esfera de su competencia y atribuciones, conforme a las normas antes referidas, en especial en los artículos 9° y 11 letra d) del Estatuto del Colegio de Ingenieros de Chile S.A., artículo 4° del Código de Ética, artículo 9 y 12 del Reglamento para la Instrucción de Sumario.

Noveno: En la especie fue el Tribunal de Ética de Primera Instancia del Colegio de Ingenieros de Chile quien formuló cargos en contra del recurrente, por las conductas descritas precedentemente, derivándose de manera posterior la sanción que se cuestiona, fundada en un proceso iniciado en contra del actor por infracción del Estatuto del Colegio de Ingenieros y del Código de Ética, por su participación en actos que fueron determinados en el proceso interno, de acuerdo a dicha normativa, el que era conocido por el actor donde se garantizaron sus derechos, toda vez que, fue informado que se seguía un procedimiento en su contra, conoció su contenido, decidió voluntariamente no efectuar sus descargos y se le informó respecto de los recursos legales de que disponía, el que no ejerció en todos sus grados.

Décimo: Por su parte, de acuerdo a las normas transcritas se concluye que, la potestad disciplinaria que habilitó a la recurrida para investigar y sancionar hechos que puedan constituir infracción a la reglamentación señalada, tuvo lugar dentro del Colegio de Ingenieros, por cuanto tales presupuestos fácticos se conectaron con el Colegio de Ingenieros, todo ello como una manifestación de la autonomía de que gozan dichas entidades.

Undécimo: En el contexto descrito, el contenido del recurso, en cuanto se pretende que esta Corte pueda calificar las actuaciones del Colegio de Ingenieros, respecto a la subsunción de las supuestas conductas del actor en las infracciones de las normas antes indicadas, lo que importa dejar sin efecto la sanción aplicada, evidencia que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal, excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental, que comprende sólo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho, cuestión que no acontece en la especie, donde los antecedentes evidencian que existió un sumario ajustado a los hechos y al derecho.

Duodécimo: Sin perjuicio de lo anterior, sólo a mayor abundamiento, cabe consignar -en relación a las garantías que se citan como vulneradas, que en cuanto a la del numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política, ésta requiere que ante casos similares o idénticos la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, lo que no se desprende de los antecedentes agregados a la causa.

En relación a la del numeral 3 del artículo 19 del artículo citado, sólo resulta protegida por la acción constitucional que consagra el artículo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso quinto, si bien invocado, no se configura, toda vez que conforme antes se expuso la autoridad que aplicó la medida era aquella contemplada por la normativa pertinente.

Décimo tercero: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

De conformidad, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido el Consejo Zonal Metropolitano constituido como Tribunal de Ética de Primera Instancia del Colegio de Ingenieros de Chile Regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción de la Ministro señora Verónica Sabaj Escudero.

N° Protección-71966-2020 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Jenny Book Reyes, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Ministro (S) señora Paulina Gallardo García.