nombre reservado con nombre reservado

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 17 de octubre de 2017, comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del decano de la nombre reservado de la Universidad de Chile, Dr. nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado del mismo nombre.

Manifiesta que con fecha 21 de septiembre del presente año, fue notificado de su destitución como funcionario de la Universidad de Chile, en donde hasta esa fecha se desempeñaba en el cargo de planta, como auxiliar, grado 25° de la Escala Universitaria de Sueldos, de acuerdo a lo ordenado por resolución afecta N° 942, del 23 de junio de 2017, dictada por el nombre reservado de la facultad de nombre reservado con motivo del Sumario Administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 1.000, del 30 de mayo de 2016.

Indica que tiene más de trece años de servicios en la Universidad, habiendo ingresado a trabajar el 5 de Junio del 2004 en la misma nombre reservado, sin nunca antes ser sancionado disciplinariamente, siendo calificado en lista uno hasta el año 2013 y solo el último año en lista dos.

Expresa que los cargos que motivan a la medida le fueron formulados básicamente en la letra b) de la resolución que Rola a fojas 119 y 120, del expediente sumarial, al acusarlo de haber seguido por los pasillos de la facultad a doña nombre reservado, coordinadora de Gestión Académica, de quien depende la Unidad de Gestión de Aulas, en donde se desempeñaba, con gritos y en forma agresiva, lo que aparecería en un video.

Señala que no obstante haber hecho valer sus descargos, en el sentido que la acción que se le imputa, no ocurrió en la forma que indica el Fiscal, en caso alguno puede configurar lo que se denomina como acoso laboral.

Expone que en efecto, la figura del acoso laboral, prevista en el inciso 2°, del artículo 2° del Código del Trabajo tiene como requisitos esenciales, el que la agresión o el hostigamiento tengan la condición de reiterados, es decir, periódicamente, frecuentemente, repetido sucesivamente en el tiempo y por consiguiente, un incidente o discusión ocurrida por una sola vez, está desprovisto de la exterioridad manifiesta de la intencionalidad de causar en la otra persona un menoscabo o humillación, que la perjudique en su situación laboral o en sus oportunidades en el empleo, como lo indica la citada normativa laboral, aplicable también al sector público.

Refiere que de los hechos expuestos, ha quedado en evidencia lo arbitrario del proceder del Sr. nombre reservado, al calificar su conducta como de acoso laboral, en circunstancias que en el peor de los casos puede calificarse como un trato inapropiado entre dos funcionarios públicos, un trabajador que por el solo hecho de expresar su disgusto con alguna medida de su jefatura no puede ser tachado como acosador.

Señala que de acuerdo con lo señalado por el artículo 6° de la Constitución Política, los órganos del Estado deben someter su accionar a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella y en el caso que le afecta, se ha infringido dicho principio, toda vez que, la autoridad universitaria recurrida ha infringido la norma prevista en el artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo, en relación con el artículo 84 letra L), del Estatuto Administrativo, al caracterizar los hechos que se le imputan como de acoso laboral, en circunstancias que no se cumplen los requisitos indicados por dicha norma laboral.

En cuanto a los derechos constitucionales infringidos, señala que en primer lugar, resulta afectado el derecho señalado en el numeral 2°, del artículo 19, de la Carta Fundamental, pues ha sido víctima de una clara diferenciación arbitraria, pues ha sido sancionado por expresar su descontento de viva voz, como lo hacen todos los funcionarios públicos, sin que por ello se les destituya.

En segundo lugar, se ha vulnerado su derecho a la honra personal, previsto en el N° 4° del artículo 19°, de la Constitución Política, por cuanto no solo ha sido sancionado injustamente, con la más grave de las medidas, como si hubiese tenido una conducta contraria a la probidad y rectitud con que debe actuar todo funcionario público, claramente, esto atenta en contra de su honra personal ante la comunidad y se verá imposibilitado de trabajar en el sector público ya que al ser destituido le afecta la prohibición de ingresar a todo cargo público durante cinco años, a lo menos.

Finalmente, se vulnera el derecho de propiedad, ya que en su calidad de funcionario de planta, el derecho a ejercer las funciones propias del cargo en el cual se encuentra legalmente nombrado se ha incorporado a su patrimonio personal.

Previas citas legales y constitucionales, solicita tener por presentado Recurso de Protección en contra del doctor nombre reservado de la nombre reservado de la Universidad de Chile, ya individualizado, admitirlo a tramitación y, en definitiva, disponer que se deja sin efecto la medida de destitución de su cargo y se ordena su reincorporación al cargo y demás medidas que esta Corte estime necesarias para la pronta regularización de su situación legal funcionaria, disponiendo que se reabran del sumario mencionado, se pondere nuevamente su eventual responsabilidad administrativa en los hechos investigados, con costas.

Segundo: Que, con fecha 7 de noviembre de 2017, la abogada Valentina Suau Cot, en representación de la Universidad De Chile- Facultad de Medicina, informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Señala que como consideraciones generales que conforme al artículo 7° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 2006, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile tiene la autonomía, de origen legal, suficiente para adoptar las medidas y dictar los actos administrativos suficientes para solventar de la mejor manera sus funciones y satisfacer sus fines.

Señala que no habiéndose dictado reglamento especial sobre responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Universidad de Chile, cualquiera sea su estamento, y establecida su calidad de funcionario público, deberá aplicarse supletoriamente las normas del Estatuto Administrativo aprobado por la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo se encuentra contenido en el D.F.L. N°29 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Indica que conforme al artículo 37 del Estatuto de la Universidad "El nombre reservado tendrá las siguientes atribuciones: h) Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que integren la nombre reservado, conforme al Reglamento, (... )".

En concordancia con las atribuciones que le confiere el Estatuto, el Rector de la Universidad de Chile además ha dictado el Decreto Universitario Exento N°906 de 27 de enero de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades.

El artículo 5, dispone que el nombre reservado es la máxima autoridad de la respectiva nombre reservado y le corresponde la dirección de ésta, en el contexto de los lineamientos y estrategias emanados de los Órganos Superiores de la Universidad y que el artículo 7, letra j) señala que es atribución del nombre reservado: “Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que integran la nombre reservado, conforme a la normativa vigente".

Por lo expuesto, el nombre reservado, tiene la atribución plenamente vigente, por expresa disposición de los Estatutos de la Universidad de Chile y del Reglamento de Facultades de esta Casa de Estudios Superiores, de instruir las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos respectivos en contra del personal de su dependencia, que corresponde a los funcionarios académicos y no académicos que integran la nombre reservado.

En cuanto al fondo del recurso, señala que mediante el Oficio N° 396 de fecha 4 de abril de 2016 del Sr. nombre reservado., Director Económico y de Gestión Institucional de la nombre reservado de la Universidad de Chile se remite al señor nombre reservado de dicha nombre reservado, los antecedentes recibidos desde la Coordinación Unidad Gestión de Aulas y la Coordinadora de Gestión Académica respecto del comportamiento funcionario irregular del auxiliar, Sr. nombre reservado, y en el Oficio N° 543 de fecha 26 de abril de 2016 con antecedentes de la Unidad de Gestión de Aulas respecto de robos de notebooks ocurridos en salas nombre reservado y salas N° 1,2 Y 3, del sector de Salud Pública.

Indica que en conformidad con el mérito de los antecedentes y en uso de las ya atribuciones expuestas previamente, el nombre reservado de la Universidad de Chile, Prof. Dr. nombre reservado, por Resolución Exenta N° 1.000 de 30 de mayo de 2016, instruye sumario para esclarecer los hechos denunciados, así como el grado de participación de funcionarios de la nombre reservado, y si ello Implica infracción a sus deberes funcionarios y administrativos, y las eventuales responsabilidades administrativas.

Los hechos investigados corresponden a una actitud insolente y agresiva del señor nombre reservado, hacia sus jefaturas y sus compañeros de trabajo, falta de respeto a las instrucciones y normativas y seguimiento en forma agresiva a su jefatura en dependencias de la facultad, incluyendo gritos y amenazas.

Que además del proceso investigativo, el Sr. fiscal pudo determinar la existencia de infracciones a los deberes funcionarios por parte de don nombre reservado, relativo a su mala actitud, falta de respeto, agresividad y hostigamiento a sus compañeros y jefaturas; comprobándose Igualmente que de manera sostenida el señor nombre reservado desacata y no reconoce instrucciones de sus jefaturas, no realiza el trabajo encomendado provocando graves perjuicios al quehacer académico de la facultad: Acreditado el mal comportamiento del funcionario señalado obtenido de las declaraciones y documentación pertinente; el Fiscal concluyó que el Sr. nombre reservado no cumplió con sus obligaciones funcionarias señaladas en el artículo 64 del Estatuto Administrativo: c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución; además de la establecida en la letra f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. Junto con lo anterior, se pudo constatar que el funcionario transgredió las prohibiciones indicadas en el artículo 84 del mismo texto legal: m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del trabajo.

En consecuencia, la Fiscalía formuló cargos al Sr. nombre reservado a fojas 119 del expediente de Sumario Administrativo, los que le fueron notificados personalmente el 4 de agosto de 2016, evacuando sus descargos el 10 de agosto de 2016. Hace presente que, en sus descargos, no cuestiona la acusación de acoso laboral sino que tiende a justificar en la conducta de otros funcionarios su propia reacción, por ejemplo al señalar a fojas 128: “(…) no busco eludir mi cuota de responsabilidad que me corresponde, pero creo que si he tenido una mala reacción alguna vez, se debe a una mala actitud de mi jefatura conmigo y varios de mis compañeros.". También en sus descargos reconoce problemas con otras, jefaturas, al expresar, a fojas 128: "Llevo muchos años en esta Institución y, si bien es cierto que he tenido problemas con otras jefaturas ... ".

Indica que a fojas 134 y siguientes del expediente, rola el dictamen fiscal, que haciendo análisis de los descargos planteados, los desestima y determina la existencia de responsabilidad, propone como sanción para el funcionario Sr. nombre reservado la suspensión por un mes con derecho al 50 % de la remuneración mensual en virtud de las conductas denunciadas, constitutivas de “Acoso Laboral”. Refiere que en uso de las atribuciones que detenta en esta materia, el decano adquirió la convicción de que el funcionario Sr. nombre reservado ha incurrido en forma sostenida en conductas impropias que implican hostigamiento, agresión y menoscabo a sus jefaturas, compañeros de trabajo y demás funcionarios, tal como consta en el expediente.

Para efectos de la ponderación de la infracción y su calificación, tuvo en cuenta los elementos presentes en el sumario y lo establecido en la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo.

Señala que en materia de acoso laboral, el Estatuto Administrativo lo establece como prohibición a la conducta funcionaria, otorgando el sentido dispuesto en el artículo 2° inciso 2° del Código del Trabajo que señala: "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo".

Por su parte, agrega, la doctrina laboral sostiene que la conducta de acoso laboral se configura no sólo cuando la acción del empleador o del o los trabajadores ocasionan un perjuicio o daño laboral directo a la víctima en su situación al interior del organismo, sino también cuando por la creación de un ambiente hostil y ofensivo de trabajo a través de palabras o conductas que provoquen un menoscabo en la dignidad de las personas. De tal forma, que no se requiere la comprobación del real y efectivo perjuicio físico o psíquico de la conducta en la víctima, toda vez basta con la palabra u obra del victimario que busque hostigar, menoscabar, o humillar a otro u otros para estar en presencia de acoso o maltrato laboral.

En ese sentido, revisando los hechos acreditados, el expediente entregado por el Sr. Fiscal, y en plena consideración que es un deber de las instituciones públicas garantizar las condiciones adecuadas de trabajo, favoreciendo un clima de respeto y libre de todo tipo de discriminación, por lo cual cualquier conducta contraria a este principio merece ser denunciada, investigada y en los casos que lo amerite, sancionada.

Que en concordancia con lo anterior, se dictó la Resolución Exenta N°1621 de 8 de junio de 2016, aplicándole la medida disciplinaria de destitución del cargo. Este acto administrativo le fue notificado el día 21 de octubre de 2016, personalmente al inculpado según consta de fojas 152 y vencido el plazo para deducir los recursos legalmente consagrados, no hizo uso de ese derecho.

Cabe hacer presente, indica, que, a continuación, el expediente íntegro, incluyendo la configuración de acoso laboral como la proposición de sanciones fueron analizadas por dos instancias de control, que, por su carácter independiente de la autoridad sancionatoria, pudieron haber objetado la calificación jurídica de acoso laboral a la que arribó el nombre reservado de la Universidad de Chile, esto es, la Contraloría de la Universidad de Chile y la Contraloría General de la República.

En cuanto a la supuesta ilegalidad, señala que la resolución del señor nombre reservado de la facultad de nombre reservado de esta Universidad que resolvió el sumario administrativo y aplicó la medida disciplinaria de destitución, y que además fue "Tomada Razón" por la Contraloría General de la República, es plenamente legal por cuanto fue dictada, en cada caso, por la autoridad investida regularmente en su cargo, quien actuó dentro de la esfera de su competencia y en la forma prescrita en la ley, cumpliendo con esto lo establecido en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado.

Expresa que del análisis del artículo 2 del Código del Trabajo, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, si se configura la hipótesis de acoso laboral, por cuanto la describe como agresión u hostigamiento reiterados por un trabajador en contra de uno o más trabajadores, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación.

Siendo, dice, la conducta determinada por el fiscal y ratificada por la autoridad competente, una de aquellas contempladas en las hipótesis de acoso laboral que contiene el artículo 2 inciso segundo del Código del Trabajo, no se vislumbra la forma en la cual el Sr. nombre reservado, autoridad con competencia legal y reglamentaria para sancionar, pudo incurrir en algún acto ilegal al aplicar la normativa vigente en el caso concreto.

Tercero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Cuarto: Que la formulación de cargos realizada por el Fiscal Instructor señala que la suma de las conductas ratificadas por el señor nombre reservado “constituyen acoso laboral de su parte a las jefaturas, por ser conductas de agresión y hostigamiento reiterados, con efectos de maltrato y humillación a éstas”.

Al describir cuales serían estas conductas se expresa por parte del Fiscal Instructor: a): “una serie de actos, por parte del Sr. nombre reservado, en sus relaciones interpersonales con sus jefaturas, en actitud insolente y agresiva. Además desobedece instrucciones y órdenes directas de su jefatura, ni tampoco obedece las instrucciones internas respecto del funcionamiento de la Unidad de Gestión de Aulas, tanto en su trabajo en las salas como en respetar las normas y solicitar aprobaciones previas de horas extras.

En segundo lugar, letra b) se señala “la situación de seguimiento por los pasillos de la facultad, hasta la portería de salud pública a la Srta. nombre reservado, Coordinadora de Gestión Académica de quien depende la Unidad de Gestión de Aulas, con gritos y en forma agresiva. La situación de seguimiento, consta en video proporcionado a esta fiscalía”

Quinto: Que la propia Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, ha señalado que la imputaciones que se formulen en el proceso disciplinario, deben ser concretas y precisas, y necesariamente contener un detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa al inculpado y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo de permitirle una adecuada defensa, y , a su vez, el servicio pueda, fundadamente, determinar, si fuere procedente, la aplicación de una sanción, más aún si en el caso de marras se ha aplicado la más grave de todas, como es la destitución.(Dictamen 44.597 de 2008, entre otros)

La formulación de cargos es una verdadera “acusación” fiscal en el derecho disciplinario que circunscribe el debate al preciso objeto de determinados hechos tipificados estatutariamente como infracciones a deberes funcionarios (E. nombre reservado. “El Procedimiento Sumario en el Estatuto Administrativo. pág. 123.)

Que basta leer el cargo contenido en la letra a) de la formulación respectiva para concluir que dicha exigencia no se verifica, ya que se señalan hechos genéricos, que luego son recogidos en la vista fiscal y en el acto administrativo de destitución contaminándolo.

En consecuencia el único hecho concreto que se describe como una conducta específica y concreta, que se atribuye al imputado, y que coincide, además, con el cargo formulado, de acoso laboral, es el que se describe en la letra B) de la formulación que se ha transcrito precedentemente.

Sexto: Que el artículo 140 del Estatuto Administrativo, en su inciso tercero, establece que ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos.

Dicha disposición legal no se cumple cuando, como en este caso, los cargos no se formulan en términos concretos ni se han precisado específicamente los hechos constitutivos de las infracciones en que incurre el empleado. Así lo ha resuelto reiteradamente la Contraloría General (Dictamen 10.483 de 2008 entre otros)

Que como se ha dicho anteriormente, atendido lo razonado, el único cargo por el cual se puede hacer reproche al funcionario recurrente de protección, que fue materia de cargo, es el seguimiento que hace este a una funcionaria por el tema de las horas extraordinarias.

Es respecto a este único hecho que se debe analizar si se ha infringido o no los artículos mencionados que regulan el acoso laboral.

Séptimo: Que en el numeral 5) de la Resolución Afecta N° 942, que aplica la sanción de destitución, se señala que se pudo determinar la existencia de infracciones a los deberes funcionarios por parte del señor nombre reservado, también en forma genérica, mencionando la mala actitud, falta de respeto, agresividad y hostigamiento, sin especificar hechos concretos o específicos, puesto que ni la formulación de cargos, ni la vista del Fiscal lo hacen.

En el numeral señalado de la Resolución N° 942, se concluye señalando que no cumplió, el recurrente, con la prohibición del artículo 84 letra m) del Estatuto Administrativo, esto es, realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.

Octavo: Que la mencionada norma del Código del Trabajo dispone que es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Pues bien, para configurar el acoso laboral, se exige por la norma citada, la reiteración de la conducta, extremo que no puede obviarse por tratarse de una tipificación sujeta a graves sanciones, como en este caso, la más grave que puede afectar a un empelado público, como es la destitución, después de 13 años de prestación de servicios.

Noveno: Que como se ha dicho, el único cargo válidamente formulado al recurrente es aquel consistente en un seguimiento a otra funcionaria, en la forma que se ha descrito, sin que concurra la reiteración de la conducta para calificar la misma como de acoso laboral.

Que por otra parte la resolución que impone la medida de destitución, objeto del recurso que se analiza, carece de motivación, ya que no explicita cuales son los hechos o conductas concretas que se consideran para dar por satisfecha la exigencia de la reiteración, infringiendo la obligación que impone el artículo 11 de la Ley 19.880, respecto a la fundamentación de los actos administrativos.

Décimo: Que al obrar así, de manera contraria a la ley, la autoridad recurrida ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Carta Política, de igualdad ante la ley, al darse al actor un trato diferente al que prescribe el Estatuto Administrativo en el desarrollo de un sumario administrativo de forma que corresponde brindar la cautela solicitada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se acoge el recurso deducido por don nombre reservado, en contra del nombre reservado de la Universidad de Chile, don nombre reservado, y se deja sin efecto la Resolución afecta N° 942, del 23 de junio de 2017, dictada por el nombre reservado con motivo del Sumario Administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 1.000, del 30 de mayo de 2016, que dispuso la destitución del recurrente, ordenándose la reincorporación inmediata a su cargo, el pago de las remuneraciones que le correspondan por el tiempo que ha estado separado del mismo, y se inicie un nuevo procedimiento sumario de conformidad a la ley.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.

Rol N° 71.759-2017.-