Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 18, 19 y 20: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Patricio Peña Cuevas, en representación de nombre reservado, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, Comisario grado 8° del escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, quien interpone recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta Reservada N°NUM000, de 15 de enero de 2026, emanada de la Dirección General de dicha institución, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta Reservada N°NUM001, de 22 de julio de 2025, por medio de la cual se declaró su salud incompatible con el desempeño del cargo.

Expone que el recurrente hizo uso de licencias médicas entre el 27 de junio de 2023 y el 22 de mayo de 2024, por una patología traumatológica en una rodilla, y posteriormente por una afección psiquiátrica originada, según sostiene, en una destinación institucional que fue dejada sin efecto por sentencia dictada por esta Corte en causa Rol Protección N°2206-2024.

Señala que el funcionario se reincorporó efectivamente a sus labores el 11 de noviembre de 2024, desempeñándose normalmente durante más de ocho meses, sin registrar nuevas licencias médicas ni antecedentes que cuestionaran su aptitud para ejercer el cargo. Añade que la Comisión Médica Institucional y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Aysén determinaron que su estado de salud era recuperable y no invalidante para el desempeño de funciones propias del servicio.

Refiere que el 1 de septiembre de 2025 solicitó la instrucción de un sumario administrativo destinado a establecer que la lesión traumatológica que motivó parte de las licencias médicas se produjo en dependencias institucionales y en circunstancias vinculadas al servicio.

Sostiene que, mientras no concluya dicho procedimiento, no puede establecerse si aquellas licencias deben excluirse del cómputo previsto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, por lo que la declaración de salud incompatible habría sido adoptada prematuramente.

Alega, además, que la Resolución Exenta Reservada N°NUM000 fue notificada mediante carta certificada sin que la recurrida haya acreditado las búsquedas previas que, a su juicio, exige el artículo 131 de la Ley N°18.834, pese a los requerimientos efectuados los días 13, 16 y 18 de febrero de 2026.

Añade que, mediante Resolución N°NUM002, de 16 de diciembre de 2025, la Comisión Médica de Medicina Preventiva de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile le concedió una prórroga de reposo preventivo total por noventa días, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Afirma que resulta contradictorio mantener la declaración de salud incompatible mientras se encontraba vigente dicho régimen de protección.

Sostiene que el acto recurrido carece de motivación suficiente, al no ponderar adecuadamente su reincorporación efectiva, el carácter recuperable de su salud, la existencia del sumario administrativo pendiente y la vigencia del reposo preventivo, vulnerando con ello la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Por lo anterior, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta Reservada N°NUM000 y, consecuencialmente, se prive de efectos a la declaración de salud incompatible contenida en la Resolución Exenta Reservada N°NUM001, adoptándose las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que informa la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el recurrente ingresó a la institución el 17 de febrero de 2009 y que hizo uso de licencias médicas por 332 días, entre el 27 de junio de 2023 y el 22 de mayo de 2024, por una patología traumatológica en la rodilla, y por otros 186 días, hasta el 11 de noviembre de 2024, por una patología psiquiátrica.

Señala que el Informe Técnico Reservado N°NUM003, de 21 de marzo de 2024, de la Comisión Médica Institucional y la Resolución Exenta N°NUM004, de 21 de marzo de 2025, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, determinaron que el recurrente presentaba un estado de salud recuperable. Explica que dicho pronunciamiento no impide declarar su salud incompatible con el desempeño del cargo, sino que constituye uno de los presupuestos para ejercer la facultad contemplada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Indica que las licencias médicas utilizadas por el funcionario excedieron los seis meses dentro de un período de dos años y que no correspondían, al momento de dictarse la resolución, a accidentes en acto de servicio, enfermedades profesionales, licencias otorgadas conforme a la Ley de Medicina Preventiva ni a aquellas relacionadas con la protección de la maternidad, por lo que resultaban computables para los efectos de declarar la incompatibilidad.

En cuanto a la notificación, sostiene que el artículo 131 del Estatuto Administrativo se refiere exclusivamente a las actuaciones practicadas dentro de procedimientos disciplinarios, por lo que no resulta aplicable a la resolución impugnada. Afirma que la comunicación del acto se efectuó válidamente mediante carta certificada, conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley N°19.880.

Respecto del sumario administrativo destinado a determinar el eventual origen laboral de la lesión de rodilla, manifiesta que su resultado constituía un hecho futuro e incierto, que no impedía ejercer la facultad administrativa sobre la base de los antecedentes existentes al momento de resolver.

Añade que la medicina preventiva fue concedida con posterioridad a la declaración de salud incompatible contenida en la Resolución Exenta Reservada N°NUM001, sin que dicha circunstancia produzca la invalidación retroactiva del acto ni altere los presupuestos que fueron considerados para su dictación.

Finalmente, sostiene que la resolución recurrida fue pronunciada por la autoridad competente, se encuentra fundada en los antecedentes médicos y administrativos del funcionario y constituye el ejercicio de una potestad expresamente conferida por el ordenamiento jurídico, sin que se haya acreditado un tratamiento desigual respecto de otras personas que se encontraran en una situación equivalente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en cuanto a la irregularidad alegada respecto de la notificación de la Resolución Exenta Reservada N°NUM000, cabe señalar que el artículo 131 de la Ley N°18.834 se encuentra inserto en la regulación del procedimiento disciplinario y establece la forma en que deben efectuarse las notificaciones dentro de esa clase de procedimientos.

La resolución impugnada no fue dictada en el marco de un sumario administrativo ni constituye una actuación disciplinaria, sino que corresponde a un acto administrativo relativo a la situación funcionaria del recurrente, cuya notificación se rige por las reglas generales previstas en la Ley N°19.880.

De los antecedentes aparece que el acto fue remitido mediante carta certificada y que el propio recurrente reconoce haber tomado conocimiento íntegro de su contenido, circunstancia que le permitió deducir oportunamente la presente acción constitucional. Por consiguiente, no se advierte que la forma de comunicación utilizada haya ocasionado indefensión ni configure una ilegalidad susceptible de ser remediada por esta vía.

Quinto: Que el artículo 151 del Estatuto Administrativo faculta al jefe superior del servicio para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencias médicas durante un lapso superior a seis meses, continuos o discontinuos, dentro de los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, excluyendo del cómputo aquellas licencias otorgadas con motivo de accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales, las concedidas conforme a la Ley de Medicina Preventiva y las relativas a la protección de la maternidad.

En la especie, no se encuentra controvertido que el recurrente hizo uso de licencias médicas durante un período ampliamente superior a seis meses dentro de los dos años considerados por la autoridad, ni que tanto la Comisión Médica Institucional como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez calificaron su estado de salud como recuperable.

La circunstancia de que el funcionario se haya reincorporado temporalmente a sus labores no impide, por sí sola, el ejercicio de la potestad conferida por la norma citada, desde que la declaración cuestionada no se sustenta exclusivamente en una incapacidad absoluta y actual para ejercer funciones, sino en la extensión de las ausencias médicas y en los antecedentes técnicos requeridos por la legislación aplicable.

Sexto: Que la existencia de un sumario administrativo pendiente, destinado a establecer si la lesión traumatológica tuvo su origen en un accidente en acto de servicio, tampoco permite calificar de ilegal o arbitraria la resolución recurrida, pues al momento de su dictación no existía una declaración administrativa que reconociera dicho carácter y que obligara a excluir las licencias correspondientes del cómputo legal.

La autoridad resolvió sobre la base de los antecedentes existentes y jurídicamente establecidos a esa fecha, sin que resulte exigible que suspendiera indefinidamente el ejercicio de su potestad a la espera del resultado de un procedimiento cuyo desenlace era aún incierto. Lo anterior es sin perjuicio de los efectos que pudiera producir una eventual decisión posterior que reconozca el origen laboral de la lesión y de las acciones administrativas o jurisdiccionales que el interesado pueda ejercer en tal supuesto.

Séptimo: Que la circunstancia de haberse concedido al recurrente una prórroga de reposo preventivo entre enero y marzo de 2026 no priva de fundamento a la declaración de salud incompatible adoptada en julio de 2025 ni transforma en arbitraria la resolución que rechazó su reposición.

En efecto, la protección asociada a la medicina preventiva puede incidir en la oportunidad y condiciones bajo las cuales se materialicen los efectos funcionarios de la declaración, pero no determina necesariamente la invalidez del acto administrativo ni elimina los presupuestos fácticos que fueron considerados para dictarlo.

Octavo: Que la Resolución Exenta Reservada N°NUM000 expone los argumentos formulados por el recurrente y las razones por las cuales fueron desestimados, refiriéndose al cómputo de las licencias médicas, a su reincorporación, al pronunciamiento de los organismos médicos, al sumario administrativo pendiente y al régimen de medicina preventiva.

En tales condiciones, no se advierte que el acto carezca de motivación o sea producto del mero capricho de la autoridad, sino que expresa las consideraciones jurídicas y fácticas que condujeron a mantener la declaración de salud incompatible, correspondiendo la controversia planteada a una discrepancia acerca del mérito y alcance de dichos antecedentes.

Noveno: Que, finalmente, el recurrente no ha acreditado que la institución recurrida haya aplicado en su caso un criterio distinto del utilizado respecto de otros funcionarios que se encontraran en una situación equivalente, de modo que no se configura una afectación de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-7168-2026.