nombre reservado con UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO

Santiago, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Recurso.

Ha comparecido don nombre reservado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, domiciliado en domicilio reservado y deduce acción de protección en contra de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (en adelante UAHC), representada por don nombre reservado o por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, con el objeto que se adopten las medidas necesarias para cautelar el ejercicio de los derechos de los números 1°, 2°, 3°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Expone lo que sigue:

1.- Cursó la carrera de derecho en los años 1999 y 2000 en la Universidad Bernardo O’Higgins en la ciudad de Santiago, pero por causas personales debió mudarse a Temuco, continuando en el año 2001 en la Universidad Autónoma de Chile, egresando de esta casa de estudios. Transcurrió el plazo de tres años sin rendir su examen de grado en la mencionada Universidad Autónoma.

2.- En el año 2011 se le ofreció por parte de la UAHC una nueva oportunidad, por la cual podía convalidar sus estudios, lo que le daría la posibilidad de rendir su examen de grado y obtener el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales que luego le permitiría titularse de abogado.

3.- Ingresó así al Programa Especial de Titulación (PET), en calidad de alumno regular de la carrera de derecho de la UAHC, comenzando las clases el 19 de agosto de 2011 en Temuco. Cursó los estudios y terminó el PET el 28 de septiembre de 2012, reprobando luego su examen de grado el 13 de septiembre de 2013. El 17 de noviembre de 2014 rindió nuevamente el mencionado examen y lo aprobó, obteniendo el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales.

4.- Aprobó su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. Entretanto, la Corte Suprema había dictado el “Acta 192-2015” que establecía que debía tener en la UAHC a lo menos el 50% de convalidación, esto es, ramos cursados en esa universidad, siendo informado por la universidad que para regularizar su situación académica al 2016, y atenerse a las exigencias de la Corte Suprema, debía tomar dos ramos de tutoría en Ética Profesional y Filosofía del Derecho, excediendo estos dos ramos los diez años, que era un nuevo requisito exigido por el Acta 192-2015.

5.- El 30 de diciembre de 2016 abrió su expediente de titulación y la Corte Suprema rechazó su petición por resolución de 23 de junio de 2017, por cuanto se convalidaron los ramos de Introducción a la Economía y Derecho del Trabajo cursados y aprobados entre los años 1999 y 2000 en la Universidad Bernardo O’Higgins, mediante exámenes de conocimiento relevantes, agregando la Corte Suprema que “…comparadas tanto la fecha de convalidación -primer semestre del año 2015- con la fecha en que se otorga el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales -17 de noviembre de 2014-, resulta evidente que dicha aprobación fue hecha con posterioridad a la rendición de su licenciatura, lo cual constituye un procedimiento antirreglamentario”.

6.- La causal de rechazo se subsanaría si la UAHC informa y acredita ante la Corte Suprema el hecho cierto que a la fecha de rendición de su examen de grado el 17 de noviembre de 2014, todos y cada uno de los ramos de la malla curricular de la universidad estaban rendidos o convalidados, dando cumplimiento así íntegramente a las instrucciones vigentes de la Corte Suprema a la época de su egreso (2012) y licenciatura (2014), aplicables a su caso por la “Instrucción para la Tramitación del Expediente sobre Juramento de Abogados impartida por la Corte Suprema”, del 2 de abril de 2008 y Resolución de la Corte Suprema de 9 de mayo de 2008.

7.- Explica que, entonces, la situación observada por la Corte Suprema y que motivó el rechazo de su solicitud de juramento, se explica y subsana puesto que habiendo obtenido el grado de licenciado el 17 de noviembre de 2014, hecha luego la práctica a fines de 2015 y principios de 2016, a la fecha de la presentación de su solicitud de juramento el mes de diciembre de 2016 había entrado en vigencia el Acta 192 de 2015, la que en su artículo 11 observaría que entre la fecha de aprobación de las asignaturas (obtenidas en la Universidad Bernardo O’Higgins) y su convalidación en la UAHC, habría un mínimo de ellas (dos ramos) que superan el plazo de 10 años operando su obsolescencia, razón por la cual la UAHC lo obligó a rendir de forma extraordinaria pruebas de conocimiento relevante el año 2016 de los ramos que conforme al Acta 192-2015 estarían fuera del plazo de 10 años, aumentar el porcentaje de ramos a más de un 50% y así adecuar sus antecedentes a lo ordenado por la Corte Suprema, ramos que a la fecha de rendición de su examen de grado ya estaban reglamentariamente convalidados, de manera de subsanar la universidad, por esta vía y erróneamente la situación de extemporaneidad de estos ramos.

8.- Entiende que a su respecto no se aplican los Autos Acordados ni sus modificaciones posteriores a su egreso del año 2012 y la aprobación de su examen de grado el 17 de noviembre de 2014, atendida la irretroactividad de los mismos, declarada por la Corte Suprema, según el “Criterio Interpretativo” de 8 de enero de 2018. Así, se debe enmendar su concentración de notas y explicar lo sucedido a la Corte Suprema mediante un acto administrativo. Luego, atendido el derecho que aduce de reexaminación de sus antecedentes conferido por la Corte Suprema en su “criterio Interpretativo”, debe la UAHC, quien originó el error, explicar y enmendar la concentración de notas, actas de convalidación y otros errores de transcripción en documentos acompañados en expedientes de titulación, actuación que dicha Universidad se niega a realizar, sin considerar que los ramos cursados y convalidaciones se encontraban en regla a la fecha de su egreso en el 2012 y licenciatura de 2014 y fueron modificados después con rendiciones de exámenes de conocimientos relevantes de ramos ya reglamentariamente convalidados.

Pide que se acoja el recurso y se ordene a la UAHC lo siguiente: a) confeccionar y otorgar la resolución complementaria de convalidación, un acta de rectificación de su concentración de notas o cualquier otro documento necesario y suficiente para corregir la observación que rechazó su solicitud de juramento; b) la entrega de la documental que ha sido retenida por la UAHC, esto es, la carpeta con la totalidad de antecedentes en original que ella contiene, en especial las actas de convalidación de cada ramo firmado por las autoridades competentes de la época; c) la entrega por parte de la recurrida de un certificado de concentración de notas, con la información contenida en el certificado que indica, sin la modificación del año 2016 para adecuar sus antecedentes a lo requerido en esa época por la Corte Suprema, situación que ahora no le resulta aplicable por la irretroactividad de tales requerimientos; d) la entrega de un certificado de licenciatura que a esta fecha reafirme su calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, grado académico otorgado válidamente por la UAHC; e) que la UAHC enmiende a través de un acto administrativo que debe ser informado a la Corte Suprema el error cometido en el certificado que indica y que consta a fojas 14 de su expediente de titulación, emitido por doña nombre reservado, en su calidad de Directora de la carrera de Derecho de la UHAC, sobre la aceptación de su solicitud de convalidación; y f) que la UAHC rectifique o enmiende de manera inmediata la Ficha Curricular Histórica, la cual contiene falsedades que constituyen graves transgresiones a sus derechos, habiéndose adulterado su concentración de notas, omitiéndose la información en su página 4 “hoja de vida” de su calidad de licenciado.

Informe.

Informa la UAHC de la siguiente manera:

1.- El recurso es extemporáneo. El recurrente cuenta el plazo de 30 días a que se refiere el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección desde el 19 de julio de 2019 pero las vulneraciones en que habría incurrido la UAHC datan del año 2017, lo que queda de manifiesto si se tiene en cuenta que la Corte Suprema rechazó la titulación del recurrente en junio de ese año.

2.- En cuanto al fondo, el recurso debe ser desestimado por cuanto ha sido la Corte Suprema la que ha considerado que la calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas del recurrente no es válida, pues fue obtenida sin cumplir con los reglamentos de la UAHC y con posterioridad a ello no existe antecedente de que el alumno señor nombre reservado se haya acercado a regularizar su situación, salvo un correo que envió en noviembre de 2017, para luego no hacer ningún trámite adicional.

3.- Con posterioridad, la Corte Suprema dictó el 18 de enero de 2018 el AD-1304-2015 un “criterio interpretativo” pero, al contrario de lo que sostiene el señor nombre reservado, tal “criterio” nunca tuvo como efecto sanear su situación ni de ningún otro estudiante que hubiera sido rechazado por no cumplir sus convalidaciones con los reglamentos de la Universidad, acto bilateral en el que el propio alumno participó; esto en atención a que el AD-1304-2015 sólo deja sin efecto la aplicación retroactiva de las Actas 192-2015 y 173-2017 a aquellos estudiantes egresados con anterioridad a 2016 y no los reglamentos internos de las universidades chilenas vigentes con anterioridad a dichas actas. Luego la regla de 10 años de antigüedad de las asignaturas convalidadas al momento de dicha convalidación no se aplica a los estudiantes que convalidaron antes de la fecha de vigencia del Acta 192-2015, es decir, el 11 de enero de 2016, sus respectivos reglamentos no contenían dicha regla. Es más, la resolución indica expresamente que “el Auto Acordado de 2008 no fijó por sí un tiempo máximo a la antigüedad de los estudiantes sometidos a convalidación, sino que ordenó revisar la observancia del reglamento académico pertinente”.

4.- Agrega que en 2019 se realizaron reuniones en el mes de febrero para invitar a los estudiantes que tuviesen problemas con sus convalidaciones a regularizarlas mediante un proceso académico y conforme a derecho. El 29 de abril de 2019 el recurrente se matriculó en el Programa de Cierre PET y firmó el contrato de prestación de servicios educacionales con la UAHC figurando en la cláusula primera su estado de “estudiante” en “calidad de alumno”. Empero, el alumno no se ha presentado a clases y el 19 de julio de 2019 fue a una reunión con la docente abogado Camila Troncoso Zúñiga, quien nuevamente le explicó cómo podía regularizar su situación, dado que la sentencia de la Corte Suprema de 2017 le impide a la UAHC reconocer que su examen de grado fuera válido, sin perjuicio que de acuerdo a su contrato de abril de 2019 volvió a su calidad de alumno regular. El estudiante señaló que no estaba de ánimo para cursar asignaturas y exigió que se rectificara su concentración de notas y se otorgara un nuevo certificado de licenciatura sin previa regularización de los problemas reglamentarios señalados por la Corte Suprema, explicándole que no era posible.

5.- La documentación que el recurrente echa de menos está a su disposición en el recurso de protección rol 91.570-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago, seguido por la UAHC contra la ex docente señora nombre reservado.

Pide el rechazo del recurso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que respecto a la extemporaneidad, el recurso aparece efectivamente deducido fuera del plazo a que se refiere el Auto Acordado de 17 de julio de 2015 de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Dice esta normativa en su numeral 1° que la acción que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe ser ejercida “…dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos…”. Y resulta que los hechos denunciados fueron conocidos necesariamente antes de los 30 días referidos.

SEGUNDO: Que, en efecto, y tal como lo sostiene la parte recurrida, los hechos que se le imputan datan del año 2017, deduciéndose este recurso el 19 de agosto de 2019. El rechazo de la Corte Suprema a la pretensión del recurrente de obtener su título de abogado es de junio de 2017, según consta del expediente de titulación TI-3478-2016 y el señor nombre reservado inició las gestiones para revertir tal situación ese mismo año, a través de correos de noviembre de 2017, acercándose luego a la UAHC recién en abril de 2019 matriculándose en el Programa de Cierre PET, suscribiendo un contrato de prestación de servicios educacionales con la Universidad en calidad de alumno.

TERCERO: Que, sea como fuere, es el propio recurrente el que señala en su recurso que el acto que se dice ilegal o arbitrario ocurrió el 19 de julio de 2019, fecha en que hubo una reunión con personeros de la UAHC que le comunicaron que no rectificarían mediante un oficio dirigido a la Corte Suprema los datos que esta observó en su oportunidad, negándosele, también con la misma fecha, una carpeta con sus antecedentes y un certificado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y resulta que el recurso fue deducido el día 19 de agosto de 2019, esto es, al día 31° de conocido el hecho fundante de su reproche constitucional a la UAHC. Y que el día 30°, el 18 de agosto de 2019, fuera domingo no es óbice para razonar en la forma referida pues el Auto Acordado mencionado no prorroga el plazo de días corridos al día hábil siguiente si vence en festivo, a la manera del inciso segundo del artículo 14 del Código Procesal Penal.

CUARTO: Que en cuanto al fondo, se trata, en síntesis, que el señor nombre reservado estudió derecho entre los años 1999 a 2000 en la Universidad Bernardo O’Higgins en Santiago, trasladándose luego a Temuco, continuando sus estudios en la misma carrera en el año 2001 pero esta vez en la Universidad Autónoma de Chile, de la que egresó en el año 2006, sin dar el examen de licenciatura en el plazo de tres años que exigía esa casa de estudios. En el año 2011 ingresó al Programa Especial de Titulación (PET) de la UAHC que contemplaba cursos en Temuco y algunos en Santiago, convalidando los estudios anteriores, terminando en el año 2012 y egresando el 28 de septiembre de 2012. Reprobó su examen de grado dado el 13 de septiembre de 2013 y lo aprobó, finalmente, el 17 de noviembre de 2014, debiendo así haber obtenido el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, aprobando luego su práctica profesional el 7 de junio de 2016.

QUINTO: Que, en consecuencia, el recurrente, en principio, cumple con las exigencias del Código Orgánico de Tribunales para obtener el título de abogado. El artículo 521 de este cuerpo legal refiere que “El título de abogado será otorgado en audiencia pública por la Corte Suprema reunida en tribunal pleno, previa comprobación y declaración de que el candidato reúne los requisitos establecidos por los artículos 523 y 526”. La última disposición legal no tiene relación con el caso sub lite; la primera, el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, señala que para poder ser abogado se requiere 1°) Tener veinte años de edad; 2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley; 3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; 4°) Antecedentes de buena conducta; 5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación.

SEXTO: Que, empero, la Corte Suprema, que es el tribunal encargado por la ley -artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales- de otorgar el título de abogado, decidió rechazar la petición de titulación hecha por el señor nombre reservado en virtud de nuevos criterios interpretativos hechos en la denominada “Acta 192-2015”, lo que significó que la UAHC le hiciera rendir nuevos exámenes durante el año 2016, resolviendo la Corte Suprema por resolución de veintitrés de junio de dos mil diecisiete en los antecedentes TI-3478-2016 que la UAHC convalidó las asignaturas de Introducción a la Economía y Derecho del Trabajo cursadas y aprobadas entre los años 1999 y 2000 en la Universidad Bernardo O’Higgins, mediante exámenes de conocimiento relevante, y consignando que “pues bien, comparadas tanto la fecha de convalidación -primer semestre del año 2015- con la fecha en que se le otorga el grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales -17 de noviembre de 2014- resulta evidente que dicha aprobación fue hecha con posterioridad a la rendición de su licenciatura, lo cual constituye un procedimiento antirreglamentario”., rechazando la solicitud de titulación.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, todo el reproche que la parte recurrente hace a la UAHC en realidad pareciera que ha debido hacerlo a quien le niega el título de abogado, la Corte Suprema, tribunal respecto del cual, obviamente, esta Corte de Apelaciones no tiene tuición alguna, ni siquiera en virtud del artículo 20 de la Constitución Política de la República. En efecto, la señalada Universidad le otorgó en su oportunidad el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas al recurrente y éste hizo la práctica profesional a que se refiere el N° 5° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, de suerte que los nuevos requisitos que se le han exigido por el más alto tribunal no son de responsabilidad de la UAHC, la que ha entendido que dicha Corte ha invalidado, en los hechos, la calidad de licenciado en ciencias jurídicas y sociales que se le otorgara en su oportunidad al señor nombre reservado.

OCTAVO: Que aduce la parte recurrente que debido a nuevos criterios interpretativos de la Corte Suprema, tendría derecho a titularse, pero que la UAHC se niega a informar a ese tribunal su situación curricular. Lo cierto es que es el propio recurrente el que debe hacer ver a dicha Corte que cumple, en su concepto, con las exigencias que ésta demanda, en virtud del nuevo “criterio interpretativo” que el señor nombre reservado afirma tener el Tribunal Supremo, mas no se advierte cómo ha podido la UAHC incurrir en una conducta ilícita, ilegal o arbitraria, por no informar a la Corte Suprema lo que el recurrente pretenda que informe, máxime cuando el propio señor nombre reservado se matriculó en abril de 2019 en la UAHC en cursos necesarios para regularizar su situación, conforme a los requerimientos de la Corte Suprema, es decir, ha aceptado la tesis que plantea la UAHC.

NOVENO: Que cabe consignar, finalmente, que en cuanto a la documentación que el recurrente dice que no se le ha entregado, toda ella consta en los autos de protección de esta Corte rol 91.570-2018, pudiendo el señor nombre reservado pedir que se le entregue copia de ellos o los originales que dicen relación con su persona. Dicho recurso fue deducido por la UAHC en contra de la ex docente nombre reservado, para que esta entregara tales instrumentos.

DÉCIMO: Que, en definitiva, el recurso debe ser rechazado por las siguientes razones:

1.- Por extemporáneo: a) porque desde que la conducta que se le reprocha a la UAHC data del año 2017; y b) por cuanto aun en la propia hipótesis de la parte recurrente, el plazo de 30 días debe contarse desde el 19 de julio de 2019 y el recurso fue deducido el 19 de agosto de 2019, al día 31°.

2.- Porque no ha sido la UAHC la que le ha negado los antecedentes necesarios para obtener su título de abogado por parte de la Corte Suprema sino que ha sido este tribunal el que ha objetado tal titulación.

3.- Porque la documentación que echa en falta el señor nombre reservado está a su disposición en los autos rol 91.570-2018.

4.- Porque, sea como fuere, el señor nombre reservado ya se matriculó en la UAHC en abril de 2019 y, por ende tiene la calidad de alumno de dicha universidad y ha aceptado la posición de esa casa de estudios.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional deducida en autos, sin costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y archívese si no se apelare.

N° 71.597-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

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