nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, quien interpone recurso de protección en contra del Banco de Crédito e Inversiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en denegar el retiro de dinero correspondiente a la herencia quedada al fallecimiento de su madre, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 24.

Funda el recurso expresando que, habiendo obtenido la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de su madre, con fecha 21 de enero de 2022, se dirigió al banco recurrido, a fin de retirar la suma de $ 250.251.564, de acuerdo al certificado N° 071008647294 emitido por el mismo. Refiere que presentó Certificado de Posesión Efectiva y Formulario 21 de “Giro y comprobante de pago impuesto y multas”, en el que figura el pago de impuesto a la herencia por la suma de $ 153.157.259, efectuado el 19 de enero del mismo año.

Refiere que, en dicha oportunidad, la recurrida se negó al retiro de los fondos de la cuenta de la causante, por considerar que la documentación presentada era insuficiente. Considera que ello corresponde a un acto ilegal y arbitrario, pues habría cumplido con las condiciones objetivas para el retiro de dichos fondos. Estima que la conducta descrita conculca y afecta la garantía invocada, pues es dueño del dinero, sin que medie causa legal para su retención. Señala que se le habría producido perjuicio.

Finalmente, pide acoger el recurso, y, en definitiva, ordenar que el recurrido restituya el dinero, ascendente a la suma de $ 250.251.564; ordenar que pague los perjuicios causados; y se le condene en costas.

SEGUNDO: Que, informando, comparece don nombre reservado, abogado, por la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que, doña nombre reservado, fue clienta de su representada, hasta su fallecimiento. Registró un depósito a plazo, tasa fija, endosable, que se identifica con el Nº [cuenta reservada], serie Nº 0038 1460744. El recurrente comunicó el fallecimiento de su madre, y al mismo tiempo, solicitó el importe de la especie, en calidad de único heredero. Para tales efectos se le solicitaron los documentos que acreditaran dicha calidad y el pago del impuesto respectivo. El señor nombre reservado, a su turno, remitió el certificado de posesión efectiva emitido por la entidad competente, un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII), folio Nº [007]: 6710913, de 29 de enero de 2022. Con todo, y conforme las normas legales vigentes, se le exigió que, previo a la entrega de los fondos, acreditara, fehacientemente, el pago o exención del impuesto a la herencia, mediante certificado otorgado por el SII. Lo anterior, porque el documento folio Nº [007]: 6710913 del SII, no acredita el pago de dicho impuesto. Es más, ese documento se refiere expresamente al detalle o impuesto “a pagar”. En definitiva, el actor no ha acreditado el pago del impuesto.

Luego, en cuanto a las alegaciones del recurrente, expone que el impuesto a la herencia es un tributo que se aplica a las asignaciones por causa de muerte y donaciones que regula la Ley Nº 16.271. Cita los artículos 44, 45, 68 y 72 de dicha ley, y afirma que las mismas conducen a concluir que no ha actuado ilegalmente, pues conforme a aquellas, el actor debe acreditar el pago del impuesto, y el banco arriesga responsabilidad solidaria respecto de dicho pago, y sanciones, si no se ha enterado el mismo ante arcas fiscales. De este modo, concluye que ha actuado en forma justa y razonable.

Añade que, pese a la negativa de acreditar el pago del tributo, recién ha tomado conocimiento de dicho pago conforme al documento acompañado al folio 11, el que jamás se presentó ante su representada.

Respecto a la petición contenida en la letra b) del recurso, refiere que no se puede acceder a ella, en ningún caso, toda vez que esta no corresponde a la instancia para ello, sin perjuicio que niega y controvierte los eventuales perjuicios causados al recurrente. Asimismo, señala que no procede la imposición de costas a su parte, sino que a la contraria, pues ha utilizado el procedimiento constitucional para fines que no son los previstos por el constituyente, a partir de un desconocimiento injustificable de las normas que regulan el pago del impuesto a la herencia, por hechos no acreditados, de supuestos daños absolutamente controvertidos y por haber iniciado este procedimiento innecesariamente, en circunstancias que bien pudo el actor haber presentado el certificado SII Folio Nº 5016038, directamente al personal dependiente del banco para haber procedido al pago, en los términos originalmente pactados con la causante, sin haber malgastado el tiempo de esta Corte en este inoficioso procedimiento judicial.

TERCERO: Que, la recurrida amplió su informe, expresando que, durante agosto del presente año, el actor, en la oficina de Viña del Mar, recibió la cantidad de $250.576.891, toda vez que finalmente - y luego de recepcionada toda la información legal requerida, entre ella, la relativa al pago del impuesto a la herencia – se ha liquidado el depósito a plazo N° [cuenta reservada], que había sido tomado por la fallecida nombre reservado. Luego de aquello, se emitió un vale a la vista el que fue cobrado por el abogado recurrente.

Conforme a lo anterior, solicita el rechazo del recurso con costas, por haber perdido oportunidad.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

QUINTO: Que son requisitos indispensables de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEXTO: Que, por otra parte, también es necesario que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que "por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...", requisito que, en la especie, no concurre, puesto que, conforme a lo expuesto precedentemente, aparece que, la situación materia del recurso, cesó durante la tramitación de estos autos, dado que la petición principal del recurrente dice relación con la entrega del dinero que su madre fallecida, mantenía en el Banco recurrido, la que ya se realizó, lo que reconoció el estrados.

SEPTIMO: Que de lo precedentemente expuesto, aparece que la presente acción cautelar carece ya de objeto, al haber desaparecido el agravio, por lo que el recurso ha perdido oportunidad o actualidad jurídica, al no existir medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho, de momento que éste no se encuentra quebrantado.

OCTAVO: Que respecto del pago de perjuicios que exige el recurrente es improcedente exigirlos y menos reconocerlos por esta vía, sino que de existir, debe reclamarlos ante los tribunales ordinarios correspondientes Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección 715-2022 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por la ministra señora Inelie Durán Madina y el abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.