Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 16 de diciembre de 2025, comparecen los abogados Ciro Colombara López y Aldo Díaz Canales, en representación del señor nombre reservado, actuando por sí y en representación de su hija menor de edad, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, Notario Público de la Tercera Notaría de Santiago, y de la Sociedad Consultores Appa y Cía. Ltda., por haber permitido y mantenido la disponibilidad de documentos, información y datos personales sensibles de la menor en la plataforma electrónica www.fojas.cl sin resguardos de seguridad adecuados, exponiendo públicamente antecedentes personales e íntimos de una menor de edad, actuación ilegal y arbitraria, y que vulnera las garantías constitucionales relativas al derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 número 1 inciso 4°), el derecho a que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas (artículo 19 número 1 inciso final), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 número 2), y el derecho a la vida privada y protección de datos personales (artículo 19 número 4), además de vulnerar el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En cuanto a los hechos, exponen que la menor nombre reservado fue seleccionada por la Federación Chilena de Hockey Sobre Césped para participar en una competencia deportiva en Argentina entre los días 11 y 19 de septiembre de 2024. Para salir del país, conforme al artículo 49 inciso 2° de la Ley número 16.618, sus padres debieron otorgar autorización notarial.

El 2 de septiembre de 2024 concurrieron a la Tercera Notaría de Santiago, donde suscribieron la autorización aportando certificado de nacimiento y copias de sus cédulas nacionales de identidad. La autorización fue emitida con firma electrónica avanzada y se obtuvieron copias digitales. Sin embargo, los padres nunca fueron informados de que esta información sería almacenada y puesta a disposición pública en la plataforma www.fojas.cl.

Aducen que el señor nombre reservado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tomó conocimiento del problema cuando una alumna le informó que había accedido a la autorización de su hija mediante la plataforma www.fojas.cl utilizando números aleatorios, quien accedió a todos los datos de la menor, incluyendo cédula de identidad, fechas de viaje, motivo del viaje y certificado de nacimiento, utilizando solo el número verificador del documento.

El señor nombre reservado corroboró lo anterior ingresando números correlativos en la plataforma. Esta información permanece disponible públicamente sin que exista barrera de seguridad adicional, siendo susceptible de acceso mediante motores de búsqueda automatizados.

Indican que cuando se dirigió a la Notaría reclamando, la titular argumentó que la responsabilidad era del proveedor externo.

Mediante correo de 2 de abril de 2025, reiteró su preocupación y la Notario respondió indicando haber eliminado la copia con firma electrónica; sin embargo, los datos personales de la menor permanecen disponibles en la plataforma.

Debido a lo anterior, denuncian infracción al artículo 3 de la Ley número 19.799 sobre Documentos Electrónicos, por cuanto la autorización para salida de menor constituye un acto relativo al derecho de familia, materia expresamente excluida del uso de firma electrónica.

Asimismo, alegan vulneración al artículo 6 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Uso de Documento y Firma Electrónica por Notarios, que exige que estos mantengan repositorio electrónico que garantice seguridad, integridad y disponibilidad de la información.

Sostienen que la notario público, al ceder voluntariamente los datos personales a un tercero, es responsable de que dicho proveedor cumpla con los estándares de seguridad requeridos.

Denuncian también infracción a los artículos 4, incisos 1° y 2°, artículo 10 y artículo 11 de la Ley número 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Por cuanto, el artículo 4 exige consentimiento expreso e información previa sobre el tratamiento de datos personales, lo que nunca ocurrió.

Asimismo, el artículo 10 prohíbe el tratamiento de datos sensibles sin consentimiento del titular. El artículo 5 establece requisitos para la transmisión de datos en línea, como identificación del requirente y motivo de la solicitud, requisitos que la plataforma www.fojas.cl no cumple. Indican que el artículo 11 obliga al responsable del registro de datos a cuidarlos con debida diligencia, lo que no sucede dada la absoluta falta de medidas de seguridad en la plataforma.

Bajo la perspectiva de la arbitrariedad, argumentan que no resiste análisis de proporcionalidad y razonabilidad exponer datos sensibles de una menor de edad sin medidas de protección adecuadas, especialmente considerando que el objetivo de facilitar acceso a documentos notariales resulta desproporcionado cuando no se resguarda la información.

Respecto de los derechos constitucionales vulnerados, alegan que la conducta de los recurridos vulnera el derecho a la integridad física y psíquica de la menor, toda vez que la disponibilidad pública de sus datos personales la expone a riesgos de suplantación de identidad y fraudes. Argumentan que vulnera el derecho a que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas, especialmente considerando que los niños, niñas y adolescentes constituyen categoría especialmente vulnerable frente a nuevas tecnologías según el Comité de los Derechos del Niño. Denuncian una vulneración al derecho a la igualdad, toda vez que los datos de la menor reciben trato diferenciado y desmejorado comparado con información similar protegida en otras bases de datos. Finalmente, alegan vulneración fundamental al derecho a la vida privada y protección de datos personales, siendo especialmente grave por tratarse de una menor de edad cuyos datos están disponibles sin resguardos y susceptibles de uso indebido.

Adicionalmente, citan el incumplimiento del artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de menores.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso de protección, ordenándose a los recurridos adoptar medidas efectivas para que los datos personales de la menor sean eliminados de la plataforma www.fojas.cl; modificar sus políticas de privacidad en protección de datos sensibles; adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y resguardar las garantías fundamentales vulneradas, y condenar en costas a los recurridos.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Información sensible y datos personales de la menor nombre reservado disponibles en www.fojas.cl; 2) Correo electrónico del 2 de marzo de 2025 enviado por el señor nombre reservado a la Tercera Notaría de Santiago comunicando el problema y respuesta de la notario público; 3) Captura de pantalla de la página www.fojas.cl mostrando el mecanismo de acceso a datos personales; y 4) Documentos administrativos y normativos acreditando la regulación aplicable en protección de datos personales y estándares internacionales de protección para menores en contexto digital.

Segundo: Que se evacuó informe por parte de la recurrida nombre reservado solicitando el rechazo del recurso, por no existir acto arbitrario e ilegal que corregir, ni transgresión a las garantías constitucionales citadas, con condena en costas.

En primer término, expone sus descargos respecto a la acción de protección interpuesta En primer lugar, precisa hechos relevantes omitidos por el demandante: los padres de la menor concurrieron a su oficina el 2 de septiembre de 2024 para otorgar la autorización de viaje, siendo debidamente informados sobre las características del instrumento electrónico y su operatividad práctica ante la Policía de Investigaciones.

Respecto de la alegada vulneración del artículo 3 de la Ley N° 19.799, sostiene que no existe tal infracción. Explica que los padres suscribieron el instrumento privado mediante firma manuscrita, manifestando su voluntad de puño y letra. Posteriormente, la notario autorizó el documento con su firma electrónica avanzada para certificar el acto jurídico presencial de los otorgantes. Por tanto, no fue utilizada firma electrónica avanzada de los padres, sino únicamente de la notario, lo que no transgrede la prohibición legal referida a actos de derecho de familia, ya que la exclusión normativa solo comprende aquellos en que los propios padres utilicen firma electrónica avanzada para manifestar su voluntad.

Concerniente a la supuesta exposición pública de datos en www.fojas.cl, refuta que exista tal vulneración. Sostiene que el acceso al documento requiere necesariamente del número específico de doce dígitos conocido exclusivamente por los padres de la menor y la notario. No es posible ingresar digitando números al azar, conforme técnicamente lo demuestra. La información nunca estuvo a disposición de terceros distintos a los padres y la menor que viajó a Argentina. El único destinatario de la información es concretamente la Policía de Investigaciones para fines de su competencia legal.

Adicionalmente, la recurrida acredita que el documento de autorización de viaje de 2 de septiembre de 2024 dejó de estar disponible en la plataforma el 15 de abril de 2025 por disposición del Oficio, lo que determina que el recurso de protección interpuesto el 11 de abril de 2025 ha perdido oportunidad, toda vez que la medida solicitada ya fue ejecutada a solicitud del demandante.

En cuanto a la legalidad del acto notarial, sostiene que fue otorgado con pleno apego al Acta AD-337-2022 de la Excelentísima Corte Suprema de 6 de noviembre de 2023, que regula expresamente esta materia. Así, el documento fue emitido dentro de la competencia legal de la notaria, con estricta observancia de la normativa especial aplicable, cumpliendo con los resguardos y procedimientos establecidos. No existe acto ilegal ni arbitrario, toda vez que la actuación fue realizada conforme a derecho y con pleno apego a las directrices del Acta citada.

Respecto de la alegada vulneración de garantías constitucionales, la recurrida argumenta que el acto notarial legalmente otorgado sin ningún viso de arbitrariedad o capricho no puede vulnerar las garantías fundamentales invocadas. La información sensible contenida en la autorización fue resguardada mediante un sistema de 12 dígitos únicos, permaneciendo en la esfera de custodia y cuidado de sus padres y de la notaria, con destinatario específico en la Policía de Investigaciones para su competencia legal.

Por estas razones, la recurrida pide que se rechace en todas sus partes la acción de protección, por no existir acto arbitrario e ilegal que corregir, ni transgresión a las garantías constitucionales citadas, con condena en costas.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Copia con firma electrónica avanzada de la autorización notarial de viaje de 2 de septiembre de 2024; 2) Copia con firma electrónica avanzada de la autorización de viaje de 16 de octubre de 2024; 3) Capturas de pantalla de 21 de abril de 2025 del sitio www.fojas.cl demostrando que los documentos no están disponibles; y 4) Correos electrónicos intercambiados entre demandante, notaria y plataforma APPA de fechas 2 y 15 de abril de 2025 acreditando el bloqueo y eliminación de las autorizaciones de viaje del sistema.

Tercero: Que la recurrida Sociedad Consultores Appa y Cía.

Ltda. evacuó su informe, negando los hechos y las ilegalidades y arbitrariedades imputadas.

Argumenta que la información sensible y datos personales de la menor no se encuentran disponibles sin protección efectiva en www.fojas.cl, sino que el acceso está restringido al conocimiento del número exacto de 12 dígitos del documento electrónico. Afirma que la notaría actuó conforme al Acta AD-337-2022 de la Excma. Corte Suprema (de 6 de noviembre de 2023), que regula la autorización de salida del país de niños, niñas y adolescentes mediante firma electrónica avanzada del notario en la copia autorizada para verificación por parte de la PDI, la cual excluye toda imputación de ilegalidad y arbitrariedad. Sostienen que el acto notarial de certificación no es un "acto relativo al derecho de familia" en los términos del artículo 3 letra c) de la Ley N° 19.799 para la Notario, ya que los padres firmaron manuscritamente.

Asimismo, alega la extemporaneidad del recurso y la improcedencia de la vía de protección para ventilar el asunto.

Cuarto: Que en lo que atañe al quid del asunto, que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en primer lugar, el supuesto fáctico en que se sustenta el recurso no se encuentra debidamente acreditado en autos. En efecto, la alegación relativa a la supuesta develación y fácil acceso a los datos personales de la menor a partir del ingreso de una alumna del recurrente a la plataforma www.fojas.cl, carece de respaldo objetivo, toda vez que no se individualiza ni identifica a dicha alumna, ni se acompañan antecedentes que permitan verificar las circunstancias concretas en que dicho acceso habría ocurrido.

Asimismo, no es posible, desde un punto de vista estadístico o http://www.fojas.cl/ informático, sostener que sea posible acceder al documento mediante la sola digitación aleatoria de combinaciones numéricas, atendido que el sistema exige el conocimiento de un código específico y determinado para su visualización. Del mismo modo, tampoco se acredita que los datos personales de la menor hayan sido accesibles a través de motores de búsqueda de internet, limitándose la parte recurrente a formular afirmaciones genéricas que no se ven corroboradas por antecedentes objetivos incorporados al proceso.

Sexto: Que, en cuanto a la legalidad del acto notarial cuestionado, consta que la recurrida nombre reservado actuó con estricto apego a las directrices impartidas por la Excelentísima Corte Suprema, conforme a lo dispuesto en el Acta AD-337-2022, la cual estableció, como medida de seguridad, la extensión de copias autorizadas suscritas con firma electrónica avanzada del notario o notaria, a través de un prestador acreditado de servicios de certificación, incorporando en el documento un código de verificación de autenticidad. Asimismo, dicha instrucción dispuso que tales copias digitales debían alojarse en un repositorio virtual de la respectiva notaría, con acceso restringido exclusivamente a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, y con el único objeto de verificar la autenticidad del documento en el control migratorio, manteniéndose radicada en dicho organismo la decisión final respecto de autorizar o no la salida del territorio nacional del niño, niña o adolescente. De este modo, aparece que la actuación de la recurrida se ajustó plenamente a la instrucción general emanada de la Corte Suprema, observando los estándares de seguridad y legalidad allí definidos, sin que se advierta infracción normativa alguna ni desviación de las directrices impartidas por la autoridad superior del Poder Judicial.

Séptimo: Asimismo, en lo concerniente a la alegada vulneración del artículo 3 de la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación, cabe recordar que dicha norma dispone que “no serán aplicables las disposiciones de esta ley a los actos o contratos relativos al derecho de familia”. Sin embargo, de los antecedentes reunidos en autos se desprende que tal prohibición no resulta infringida en la especie, por cuanto los padres de la menor suscribieron el instrumento privado de autorización de salida del país mediante firma manuscrita, manifestando su voluntad de manera presencial y directa, conforme a las exigencias propias de los actos de derecho de familia.

Posteriormente, la notaria autorizó el documento utilizando su firma electrónica avanzada, con la única finalidad de certificar y dar fe del acto jurídico presencial de los otorgantes, sin que ello implique que la voluntad de éstos haya sido expresada mediante firma electrónica. En consecuencia, la utilización de firma electrónica avanzada recayó exclusivamente en la ministra de fe y no en los otorgantes del acto, razón por la cual no se configura la infracción denunciada, desde que la exclusión normativa contenida en el artículo 3 de la Ley N° 19.799 se circunscribe únicamente a aquellos supuestos en que los propios interesados utilizan firma electrónica para manifestar su voluntad en actos de derecho de familia, circunstancia que en el caso sub lite no concurre.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que el recurso deducido ha perdido oportunidad, desde que la propia recurrida acreditó que el documento de autorización de viaje de fecha 2 de septiembre de 2024 dejó de encontrarse disponible en la plataforma www.fojas.cl con fecha 15 de abril de 2025. En consecuencia, al haberse ejecutado la medida cuya adopción se solicita —esto es, la eliminación del documento y de los datos asociados—, resulta manifiesto que, al momento de resolverse el presente arbitrio, la pretensión cautelar ha devenido en innecesaria, toda vez que la situación denunciada fue corregida a solicitud del propio recurrente, privando así al recurso de protección de uno de sus presupuestos esenciales, cual es la necesidad actual de restablecer el imperio del derecho.

Noveno: Finalmente, cabe considerar que el recurso de protección, atendida su naturaleza esencialmente cautelar, urgente y excepcional, no constituye el medio idóneo para instalar, debatir o zanjar cuestiones de alcance general vinculadas al diseño, http://www.fojas.cl/ evaluación o reformulación de políticas públicas, ni para definir en abstracto el diseño institucional más adecuado en materias jurídicas complejas, como lo es la protección y tratamiento de datos personales en entornos digitales. En efecto, dicha acción constitucional tiene por finalidad inmediata restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios concretos, que afecten de manera actual y directa el ejercicio de garantías constitucionales expresamente protegidas, sin que su objeto sea sustituir los espacios propios de deliberación legislativa, administrativa o de control técnico especializado.

Que, en este sentido, la doctrina constitucional chilena, representada, entre otros, por nombre reservado, ha advertido que el recurso de protección no puede desnaturalizarse convirtiéndose en un mecanismo de revisión general o abstracta de políticas públicas, pues ello implica trasladar al juez constitucional decisiones que corresponden al legislador o a la Administración, afectando el principio de separación de funciones del Estado. Del mismo modo, nombre reservado ha sostenido que el recurso de protección, en cuanto acción cautelar, no está llamado a resolver controversias estructurales o técnicas, ni a sustituir los procedimientos ordinarios de discusión y decisión, sino únicamente a otorgar una tutela inmediata frente a afectaciones concretas y actuales de derechos fundamentales.

Que, en consecuencia, aun cuando la protección de los datos personales constituye un ámbito de creciente relevancia constitucional, su regulación, fiscalización y perfeccionamiento normativo no puede ser abordado en abstracto por la vía del recurso de protección, sino que debe canalizarse a través de los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de que dicha acción resulte procedente únicamente cuando se acrediten, en un caso concreto, los presupuestos estrictos que la habilitan, lo que —como ya se ha razonado— no concurre en la especie.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en relación con el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, atendido que en la especie no se ha acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a las recurridas que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados Srs. Ciro Colombara López y Aldo Díaz Canales, en representación del señor nombre reservado, en contra de nombre reservado, Notario Público de la Tercera Notaría de Santiago, y de la Sociedad Consultores Appa y Cía. Ltda.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N° 7149-2025.- Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Crisosto Greisse, señora Maritza Villadangos Frankovich y al Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. No firman el Ministro seños Crisosto Greisse y el Ministro (s) señor Silva Opazo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.