nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 12 y 13: téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 14: a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Judith Amelia Urzúa Arriaza, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por haber rechazado arbitraria e ilegalmente la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la afectada al amparo de la Ley N° 18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida ha establecido requisitos que exceden los regulados legalmente, desconociendo la aplicación efectiva de la normativa previsional vigente y el compendio de normas dictado por la Superintendencia de Pensiones, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales establecido en el artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo constitucional, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto de rechazo y se ordene la devolución de los fondos previsionales correspondientes.

En cuanto a los antecedentes fácticos que sirven de fundamento al presente recurso, expone que la afectada doña nombre reservado, en diversas oportunidades, elevó solicitudes para la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.156, mediante la cual se regula la exención de cotizaciones previsionales bajo las condiciones que indica, aplicable a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten. No obstante lo anterior, dicha solicitud fue rechazada mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2025, fundamentándose el rechazo en que para acreditar la cobertura en el país de origen, en virtud de la Ley N° 18.156, no serviría un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se requeriría que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Asimismo, se indica que la afectada realizó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, el cual fue contestado con fecha 18 de marzo de 2025, sin que hubiera cambio de respuesta por parte de la AFP. En el oficio de respuesta al reclamo, la Superintendencia señaló que, puesto que actualmente está en vigor el Convenio de la Apostilla tanto en Chile como Venezuela, la apostilla es la forma de acreditar la certificación previsional cuando proviene directamente de la autoridad competente venezolana. Sin embargo, en los casos en que dicha certificación haya sido emitida por una delegación consular extranjera, en representación de la autoridad previsional competente, el documento debe contar además con la legalización correspondiente del Ministerio de Relaciones de Chile.

Expone que, a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la Embajada de Venezuela en Chile anunció la suspensión indefinida de todos sus trámites, deteniendo el procesamiento de nuevas solicitudes. Asimismo, el 31 de julio, el gobierno chileno informó sobre la salida del personal diplomático de Chile en Venezuela y la suspensión de atención al público en el Consulado chileno en Caracas hasta nuevo aviso. Esta situación afecta directamente el caso, ya que la imposibilidad de obtener los datos o escanear el Código QR de la Cobertura Previsional de la afectada se debe precisamente a estas circunstancias excepcionales.

En este contexto, señala que la extranjera, ante la ausencia de embajada o sede consular venezolana, optó por solicitar la exhibición del documento ad effectum videndi tanto de su constancia electrónica de cotizaciones llevadas ante el Instituto Venezolano de Seguros Sociales como adicionalmente la Planilla de cuenta individual emitida por dicha autoridad. Acto seguido, la autoridad notarial de aquel país, Notaría Pública Novena de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, certificó como cierto el contenido y firma de las copias fotostáticas presentadas, según nota de autenticación de fecha 9 de octubre de 2024, inscrita al número 33, Tomo 20, Folios 100-102. Este documento fue legalizado ante el Registro Principal del Estado Zulia y por la Dirección de Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), con fecha 18 de octubre de 2024, y finalmente, fue debidamente apostillado por ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.

Respecto de los fundamentos jurídicos esgrimidos, sostiene que el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 exige como requisito para la exención de cotizaciones previsionales por parte de los técnicos extranjeros, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En este sentido, argumenta que la extranjera se encuentra afiliada a la institución de seguridad social de su país de origen desde la fecha 3 de agosto de 2015, esto es con anterioridad a la prestación de sus servicios en Chile, cumpliendo así con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Adicionalmente, invoca el compendio de normas dictado por la Superintendencia de Pensiones, el cual establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Sostiene que el régimen de seguridad social al que se encuentre afiliado el extranjero en su país de origen se tendrá como válido cualquiera que sea su naturaleza jurídica, ya que la Ley no realiza distinción, siendo necesario para todos los efectos que dicha afiliación sea anterior al inicio de la prestación de servicio en Chile.

En cuanto al marco constitucional aplicable, invoca el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, argumentando que la situación fáctica expuesta evidencia una manifiesta transgresión a los principios constitucionales de igualdad ante la ley, en efecto, mientras la solicitud para la devolución de fondos se encuentra fundamentada a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, la autoridad recurrida insiste en negar en reiteradas ocasiones y por fundamentos diversos y contradictorios las solicitudes presentadas, las cuales carecen de fundamentos jurídicos y lógicos.

Asimismo, invoca el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, señalando que la legislación que regula el sistema previsional y el ejercicio de las Administradoras de Fondos de Pensiones es clara al establecer en su artículo 20H del Decreto Ley N° 3.500 que los aportes de los trabajadores son propiedad de estos, ya que implican un descuento del porcentaje legal de las remuneraciones percibidas, lo que se refuerza con el régimen excepcional dispuesto en la Ley N° 18.156. Sostiene que establecida legalmente la facultad para solicitar la devolución de los fondos disponibles en la cuenta individual del trabajador extranjero, al amparo del artículo 7 de la Ley N° 18.156, el hecho de que la recurrida establezca requisitos que exceden incluso de los regulados en el artículo 1 de la misma ley, constituye una conculcación ilegal del mencionado derecho fundamental.

La recurrente también hace referencia al valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, invocando el artículo 1700 del Código Civil y el artículo 345, número 3 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que el documento emitido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), debidamente legalizado y apostillado, debe considerarse plenamente válido en cuanto a su otorgamiento y fecha, conforme a la presunción de validez que la normativa chilena otorga a los documentos públicos legalizados en el extranjero.

Adicionalmente, invoca el Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, argumentando que en el presente caso existe una legalización notarial en Venezuela, además de la apostilla correctamente inserta en el documento, cumpliendo así con los requisitos internacionales de autenticación.

Finalmente, cita jurisprudencia de la propia Corte de Apelaciones de Santiago, específicamente la sentencia dictada en el ROL Protección N° 45645-2012, de fecha 24 de junio de 2013, donde se estableció que la existencia del finiquito y la voluntad del trabajador de mantener sus aportes previsionales en su país natal son prueba suficiente y apta para acreditar los requisitos que exige el artículo 1 de la Ley N° 18.156, y que el actuar de la recurrida afecta efectivamente el derecho de propiedad sobre aquellos fondos, al retenerlos en su poder cuando existe el derecho del trabajador extranjero de obtener su restitución por integrar su patrimonio.

Conforme a lo expuesto, sostiene que se han vulnerado los derechos constitucionales de la afectada, específicamente el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al otorgársele un trato desigual y discriminatorio frente a otros extranjeros técnicos que se encuentran en situación análoga, desconociendo la aplicación de la Ley N° 18.156 y del compendio de normas de pensiones dictadas por la Superintendencia de Pensiones, así como el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales establecido en el artículo 19 N° 24 de la misma Carta Fundamental, al privársele del ejercicio del mencionado derecho real y de disponer de fondos que pertenecen a su patrimonio y que corresponden a su propio peculio, producto de las actividades remunerativas ejercidas en el país, constituyendo una apropiación ilegal de dichos dineros depositados que la priva de la disposición de los mismos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el Comprobante de rechazo de devolución técnico extranjero dictado por la recurrida con fecha 12 de febrero de 2025, que quedó firme con fecha 18 de marzo de 2025 por el oficio que resuelve el reclamo ante la Superintendencia, y se instruya y ordene a la recurrida la devolución de los fondos previsionales en los términos solicitados, todo dentro del plazo de 5 días hábiles, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., a través de su apoderado judicial don nombre reservado, evacuó oel informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes y con expresa condena en costas, exponiendo para tales efectos diversas consideraciones de hecho y de derecho que configuran sus defensas y excepciones.

En primer término, respecto de los antecedentes fácticos que sirven de fundamento a su defensa, señala que con fecha 11 de febrero de 2025, doña nombre reservado presentó en AFP PlanVital la solicitud N° 1024 de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N° 18.156. No obstante lo anterior, sostiene que dicha solicitud adolece de un problema fundamental, detallado en la respuesta enviada a la recurrente, el cual se refiere específicamente al certificado de constancia electrónica de cotizaciones presentado como parte de la documentación de respaldo.

En este contexto, explica que entre los documentos presentados con la solicitud se incluyó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la cual, conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 20.294, emitido con fecha 8 de octubre de 2020 por la Superintendencia de Pensiones, no cumple con los requisitos establecidos para acreditar el cumplimiento de las exigencias legales contempladas en la Ley N° 18.156. Precisa que dicho oficio responde a una consulta formulada a propósito de una solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por una trabajadora extranjera, fundamentada en la citada ley, estableciendo criterios interpretativos que resultan aplicables al caso de autos.

Asimismo, sostiene que el Oficio N° 20.294 concluye categóricamente que no es posible autorizar la devolución de fondos previsionales porque la solicitante no logró acreditar el cumplimiento del requisito contenido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, que exige demostrar de manera específica y detallada que se cuenta con cobertura previsional por todos los riesgos contemplados en dicha disposición legal, esto es, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante todo el tiempo trabajado en Chile. En tal sentido, argumenta que el documento presentado por la solicitante, consistente en una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de Seguridad Social, no cumple con la especificidad requerida para demostrar dicha cobertura integral.

Adicionalmente, destaca que la Superintendencia de Pensiones, a través del citado oficio, subraya expresamente que no basta con documentos genéricos ni con declaraciones juradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, sino que resulta necesario un documento emitido por la autoridad previsional correspondiente que detalle claramente la cobertura integral de salud y previsión durante el período laboral en Chile. Consecuentemente, sostiene que el Oficio N° 20.294 señala de manera expresa que la AFP actuó conforme a derecho al rechazar solicitudes similares que no cumplan con los estándares exigidos por la normativa aplicable.

En cuanto a los fundamentos de derecho que sustentan su defensa, sostiene que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales informado a la afiliada no fue ilegal ni arbitrario, sino que se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones para estos casos. Para sustentar esta afirmación, invoca un conjunto sistemático de disposiciones normativas que configuran el marco regulatorio aplicable a la materia controvertida, como los artículos 2 y 3 del D.F.L. N° 101 de 1980, el artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, y el artículo 47 de la Ley N° 20.255.

Sobre la base de este marco normativo, argumenta que la Superintendencia de Pensiones, en su calidad de regulador del sistema previsional, ha establecido a través de su Compendio de Normas un procedimiento claro sobre la materia controvertida, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que componen el actual Sistema de Pensiones, respecto del cual su representada no constituye excepción alguna.

En consecuencia, sostiene que fue precisamente en consideración a las normas administrativas contenidas en el Oficio Ordinario N° 20.294 y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que se fundó el rechazo a la devolución de fondos previsionales solicitada por la recurrente.

Por otra parte, argumenta que el actuar de PlanVital corresponde a un actuar razonado y en igualdad de trato respecto de todos sus demás afiliados, por tanto, su representada ha actuado de manera justificada y, por consiguiente, no ha cometido acto arbitrario alguno en la tramitación y resolución de la solicitud presentada por la recurrente.

En cuanto a los efectos jurídicos de su actuación, sostiene categóricamente que el actuar de su representada no ha significado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Argumenta que el rechazo de la solicitud se fundamenta en el incumplimiento de requisitos legales específicos establecidos por la normativa aplicable, interpretada por la autoridad competente, y no en consideraciones arbitrarias o ilegales que pudieran configurar una vulneración de derechos constitucionales.

En base a todas estas consideraciones de hecho y de derecho solicita que se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en su contra, por no existir privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, ni en forma de acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a PlanVital S.A., pidiendo que se condene en costas a la parte recurrente.

TERCERO: Que la Superintendencia de Pensiones, a través de don nombre reservado, Fiscal de dicha entidad, evacuó el informe solicitado, exponiendo detalladamente los antecedentes de hecho y de derecho que configuran su posición respecto del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

En primer término, respecto de las actuaciones específicas tramitadas ante la Superintendencia de Pensiones, informa que la señora nombre reservado registra presentación de Consulta Web, identificada como N° 2585, C20250226-211501, de fecha 26 de febrero de 2025, mediante la cual expuso que considera errónea la argumentación de la administradora al interpretar que el documento presentado para demostrar que se encuentra afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, en este caso, al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), es un documento que señala de manera genérica la regulación del seguro social al cual se encuentra adscrita la afiliada.

En respuesta a dicha consulta, mediante correo electrónico CR-ASU-25-1906, de 27 de febrero de 2025, la Superintendencia informó a la recurrente que se había derivado el asunto a la Administradora de Fondos de Pensiones involucrada, para que atienda y resuelva directamente la situación planteada. Posteriormente, por medio de la Carta GEC.:0153/2025, de fecha 3 de marzo de 2025, AFP PlanVital S.A. informó a la señora nombre reservado que, habiendo solicitado al departamento responsable revisar su requerimiento, se ratificó el rechazo inicial, señalando que para acreditar la cobertura en el país de origen, en virtud de la Ley N° 18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, y que por tanto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones no es suficiente para acreditar el requisito señalado.

En cuanto a los fundamentos jurídicos que sustentan la posición de la Superintendencia, expone detalladamente el marco normativo aplicable a la materia controvertida. Señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, citando los artículos pertinentes.

La Superintendencia enfatiza que, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece. En este contexto, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Adicionalmente, invoca su facultad interpretativa de la normativa del sistema de pensiones, establecida en el N° 7 del artículo 47 de la Ley N° 20.255, el N° 3 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N° 101, de 1980, señalando que en ejercicio de dicha facultad legal ha emitido jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley N° 18.156.

En relación con los requisitos específicos para la acreditación de la cobertura previsional en el extranjero, cita el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Respecto de la situación específica de la recurrente, informa que se ha revisado el Sistema de Gestión Documental, verificándose que la recurrente acompañó un certificado que aparece emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en que se indica que, con información actualizada al 2 de septiembre de 2024, registra adscripción al mismo el 3 de agosto de 2015, encontrándose cesante y sin registros de salarios y cotizaciones en los últimos 15 años. Esta información se encuentra en armonía con lo consignado en la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el mismo Instituto.

En base a estos antecedentes, concluye que en estricto rigor, durante el período de prestación de servicios que ha ejecutado en Chile -desde el 5 de junio de 2018 a la fecha con el empleador DIMERC S.A.-, la recurrente no ha acreditado encontrarse afecta a un régimen previsional en Venezuela que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, en tanto desempeñe actividades en Chile.

Finalmente concluye que, analizado el caso, en conformidad al precepto legal citado, no ha existido ningún acto arbitrario e ilegal que pueda privar, amenazar o perturbar algunas de las garantías de la recurrente, solicitando en consecuencia que se tenga por cumplido lo ordenado respecto de la evacuación del informe requerido.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de las recurridas, A.F.P. Planvital y la Superintendencia de Pensiones, la primera, de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente; y la segunda, de confirmar dicha decisión.

SEXTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1 de la referida normativa: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y

b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”;

SÉPTIMO: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente, el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente, esto es, que el sistema de pensiones al cual se encuentre adscrito la recurrente, tenga cobertura a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, información que no se encuentra contenida en el certificado que acompaña.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en contra de AFP Planvital y la Superintendencia de Pensiones sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Rol N° 7146-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.