nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece don Alex Barcaza Torres, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en representación de doña nombre reservado, empleada, del mismo domicilio, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en descontar desde el mes de abril del año en curso en adelante de su remuneración dinero por concepto de pago de crédito social, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 24.

Funda el recurso expresando que, en el año 2016, la protegida contrató un mutuo con la recurrida, denominado “crédito social”, pactado en cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la ley 18.833. Añade que, fue desvinculada de su trabajo -su única fuente de ingresos-, cayó en mora a partir de la cuota N°10. Afirma haber buscado regularizar su situación, y que solo se ofreció repactar la deuda, lo que le provocaría una situación financiera crítica.

Así las cosas, explica que la recurrida hizo ejercicio de la cláusula de aceleración, y con fecha 29 de junio de 2018, interpuso demanda ejecutiva, en causa rol C-3254-2018, seguida ante el 2° Juzgado de Letras de San Bernardo, siendo emplazada el 7 de diciembre del mismo año. Refiere que actualmente se encuentra en etapa de embargo de bienes.

Sin perjuicio de lo anterior, la protegida advirtió que en su liquidación de sueldo del mes de abril del presente año figura un descuento de $122.327.- efectuado por Caja de Compensación Los Andes. Aclara que dicho descuento es superior a la cuota originalmente pactada por $115.403.- Argumenta que, pese a la existencia de un juicio pendiente, la recurrida ha incurrido en arbitrariedad al proceder a efectuar un doble cobro por vías de hecho. Al respecto, añade que su empleador le informó que el descuento obedecía a la voluntad de la recurrida, y esta última, al concurrir a una sucursal, no le informó el motivo del descuento ni el cálculo efectuado.

En este contexto, alega que el actuar de la recurrida es arbitrario, antojadizo, caprichoso, y carece de fundamento, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador. Es más, dicho descuento se trata sin duda del ejercicio de la anacrónica autotutela, pues haciendo mal uso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades, descuentan una suma antojadiza de la remuneración de mi representado, en paralelo al cobro judicial tendiente a embargar y rematar bienes. En este sentido, considera que la recurrida, al ejercer la cláusula de aceleración, renunció al cobro individual de las cuotas, de modo que es arbitrario perseguir montos cercanos por vía de retención.

Finalmente, solicita acoger el recurso y ordenar que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, reembolsar los montos indebidamente descontados en el mes de abril de 2021 en adelante, en un plazo de 5 días hábiles o del que esta Corte determine, con costas.

Segundo: Que, evacuando informe, compareció don Sergio Abarca Vargas, abogado, actuando en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicitó el rechazo del recurso.

Expone que, con fecha 16 de diciembre de 2016, Caja Los Andes y doña nombre reservado celebraron el contrato de mutuo de crédito social código RUT reservado por un capital inicial de $2.751.632.-, pagadero en un plazo de 36 meses, con cuotas mensuales de $115.403.-, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2017, de las que pagó sólo 11.

Continúa señalando que, ante la falta de pago, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el crédito, en autos ROL C-3254-2018. Posteriormente, detectado el ingreso a una entidad afiliada, a partir de abril pasado se informó para los descuentos, recaudando la cuota de diciembre de 2017 más intereses penales.

En consecuencia, argumenta que, en la especie, existe un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentran prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna.

Seguidamente, expone consideraciones relativas al origen y regulación de las Cajas de Compensación y los créditos sociales. Al respecto, expresa que, dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Luego, el hecho que haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a la Caja de Compensación ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. De este modo, no hay arbitrariedad en el ejercicio de la acción judicial, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. En este sentido, cita jurisprudencia que ha resuelto que el actuar desplegado responde a una atribución legal.

Seguidamente, precisa que la deuda que actualmente se cobra mediante descuentos en la remuneración de la recurrente, conforme al mecanismo establecido el artículo 22 de la Ley Nº18.833, no emana del pagaré cuyo cobro se intentó en la causa ejecutiva ROL C-3254-2018 del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, sino que su fuente corresponde al contrato de mutuo celebrado entre su representada y la recurrente con fecha 16 de diciembre de 2016, cuyas acciones de cobro se encuentran plenamente vigentes y no han sido declaradas prescritas.

Refiere que si bien el pagaré fue suscrito a modo de garantizar el pago de una de las operaciones de crédito otorgadas al recurrente, jurídicamente se trata de un título abstracto, cuya acción de cobro es totalmente independiente de aquella que emana del contrato de mutuo celebrado entre las partes, y cuya deuda es la que actualmente se cobra a través del mecanismo establecido en la citada ley.

Además, alega que el recurrente no puede evadir el pago sus obligaciones a través del ejercicio de la presente acción constitucional, pues no posee un derecho indubitado, el cual debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

En cuanto a la vulneración de garantías que fundamenta el recurso, alega que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues la ley permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas del crédito social exigible desde la remuneración del deudor. A partir de lo anterior, sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción de la acción cambiaria y de la que emana del mutuo, acciones distintas e independientes, que tienen plazos de prescripción diversos, lo que no ocurre en el caso de marras.

Posteriormente la recurrida a solicitud de esta Corte informó que dio cumplimiento a la orden de no innovar concedida en estos autos, la operación de crédito social materia del recurso se mantiene excluida de las planillas de cobro que se dirigen al respectivo empleador, sin embargo, a la fecha en que tomó conocimiento de aquella medida la planilla del mes de junio ya había sido remitida. Hace presente que la última remesa recibida corresponde al descuento efectuado en aquel mes.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales preexistentes, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y/o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a los recurrentes.

Cuarto: Que como es unánimemente aceptado, esta acción requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace determinadas garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción se dirija en contra de quién ha causado la mencionada conculcación, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema.

Quinto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse desde su remuneración a partir del mes de abril de 2021 por $122.327 por orden de la Caja de Compensación Los Andes. Sobre el particular, la recurrida reconoce tal descuento, al igual que el ejecutado respecto de la remuneraciones de los meses de mayo y junio del presente año, deducciones que han servido para el pago de parte de las cuotas adeudas.

Sexto: Que, de igual modo, la recurrida coincide en la existencia de una demanda interpuesta por su parte en contra de la actora ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, Rol N° C-3254-2018, en la que se encuentra emplazada la contraria y cuya tramitación está vigente.

Séptimo: Que, de este modo, a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, la recurrida procedió a efectuar los descuentos aludidos con antelación, por lo que debe concluirse que ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan; beneficio que resulta improcedente requerir, considerando que al mismo tiempo la reclamada ejerció vía judicial las acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, como lo está ejecutando.

Octavo: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el arbitrio, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don Alex Barcaza Torres, abogado, a nombre de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. En consecuencia, la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de las remuneraciones del actor y deberá reembolsar los montos indebidamente descontados desde las remuneraciones del mes de abril de 2021 en adelante, en un plazo de quinto día desde la ejecutoria de esta resolución, sin perjuicio del derecho de la acreedora a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7145-2021.

En Santiago, seis de octubre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.