nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN CHILE

Santiago, quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto y considerando Primero: Que comparece don nombre reservado, constructor civil, quien recurre de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por don nombre reservado, por haber dictado el acto administrativo, de fecha 3 de julio de 2019, notificado al recurrente con fecha 17 de julio del año en curso, por el cual se le niega su solicitud de eliminación u omisión de antecedentes en su Hoja de Vida del Conductor o Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, acto que considera ilegal y arbitrario que ha privado, perturbado y amenazado sus garantías fundamentales de los artículos 19 N° 2 y N° 16 de la Carta Fundamental.

Señala que consta en su Prontuario de Antecedentes Penales y en los certificados obtenidos desde su Hoja de Vida del Conductor, que figura en su prontuario penal, las siguientes anotaciones: Causa N°504/1999, 21° Juzgado del Crimen de Santiago, Delito: Manejo en estado de ebriedad. Resolución 4 de mayo de 1999, condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos sueldos vitales con pena remitida, pena cumplida el 30 de junio de 2000; Causa N°6236/1999, 10° Juzgado del Crimen de Santiago. Autor delito conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad, Resolución 19 de marzo de 2004 condenado a 320 días de presidio menor en su grado mínimo. Multa dos sueldos vitales. Reclusión nocturna. Pena cumplida. El 8 de mayo de 2005.

Expresa que con fecha 24 de junio de 2019, ingresó una solicitud ante la recurrida para que se eliminara y en subsidio se omitiera de su certificado de antecedentes y de su Hoja de Vida del Conductor, las anotaciones indicadas; todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8 letra g) del Decreto Supremo de Justicia N°64, que dispone: “Se eliminará una anotación prontuarial: g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasi-delito, simple delito o crimen, con multa o con Art. único Nº 2 pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes”, y lo dispuesto en el artículo 219 de la ley 18.290 y sus modificaciones legales, que en lo pertinente señala: “Artículo 219.- Las Anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez transcurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de anotación de la última infracción de la respectiva categoría. Las demás anotaciones en el Registro, que también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley”.

Agrega que entendía con toda claridad que ante la evidencia de encontrarse ambas condenas cumplidas plenamente y cuya antigüedad es superior a los 19 y 20 años respectivamente, procedía la eliminación de las mencionadas anotaciones en razón de encontrarse las penas respectivas completamente cumplidas, habiendo en cada caso en particular transcurrido los plazos legales y reglamentarios.

Indica que en subsidio de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo N°64, y para el improbable caso de no acogerse la petición de eliminación de las anotaciones prontuariales señaladas precedentemente, se solicitó la omisión en los certificados de antecedentes que el Servicio emita en lo sucesivo así como en el Certificado de Hoja de Vida del Conductor o Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, las anotaciones prontuariales ya señaladas en lo principal y que da por reproducidas en este otrosí.

Agrega que la petición indicada precedentemente fue ingresada al Servicio de Registro Civil e Identificación como “SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE BENEFICIOS”, Solicitud N°3111, de fecha 24 de junio de 2019, en Oficina Santiago y que luego de analizados los antecedentes, se resolvió, por la recurrida, con fecha 3 de julio de 2019, notificada con fecha 17 de julio de 2019, lo siguiente: “En causa 504-1999 del Juzgado 21 del Crimen de Santiago, usted ya cuenta con beneficio de omisión en certificados para ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares, y Fines Especiales, de acuerdo al artículo 29 inciso 1ro de la Ley 18.216, sobre Medidas de Cumplimiento Alternativo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley 18.290 (Ley de Tránsito), no procede omitir anotaciones penales en certificados para obtención o renovación de licencia de conducir.”

“En causa 6236-1999 del 10 Juzgado del Crimen de Santiago, usted ya cuenta con beneficio de omisión en certificados para Fines Particulares y Fines Especiales de acuerdo al artículo 21 de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada”. Se recomienda en la misma carta que este recurrente se acoja a lo dispuesto en el Decreto Ley 409 de 1932, si en derecho procediere.

Estima el recurrente como una abierta vulneración a los derechos garantizados por la Constitución lo resuelto por la recurrida ya que a casi 20 años de haber cumplido sus condenas, aún tiene las dos anotaciones en su Certificado de Antecedentes para el Conductor, conocido también como “Hoja de Vida del Conductor”, y que es justamente el documento que le exigen las empresas a las cuales debe postular como titular de una licencia de conducir, en el ámbito de su profesión que es de Constructor Civil, y que se ha visto gravemente afectada desde que quedara cesante y no ha podido postular y cuando lo ha hecho ha sido rechazado por esta antigua anotación.

Agrega que en efecto, no obstante haber cumplido en las condenas a que fue sometido en su momento, su Hoja de Vida del Conductor, que es un documento muy pedido por los empleadores como condición de ciertos trabajos, registra aún dichas anotaciones, y si bien estas anotaciones prontuariales no aparecen en su Certificado de Antecedentes Penales, ocurre que la “Hoja de Vida del Conductor” se ha transformado en la práctica en el certificado de antecedentes de una persona que deber cumplir algunas de sus funciones como conductor, lo que ha implicado las graves limitaciones de orden laboral a que se ha visto expuesto dado estas anotaciones.

Señala que durante años pudo trabajar en una empresa con estas anotaciones, ya que no le fueron pedidas por la confianza que le tenían, sin embargo dicha empresa cayó en Liquidación Concursal, y ya no existe habiendo perdido su fuente de trabajo y de sustento, como la empresa en que trabajaba (“nombre reservado y Cía. S.A.”) se relacionaba con faenas en minería, su ámbito natural de experiencia es en dicho mundo, en el cual se piden –dentro del perfil de sus funciones- que tenga licencia de conducir, solicitando además su Hoja de Vida del Conductor, lo que se ha traducido en un martirio al verse impedido de obtener nuevo trabajo debido a estas injustas y ya bastante añejas anotaciones prontuariales.

Indica que nuestra legislación sobre omisión y eliminación de antecedentes penales persigue claramente que la persona que hubiere sido condenada pueda reinsertarse en la sociedad, y ello implica que pueda reinsertarse en su ámbito laboral, y es justamente lo que la recurrida está impidiendo al responder de manera errónea una solicitud de eliminación o de omisión de sus antecedentes penales pues estos antecedentes son penales y no por condenas meramente infracciónales, tal como hace referencia el artículo 217 de la Ley 18.290.

Además, añade, es claro que al mantenerse dichas anotaciones en su Registro de Conductores Hoja de Vida del Conductor, se encuentra en una situación abiertamente desigual en relación a personas que habiendo sido condenadas por cualquier delito tienen acceso al beneficio de eliminación u omisión de sus antecedentes penales, incluso por aplicación directamente legal como ocurre con el actual artículo 38 de la Ley 18.216 y sus modificaciones legales, que dice: “Artículo 38.- La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto. Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito. El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación. Exceptúense de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal”

Expresa que se han conculcado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley y además la libertad de trabajo y su protección establecida en el numeral 16 del artículo mencionado.

Segundo: Informando la recurrida expresa que revisada la base de datos del Registro General de Condenas, se ha establecido que a la fecha de hoy don nombre reservado, RUN N° RUT reservado, registra las siguientes anotaciones penales:

a)

causa Rol N° 504/1999, 21º del Juzgado del Crimen de Santiago, condenado con fecha 4 de mayo de 1999 por el delito de manejo en estado de ebriedad a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 sueldos vitales. Registra pena remitida y cumplida.

b)

Causa Rol Nº 6236/1999, 10º Juzgado del Crimen de Santiago, condenado con fecha 19 de marzo de 2004 por el delito de autor de conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad a la pena de 320 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 UTM. Registra pena cumplida y multa cancelada.

Añade que el recurrente registra en su prontuario penal dos (2) anotaciones penales, circunstancia que impide a este Servicio, evaluar una eventual eliminación de antecedentes penales, en virtud de lo dispuesto en la letra g) del artículo 8º del Decreto Supremo N° 64 de 1960 del Ministerio de Justicia, sobre Prontuarios Penales y Certificados de Antecedentes, que exige entre otros requisitos, para acceder a la eliminación, que sea la única anotación que registra en el prontuario.

En efecto, indica, el artículo 8, inciso 1º, del Decreto Supremo Nº64, dispone: "Se eliminará una anotación prontuarial: g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración, y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años a más, en los casos restantes".

Además, la ley exige, para el otorgamiento del beneficio de eliminación de antecedentes penales, que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado. La eliminación de la anotación infringiría las normas legales citadas, y lo dispuesto en el artículo 8, inciso 3º, del Decreto Supremo Nº64, de 1960.

Indica que el recurrente, para proceder a la eliminación de las causas indicadas de su Hoja de Vida de Conductor y de su prontuario penal, se puede acoger al Decreto Ley N° 409, que señala en su artículo 1º: "Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como sí nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado".

Expresa que con fecha 27 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial Ley Nº 20.603, que entre otras modifica el encabezado de la Ley Nº 18.216 por "Establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad" y en su artículo 38 incisos 3 y 4, dispone que:

"El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1º de esta Ley por personas que no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación".

Exceptúense de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, de Orden, Gendarmería de Chile y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal".

Cabe hacer presente, expresa, que sí bien el artículo 29 inciso 2º, como repite el artículo 38 de la ley Nº 18.216, contemplan en su texto el concepto de eliminación definitiva, éste debe entenderse referido siempre al beneficio de omisión de antecedentes penales, por las siguientes razones:

a)

El inciso final de ambos artículos, mantiene la obligación para este Servicio de informar la anotación penal tratándose de los certificados para ingreso a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y Gendarmería, asimismo, la de informar mediante el Extracto de Filiación y Antecedentes Penales a los Tribunales con competencia penal, por lo tanto, si se eliminará inmediatamente una vez cumplida satisfactoriamente la medida sustitutiva, sería imposible dar cumplimiento con esta obligación.

b)

Otro argumento, se refiere a la eventual revocación de la pena sustitutiva por el quebrantamiento de condena, esta decisión trae como consecuencia la pérdida del beneficio de omisión, respecto de esa anotación prontuarial en aquellos certificados de antecedentes que correspondan. Pretender lo contrario, implicaría, que cada vez que una persona cumple su condena procedería de inmediato la eliminación de la causa de su prontuario, situación que vulneraría lo establecido en el artículo 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 64 de 1960, normativa que expresamente establece las causales de eliminación de una anotación prontuarial. Así como todo el mecanismo regulado por el Decreto Ley 409 de 1932, del Ministerio de Justicia.

Asimismo, indica que esta interpretación fue recogida y sustentada por el dictamen Nº 64.821 de 2009, de la Contraloría General de la República.

Por su parte, expone, y conforme a los antecedentes indicados, el Servicio se encuentra imposibilitado de acceder al beneficio de eliminación de antecedentes solicitada, ya que las causales de eliminación se encuentran expresamente indicadas en el artículo 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 64 de 1960, del Ministerio de Justicia, "Sobre Prontuarios Penales y Certificados de Antecedentes", que el Servicio se encuentra obligado a respetar.

Añade que, por otra parte, y en relación a la eliminación de las anotaciones prontuariales de la hoja de vida del conductor, es posible señalar a SS. lltma., lo siguiente:

a) De conformidad al artículo 211 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley del Tránsito, el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, deberá N° 3 "Anotar las condenas por los delitos de conducir en estado de ebriedad o conducir bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas".

En atención a lo precedentemente expuesto, revisada la base de datos del Registro Nacional de Conductores al 26 de agosto de 2019, en efecto consta que el recurrente registra dos (2) condenas por conducción en estado de ebriedad vigentes:

- Causa Rol 504-1999, del 21° Juzgado del Crimen de Santiago - Causa Rol 6.236- 1999, del 1Oº Juzgado del Crimen de Santiago.

Que se tomó nota de ambas sentencias en virtud de lo ordenado por el artículo 215 de la Ley de Tránsito, que dispone en su primer inciso:

"Los Tribunales de Justicia y los Juzgados de Policía Local y cualquier otro Tribunal de la República, deberá comunicar al Registro toda sentencia ejecutoriada que condene a una persona como autor de delitos e infracciones a la ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y a la ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, o que cancele o suspenda la licencia de conductor o que condene a una persona por delitos, cuasidelitos, infracciones gravísimas o graves tipificadas en esta ley''.

En este mismo sentido, el Decreto Nº 739/85, Reglamento del Registro Nacional de Conductores, de Vehículos Motorizados, establece en su artículo 9: "Los Tribunales de Justicia comunicarán al Registro todas las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona como autor del delito de manejar en estado de ebriedad que contempla la Ley de Alcoholes. Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y aquellas sentencias que, pronunciadas en procesos por muerte, lesiones o daños en accidentes del tránsito, condenen a un conductor por infracciones gravísimas o graves a la Ley de Tránsito. Asimismo, los Tribunales deberán comunicar toda sentencia firme que cancele o suspenda la licencia de conductor".

Ahora bien, expone, el artículo 217 de la Ley del Tránsito, establece lo relativo a la forma y procedencia de la eliminación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados. Así los incisos primero y segundo del citado artículo se refieren expresamente a las hipótesis que la ley contempla para la eliminación de las anotaciones de infracciones graves y gravísimas, y de los tipos penales que se inscriben conjuntamente en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados y en el Registro General de Condenas, señalando:

"Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría.

Las demás anotaciones en el registro, que también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley.

La eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago de un derecho cuyo monto se determinará anualmente mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia".

En consecuencia, agrega, y de acuerdo a lo dispuesto en la ley, una vez efectuada la eliminación de la anotación en el Registro General de Condenas, el interesado sólo debe concurrir a cualquiera de las Oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación para solicitar la eliminación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, y pagar el arancel respectivo. Efectuada la solicitud de eliminación, esta se practica dentro de los siguientes tres días hábiles.

Indica que es necesario tener presente, que no existe en nuestra legislación la figura de omisión de anotaciones en la Hoja de Vida del Conductor de los respectivos conductores, sólo la eliminación de las mismas cuando se cumplan los requisitos legales y en este caso específico, el recurrente deberá primero eliminar su anotación en materia penal de la causas respectivas, para posteriormente lograr o solicitar la eliminación de la anotación de la Hoja de Vida del Conductor, para su mayor comprensión se adjunta Hoja de Vida del Conductor del recurrente.

En virtud de todo lo anterior, indica, el Servicio “no incurre en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la negativa a eliminar la causa Rol Nº 54.677/ 1987, 3º del Juzgado del Crimen de Concepción se fundamenta en los preceptos e instituciones legales ya explicadas latamente en los numerales anteriores” (sic)

En cuanto al fundamento del recurso en comento, basado en el presunto hecho que la decisión de la administración afecta el derecho a la igualdad ante la ley, es importante tener presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene, como ya hemos señalado, una normativa que señala claramente las formas de eliminar antecedentes penales, por lo que no resultaría procedente para el Servicio hacer distinciones de ninguna especie. Las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

Tercero: Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, y permite a cualquier persona, por si o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan amagados —privados, amenazados o perturbados— por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas. En efecto, constituye un supuesto forzoso de acogimiento de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Que, de lo anterior se desprende que los requisitos de procedencia de un recurso de protección son copulativos de tal manera que la ausencia de cualquiera de ellos hace inviable este arbitrio.

Cuarto: Que el recurrente ha solicitado al Servicio de Registro Civil la eliminación de las anotaciones en su Prontuario de Antecedentes Penales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 letra g) del DS N° 64, de 1960, que señala "Se eliminará una anotación prontuarial: g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración, y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años a más, en los casos restantes".

Indica además la norma citada que “En todos los casos relacionados con las letras f), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, mediante los antecedentes que el Director exija, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado”

Quinto: Que de los antecedentes entregados por el propio recurrente consta que en su Prontuario de Antecedentes aparecen dos anotaciones, por lo que no se cumple con la exigencia antes referida, no siendo viable legalmente para el Director del Servicio recurrido acceder a la solicitud en cuanto a la eliminación de los mismos.

Sexto: Que, en consecuencia, para la eliminación de los antecedentes, en este caso se debe solicitar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216, ante el tribunal competente, quien deberá oficiar al Servicio de Registro Civil al efecto, lo anterior es coherente con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley N° 18.290.

Séptimo: Que, en subsidio de la solicitud de eliminación, el recurrente a pedido la omisión en los certificados de antecedentes que el Servicio de Registro Civil emita en los sucesivo así como en el Certificado de Hoja de Vida del Conductor o Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, de las anotaciones prontuariales ya referidas.

Octavo: Que el Artículo 29 de la ley 18.216, establece que “El otorgamiento por sentencia ejecutoriada de alguno de los beneficios previstos en esta ley a condenados que no hayan sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que dio origen la sentencia condenatoria”

El beneficio de omisión, contemplado en la norma legal citada, según lo señala la recurrida, le fue otorgado al recurrente en la causa 504-1999.

Noveno: Por otra parte, el artículo 21 de la ley 19.628, establece que: “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

Exceptuase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7°, 11 y 18.”

El beneficio de omisión, en virtud de la mencionada disposición legal, según también lo expresa la recurrida, le fue otorgado en la causa 6236-1999.

Décimo: Que tanto el artículo 29 de la Ley 18.216, como el artículo 21 de la Ley 19.628, no distinguen respecto a los certificados de antecedentes a que se refiere, no siendo lícito a la autoridad administrativa hacer la distinción.

Undécimo: Que a contrario de lo que indica el servicio recurrido, el artículo 210 de la ley 18.290, no estipula la improcedencia de la omisión de antecedentes. En efecto, dicha norma se limita a señalar “Créase el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación y cuyos objetivos serán el de reunir y mantener los antecedentes de los conductores de dichos vehículos e informar sobre ellos a las autoridades competentes.

Este registro reemplazará a los señalados en el artículo 44 de la ley N° 15.231, y no se considerarán las anotaciones de infracciones efectuadas en ellos, salvo las que se refieran a cancelación de licencias por sentencia judicial y a conducción en estado de ebriedad.”

Duodécimo: Que tampoco es efectivo que no exista en nuestra legislación la figura de omisión de anotaciones en la Hoja de Vida del Conductor y que solo exista la eliminación de los mismos cuando se cumplan los requisitos legales.

Se debe señalar al respecto que el artículo 12 del DS referido enumera los distintos certificados de antecedentes que se pueden otorgar, a saber:

a) Para manejar vehículos motorizados;

b) Para postulantes a ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Autónoma, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicio de Prisiones;

c) Para fines particulares, y d) Para fines especiales.

Estos certificados contendrán copia íntegra del prontuario penal del solicitante y se otorgarán cuando leyes especiales o reglamentos exijan que el postulante a algún beneficio que ellos contemplen deba acreditar su conducta anterior.

Acto seguido el artículo 13 del DS N° 64 de 1960 establece que “El Director General del Servicio de Registro Civil e Identificación, a petición del interesado y previo informe del Gabinete Central de Identificación y del Fiscal del Servicio, podrá disponer en casos calificados, y por resolución fundada, que se omitan en los certificados de antecedentes una o más anotaciones prontuariales que se refieran a condenas ya cumplidas o indultadas, de acuerdo con las normas siguientes:

a) En los certificados de antecedentes para manejar vehículos motorizados, sólo podrán ordenar que se omitan anotaciones prontuariales relativas a condenas por delitos de acción privada e infracciones hasta por dos faltas.

b) En los certificados de antecedentes para ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, de Administración Autónoma, Fuerzas Armadas, Carabineros, Prisiones e Investigaciones, el Director General podrá ordenar que se omitan anotaciones prontuariales relativas a condenas por delitos de acción privada y cuasi-delitos. Podrá, asimismo, ordenar que se omitan de este tipo de certificados las anotaciones por delitos de acción pública que hayan sido indultados de la pena y de la accesoria de inhabilitación para desempeñar oficios o cargos públicos; e infracciones hasta por tres faltas.

c) En los certificados de antecedentes para fines particulares, y para fines especiales, el Director General podrá ordenar que se omitan anotaciones relativas a condenas por toda clase de delitos. Se exceptúan de este beneficio las condenas por los delitos contemplados en los siguientes artículos del Código Penal: artículo 361°, N° 3; 365°; 366°; 367°; 390°; 391°, N° 1; 433°; 475°; 476°, y los delitos contra la Seguridad Exterior del Estado y contra la Soberanía del Estado.

Sin embargo, aun respecto de los delitos, podrá concederse el beneficio señalado en este artículo siempre que hubieren transcurrido 10 años desde la fecha de término del cumplimiento de la condena o del decreto de indulto, y se tratare de una sola anotación.

Décimo tercero: En consecuencia, nos encontramos por una parte con dos normas de carácter legal que no hacen distinción alguna en cuanto a que la omisión se refiera solo a alguno de los certificados que indica el artículo 12 ya referido, y por otra, una norma, además anterior, reglamentaria que circunscribe la omisión a determinados certificados, correspondiendo, entonces determinar, cual de ellas debe primar.

Décimo cuarto: Que consta de los antecedentes allegados al proceso, que los antecedentes han sido omitidos, de conformidad a los artículos ya citados, de todos los certificados de antecedentes, salvo el de la letra a) del artículo 12 del DS N° 64 de 1960.

Por otra parte, es un hecho que estos antecedentes no solo han sido omitidos, sino que también, atendida la data de las condenas, pueden ser eliminados del Prontuario en general y posteriormente de la Hoja de Vida del Conductor con una mera solicitud administrativa.

Lo anterior, sin embargo, no obsta que, en el intertanto, no puedan ser omitidos en el certificado respectivo, si pueden ser eliminados, con mayor razón aun, pueden ser omitidos.

Décimo quinto: Que conviene traer al análisis lo señalado en el Decreto Ley N° 409 de 1932:

“Que el régimen establecido en las prisiones, que tiende a la regeneración del delincuente y, como su complemento, al mejoramiento moral y material de su familia, pierde una gran parte de su eficacia por el hecho de que el penado, después de cumplir su condena, queda marcado para toda su vida con el estigma de haber sido presidiario;

Que, en efecto, esta condición infamante queda anotada en el prontuario que se le lleva en el Gabinete de Identificación y, por lo tanto, en su hoja de antecedentes;

Que, es innecesario mantener esta anotación en el prontuario de aquellos ex-penados que han demostrado fehacientemente estar regenerados y readaptados a la vida colectiva;

Que, como un medio de levantar la moral del penado para que se esfuerce por obtener su mejoramiento por medio del estudio, del trabajo y de la disciplina, debe dársele la seguridad de que, una vez cumplida su condena y después de haber llenado ciertos requisitos, pasará a formar parte de la sociedad en las mismas condiciones que los demás miembros de ella y de que no quedará el menor recuerdo de su paso por la prisión; y Que, por otra parte, el Estado debe velar porque los egresados de las prisiones que estén sin trabajo no carezcan de techo ni de alimentación, y se les ayude en toda forma, como una medida de protección al individuo y de defensa de la sociedad (…)”

Décimo sexto: Que sin lugar a dudas que una de las finalidades de la Ley 18.216, es la reinserción social, de allí que las penas se eliminen de los certificados de antecedentes, con la excepción que la propia ley señala. Ahora bien, sin lugar a dudas que uno de los objetivos de esta eliminación tiene directa relación con la posibilidad de acceder al mundo del trabajo, circunstancia casi imprescindible para insertarse socialmente con algún grado de eficacia.

En el mismo sentido apunta el artículo 29 de la misma ley en cuanto permite, con la sola dictación de la sentencia, omitir la condena, en todos los certificados de antecedentes Décimo séptimo: De lo razonado se concluye que tanto el artículo 29 de la Ley 18.216, como el artículo 21 de la Ley N° Ley 19.628, priman sobre la norma reglamentaria del artículo 13 del DS N° 64 de 1960, y permiten la omisión de los antecedentes en todos los certificados a que se refiere el artículo 12 del mismo cuerpo reglamentario.

Décimo octavo: Que al negar el servicio recurrido la omisión solicitada ha incurrido en un acto ilegal que perturba y amenaza la garantía de igualdad ante la ley denunciada por el recurrente, por lo que el arbitrio deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por don nombre reservado, por haber dictado la el acto administrativo de fecha 3 de julio de 2019, por la cual se le niega su solicitud de eliminación u omisión de antecedentes en su Hoja de Vida del Conductor o Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, y, en consecuencia, se ordena a la recurrida que deje sin efecto el mencionado acto administrativo, y disponga, que se omitan del certificado de antecedentes del recurrente y en la “HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR”, las anotaciones prontuariales indicadas en la respectiva solicitud.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.

N° Protección 71.319-2019.- No firma el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagrista, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señor Leopoldo Llanos Sagrista, e integrada por la ministra señora Mireya López Miranda y el abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.