nombre reservado con AFP MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que compareció nombre reservado, de nacionalidad venezolana, conviviente civil, trabajadora dependiente, quien interpuso recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., fundado en la negativa de dicha entidad a tramitar su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Expuso que, con fecha 8 de febrero de 2026, ingresó mediante el sistema en línea de AFP Modelo una solicitud de devolución de fondos previsionales, registrada bajo el folio N° 1462. Sin embargo, fue informada por correo electrónico de que la solicitud no había sido ingresada, debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, timbrada por la Embajada de Venezuela, se encontraba vencida. En dicha comunicación se le indicó que debía presentar nuevamente la solicitud una vez que contara con la documentación requerida.

Señaló que el 17 de mayo de 2024 obtuvo ante la Embajada de Venezuela en Chile la validación de la constancia emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento exigido para solicitar la devolución de los fondos. Explicó que, en esa oportunidad, tenía la intención de trasladar su residencia a otro país, pero que posteriormente decidió permanecer en Chile, razón por la cual no ejerció inmediatamente el beneficio.

Añadió que, por circunstancias ajenas a su voluntad, la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada desde el 29 de julio de 2024, sin que exista una fecha cierta para la reanudación de sus funciones. En consecuencia, afirmó encontrarse imposibilitada de obtener una nueva constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente timbrada por dicha representación diplomática.

Indicó que cuenta con los demás antecedentes requeridos para acceder al beneficio, consistentes en su contrato de trabajo y anexos; título profesional legalizado y apostillado; constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, timbrada y sellada por la Embajada de Venezuela en Chile el 17 de mayo de 2024; cédula de identidad chilena vigente; y declaración jurada exigida por AFP Modelo al momento de efectuar la solicitud electrónica.

En cuanto al derecho, sostuvo que la decisión de la recurrida responde a una interpretación excesivamente formalista, que desatiende el espíritu y finalidad de la Ley N° 18.156, consistente en permitir que los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que cumplen las condiciones legales puedan disponer de los fondos previsionales acumulados en Chile.

Afirmó que AFP Modelo habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario al exigir requisitos no contemplados expresamente en la ley, o al interpretar restrictivamente sus disposiciones en perjuicio de la recurrente. Agregó que dicha actuación vulneraría la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, así como su derecho de propiedad, reconocido en el numeral 24 del mismo artículo, al impedirle acceder a fondos que legítimamente le pertenecen.

Manifestó, además, que la documentación acompañada permitiría establecer que el régimen de seguridad social de su país de origen le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, satisfaciendo las coberturas exigidas por el artículo 1°, letra a), de la Ley N° 18.156. Por ello, estimó que no existe fundamento legal ni razonable para negar la devolución del saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual.

Finalmente, solicitó que se reconociera la validez de la documentación acompañada, particularmente la constancia emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y certificada por la Embajada de Venezuela, y que, en consecuencia, pidió que AFP Modelo emitiera un nuevo pronunciamiento respecto de su solicitud y procediera a la efectiva devolución de sus fondos previsionales.

Segundo: Que compareció Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Señaló que, con fecha 8 de febrero de 2026, la actora presentó una solicitud destinada a obtener la devolución de las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por el empleador Hyuk Chekal. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, acompañó su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones, una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 17 de mayo de 2024 y un contrato, junto con su anexo, suscrito con la empresa Integral Service Home & Enterprises Limitada.

Indicó que, luego de revisar los antecedentes, la Administradora estimó que la documentación aportada no permitía acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. En particular, sostuvo que la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no constituía un certificado suficiente de afiliación, pues no acreditaba específicamente que la recurrente hubiese contado, durante la prestación de servicios en Chile, con cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; carecía de firma de la autoridad emisora y no se encontraba legalizada ni apostillada. Agregó que el documento emitido por la Embajada de Venezuela en Santiago tampoco se encontraba vigente al momento de formularse la solicitud.

Explicó que, conforme al Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, las administradoras solo pueden dar curso a una solicitud de devolución cuando el afiliado presenta documentación idónea y debidamente legalizada que acredite la concurrencia de todos los requisitos legales. Por ello, al no haberse acompañado el antecedente requerido, AFP Modelo no habría ingresado ni tramitado la solicitud de devolución.

En cuanto al derecho, invocó los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, conforme a los cuales la devolución de cotizaciones constituye un beneficio excepcional, sujeto al cumplimiento copulativo de los requisitos previstos para los trabajadores técnicos extranjeros. Añadió que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras e interpretativas, ha instruido que el trabajador debe acreditar mediante certificación de la autoridad previsional competente que contó efectivamente, durante todo el período trabajado en Chile, con cobertura por vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, incluida la especificación de las prestaciones médicas y pecuniarias correspondientes.

Asimismo, citó los Oficios Ordinarios N° 21.480, de 20 de septiembre de 2017; N° 3.141, de 20 de febrero de 2024; y N° 12.954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones. Este último habría precisado que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que carezcan de firma y de apostilla o legalización no constituyen medios idóneos para acreditar el requisito legal. Relacionó dichas instrucciones con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, relativos a la legalización y apostilla de instrumentos otorgados en el extranjero.

La recurrida fundó también su posición en diversos pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y Concepción, confirmados por la Corte Suprema, en los que se habría resuelto que los certificados previsionales extranjeros carentes de firma, legalización o apostilla no permiten acreditar el cumplimiento de la Ley N° 18.156, y que la negativa de una administradora a devolver los fondos en esas circunstancias no constituye un acto ilegal ni arbitrario.

Finalmente, afirmó que AFP Modelo se limitó a aplicar la normativa vigente y las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en una conducta que privara, perturbara o amenazara el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En consecuencia, solicitó que el recurso fuera rechazado, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en cuanto al fondo, aparece establecido que la recurrente, doña nombre reservado, solicitó con fecha 8 de febrero de 2026 la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Dicho requerimiento no fue tramitado por Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., argumentando que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, visada por la Embajada de Venezuela el 17 de mayo de 2024, se encontraba vencida al momento de la solicitud, además de carecer de firma y no encontrarse legalizada ni apostillada para acreditar debidamente la cobertura de las contingencias exigidas.

Sexto: Que la devolución de fondos previsionales prevista en el artículo 7 de la Ley N°18.156 constituye un beneficio de carácter excepcional, cuya procedencia exige el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en el artículo 1 del mismo cuerpo legal. En este sentido, tal como lo ha precisado la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, dada la naturaleza excepcional del beneficio, las Administradoras sólo pueden acceder a la devolución de fondos cuando el trabajador acredita íntegramente los requisitos legales, no bastando documentos electrónicos que carezcan de firma, apostilla o legalización. Asimismo, resulta indiscutido que el documento presentado por la actora se encontraba vencido, careciendo de vigencia al momento de formularse la solicitud.

Séptimo: Que, en consecuencia, de los antecedentes allegados a la causa no aparece que la recurrida, AFP Modelo S.A., haya actuado al margen de las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico. Por el contrario, su decisión de exigir la documentación idónea y vigente para tramitar la solicitud se sustentó en la aplicación de la normativa legal y administrativa que regula la materia (artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones), así como en la interpretación que de ella ha efectuado el órgano técnico competente, esto es, la Superintendencia de Pensiones, mediante los oficios individualizados.

Octavo: Que, en estas condiciones, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, razón por la cual la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección impetrada a favor de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-7129-2026.