nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, treinta de julio de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 13 y 14: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 15: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber efectuado descuentos de forma unilateral e ilegal de la remuneración de la recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es trabajadora de la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt desde el año 2003. Agrega que, con fecha 21 de noviembre de 2017 solicitó un crédito a la Caja de Compensación recurrida, cuyo pago se pactó en 60 cuotas mensuales de $168.120 cada una. Aduce que la recurrente cumplió con el pago de las primeras diez cuotas hasta septiembre de 2018, cesando los pagos desde octubre de ese año, lo que provocó la aceleración del crédito el 31 de octubre de 2018.

Sostiene que transcurrieron más de siete años sin que la Caja de Compensación requiriera de pago o iniciara acciones judiciales, no interrumpiendo el plazo de prescripción ni ejerciendo derecho alguno hasta la fecha. En este contexto, manifiesta que presentó el 17 de marzo de 2025 una demanda de prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria contra la recurrida ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-3881-2025, la cual se encuentra en proceso de notificación.

Alega que en la liquidación de sueldo correspondiente al mes de marzo de 2025 figura un descuento por concepto de "LA ARAUCANA CCAF PRESTAMOS" por la suma de $274.022, pese a tratarse de una deuda exigible hace más de siete años respecto de la cual no se había efectuado descuento alguno hasta esa fecha, y sin que se le haya notificado demanda judicial alguna.

Argumenta que la recurrida ha vulnerado todo tipo de procedimiento judicial, optando por descontar unilateral e ilegalmente de su remuneración el monto adeudado sin haber agotado la instancia judicial correspondiente. Sostiene que la Caja no puede pretender, por la vía de estos descuentos ilegales, corregir la desidia y negligencia con que han actuado en el ejercicio de sus acciones legales, omitiendo las normas que rigen el caso.

Sostiene que se ha afectado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal se la ha puesto en una situación desventajosa respecto de otros deudores civiles, quienes para el cobro de créditos deben ser demandados en tribunales ordinarios. Asimismo, alega vulneración del derecho de propiedad, por cuanto los descuentos ilegales y extrajudiciales privan a la recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa, constituyendo una clara afectación de su patrimonio.

En definitiva, solicita que se ordene a la recurrida el reintegro y devolución de todas las sumas descontadas con sus intereses y reajustes correspondientes, que ascienden a $274.022; se le ordene abstenerse de realizar descuentos futuros de remuneraciones por sí o a través de terceros; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que la Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En primer lugar, la recurrida reconoce que la señora nombre reservado es trabajadora de la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt y que solicitó un crédito el 21 de noviembre de 2017, pactado en 60 cuotas de $168.120, cesando los pagos en septiembre de 2018. Sin embargo, precisa que según consta en sus sistemas, la recurrente mantiene dos créditos: el N° 103-001181166 por $4.960.424 del cual se pagaron 10 cuotas, y el N° 103-001186722 solicitado el 24 de agosto de 2018 por $3.157.437 pactado en 60 cuotas de $105.902, del cual se han pagado 2 cuotas. Agrega que existiendo créditos morosos, procedió legalmente a solicitar el descuento correspondiente al empleador.

Por otra parte, fundamenta la legalidad de su actuar en diversas disposiciones normativas. En primer término, invoca el artículo 1° de la Ley N°18.833, que define a las Cajas de Compensación como entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, incluyendo los créditos sociales como prestaciones de bienestar social.

Asimismo, cita el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, que prescribe que lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Aduce que esta norma se encuentra en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que establecen obligaciones similares para los empleadores respecto del descuento y entero de cotizaciones y aportes.

Sostiene que las facultades de las Cajas para ordenar descuentos se ajustan al artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador debe deducir de las remuneraciones los impuestos, cotizaciones de seguridad social y obligaciones con instituciones de previsión. Complementariamente, invoca los artículos 1545 y 1546 del Código Civil sobre fuerza obligatoria y buena fe en los contratos, argumentando que la deuda existe y puede ser cobrada mientras no haya prescrito el derecho, siendo la declaración de prescripción de exclusiva competencia de los tribunales de justicia.

Concluye que no ha privado, perturbado o amenazado derechos constitucionales de la actora, sino que ha obrado conforme a derecho, salvaguardando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, por cuanto no existe traspaso ilegal ni expropiación alguna, fundándose el cobro en normativa que asegura el pago efectivo de créditos sociales de evidente carácter social.

En virtud de lo expuesto, solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto, por cuanto los descuentos realizados no son arbitrarios ni injustificados, en atención a que las obligaciones existen y se mantienen vigentes al no existir sentencia que declare su extinción.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes tenidos a la vista, no se advierte la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, desde que el descuento efectuado sobre las remuneraciones del actor encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, norma especial que faculta expresamente a las Cajas de Compensación a deducir de las remuneraciones las cuotas correspondientes a créditos sociales vigentes, equiparándolos al régimen de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

Asimismo, consta de los antecedentes acompañados que el actor suscribió contratos de crédito social con la recurrida, los cuales fueron objeto de diversas reprogramaciones, no existiendo constancia de que haya mediado declaración judicial de prescripción respecto de dichas obligaciones.

En consecuencia, la actuación de la recurrida se ajusta a las facultades legales conferidas por el ordenamiento jurídico y corresponde al cumplimiento de un mandato legal y reglamentario que regula este tipo de prestaciones sociales.

Quinto: Que, en tal contexto, lo que en definitiva subyace en la pretensión del recurrente es una controversia vinculada a la existencia y exigibilidad de una obligación contractual, específicamente la vigencia o eventual extinción de la deuda contraída mediante contratos de crédito social y su posible prescripción, cuestión que excede el ámbito cautelar y acotado del recurso de protección, toda vez que involucra una materia propia de un juicio de lato conocimiento, en el cual deben rendirse las pruebas pertinentes y discutirse los antecedentes fácticos y jurídicos que permitan establecer con certeza la situación jurídica controvertida.

Por lo mismo, no corresponde que esta Corte, a través de la acción constitucional intentada, sustituya los mecanismos procesales ordinarios previstos, mismos que según da cuenta el propio recurrente se encuentran ejercidos y en etapa de tramitación ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-3881-2025, proceso en el que la protegida demandó a la Institución recurrida a fin de obtener la declaración de la prescripción extintiva de la acción de cobro del crédito social en comento, razón por la cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Se previene que el Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez concurre al rechazo de la acción constitucional en análisis, teniendo además presente para ello que en la especie no se ha acreditado la existencia de un doble cobro por parte de la Caja de Compensación recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7101-2025.