Protección contra Banco de Chile y del Banco de Crédito e Inversiones

C.A. de Santiago Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 33: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, como se pide.

Al folio34, a sus antecedentes.

Al folio 35: téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece la abogada doña Rocío del Pilar Salazar Arancibia, en representación convencional de doña nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra del Banco de Chile y del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por estimar ilegales y arbitrarios los actos consistentes en la negativa de ambas instituciones financieras a restituir la totalidad de los fondos sustraídos de sus productos bancarios con ocasión de un fraude electrónico del cual fue víctima, lo que a su juicio conculca las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 4 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es clienta de ambas entidades recurridas, manteniendo en el Banco de Chile la Cuenta Corriente N° NUM000, la Tarjeta Visa Infinite N° NUM001 y la Tarjeta Mastercard Black N° NUM002; mientras que en el Banco de Crédito e Inversiones es titular de la Cuenta Corriente N° NUM003, la Tarjeta Visa Gold N° NUM004 y la Tarjeta Visa Open Sky N° NUM005.

Narra que el día 5 de enero de 2026 fue víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad de vishing. Detalla que recibió una llamada de una persona que se identificó como ejecutiva del sector de fraudes del Banco de Chile, quien le informó sobre supuestas compras sospechosas en curso. Si bien la actora sospechó del engaño al solicitársele la clave de su dispositivo Digipass y cortó la comunicación, al revisar posteriormente sus plataformas bancarias se percató de que terceros desconocidos habían logrado vulnerar la seguridad de sus productos en ambas instituciones. Señala que los estafadores contaban de antemano con información confidencial de sus cuentas, lo que facilitó la consumación del ilícito.

Añade que el total de las operaciones fraudulentas asciende a la suma de $17.859.184, desglosados en $12.821.155 correspondientes a cargos y transferencias en el Banco de Chile, y $5.038.290 a transacciones cursadas en el Banco BCI. Ante ello, realizó las correspondientes denuncias ante Carabineros de Chile (Subcomisaría Maipú Oriente, RUC N° NUM007), dio los respectivos avisos de fraude y presentó declaraciones juradas ante ambas entidades.

Sostiene que el actuar de las recurridas es ilegal y arbitrario por cuanto el Banco de Chile solo restituyó de forma parcial la suma de $2.389.844, mientras que el Banco BCI rehusó el reembolso total, habiendo ambas instituciones comunicado su decisión de no restituir los saldos remanentes y anunciado el inicio de acciones judiciales en su contra. Argumenta que las entidades infringieron el régimen de responsabilidad objetiva y el deber de seguridad y monitoreo que les impone el artículo 6° de la Ley N° 20.009, pretendiendo transferir el riesgo de sus propias brechas de ciberseguridad a la usuaria. Por lo anterior, solicita que SE ORDENE el pleno restablecimiento del imperio del derecho y la restitución íntegra e inmediata de la totalidad de los fondos sustraídos, los cuales ascienden a la suma de $17.859.184, de los cuales $12.821.155 corresponden a lo defraudado en Banco de Chile y $5.038.290 a las operaciones fraudulentas realizadas a través de Banco BCI. Todo los ajustes e intereses que correspondan.

SEGUNDO: Que, informando la presente acción cautelar, comparece el abogado don Benjamín Jordán Astaburuaga, en representación de Banco de Chile, quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expone que, tras recibir el reclamo de la clienta por operaciones que totalizaban $10.905.673 en dicha institución, el banco procedió de buena fe al abono normativo inicial de 35 UF en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 20.009.

No obstante, refiere que una investigación pormenorizada realizada por el Departamento de Gestión de Fraude de la institución determinó que las operaciones objetadas fueron ejecutadas sin que existiese vulneración alguna a los sistemas de seguridad del banco.

Precisa que las transacciones requirieron necesariamente el ingreso correcto al sitio privado de la usuaria mediante su RUT y clave de acceso web, la posterior validación con su dispositivo físico Digipass, y la digitación de claves dinámicas de seguridad enviadas a su teléfono móvil registrado mediante mensajería SMS, elementos todos de su exclusiva custodia.

Atendido lo anterior, y existiendo antecedentes fundados que configuran, a lo menos, una hipótesis de culpa grave de la clienta al haber facilitado o proporcionado voluntariamente sus credenciales de seguridad a terceros en el curso de la llamada telefónica descrita, informa que el Banco de Chile dedujo oportunamente una demanda civil en contra de la recurrente ante el Primer Juzgado de Policía Local de Maipú, bajo el Rol N° NUM006, de conformidad con lo prescrito en el artículo 5° de la Ley N° 20.009. En tal sentido, argumenta que al encontrarse la controversia sometida al conocimiento y resolución de un tribunal especial y en el marco de un procedimiento de lato conocimiento, la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser amparado por la vía de protección, por lo que la acción debe ser rechazada.

TERCERO: Que, por su parte, comparece el abogado don Rodrigo Fonseca Toledo, en representación de Banco de Crédito e Inversiones (BCI), evacuando el informe correspondiente y solicitando asimismo el rechazo del recurso de protección.

Señala que, frente al reclamo de fraude presentado por la clienta el 8 de enero de 2026, su representada actuó con estricto apego al marco legal vigente, efectuando el abono inmediato de la suma equivalente a 35 UF en la cuenta de la actora de forma previa a cualquier análisis.

No obstante, añade que la revisión técnica de las operaciones demostró que estas fueron autorizadas mediante el uso correcto de las contraseñas secretas de la clienta y las claves dinámicas generadas por su aplicación multipass. Ante la concurrencia de antecedentes que denotan una manifiesta falta de cuidado y custodia de sus claves por parte de la usuaria, configurando una hipótesis de culpa grave, el banco ejerció su derecho legal de retención de los montos que excedían el límite legal y procedió a interponer la correspondiente demanda declarativa ante el Juzgado de Policía Local competente correspondiente al domicilio de la deudora.

Concluye que el conflicto patrimonial planteado se encuentra actualmente judicializado ante la judicatura especial que la propia Ley N° 20.009 contempla para resolver estas materias, razón por la cual no existe un derecho indiscutido que amparar por esta vía sumarísima de protección.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, se instituye como un arbitrio de naturaleza eminentemente cautelar y urgente, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y brindar tutela oportuna ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que perturben, amenacen o priven el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales expresamente señalados por el constituyente.

Para la procedencia de esta acción, la doctrina y la jurisprudencia de manera pacífica y uniforme han determinado como presupuesto indispensable que el derecho cuya protección se invoca sea de carácter preexistente, claro y no controvertido; esto es, debe tratarse de un derecho indubitado. La sede constitucional de protección, debido a su tramitación sumaria y carente de un término probatorio lato, no es la vía idónea para declarar derechos ni para resolver disputas de orden técnico o contractual que se encuentren sometidas a procedimientos judiciales ordinarios o especiales de carácter contradictorio.

QUINTO: Que, de este modo, el núcleo del debate planteado en estos autos consiste en determinar si las instituciones de crédito recurridas han incurrido en una omisión o acto ilegal y arbitrario al negarse a restituir la totalidad de los fondos reclamados por la actora por sobre el límite inicial cubierto.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, fluye que ambas entidades bancarias, haciendo uso legítimo de las facultades que la Ley 20.009 les franquea, judicializaron oportunamente la controversia respecto de los montos excedentes. En particular, se encuentra acreditado que el Banco de Chile interpuso demanda civil por culpa grave en contra de doña nombre reservado, la cual se tramita bajo el Rol N° NUM006 ante el Primer Juzgado de Policía Local de Maipú; habiendo el Banco de Crédito e Inversiones adoptado igual temperamento procesal ante el tribunal correspondiente al domicilio de la deudora.

SÉPTIMO: Que, en este escenario procesal, resulta evidente que la determinación acerca de si la recurrente incurrió en culpa grave o negligencia inexcusable en la custodia de sus elementos de seguridad (contraseñas, Digipass y SMS OTP) al ser contactada mediante la llamada de vishing el 5 de enero de 2026, constituye una materia compleja que requiere de un juicio de lato conocimiento, con debate contradictorio y rendición de pruebas específicas sobre ciberseguridad y trazabilidad técnica, lo que excede los márgenes de esta acción cautelar y urgente, que no está destinada a obtener pronunciamientos de naturaleza declarativa, en un caso en que no existen derechos indubitados.

Dicho asunto litigioso se encuentra actualmente sometido a la decisión y competencia exclusiva de la judicatura especializada que el legislador dispuso expresamente para tal efecto, esto es, los Juzgados de Policía Local correspondientes, bajo las normas de procedimiento de la Ley N° 19.496.

OCTAVO: Que, por consiguiente, al estar la controversia sustancial radicada y sub lite ante el tribunal natural establecido por la ley, la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente susceptible de ser amparado por esta vía constitucional. Resolver sobre el fondo de la reclamación patrimonial en esta sede importaría una flagrante intromisión en las atribuciones del juez que conoce de las demandas por culpa grave, desnaturalizando el recurso de protección y vulnerando la garantía del debido proceso y del juez natural consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, por estos motivos, la presente acción de protección no puede prosperar y debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de doña nombre reservado en contra del Banco de Chile y del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-7098-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

En Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.