nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 19 de febrero de 2026, comparecen nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en la retención y compensación de las sumas que debían enterárseles en cumplimiento de la Resolución Exenta N°2768 de 1 de septiembre de 2025 de la Subsecretaría de Justicia, por un monto total de $7.709.122, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que fueron desvinculados de su exempleador en un contexto de subcontratación con el Ministerio de Obras Públicas, lo que motivó una demanda laboral tramitada bajo el RIT O-5370-2024 ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la que concluyó por avenimiento celebrado con el Consejo de Defensa del Estado, debiendo materializarse el pago mediante Tesorería General de la República.

Añaden que, al concurrir a retirar los fondos el 21 de octubre de 2025, advirtieron que los montos girados diferían de los acordados, no recibiendo doña nombre reservado suma alguna. Precisan que la recurrida practicó una retención e imputación por concepto de deudas fiscales, entre ellas el Crédito con Aval del Estado, sin habilitación legal expresa, sin procedimiento previo, sin resolución fundada debidamente notificada y sin posibilidad de ejercer defensas relativas a la exigibilidad, prescripción, liquidación u oponibilidad de la supuesta deuda. Agregan que la compensación no fue objeto del avenimiento y que su conocimiento se produjo el mismo día del cobro.

Citan, para respaldar su acción, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental sobre el principio de juridicidad y reserva legal estricta, el artículo 17 de la Ley N°20.027, que a su juicio circunscribe la retención a la devolución anual del Impuesto a la Renta y no autoriza su extensión a créditos judiciales laborales, la improcedencia de aplicar analógicamente el artículo 1656 del Código Civil, y el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil sobre el deber de pago del Fisco.

Piden, en definitiva, que se acoja el recurso, con costas, se declare ilegal y arbitrario el descuento efectuado respecto del cumplimiento de la sentencia recaída en la causa RIT O-5370-2024, y se ordene a la Tesorería General de la República girar en su favor la suma de $7.709.122 en cumplimiento de la Resolución Exenta N°2768 de 1 de septiembre de 2025.

SEGUNDO: Que, al informar, la Tesorería General de la República solicita el rechazo del recurso. Señala, en síntesis, que los pagos en favor de los recurrentes fueron ordenados por la Resolución Exenta N°2768 de 1 de septiembre de 2025, en cumplimiento de una transacción de 7 de junio de 2025 celebrada en la causa laboral RIT O-5370-2024, y que, al verificarse el pago en octubre de 2025, procedió a compensar deudas morosas que registraban los recurrentes. Precisa que únicamente respecto de doña nombre reservado la compensación se asoció a una deuda por Crédito con Aval del Estado, registrada en Formulario 34, folio N°120336, por $4.905.831, mientras que respecto de don nombre reservado y don nombre reservado las compensaciones corresponden a deudas fiscales registradas en Formularios 117, 45 y 21, por las sumas que individualiza.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que la compensación constituye el legítimo ejercicio de una facultad conferida por el artículo 6 del D.F.L. N°1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, en concordancia con el artículo 1656 del Código Civil y el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263, operando de pleno derecho al concurrir deudas recíprocas, líquidas y actualmente exigibles que se encontraban en la Tesorería en condiciones de ser pagadas. Añade que el artículo 17 de la Ley N°20.027 solo resulta aplicable mientras la garantía estatal no ha sido pagada y el crédito permanece en poder de la institución financiera, hipótesis distinta de la de autos, pues el crédito de la recurrente ya había pasado a ser de propiedad del Fisco, registrándose en la Cuenta Única Tributaria mediante Formulario 34, todo conforme al artículo 18 bis de la misma ley.

Sostiene, además, que el recurso es extemporáneo, pues los recurrentes ya habían deducido la misma acción ante la Corte de Apelaciones de San Miguel en la causa Rol N°4495-2025, el 21 de noviembre de 2025, la que derivó por incompetencia en la causa Rol N°254-2026 de esta Corte, declarada inadmisible el 9 de enero de 2026, de modo que la reiteración de la acción con nuevos recurrentes pretende reabrir un plazo ya cumplido.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la compensación opera por el solo ministerio de la ley sin requerir acto administrativo, y que el recurso resulta improcedente por la inexistencia de un derecho indubitado, existiendo una controversia jurídica sobre el alcance de sus facultades que excede la naturaleza cautelar de la protección. Agrega que no se configura vulneración del derecho de propiedad, cuya afectación deriva del cumplimiento de obligaciones válidamente contraídas, ni de la igualdad ante la ley, ni de la garantía del artículo 19 N°3, cuya protección se limita a su inciso quinto, por lo que solicita, en definitiva, el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, de conformidad con el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, esta acción debe interponerse dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto, la ocurrencia de la omisión o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sin embargo, en la especie, la conducta denunciada no se agota en un solo acto instantáneo, sino que se traduce en la mantención de una privación patrimonial que se prolonga en el tiempo mientras no se enteren a los actores las sumas retenidas o compensadas. De este modo, al subsistir actualmente los efectos del acto reprochado sobre créditos cuyo pago íntegro no ha sido restituido, la afectación conserva carácter permanente, por lo que la acción no puede estimarse deducida fuera de plazo.

QUINTO: Que tampoco puede prosperar la alegación de duplicidad. En efecto, de los antecedentes aportados aparece que los ingresos anteriores culminaron por una declaración de incompetencia y, posteriormente, por una resolución de inadmisibilidad, sin que se hubiera emitido pronunciamiento jurisdiccional de fondo acerca de la legalidad o arbitrariedad de la compensación reclamada.

En consecuencia, no existe decisión previa que haya resuelto la controversia sustancial sometida a conocimiento de esta Corte, de modo que la presente acción no importa reiterar una cuestión ya fallada, sino promover el examen de fondo de una afectación constitucional que no ha sido antes decidida.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados a la causa, consta que los pagos reclamados por los recurrentes tienen su origen inmediato en un avenimiento alcanzado en un juicio laboral seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y que su cumplimiento fue dispuesto mediante la Resolución Exenta N°2768, de 1 de septiembre de 2025, para ser materializado por la Tesorería General de la República.

Por tanto, las sumas cuya retención se impugna no corresponden a devoluciones tributarias ni a créditos ordinarios del contribuyente frente al Fisco nacidos en el ámbito impositivo, sino a acreencias judicialmente reconocidas, de fuente laboral, incorporadas al patrimonio de los actores con ocasión de un proceso seguido ante la judicatura del trabajo.

SÉPTIMO: Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del D.F.L. N°1 de 1994, que fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, dicha institución cuenta con facultades de compensación respecto de deudas recíprocas existentes entre el contribuyente y el Fisco. Sin embargo, tal potestad no puede ser entendida en términos amplios, como si se tratara de la compensación regulada en el derecho común, desde que la compensación reconocida en favor del Servicio de Tesorerías constituye un instituto propio del derecho tributario, dotado de una regulación expresa y especial en la legislación impositiva.

OCTAVO: Que, en tal sentido, la interpretación conjunta de los artículos 6 y 7 del citado Estatuto Orgánico revela que la compensación allí prevista se desenvuelve en el ámbito de créditos y deudas de naturaleza tributaria o estrechamente vinculados a la recaudación fiscal, no resultando procedente su extensión a acreencias de origen laboral reconocidas judicialmente. En la especie, las sumas retenidas no corresponden a devoluciones tributarias ni a créditos ordinarios nacidos en el ámbito impositivo, sino a estipendios provenientes del cumplimiento de un avenimiento celebrado en juicio laboral, incorporados al patrimonio de los actores por resolución administrativa dictada para materializar su pago.

NOVENO: Que, además, tratándose específicamente de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado, la Ley N°20.027 contempla una regulación especial para su cobro. En particular, su artículo 17 autoriza a la Tesorería General de la República a retener la devolución anual del impuesto a la renta que corresponda al deudor e imputarla al pago de las cuotas morosas, lo que pone de manifiesto que el legislador estableció un mecanismo determinado y acotado para la satisfacción de este tipo de acreencias.

Así lo ha sostenido recientemente la Corte Suprema, en causa Rol N°28.296-25, al referir que “la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías y el artículo 34 del D.L. N°1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de la naturaleza del Crédito con Garantía Estatal, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general (Sentencia Corte Suprema Rol N°150.310-2020)”.

DÉCIMO: Que, por consiguiente, no resulta plausible desplazar dicha regulación especial mediante la aplicación extensiva de normas generales de compensación para afectar créditos de origen laboral reconocidos judicialmente, toda vez que la especialidad normativa impone la aplicación preferente del estatuto especial por sobre las reglas generales.

En la especie, el origen laboral de las sumas retenidas confiere a tales acreencias una protección reforzada, pues se trata de estipendios incorporados al patrimonio de los trabajadores como consecuencia de la terminación de una relación laboral y de un avenimiento aprobado judicialmente, por lo que no pueden ser asimilados a créditos ordinarios disponibles para compensación administrativa amplia, desde que se vinculan de manera inmediata con necesidades de subsistencia y con la tutela propia del derecho del trabajo.

UNDÉCIMO: Que, por lo demás, la propia recurrida reconoce que el pago a los actores fue ordenado para dar cumplimiento a la Resolución Exenta N°2768 dictada a propósito del avenimiento laboral antes referido. En tales condiciones, la Tesorería se encontraba obligada a materializar el pago ordenado, no pudiendo sustituir unilateralmente ese cumplimiento por una compensación que desatiende la naturaleza del crédito y altera los términos del mandato de pago emanado del órgano competente.

DUODÉCIMO: Que, de esta manera, la actuación de la recurrida deviene en ilegal, desde que hace extensiva una facultad de compensación más allá de los contornos que le son propios, pretendiendo aplicarla sobre acreencias de origen laboral cuya satisfacción obedecía al cumplimiento de un avenimiento aprobado judicialmente y de la resolución administrativa dictada para su pago.

Asimismo, el acto resulta arbitrario, por cuanto priva a los recurrentes, sin justificación suficiente, del goce íntegro de sumas que les pertenecen y que ya se encontraban determinadas para su pago, alterando unilateralmente una situación jurídica consolidada en su patrimonio.

DÉCIMOTERCERO: Que, como corolario de lo anterior, tal actuar importa una perturbación y privación del derecho de propiedad de los recurrentes sobre bienes incorporales amparados por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que las acreencias retenidas forman parte de su patrimonio. Del mismo modo, la medida cuestionada afecta la garantía del artículo 19 N°2, al aplicar un trato jurídicamente improcedente respecto de créditos laborales que no se encuentran en la misma situación que aquellos supuestos habilitantes previstos para la compensación fiscal ordinaria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, y en consecuencia se deja sin efecto la compensación o retención practicada respecto de los fondos destinados al cumplimiento del avenimiento celebrado en la causa RIT O-5370-2024 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, debiendo la recurrida proceder al pago íntegro de las sumas retenidas a los actores.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Toledo.

N°Protección-7095-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por el ministro señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Rafael Plaza Reveco. No firma el ministro señor Toledo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.