CONSTRUCTORA BARRÍA Y GONZÁLEZ LTDA. con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

C.A. de Santiago Santiago, nueve de abril de dos mil diecinueve.

Proveyendo al escrito folio 16: téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en representación de la empresa CONSTRUCTORA BARRÍA Y GONZÁLEZ LIMITADA, interponiendo recurso de protección en favor de ésta última y en contra de EQUIFAX CHILE S.A. como empresa a cargo de la administración y publicación de datos comerciales.

Indica que la compañía aparece informado en los registros de la recurrida por la empresa Simacron Limitada, por dos facturas emitidas sin respetar el contrato de ejecución de obras que mantenía con la señalada sociedad, por lo que la publicación de morosidad en la base de datos de la recurrida son absolutamente arbitraria e ilegal.

Manifiesta que en la recolección y particularmente la publicidad de datos que den cuenta de créditos impagos de las personas jurídicas, es preciso que el ente recolector de información se cerciore de la manera lo más exacta posible que la información que pone a disposición del público sea verdadera, con el objeto que se cumpla con el objeto de dichos registros, esto es, la agilidad, seriedad y seguridad del comercio y tráfico jurídico.

Precisa que tratándose de facturas, su emisión no es prueba de que la compraventa se ha realizado o ejecutado el servicio, no que se ha cumplido con la entrega del bien adquirido oportunamente y en la forma debida, por lo que puede existir, como sucede en la especie, discusión sobre el íntegro y oportuno cumplimiento de la ejecución del servicio contratado en lo que respecta a la calidad de las mismas y ejecución tardía de las obras contratadas y por lo mismo, las facturas, no sería prueba de una obligación indubitada. En este caso, el deudor tiene derecho a impetrar la acción de contrato no cumplido en la sede ordinaria.

Señala que en tal situación, la recurrida antes de una resolución judicial adopta una posición consistente en estimar que con la sola factura, el destinatario de la misma, es el incumplidor, provocando un efecto similar al de la autotutela, en este caso, a través de un tercero.

Refiere que dicho actuar infringe la garantía contenida en el artículo 19 N° 3° de la Constitución Política de la República, toda vez que la institución encargada de la mantención del registro de morosidad, se arrogó la facultad de determinar si un contrato entre partes se encuentre cumplido o no, facultad que está reservada a los tribunales de justicia de acuerdo a las normas del debido proceso. Asimismo, se vulnera el derecho consagrado en el numeral vigésimo cuarto de la señalada disposición constitucional, ya que el actuar de la empresa recurrida afecta el derecho de propiedad sobre los bienes incorporales, a saber, el honor, créditos, prestigio y seriedad comercial.

Por todo lo anterior, solicita que se deje disponga la inmediata eliminación de las bases de datos que administra la recurrida, la inclusión de la morosidad de las facturas informadas por la empresa Simicron Limitada, con costas.

SEGUNDO: Que la empresa DICOM EQUIFAX S.A. evacua el informe requerido, por el que pide que se rechace el recurso interpuesto en su contra, atendido que las facturas publicadas se encuentran irrevocablemente aceptadas, lo que faculta a la acreedora de las mismas para requerir su publicación, toda vez que es un hecho indiscutido que Simicron Limitada emitió y remitió electrónicamente las facturas en cuestión tanto a la empresa recurrente como al Servicio de Impuestos Internos, las que no fueron rechazadas ni objetadas a través de la plataforma que el mismo SII ha puesto a disposición de los contribuyentes, las que no han sido reclamadas pen la forma prevista por la ley, por lo que han sido irrevocablemente aceptadas, conforme a los artículo s3° y 9° de la Ley N° 19.983. En tal virtud se trata de documentos mercantiles que constituyen documentos fidedignos que faculta a requerir su publicación en la base de datos de EQUIFAX CHILE S.A., sin que la misma pueda considerarse como ilegal y menos arbitrario.

Precisa que dentro del desarrollo de su giro, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos, confeccionándose aquella con antecedentes proporcionados por los propios asociados al sistema, quienes deben informar a EQUIFAX, en el instante que ello ocurra, los pagos y/o regularizaciones de los registros, todo lo que consta en el contrato que EQUIFAX suscribe con los aportantes de la información. De esa manera, el suscriptor o aportante de información asume la obligación de no ingresar morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo, contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información, que consten en documentos reclamados posteriores a la entrega de la información, por lo que el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a EQUIFAX de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos; sin perjuicio de lo cual al sostenerse controversia sobre la procedencia de la publicación EQUIFAX de forma oportuna y diligente procedió a revisar los respaldos de la misma, concluyendo su validez por cuanto una de las facturas se encontraban irrevocablemente aceptadas en la forma que se contempla para las facturas electrónicas, conforme consta de los documentos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos.

Por último, asegura que por lo anterior no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a EQUIFAX, por cuanto ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, motivos por los cuales, el recurso de protección debe ser rechazado.

TERCERO: Que a requerimiento de esta Corte la empresa Simicron Limitada, señaló que una vez emitidas estas facturas electrónicas y recibidas por la recurrente no fueron devueltas ni reclamadas, conforme el Art. 3° de la Ley N° 19.983 y no fueron pagadas por lo que es plenamente legítimo requerir su publicación en la base de datos de la recurrida el 13 de diciembre 2018 y el 17 del mismo mes y año, tal como aparecen en el Informe DICOM emitido el 22 de enero del año en curso; refiriendo que las alegaciones de la recurrente sobre un posible incumplimiento son del todo ajenas al objetivo extraordinario y excepcional del presente recurso; por lo que estima que no es procedente.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que el recurso debe ser necesariamente rechazado puesto que la empresa Equifax S.A., sólo se ha limitado a publicar datos de dos facturas que no han sido reclamadas dentro del plazo estipulado en la Ley N° 19.983, motivo por el cual deben entenderse irrevocablemente aceptadas y, consiguientemente, documentos fidedignos que facultan a Simicron Limitada para requerir su publicación y a Equifax Chile S.A. para llevarla a cabo, sin que se vislumbre un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida.

SEXTO: Que al no haberse demostrado la existencia de algún acto arbitrario o ilegal de la recurrida, se hace inoficioso analizar la eventual vulneración de las garantías constitucionales denunciadas como amagadas, y por lo tanto debe desestimarse la petición de cautela constitucional.

SÉPTIMO: Que, finalmente, a la sociedad recurrente le asiste el derecho a discutir el incumplimiento contractual que aduce y sus consecuencias, en el procedimiento correspondiente.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida el 20 de enero de este año, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7085-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.