nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, recurre de protección nombre reservado en contra de nombre reservado, Jefe de la División de Investigaciones de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el acto ilegal y arbitrario de dictar el Oficio Ordinario Nº 25.444, de 30 de agosto de 2018, por el cual se rechazó su solicitud de reincorporación a la Policía de Investigaciones de Chile, alegando que vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2 (igualdad ante la ley), 4 (respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia) y 16 (libertad de trabajo).

Indica que con fecha 6 de mayo de 2010, a través de la orden (R) N° 236, la Prefectura Provincial Valparaíso (PREVPO) abrió sumario en contra de cinco funcionarios de la Policía de Investigaciones, entre ellos el recurrente, por haber supuestamente coaccionado a una ciudadana para la entrega de $400.000 y ocho celulares a fin de evitar ser denunciada por tenencia ilegal de adhesivos de marcas registradas (cohecho activo). Por su parte, se realizó la respectiva denuncia penal al Ministerio Público, Fiscalía Local de Iquique, la que originó la investigación penal, causa RUC N° 1000666120-9.

Agrega que a través de Dictamen (R) N° 236-2010/1-2011, de fecha 13 de junio de 2011, del Jefe de la antedicha PREVPO se resolvió aplicar al recurrente la medida disciplinaria de separación, ante lo cual presentó recurso de apelación, el que fue rechazado a través de la Resolución Exenta N° 48, de fecha 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile. Indica que, ante lo anterior, reclamó a la Contraloría General de la República, la que ordenó a través del Dictamen Nº 84.504 la reapertura del sumario, el 26 de diciembre de 2013 por no haberse ponderado correctamente la prueba. Con ello, indica, se ordenó la reapertura del proceso disciplinario a través de Orden (R) N° 30, de 24 de marzo de 2014, del Sr. nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile y a través del Dictamen N° 236/2010/15-2014, de fecha 3 de octubre de 2014, dicha autoridad dejó sin efecto el antedicho Dictamen N° 236/2010/1-2010, de fecha 13 de junio de 2011, y vuelve a disponer la aplicación de la medida disciplinaria de Separación, por considerar el Dictamen de la Contraloría como una mera opinión para la Policía de Investigaciones de Chile.

Hace presente que entre la fecha de la reapertura y la fecha en que se resuelve aplicar nuevamente la medida disciplinaria de Separación, no se realizó ninguna diligencia en el proceso disciplinario, por lo que esta nueva decisión de Separación se fundó en los mismos antecedentes que la Contraloría General de la República consideró insuficientes.

Continúa el relato señalando que apeló la sanción de Separación mencionada, ante el Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile en octubre de 2014, y con fecha 30 de noviembre de 2016, se determinó sobreseer el procedimiento administrativo, por cuanto la supuesta infracción se encontraba prescrita.

Indica que estando aún pendiente el recurso de apelación, a través de Oficio Nº 828 de 30 de octubre de 2015, el Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile solicitó al entonces Ministro del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública de la época hacer uso de la facultad discrecional contenida en el artículo 90 letra b) del Estatuto de Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, para disponer su Retiro Temporal de la Institución, fundada en que los hechos estaban siendo investigados a través del proceso administrativo disciplinario, y particularmente en el Dictamen N.º 236/2010/15-2014 de fecha 3 de octubre de 2014, en que se imponía la medida disciplinaria de su Separación, sin pronunciarse sobre la existencia del recurso de apelación pendiente o del pronunciamiento del Órgano contralor señalado.

De esta forma, en base a la solicitud y los fundamentos esgrimidos por la Policía de Investigaciones de Chille, se dicta el acto reclamado, Decreto Nº 1422, de 4 de noviembre de 2015, del Ministro del Interior y de nombre reservado, a través del cual se dispone su Retiro Temporal de la Policía de Investigaciones, siéndole notificado el 1 de abril de 2016, sólo en cuanto a su promoción al cargo de Subcomisario grado 9.

Alega que en ni en el proceso administrativo ni en el penal, en el que se decretó asimismo sobreseimiento definitivo el 28 de febrero de 2018, se acreditó que el recurrente hubiere cometido infracción alguna, habiendo sido este el fundamento de su retiro temporal, por lo cual carece de motivación actual.

Señala que ello motivó su petición de reincorporación, la que fue presentada al Ministerio el 01 de junio de 2018 y rechazada a través del oficio ordinario Nº 25.444, de 30 de agosto de 2018 impugnado en el presente recurso, que se fundó en que la desvinculación del recurrente no obedeció a una sanción disciplinaria sino al ejercicio de una facultad del Presidente de la República que es independiente de los resuelto por los Tribunales y la sede administrativa, y que, por otra parte, ya había transcurrido el plazo de dos años para dejar sin efecto el retiro temporal conforme el artículo 53 inciso primero de la Ley 19.880.

Respecto de este acto específicamente, el actor denuncia que, por un lado resulta arbitrario, toda vez que no hubo pronunciamiento material sobre lo solicitado relativo a su reincorporación y los requisitos de su procedencia establecidos en el artículo 25 del Estatuto del Personal, y por otro lado resulta ilegal, por cuanto que se dictó por autoridad incompetente, -no fue el Ministro quien dictó dicha resolución, único llamado por ley a emitir dicho pronunciamiento.

Por último, manifiesta que la solicitud de reincorporación no ha sido realizada de forma extemporánea como se afirma en el oficio impugnado, por cuanto lo solicitado no fue la invalidación del acto que decretó el Retiro Temporal, sino el ejercicio de la potestad del artículo 25 del Decreto con Fuerza de Leu N.º 1, de 1980, la cual tiene un plazo especial, pudiendo hacer efectiva la Reincorporación hasta el plazo de 3 años desde que el funcionario policial haya sido Retirado Temporalmente de la Institución.

Solicita se ordene su reincorporación a la institución, o en subsidio, se ordene a la autoridad pública facultada por ley a pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos para su incorporación.

Segundo: Que, informando Alexandra Maringuer en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública recurrido, solicita el rechazo del recurso con costas. Indica en primer lugar que, lo que busca el actor es impugnar de manera extemporánea la decisión firme contenida en el Decreto N 1.422, de 4 de noviembre de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso su Retiro temporal de la PDI; que la reincorporación no es un derecho preexistente e indubitado y que la cuestión discutida en autos corresponde a un asunto de lato conocimiento que excede los fines previstos para la presente vía judicial extraordinaria, cautelar y urgente.

Por otra parte, en relación al acto que ordenó el Retiro Temporal del actor y el oficio impugnado, señala que se ambas se enmarcaron dentro de la normativa regida por el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, creado por el artículo 115 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional; específicamente, en sus artículos 85 y el 90 letra b). Indica que esta última norma comprende la facultad del Presidente de la República para ordenar el alejamiento de un servidor de la Policía de Investigaciones, el que en la práctica, se realiza mediante Decreto suscrito por el Ministro del Interior y nombre reservado “Por orden del Presidente de la República”, conforme a los términos del Decreto Supremo Nº 19 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Indica que el Retiro Temporal no debe confundirse con el ejercicio de una potestad disciplinaria, por cuanto no se encuentra contemplado dentro del catálogo de medidas que, de acuerdo con el artículo 140 del Estatuto del Personal ya aludido, pueden imponerse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Añade que la facultad de disponer el Retiro Temporal no se ve limitada por el hecho de que exista luego un sobreseimiento administrativo o penal, por cuanto se trata del ejercicio de una prerrogativa del Presidente de la República ejercida en forma independiente de la eventual responsabilidad administrativa/disciplinaria y/o penal que pudieran afectar al funcionario.

Específicamente, en relación al Oficio Ordinario recurrido que contiene la decisión de no dar lugar a la reincorporación requerida por el actor, señala que no se adoptó de manera irracional o caprichosa, sino que ponderando los antecedentes que dieron lugar a su Retiro Temporal, por lo que carece de arbitrariedad. Agrega que conforme lo previsto en el artículo 25 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, este establece una potestad discrecional lo que se desprende del tenor literal de la norma legal precitada “el personal en Retiro temporal puede ser excepcionalmente reincorporado al mismo empleo o plaza por la autoridad llamada a efectuar el nombramiento, cuando cumpla los requisitos que la norma establece”, enfatizando que la autoridad no se encuentra obligada a proceder a la reincorporación de quien lo solicita.

Concluye afirmando que tanto el Decreto que dispuso el Retiro Temporal como el Oficio Ordinario recurrido son actos emanados de autoridad competente en uso de sus facultades legales y debidamente fundamentados, sin observarse, además, conculcación a garantía constitucional alguna.

Tercero: Que, cumpliendo lo ordenado por esta Corte con fecha 2 de octubre de 2018, informa nombre reservado, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. Argumenta, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, por cuanto los hechos que configuran el recurso dicen expresa relación con el retiro temporal de la Institución, dispuesto mediante el Decreto Supremo N.º 1422 de 4 de noviembre de 2015, del cual el actor tomó pleno conocimiento el 1 de abril de 2016, lo que torna el presente recurso en manifiestamente extemporáneo.

En cuanto al fondo, indica que el Retiro Temporal lo dispuso el Presidente de la República no como una sanción disciplinaria, sino en uso de sus facultades legales, al adquirir la convicción de que el ex funcionario tuvo una conducta inaceptable, contraria a la doctrina institucional y que transgredió el principio de probidad administrativa.

En este sentido, afirma que el recurrente mintió en el transcurso de la investigación de los hechos, faltando en reiteradas oportunidades a la verdad, al declarar que compró los celulares a la denunciante, pero no pudo probarlo, y, es más, fue acreditado lo contrario. por lo anterior, se formó la convicción de que el recurrente tuvo una conducta inaceptable y contraria a la doctrina de su institución.

Solicita el rechazo del recurso.

Cuarto: Que en lo que concierne al asunto que es materia de este arbitrio, es preciso recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa norma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste tal ejercicio.

Quinto: Que entonces, para que pueda prosperar el recurso de protección, es indispensable la constatación de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una privación, o una perturbación, o una amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso; y, frente a ello, el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Sexto: Que, en cuanto a la extemporaneidad del recurso alegada por la recurrida y la Policía de Investigaciones de Chile, cabe tener presente, en primer lugar, que el acto recurrido Ord. N° 2544 del Jefe de División de Investigaciones, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue emitido con fecha 30 de agosto de 1818 y el presente recurso de protección fue presentado el día 28 de septiembre de 2018, de manera que, tras una primera mirada se podría pensar que fue interpuesto dentro del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, sin embargo, para una acertada resolución de este punto, es necesario, en el presente caso, efectuar un análisis de los antecedentes acompañados al proceso, que permiten establecer lo siguiente:

a) Por decisión del Presidente de la República, a través del Decreto Supremo N.º 1422 de 4 de noviembre de 2015, se dispuso el Retiro Temporal del actor, nombre reservado, acto del que tomó razón la Contraloría General de la República, con fecha 16 de marzo de 2016.

b) Por Memorándum INPR 2016-48082 de la Coordinadora de Área Social de la Dirección de Gestión y Correspondencia de la Presidencia de la República dirigido al Subsecretario del Interior, se adjunta copia de Carta enviada por el señor nombre reservado a la Presidenta de la República de fecha 19 de octubre de 2016, (en la que expone las mismas argumentaciones del presente recurso de protección, con miras a que la autoridad administrativa requerida dejase sin efecto el Decreto Supremo 1422 de 4 de noviembre de 215, que decretó su desvinculación temporal de la Policía de Investigaciones de Chile.

En el señalado memorándum se dispone que sea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública quien se encargue de dar respuesta oficial al requerimiento del recurrente.

c) Por Ordinario N° 1090, de 14 de diciembre de 2016, dirigido por la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, a la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se informa presentación del recurrente nombre reservado, de 19 de octubre de 2016, exponiendo las razones del Retiro Temporal decretado, sus fundamentos de hecho y de derecho, y manifiesta la imposibilidad de acceder a su petición, porque el retiro temporal, se ajustó a derecho. Dicho Ordinario informa:

1:“En atención a su oficio del antecedente por el cual se informa de una presentación de don nombre reservado ante la Dirección de Gestión y Correspondencia, Presidencia de la República, por la cual expone que los hechos que fundamentaron su retiro temporal de la Institución habrían sido desvirtuados por la Contraloría General de la República y por el Ministerio Público, me permito informar lo siguiente, por orden del señor Director General”.

2: “Mediante Decreto Supremo N° 1422 de fecha 04. Nov.015 de esa cartera ministerial, complementado por su símil N° 1102 de fecha 25. Jul.016, se dispuso el retiro temporal del Subcomisario nombre reservado a contar del día siguiente de la notificación de la total tramitación del mismo, lo que ocurre con fecha 02.Abr.017, considerando la toma de razón del decreto por la Contraloría General de la República de fecha 16, Mar.016 y el Acta de Notificación de 01. Abr. 016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 letra b) del DFL N° 1 de 1980, Estatuto del Personal de esta institución”.

3: “Los fundamentos del retiro temporal se encuentran en el Oficio N° 786 de fecha 30 Oct. 015, del Director General de esta entidad policial al Sr. Ministro del Interior y nombre reservado, en que se expresa la circunstancia de que el ex Subcomisario nombre reservado fue objeto de una denuncia por una ciudadana extranjera, de haber recibido dinero en efectivo y 08 teléfonos celulares, a fin de evitar una denuncia en su contra por la tenencia ilegal de adhesivos de marcas registradas.

4: “Los hechos ocurren cuando nombre reservado, en el mes de Febrero del año 2010, en ese entonces de dotación de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios Valparaíso, se encontraba en comisión de servicios junto a otros detectives, en la ciudad de Iquique, junto a personal del Servicio de Aduanas, desarrollando diligencias destinadas a indagar delitos de contrabando.

5: “En el transcurso de la investigación, nombre reservado faltó en reiteradas oportunidades a la verdad, lo que quedó demostrado al contrarrestar lo indicado en su Cuenta Escrita, con las declaraciones posteriores en la investigación administrativa y, a su vez al comparar los testimonios otorgados por los otros oficiales policiales entrevistados, así como los de particulares y personal de la administración del Estado”.

6: “ El recurrente ha sostenido haber comprado los celulares a la denunciante, pero ni él ni el otro funcionario involucrado logró demostrar ni acompañar evidencia en tal sentido, por el contrario, se accedió a documentación oficial, sólida y sustentable que comprueba lo contrario y justifica las decisiones administrativas adoptadas. Más aún, se comprobó en la investigación interna desarrollada, que los hechos revestían caracteres de delito, efectuándose la denuncia correspondiente, en que se incluyó la destrucción de las especies por parte de los oficiales policiales”.

7: De esta forma, nombre reservado tuvo una conducta inaceptable y contraria a la doctrina institucional, transgrediendo los principios de probidad administrativa, establecidos en el artículo 52 de la Ley N° 18.575 y las normas consagradas en el Código de Ética de esta entidad policial, especialmente en lo relativo a la “Lealtad con la Misión Institucional; el Honor y la Responsabilidad Profesional; el Respeto a la Dignidad y Derechos Humanos; el Principio de Honestidad; la Obligación de Servir con excelencia y la obligación de Contribuir al Bien Común y al Desarrollo Humano”.

8: “Se dejó expresa constancia que la determinación adoptada constituía un claro resguardo a la doctrina de la Policía de Investigaciones de Chile y que no implicaba una medida disciplinaria, toda vez que estas últimas deben ser impuestas siguiendo otros conductos reglamentarios. De igual forma, se expresó que la resolución dictada era absolutamente independiente de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera afectarle”.

9: “Es dable señalar que el retiro temporal adquiere el carácter absoluto al transcurrir tres años desde su alejamiento, en conformidad a lo estipulado en el DFL N° 1 de 1980, Estatuto del personal de la institución, Título 1, Capítulo 2, artículo 25, inciso final”.

10: “La aludida causal constituye el ejercicio de una atribución del Presidente de la República, que lo faculta para ordenar el alejamiento de un servidor de la Policía de Investigaciones de Chile, previa ponderación de los respectivos antecedentes, lo que, por cierto, no importa la aplicación de una sanción disciplinaria, sino que se trata de una determinación que resguarda el prestigio y la doctrina de la referida institución, la cual es, además, independiente de la eventual responsabilidad penal o administrativa que pudiere asistirle por los mismos hechos que motivan su cese, de acuerdo con lo sostenido en los Dictámenes números 4.269 de 2016 y 98012 de 2015 de la Contraloría General de la República, entre otros”.

11: “A continuación, es útil agregar que ese órgano fiscalizador en su Dictamen N° 65965 de 2014 precisó que el instrumento a través del que se ejercita dicha potestad debe ser fundado, señalándose en los argumentos y el raciocinio que justifican la medida que en él se contiene, exigencias que se cumplieron en el decreto N° 1422 de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el que se dispuso la desvinculación del peticionario.

Luego, en cuanto a la existencia del sumario administrativo instruido en su contra, es necesario destacar que no se advierte la razón por la cual la decisión que se impugna tuviera que referirse a tal procedimiento disciplinario, considerando que la referida entidad de control, en su Dictamen N° 15.458 de 2013, entre otros, sostuvo que los fundamentos por los que se ordene el retiro temporal no se supeditan a las conclusiones a que pudiere arribarse al término de un proceso investigativo”.

12: “Por último, en lo que atañe al planteamiento en orden a que en el proceso penal que se realiza por idénticos sucesos a los que motivaron su desvinculación, no habría resultado condenado, cumple con destacar que tal situación no es un impedimento para que el Presidente de la República haga uso de la atribución prevista en el reseñado artículo 90 letra b), toda vez que, como ya se indicó, dichos ceses son independientes de la eventual responsabilidad penal que pudiere afectarle. Aplica Dictamen N° 98.012 de 2015 de la Contraloría General de la República”

Concluye: “En consecuencia, en opinión de esta Jefatura Jurídica, es posible informar a UD, que no existe posibilidad de acceder a la solicitud del recurrente don nombre reservado, dirigida a S.E: la Presidenta de la República, por las razones expresadas precedentemente y que refieren a la causal de su alejamiento de la Institución, los efectos de la misma y los hechos que la fundamentan, toda vez que el retiro temporal, se ajustó a derecho. Es cuanto se puede informar sobre el particular. Saluda a UD. Por Orden del señor Director General. nombre reservado. Prefecto Inspector (J) Jefa de Jurídica, Policía de Investigaciones de Chile”.

d) En consideración a lo informado por Ord.2090, de la Dirección de la Policía de Investigaciones de Chile, el día 24 de enero de 2017, nombre reservado, entonces Jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, comunica al actor, nombre reservado, lo siguiente: “En relación a su carta remitida a la Subsecretaría del Interior por la Coordinadora del Área Social de la Presidencia de la República, me permito comunicarle que la Policía de Investigaciones de Chile ha dado respuesta a su requerimiento a través de ORD N 1090 de 14 de diciembre de 2016, de la Jefatura Jurídica, señalando lo siguiente: La Policía de Investigaciones de Chile expone que los fundamentos del retiro temporal se encuentran en el oficio N° 786 de fecha 30 de octubre de 2015, del Director General de la institución al Ministro de Interior y nombre reservado, en el que se expresa la circunstancia de que Ud. fue objeto de una denuncia por una ciudadana extranjera. Señala la institución que Ud. transgredió principios de la probidad administrativa, establecidos en el artículo 52 de la ley N° 18.575 y las normas consagradas en el Código de Ética de la entidad. Por lo expresado, la Policía de Investigaciones de Chile, indica que no es posible acceder a lo solicitado, ya que la causal de alejamiento de la institución, los efectos de la misma y los hechos que la fundamentan, acreditan que el retiro temporal dispuesto, se ajustó a derecho”.

e) Posteriormente y por carta de 1 de junio de 2018, dirigida por nombre reservado al Ministro del Interior y nombre reservado, el recurrente solicita su reincorporación de la Policía de Investigaciones de Chile, dejándose sin efecto el Decreto N° 1422 de 4 de noviembre de 2015, del Ministerio del Interior, que ordena su retiro temporal, con los mismos argumentos esgrimidos en su presentación a la Sra. Presidenta de la República en su carta de 19 de octubre, salvo por el estado del proceso penal, que en octubre de 2017 se encontraba archivado temporalmente, y en junio de 2018, estaba afinado y el recurrente sobreseído definitivamente, en tanto en el sumario administrativo fue sobreseído definitivamente por haber operado la prescripción.

f) Por Ord. 287, de 19 de junio de 2018, don nombre reservado, Director de la Policía de Investigaciones de Chile, informa a la División de Investigaciones del Ministerio del Interior sobre presentación de 1 de junio de 2018 del señor nombre reservado en los mismos términos del Ordinario N° 1090, de 14 de diciembre de 2016, números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11. Agrega el Ord. 287, en el segundo párrafo de su numeral 9: “Luego, en cuanto al sumario administrativo instruido en su contra, es dable señalar que en dicha investigación fue sobreseído, a pesar de afectarle responsabilidad admirativa en los hechos investigados, únicamente por haberse configurado a su respecto la prescripción, establecida en los artículos 157 letra d) y 158 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

De esa forma, y reiterando que la decisión adoptada a su respecto no constituyó una medida disciplinaria, en el respectivo sumario administrativo se acreditó fehacientemente la participación del recurrente en los hechos investigados, más allá de haber operado a su respecto una causal de extinción de responsabilidad administrativa. Así, el sobreseimiento mal puede asimilarse a inocencia o a no tener participación en aquello que fuera objeto de la indagación sumarial”.

10:“Por último, en lo que atañe al planteamiento en orden a que en el proceso penal que se realizó por idénticos sucesos a los que motivaron su desvinculación, habría sido sobreseído definitivamente, cumple con destacar que tal situación no es un impedimento para que el Presidente de la República haga uso de la atribución prevista en el señalado artículo 90, letra b) toda vez que, como ya se indicó, dichos ceses son independientes de la eventual responsabilidad penal que pudiere afectarle. Así también lo ha resuelto la jurisprudencia administrativa a través del Dictamen N° 98012 de 2015, de la Contraloría General de la República”.

11. “En consecuencia, es posible informar que no existe posibilidad de acceder a la solicitud del recurrente, por las razones expresadas precedentemente y que se refieren a la causal de su alejamiento de la institución, los efectos de la misma y los hechos que la fundamentan, toda vez que el retiro temporal se ajustó a derecho”. Saluda Atte. nombre reservado. Director General Policía de Investigaciones de Chile”.

g) Finalmente, sobre la base de los antecedentes informados en ORD 287 del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, por Oficio Ordinario N° 25444, nombre reservado, Jefe División de Investigaciones, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, da respuesta a la Comunicación escrita de 1 de junio de 2018 de don Daniel Alonso Gallardo Aliaga, en los términos siguientes:

“Santiago, 30 agosto 2018. De: Jefe División de Investigaciones de la Subsecretaría de Interior al señor nombre reservado, domicilio reservado.

Mediante comunicación escrita de 1 de junio de 2018, dirigida al Ministro del Interior y nombre reservado, don Daniel Alonso Gallardo Aliaga solicitó su reincorporación a la Policía de Investigaciones de Chile, por los motivos que indica. A mayor abundamiento, en la página N°1 de la aludida presentación, se expresa derechamente que, “vengo en solicitar respetuosamente que por su intermedio se me reincorpore a la Policía de Investigaciones de Chile, dejándose sin efecto el Decreto N° 122 de fecha 45 de noviembre de 2015, del señor Ministro del Interior y de nombre reservado nombre reservado de la época, en que se ordena mi retiro temporal de la Policía de Investigaciones de Chile”. En efecto, cabe hacer presente que, mediante el Decreto Supremo N° 1422 de 4 de noviembre de 2015 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso el Retiro Temporal de la Policía de Investigaciones de Chile del señor nombre reservado, “inspector grado 11”, acto administrativo que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, con fecha 16 de marzo de 2016. Acto seguido, a través del Decreto Supremo N° 1102, de 25 de julio de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se modificó el Decreto Supremo N° 1422 en comento, sólo y en el único sentido de considerar al señor nombre reservado como “Subcomisario Grado 9”, acto administrativo que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, con fecha 16 de marzo de 2016.

Dicho lo anterior, cabe destacar que la desvinculación de la institución policial del señor nombre reservado no se debió a una sanción disciplinaria, sino que se trata del ejercicio de una facultad reconocida por la ley al Presidente de la República, siendo tal decisión independiente de lo resuelto por los Tribunales de Justicia y de la eventual responsabilidad administrativa determinada en sumarios administrativos.

Así, el alejamiento del señor nombre reservado se dispuso por aplicación del artículo 90 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, “Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”. Dicha causal constituye una facultad del Presidente de la República que lo habilita para resolver el cese de funciones de los oficiales de la entidad policial, previa ponderación de los antecedentes respectivos, lo que como ya se dijo, no implica una medida disciplinaria, sino que se trata de una acción de resguardo del prestigio y la doctrina institucional de empleados involucrados en hechos inconvenientes, siendo la determinación adoptada independiente de la eventual responsabilidad penal o administrativa que pudiere afectar al ex funcionario.

Por ello, en primer lugar, cabe consignar que los decretos a través de los cuales el Presidente de la República ejercita la aludida potestad, deben ser motivados, señalándose en éstos las circunstancias y el raciocinio que justifican la adopción de tal medida, exigencias que se cumplieron suficientemente en el aludido Decreto Supremo N° 1422, por medio del cual se dispuso el Retiro Temporal del señor nombre reservado, enunciándose en detalle en sus considerandos, todos y cada uno de los fundamentos que tuvo a la vista la autoridad al momento de adoptar su decisión, cursándolo la entidad de control, sin formular alcance alguno.

En segundo lugar, y atendido que la petición de reincorporación a la institución policial del señor nombre reservado implicaría dejar sin efecto el acto administrativo que dispuso su alejamiento de la institución, cabe hacer presente que, de acogerse dicha petición, debería procederse a invalidar el instrumento que ordenó su retiro temporal, potestad pública que, con arreglo a lo establecido en el inciso primero del artículo 53 de la Ley N° 19.880 sólo puede ejercerse dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto administrativo; por lo que considerando que la solicitud en estudio es de fecha 1 de junio de 2018, en la actualidad no resulta factible dejar sin efecto ese acto administrativo, en atención al transcurso efectivo del plazo de dos años, que, además, vuelve a la solicitud derechamente extemporánea.

Sin otro particular, saluda Atentamente a usted. nombre reservado, Jefe División de Investigaciones Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Este último Oficio Ordinario N° 25444, de 20 de agosto de 2018, es el acto administrativo objeto del presente recurso de protección.

Séptimo: Que la recurrente impugna el acto administrativo Oficio Ord.25.444, de 30 de agosto de 2018, suscrito por don nombre reservado, Jefe de la División de Investigaciones de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior de Seguridad Pública, que desestima su petición de 1 de junio de 2018 -reincorporación y dejar sin efecto el Decreto Supremo que dispuso su retiro temporal, N° 1422 de 4 de noviembre de 2015-.

Octavo: Que acorde al recurso, el Ordinario 25444 de 30 de agosto de 2018, sería ilegal por haber sido emitido por el Jefe de la División de Investigaciones de Ministerio del Interior, autoridad que carecería de la facultad de negar lugar a su reincorporación dejando sin efecto el Decreto Supremo 1422 y arbitrario, por cuanto la decisión sostenida en fundamentos falsos.

Sin embargo, de los antecedentes colacionados en el motivo sexto, aparece que la misma pretensión, con base en los mismos fundamentos de hecho y de derecho la hizo valer ante la Presidenta de la República por carta de 19 de octubre de 2016, y que ya por Ordinario de 24 de enero de 2017, el Jefe de División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, le comunicó que no se dejaría sin efecto el Decreto Supremo que dispuso su retiro temporal, por encontrarse ajustado a derecho.

Se constata asimismo que el contenido de las dos cartas de la recurrente, (19 de octubre de 2016 y 1 de junio de 2018) está sustentado en los mismos fundamentos, con diferencias sólo en el estado procesal de la investigación administrativa y el proceso penal penal, mismos motivos que ahora reitera la recurrente en el presente recurso de protección.

Se observa también que por Ordinarios de 24 de enero de 2017 y N° 25.444 de 30 de agosto de 2018, el Jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respondió en forma negativa a su pretensión, y por similares motivos, a saber: 1) el acto que decretó el retiro temporal se dispuso por del Presidente de la República, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 90 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 11 de noviembre de 1980; 2) el retiro temporal se decretó en resguardo del prestigio y la doctrina institucional de empleados involucrados en hechos inconvenientes”, y que la potestad del Jefe de Gobierno, no está condicionada ni sujeta a las decisiones respecto de la responsabilidad administrativa o penal del funcionario afectado.

Noveno: Que, de lo expuesto anteriormente, al tenor del libelo del recurso, los informes, lo señalado en la audiencia y la documentación acompañada, se evidencia que el acto que mediante el arbitrio en estudio se impugna, no es el Oficio Ordinario N.º 25.444, de 30 de agosto de 2018 emanado del recurrido, sino la comunicación por Ord. de 24 de enero de 2017 transcrita en la letra d) del motivo sexto, que contenía la misma respuesta negativa a su solicitud y que no fue objeto de reclamación.

En efecto, el recurrente tuvo conocimiento de la negativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a dejar sin efecto el Decreto Supremo por el que se dispuso su retiro temporal de la Policía de Investigaciones de Chile, fecha en la cual se envía el Ord de 24 de enero de 2017, ya referido.

Esa es la fecha objetiva y cierta y es a partir de ella que debe contarse el plazo de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado que regula la tramitación y fallo del Recurso de Protección, de manera tal que, habiéndose interpuesto la acción con fecha 28 de septiembre de 2018, se encontraba con creces vencido el plazo para ejercer dicho arbitrio.

Décimo: Que la alegación efectuada por la recurrente, en orden a que el 1 de junio de 2018 presentó su petición de reincorporación y, que, el acto en contra del cual se recurre fue dictado con fecha 30 de agosto de 2018, notificado el día 3 de septiembre de 2018, no permite variar lo ya concluido por esta Corte, por estimarse que el acto verdaderamente impugnado es el Ord. Que dirigiera el Jefe de la División Investigaciones del Ministerio de Interior y Seguridad Pública al señor nombre reservado, de 24 de enero de 2017, mediante la cual, de manera cierta se rechazó su presentación a la Presidenta de la República con el objeto de que dejase sin efecto el Decreto Supremo que dispuso su retiro temporal de la Policía de Investigaciones de Chile; sin que las futuras presentaciones efectuadas a la autoridad constituyan fundamento para prolongar el plazo de interposición de la acción de protección. Estimar o interpretar de otra manera la situación planteada implicaría dejar entregado a los recurrentes la determinación del plazo en cuestión, lo que, no resulta apropiado precisamente por su carácter objetivo, que permite la certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes.

Estimando de acuerdo a lo ya señalado que, ciertamente la acción de protección se ha interpuesto de manera extemporánea, se procederá a su rechazo por ese motivo; acogiéndose por esta Corte la petición principal de las recurridas; sin perjuicio que se emitirá igualmente pronunciamiento sobre el fondo del recurso, como a continuación se dirá.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo previamente razonado, analizados los antecedentes, no es dable concluir que la recurrida haya sufrido una privación o perturbación al legítimo ejercicio de ninguna de las garantías que alega como vulneradas del artículo 19 de la Carta Fundamental, por un acto u omisión ilegal o arbitrario del Jefe de la División de Investigaciones de la Subsecretaría del Interior recurrida, desde que, del tenor del artículo 25 del D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, no se observa un mandato a la autoridad para otorgar la reincorporación alegada. En efecto, la norma dispone lo siguiente: “Artículo 25°.- El personal en retiro temporal sólo podrá ser, excepcionalmente, reincorporado al mismo empleo o plaza por la autoridad llamada a efectuar el nombramiento y siempre que el postulante reúna los siguientes requisitos (…)”.

Undécimo: Que, del tenor de la norma citada, se advierte que el cumplimiento de los requisitos objetivos enumerados en el artículo 25 del D.F.L. N° 1, de 1980, sólo permiten al funcionario en situación de retiro temporal postular para ser reincorporado a la institución, sin que la verificación de tales presupuestos impliquen necesariamente que la autoridad llamada a resolver se encuentre impelida a conceder tal aspiración, puesto que dicha disposición legal contiene una atribución o potestad discrecional para la autoridad, que reconoce como único límite la motivación del acto y su justificación racional.

Duodécimo: Que, en este contexto, se debe analizar si la facultad que consagra la norma tantas veces citada ha sido utilizada por el Ministerio recurrido de manera caprichosa, con falta de razonabilidad, de manera ilegítima o, finalmente, de forma arbitraria.

Décimotercero: Que, en tal sentido, el análisis de los antecedentes proporcionados por las partes y lo referido al momento de efectuarse las alegaciones en estrados, no permiten a estos sentenciadores adquirir convicción alguna en cuanto a la existencia de la ilegalidad o arbitrariedad que se denuncian, desde que el acto administrativo del Ministerio del Interior, consistente en denegar la reincorporación solicitada por el recurrente, -comunicado al actor a través de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública- aparece revestido de fundamento plausible, razonado y por lo tanto, exento de arbitrariedad, por lo que se descarta un posible actuar caprichoso o injusto de parte del Ministerio citado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido a favor de don nombre reservado en contra del Jefe de la División de Investigaciones de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, nombre reservado.

Se previene que la Ministra Lusic concurre al rechazo del recurso exclusivamente por los motivos indicados en los fundamentos primero a décimo, esto es, por ser extemporáneo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó Ministra (S) María Luisa Carlota Riesco Larraín.

Protección Nº 70713- 2018.