nombre reservado con FUNDACION CADES

nombre reservado, nueve de marzo de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, ha recurrido de protección contra nombre reservado, Director de la Fundación CADES y contra de nombre reservado nombre reservado, coordinador académico de la misma fundación, todos domiciliados en domicilio reservado por haberla expulsado de dicha fundación, lugar donde cursaba los estudios de Cuidado de Enfermos pidiendo se adopten medidas en su resguardo por verse afectados derechos que la Constitución Política le garantiza;

SEGUNDO: Que fundamentando la acción cautelar intentada, la recurrente señala lo siguiente: a) que con fecha 20 de octubre del año recién pasado, en circunstancia que cursaba sus estudios en la fundación ya referida, fue agredida en forma verbal y física por su hermana Gladyz nombre reservado; b) que, derivado de dicho episodio, el coordinador de la carrera don nombre reservado la citó a su oficina, lugar en que se encontraba presente don nombre reservado y se le expresó en forma agresiva: “Ud no entra más a este Instituto”¸ agregándole diversos calificativos;

TERCERO: Que, de esta manera, al parecer de la recurrente, el proceder de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que “priva, perturba o amenaza” garantías que la constitución reconoce a todas las personas, en particular, los numerandos 1° Y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República CUARTO: Que, informando los recurridos a fojas 28 de autos, indican que los hechos narrados por la recurrente no son efectivos. Sobre el particular señalan que, efectivamente, el día 17 de octubre de 2014 se suscitó una pelea entre las hermanas nombre reservado la cual incluyó agresiones físicas como verbales. En razón de ello, y atendido el extenso listado de de problemas originados por la recurrente, la coordinación del Instituto tomó la decisión de desvincular nombre reservado, por ser una persona sumamente agresiva, hecho que se acredita con el listado de fojas 16 y 17 en que un número importante de sus compañeras certifican que la recurrente es una persona conflictiva. Cabe destacar que en referido listado, en el N°9 figura doña nombre reservado, hermana de la recurrente.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, a juicio de esta Corte, para resolver el asunto sometido a su conocimiento y decisión, se debe determinar, en primer término, la procedencia del recurso de protección interpuesto, para luego, si fuera del caso, analizar el acto denunciado como ilegal o arbitrario y determinar si éste afecta las garantías constitucionales de la recurrente.

SEXTO: Que, en relación a la procedencia de la acción intentada se debe considerar lo siguiente:

El recurso de protección –como es unánimemente aceptado- requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos. Entre ellos, -la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; -que dicho acto viole, perturbe, conculque o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y, finalmente, -que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado. Tan solo en este último caso se le puede reconocer al que acciona de protección, legitimidad activa.

SEPTIMO: Que, analizando los referidos requisitos en un orden inverso al recién señalado, esto es, estudiando en primer lugar la legitimación activa, cabe tener presente que el derecho comparado la ha definido señalando: “el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quién ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta” (Tribunal Constitucional de España, STC52/2007).

Que, por su parte La Excma. Corte Suprema de Chile ha sostenido sobre el particular: “la voz interés utilizada en esa disposición, (se está refiriendo al artículo 292 del Código del Trabajo), porque si bien la norma otorga legitimación activa a cualquier interesado, no por eso cualquier persona puede accionar en esta materia, ya que se precisa de interés y el interés procesal es el móvil del actor y debe ser actual, no basta con que sea futuro o eventual; directo, o sea, particular de quien lo ejerce y legítimo, es decir, lícito”. El mismo fallo agrega que la acción de autos no es popular.... (24 de marzo de 2009, rol 196-09).

De la misma manera, el máximo tribunal ha resuelto: “Aun cuando se puede recurrir de protección por sí o por otro a su nombre, es requisito básico para que la acción sea acogida que quien, o para quien se pide protección, sea un sujeto específico "afectado" en el ejercicio legítimo de su derecho, que es el legitimado para accionar, aunque otro deduzca la acción por él, por cuanto no se trata de una acción popular, desde que el imperio del derecho que hay que restituir es el que ha sido alterado por el menoscabo que sufre en su derecho el afectado con el agravio, mediante un interés personal, concreto y actualmente comprometido. (19 de marzo de 1997, rol 4658-96)

OCTAVO: Que, planteado lo anterior resulta útil para el análisis que se viene desarrollando, establecer ciertos antecedentes fácticos que rodean el presente recurso de protección:

En primer lugar, es dable tener presente que el conflicto que desencadena la decisión de desvincular a la recurrente del Instituto en que estudiaba, se originó en un conflicto entre ella y su hermana, situación grave de por sí y más grave aún si se considera el vínculo familiar que las une. Planteado aquello esta Corte no puede dejar de considerar el documento antes referido, es decir, aquel en que sus compañeras de estudio, indican a la recurrente como una persona conflictiva y violenta.

NOVENO: Que, el recurso de protección como acción constitucional supone, como requisito de la esencia, que quién hace uso de él, se encuentra ejerciendo legítimamente un derecho de rango constitucional, situación que en la especie no se vislumbra.

DECIMO: Que, en tales circunstancias, la acción cautelar interpuesta por doña nombre reservado deberá desecharse por cuanto ésta no ejercía su derecho en forma legítima por una parte, y por la otra, no se aprecia en el caso concreto de autos la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la recurrida, pues ésta, actuó en forma proporcional a los hechos generados por la misma recurrente y así, precaviendo situaciones futuras graves.

Por lo expuesto, resulta que, sin perjuicio que la recurrente no ha aportado antecedentes que formen convicción suficiente para estimar que en el presente caso, exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas y de acuerdo también a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, Se rechaza, con costas, el recurso deducido en lo principal de fojas 1.

Redacción del Abogado Integrante señor Cruchaga.

Regístrese y archívese.

Nº70.630-2014 Dictado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de nombre reservado, integrada por la Ministro señora Pilar Aguayo Pino, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y por el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.