CASA DE REPOSO EIRL con nombre reservado MONTECINO, FISCALIZADOR DE LA INSPECCION DEL TRABAJO SANTIAGO SUR ORIENTE

24 Foja: 23 Veintitrés Santiago, nueve de enero de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1 comparece don nombre reservado, en favor de nombre reservado Casa de Reposo E.I.R.L., e interpone acción de protección en contra de doña nombre reservado, fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente, por considerar que ha vulnerado los derechos garantizados en los numerales 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por haber dispuesto la reincorporación de la trabajadora doña nombre reservado y dejar sin efecto el despido de ésta.

A fojas 12 informa la recurrida alegando la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición.

Encontrándose la causa en estado, se han traído los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Expresa la recurrente que con fecha 18 de junio de 2013 la fiscalizadora recurrida levantó un acta de fiscalización por separación ilegal de trabajador con fuero y ordenó la reincorporación de una trabajadora que había sido despedida con fecha 30 de mayo de 2013 por incurrir en la causal de caducidad del contrato de trabajo establecida en el artículo 160 N°1, letra d) y, además, en la causal del artículo 160 N°7, ambos del Código del Trabajo.

Indica que en la misma acta se establece como fecha de término de la relación laboral el día 30 mayo 2013 y como fundamento de la reincorporación que ésta había sido elegida en la directiva sindical en la sesión del 6 junio de del mismo año, esto es, cuando ya había sido despedida de la empresa recurrente, por lo que ese requerimiento es ilegal y arbitrario ya que a la fecha en que se ordena la reincorporación, la trabajadora no estaba amparada por fuero sindical.

Agrega que no podía ser elegida como directora sindical por cuanto a la fecha de la elección y renovación de la misma directiva, esta no era trabajadora de la empresa, y por lo tanto, no estaba amparada por el fuero que señala el artículo 224 y 243 del Código del Trabajo.

Sostiene que estos actos ilegales y arbitrarios han generado una vulneración a su derecho de propiedad por cuanto afectan gravemente las facultades de administración de la recurrente y su patrimonio, al obligarla a pagar remuneraciones a una persona que no tiene vínculo laboral con ella y por un período en que no cumplió funciones, además de obligarla a reincorporar a funciones que ya habían sido asignadas a otro empleado.

Indica que vulnera, además, normas del debido proceso por cuanto la reincorporación sólo pudo disponerla un juez laboral y luego de haber tramitado un juicio en que se invocara un fuero laboral. En este caso el fuero era inexistente puesto que se la despidió el día 31 mayo y, de existir el eventual fuero éste regía desde el 6 junio 2013 y no antes.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y se declare que todo lo obrado por la recurrida es ilegal y arbitrario dejándose sin efecto la reincorporación se doña nombre reservado y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la debida protección de la recurrente, con costas.

2°) Informa la recurrida expresando que el acta de fiscalización por separación ilegal de trabajador con fuero laboral, fue dictada en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley al Servicio, las que de no ser cumplidas, harían incurrir al funcionario en una falta en el ejercicio sus deberes.

Sostiene que el acto recurrido no puede ser considerado ilegal, pues está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas por el artículo 505 del Código del Trabajo, que le permite y obliga a fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Asimismo, tampoco puede ser calificado de arbitrario, pues según consta de su texto, la recurrente consintió en la fiscalización, e incluso se allanó a lo solicitado por la fiscalizadora, no se le aplicó sanción alguna, sólo se hace presente una actuación de un funcionario público ante una denuncia efectuada por la propia trabajadora.

Agrega que lo que se pretende en definitiva con el recurso es sólo impugnar un acto legalmente pronunciado, que ni siquiera es desfavorable a sus intereses ya que no culmina con una sanción administrativa, de lo que se colige que el recurso carece de objeto y causa, por lo que debe ser desechado, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario en el proceder de la recurrida.

En subsidio y en relación con los hechos que dan motivo al recurso, indica que efectivamente, con fecha 18 de junio de 2013, en virtud de la denuncia de una trabajadora efectuada el día 06 del mismo mes, se constituyó en dependencias de la recurrente, contactándose con doña nombre reservado, quien reconoció el despido de la trabajadora el día 30 de junio por la causal del artículo 160 del Código del Trabajo, se le indicó que dicha trabajadora tiene fuero laboral, por haber sido elegida presidenta del sindicato, por lo que se le instó a cesar el acto ilegal, allanándose a lo solicitado, sin que se le cursara sanción administrativa.

En cuanto a los derechos que se dicen vulnerados, sostiene que no puede haber infringido el inciso 5° del N°3 del artículo 19 de la Constitución, ya que dicho acto corresponde a un proceso regulado por la ley que le confiere la facultad de fiscalizar. Por otra parte, no ha podido verse afectado su derecho de propiedad desde que no se le aplicó multa administrativa, 3°) Que el recurso de protección es, en cuanto a su naturaleza, una acción eminentemente cautelar, cuyo objeto es amparar las garantías y/o derechos especificados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo mismo, permite adoptar todas aquellas medidas de resguardo que sean necesarias o urgentes para evitar o impedir que un acto u omisión de carácter arbitrario y/o ilegal, amague o atente contra el ejercicio de tales derechos o garantías.

4°) Que de los antecedentes aportados en especial del acta de fiscalización, de fojas 11, firmada por la recurrente, aparece que los hechos que motivaron el acto impugnado, han sido reconocidos por la recurrente, esto es que procedió al despido de una trabajadora que gozaba de fuero laboral (sindical) sin autorización judicial, alegando únicamente, desconocimiento del hecho que había sido elegida presidenta del sindicato, por lo que explicada la situación por la fiscalizadora, se allanó a la reincorporación de la funcionaria, razón por la cual no se le cursó multa alguna.

5°) Que frente a la infracción reconocida por la recurrente, el actuar de la fiscalizadora se ajustó a las facultades conferidas en el artículo 503 del Código del Trabajo en cuanto a que no sólo le corresponde la fiscalización sino la aplicación de multas una vez constatada por el ministro de fe una infracción laboral como la reconocida por la recurrente.

6°) Que de lo que se viene diciendo, sólo cabe concluir que el actuar de la recurrida, se ajusta a la normativa legal vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad alguna, ni tampoco puede ser considerado arbitrario su actuar desde que ha informado debidamente respecto del motivo de la infracción detectada, la que no corresponde a un mero capricho de su parte, sino como ya se dijo, al estricto apego a la ley vigente.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara:

Que se rechaza el recurso deducido a fojas 2 por nombre reservado, en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 70573-2013 Redacción de la Ministro (S) Dora Mondaca Rosales.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por las ministros (S) señoras Ana Cienfuegos Barros y Dora Mondaca Rosales.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, nueve de enero de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.