nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen nombre reservado y José Pablo Camiruaga Zamorano, abogados, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponen recurso de protección a favor de nombre reservado, empleado, con domicilio en domicilio reservado, en contra de nombre reservado, enfermera, con domicilio domicilio reservado de esta misma ciudad.

Señala que en septiembre de 2019 suscribió con doña nombre reservado un contrato de arrendamiento respecto de la propiedad ubicada en Cuadro Verde 160, edificio 1, depto. 85, comuna de Estación Central de la ciudad de Santiago, contrato a plazo fijo, con una renta mensual de $370.000.- por el departamento 85, más $43.000.- por arriendo del estacionamiento 63 más gastos comunes. Durante los primeros meses de ejecución del contrato no hubo problemas. Sin embargo, en marzo de 2020 producto de la pandemia que azota al mundo entero por la propagación del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, y que trajo como consecuencia el confinamiento de toda la población, el cierre de las empresas y servicios públicos, que dejó un sinnúmero de desempleados, lo que afectó también al recurrente que vio mermar sus ingresos, lo que hizo difícil cumplir con el pago de la renta de arrendamiento pactada con la recurrida.

Expresa que el no pago de las rentas de arrendamiento generó en la recurrida una ofuscación de magnitud, que se tradujo en amenazas y hostigamientos hasta que, el 29 de abril de 2020, cuando regresó a su domicilio, ya individualizado, y una vez en su interior, observa que hacen ingreso violento 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Agrega que uno de los hombres portaba un arma de fuego con la que lo amenazó a él y su familia, obligándolos a abandonar la propiedad, quedando en su interior bienes muebles y pertenencias personales de su grupo familiar, en definitiva, se les lanzó del bien raíz, sin mediar resolución judicial alguna que le haya sido notificada legamente, lo que constituye un acto de autotutela, proscrito en nuestro ordenamiento jurídico.

Reclama vulnerado el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, como asimismo el derecho de propiedad, derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República de Chile en su artículo 19 N° 3 y 24, respectivamente.

Solicita se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el desalojo y lanzamiento del inmueble de que fue objeto el recurrente, ordenando se autorice el ingreso del recurrente al mismo para uso y goce hasta que éste sea cesado por alguna causa legal, o bien, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para el debido restablecimiento del imperio del derecho; con costas.

Segundo: Que, evacua informe por la recurrida, la abogado Vania Riciulli Orloff, solicitando el rechazo del recurso de protección dirigido en contra de su representada nombre reservado por las razones que pasa a exponer.

En primer lugar, señala que la presente acción se sustenta en hechos falsos, algunos de los cuales revisten caracteres de delito, por lo que su representada hace expresa reserva de acciones legales para accionar en sede civil y penal contra el recurrente y obtener la justa reparación.

Expresa que el recurrente ocupó el inmueble de su representada desde septiembre de 2018 hasta el 29 de abril de 2020. Desde el primer mes de ocupación no pagó los gastos comunes y comenzó a acumular una deuda que a la fecha de su retiro ascendía a $580.133, por la cual la administración del edificio le suspendió el suministro de electricidad, y él mismo la repuso mediante el uso de la fuerza, violando la chapa y puerta del shaft eléctrico del edificio, en más de una oportunidad, daños que la administración cobró a la recurrida nombre reservado. En otra ocasión, el recurrente fue hasta el lugar de trabajo de la recurrida para amenazarla de muerte, de lo que dejó constancia en Carabineros.

El día 29 de abril de 2020, no hubo violencia, armas de fuego, golpes, lesiones, daño en los bienes del recurrente ni apropiación de los mismos. Ese día, en presencia de Carabineros y con la atención de personal del edificio, el recurrente se retiró del inmueble llevándose consigo todas sus pertenencias, de lo cual quedó constancia en el Libro de Novedades del condominio, específicamente, todas las que individualiza en el libelo del recurso, lo que permitió a la propietaria arrendar el inmueble de inmediato a una persona que trasladó sus propios muebles.

Por ello, esta acción adolece de falta de oportunidad porque el objeto perseguido ya se encuentra cumplido y el recurrente utiliza este recurso para formular imputaciones falsas que le puedan servir de fundamento para un juicio de otra naturaleza, que es donde debe discutirse el fondo.

Asimismo, señala no es efectivo que la capacidad económica del recurrente se hubiere mermado en marzo de 2020 producto de la crisis sanitaria mundial, pues de la documentación adjunta, consta que el recurrente no pagaba los gastos comunes desde septiembre de 2019 realizando abonos por apenas $145.000 entre enero y febrero de 2020, y que, a noviembre de 2020, la deuda por gastos comunes ascendía a la suma de más de $580.000.- como ya se dijo.

Alega la improcedencia del recurso de protección, haciendo presente que la acción constitucional está destinada a restablecer el imperio del derecho a través de medidas urgentes, lo cual exige necesariamente la existencia de un derecho indubitado, además que debe tratarse de una situación de hecho que importe una abierta conculcación o un peligro inminente de ello, respecto de determinadas garantías constitucionales, por causa de actos positivos o de conductas de tal manera omisivas, que importen no una mera infracción de ley susceptible de corregirse por los medios ordinarios y propios de la sede en que ocurran, sino un quebrantamiento importante de la legalidad, siendo incompatible con un pronunciamiento de carácter declarativo, excediéndose, en el caso, las materias que deben ser conocidas a través de esta acción constitucional, atendida su naturaleza cautelar.

Arguye que no existió ninguna acción u omisión ilegal, pues el aludido irrespeto al supuesto contrato de arrendamiento no es tal y solo existió una situación de hecho, en la que el recurrente hizo abandono del inmueble con todas las especies de su propiedad y, de haber existido un contrato de arrendamiento, debió haberse acompañado algún antecedente en este sentido, lo que reafirma que no hay derecho alguno vulnerado que amerite ser resguardado y cualquier interpretación distinta, deberá ser ventilada en un juicio de lato conocimiento y no en sede de recurso de protección; que, además, no existió ningún lanzamiento o desalojo, negando entonces la autotutela o justicia por mano propia.

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Sexto: Que, ahora bien, y teniendo en consideración lo señalado en el motivo primero de esta sentencia, el acto que se estima ilegal y arbitrario por el recurrente, consiste, en síntesis, en haber sido desalojado, mediante vías de hecho, del inmueble que arrendaba, y que singulariza, por parte de su arrendadora (la recurrida nombre reservado), quedando incluso cosas suyas dentro de esa propiedad, habiendo intervenido en ese acto personal de Carabineros de Chile.

Por su parte, la citada recurrida afirma, en resumen, que no existe contrato alguno con el recurrente; que el actor hizo abandono de la propiedad con todos sus enseres y que en ese acto estuvo presente Carabineros; que no existió ningún lanzamiento o desalojo y que no quedaron pertenencias del recurrente al interior del inmueble.

Séptimo: Que, del mérito de los autos no se desprende ningún antecedente que permita discurrir sobre la base de la presunta existencia del contrato de arrendamiento señalado en el recurso, razón por la cual debe desde luego asentarse que no cabe hablar aquí de una actividad de facto ejecutada por un supuesto arrendador en contra de su supuesto arrendatario.

Y tampoco obra algún antecedente que, directa o indirectamente, autorice a determinar ese supuesto desalojo o lanzamiento que se dice acaecido.

Lo que sí puede darse por establecido, a partir de lo señalado en el recurso y lo informado por la recurrida nombre reservado, es que el día 29 de abril de 2020, en circunstancias no precisadas, el actor nombre reservado hizo abandono del inmueble con todas sus pertenencias.

Octavo: Que, acorde con lo anterior, no cabe otorgar protección alguna en lo concerniente al supuesto acto de lanzamiento de que dice haber sido objeto el actor, en la medida que, según ya se indicó, tal hecho no se encuentra acreditado, como tampoco el arrendamiento a que se alude en el recurso de que se trata, pues al no existir un derecho indubitado a su respecto, procede este sea resuelto en un juicio de lato conocimiento, donde las partes hagan valer sus derechos.

Noveno: Que, así las cosas, no habiéndose configurado en la especie un actuar ilegal y/o arbitrario de parte de la recurrida ni tampoco la vulneración de los derechos fundamentales denunciada, necesariamente deberá rechazarse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que: SE RECHAZA el recurso de protección deducido en estos autos a favor de nombre reservado en contra de nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

N°Protección-70523-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado por encontrarse ausente.