nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Alex Miguel Barcaza Torres, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, empleado, del mismo domicilio, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por su gerente general nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que durante 2015 su representado recibió en mutuo de la recurrida la suma de $5.029.418, que serían pagados en 48 cuotas de $157.887, descontadas por planilla de la remuneración que recibía de su empleador. Indica que transcurridos unos meses el recurrente fue desvinculado de su trabajo y cayó en mora en el pago del mutuo a partir de la cuota con vencimiento 30 de julio de 2017 y que en diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron fue la de repactar la deuda.

Expone que la recurrida declinó de hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, e interpuso demanda ejecutiva en abril de 2018, notificada el 25 de agosto del presente año, todo esto en causa rol C-12117-2018, seguida ante el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago. No obstante lo anterior, y para su total sorpresa, relata que en la liquidación de sueldo del mes de agosto figura un descuento de $227.601 efectuado por Caja Los Andes, es decir, a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, la recurrida, incurriendo en una completa arbitrariedad, procede a efectuar un descuento superior al 50% de su remuneración líquida.

Señala que este acto constituye una vulneración explicita a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 20 (sic) de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, agregando que su representado a consecuencia del acto ilegal y arbitrario que sufrió la privación y perturbación de su derecho de propiedad sobre $388.709 de su remuneración, y que motiva la acción de autos.

Segundo: Que al evacuar el informe requerido la recurrida solicitó el rechazo del recurso.

Explica en cuanto a los créditos sociales otorgados al recurrente que el 5 de noviembre de 2014 su representada otorgó al señor nombre reservado el crédito código 02203177758 por la suma de $2.334.017, pagadero en 48 meses, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de diciembre de 2014, agregando que el entonces empleador del recurrente, la empresa Servicios de Personal Regional Ltda., durante el periodo 10 de enero de 2015 al 10 de septiembre de 2017, retuvo y pagó las cuotas de los meses de diciembre de 2014 a junio de 2017, Nº 1 a Nº 31, y en forma posterior, su actual empleador, la empresa Rentas Equipos Besalco Ltda., con fechas 10 de febrero y 10 de septiembre de 2018, pagó las cuotas de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, Nº 32 a Nº 34. Sostiene que la deuda, al 5 de octubre de 2018, asciende a $1.319.216, detallando que se encuentra en mora desde la cuota Nº 35 con vencimiento el 31 de octubre de 2017 hasta la cuota Nº 46 con vencimiento el 30 de septiembre de 2018, precisando que la cuota Nº 47, con vencimiento el 31 de octubre de 2018 se encuentra en cobranza y la cuota Nº 48 con vencimiento el 30 de noviembre de 2018, está por cobrar.

Expone luego que el 27 de abril de 2015 otorgó al recurrente el crédito código 02203268982, por la suma de $5.029.418, pagadero en 48 meses, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de mayo de 2015, agregando que el entonces empleador, la empresa Servicios de Personal Regional Ltda., durante el período del 10 de junio de 2015 al 10 de septiembre de 2017, pagó las cuotas de los meses de mayo de 2015 a junio de 2017, Nº 1 a Nº 26, y posteriormente, la empresa Rentas Equipos Besalco Ltda, con fechas 10 de febrero y 10 de septiembre de 2018, pagó las cuotas de los meses de julio y agosto de 2017, Nº 27 y Nº 28, más un abono en la cuota del mes de septiembre de 2017, Nº 29.

Indica que la deuda al 5 de octubre de 2018 asciende a $3.183.353, detallando que se encuentra en mora desde la cuota Nº 29 con vencimiento el 30 de septiembre de 2017 hasta la cuota Nº 42 con vencimiento el 31 de octubre de 2018 y aparece con vencimiento en la misma fecha un saldo de capital insoluto por $875.184.

Expresa que ante la falta de pago de las cuotas de este último crédito social (N°02203268982) en abril de 2018 la Caja dedujo acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza dicho mutuo, que se sigue ante el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago.

Refiere seguidamente que el hecho que la Caja haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza uno de los mutuos otorgados al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, agregando que, por consiguiente, el actuar de la recurrida no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Indica luego el informante que la Caja de Compensación, al igual que las instituciones financieras, en ningún caso puede repactar o modificar unilateralmente las condiciones del crédito otorgado, actuar que, por lo demás, contravendría el principio de intangibilidad de los contratos establecido en el artículo 1545 del Código Civil, agregando que en este sentido, y a mayor abundamiento, la Ley del Consumidor en su artículo 16 niega valor a aquellas cláusulas que otorguen a una de las partes la facultad de efectuar a su arbitrio tales modificaciones.

Explica que las cuotas pactadas en los créditos sociales en estudio, ascendentes a $84.188 y $157.887, respectivamente, se encuentran acorde a la situación económica-financiera del Sr. nombre reservado al momento de su otorgamiento, lo cual fue debidamente acreditado, en su oportunidad, a través de la documentación presentada en la etapa de evaluación, agregando que actualmente se encuentran en proceso de recopilación de los antecedentes de los respectivos expedientes crediticios, a fin de acompañarlos en autos.

Indica que el hecho que la remuneración del deudor del crédito social haya mutado a la baja, no faculta a las Cajas de Compensación a reducir unilateralmente el monto de las cuotas, toda vez que ello importaría la modificación de las condiciones del mutuo, en el sentido de extender su vigencia más allá de lo pactado, con los costos que ello supone para el afiliado, agregando que en este sentido, lo que corresponde es adecuar las condiciones del crédito a la nueva situación del deudor, a través una reprogramación o renegociación celebrada de común acuerdo.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados al recurso, los que se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica conforme lo autoriza el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de la acción de protección, es posible afirmar que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes celebró con el recurrente el 27 de abril de 2015 un contrato de mutuo en virtud del cual este último recibió la suma de $5.029.418, que se obligó a pagar en cuarenta y ocho cuotas mensuales de $157.887 a contar del 31 de mayo de 2015. Asimismo, puede sostenerse también que en la liquidación de remuneración del recurrente correspondiente al mes de agosto de 2018, sobre la base de un total de 5 días trabajados, se le hizo un descuento de $157.887 bajo el rubro “Préstamo CCAF”.

Ahora bien, conforme consta del proceso Rol N° 12.117-2018 seguido ante el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes demandó ejecutivamente al recurrido nombre reservado cobrándole el total insoluto del pagaré con que se documentó el mutuo aludido en el párrafo anterior, en virtud de la cláusula de aceleración contenida en el documento, señalando como fecha de la mora el 30 de julio de 2017.

Quinto: Que en este escenario fáctico cabe señalar como primera cuestión fundamental que el descuento en exceso del 50% de la remuneración del recurrente ha tenido como única razón de ser el hecho de haberse pagado ésta, como se dijo, por el equivalente a solo cinco días trabajados del mes de agosto del año en curso, de modo tal que efectuando el cálculo matemático pertinente por lo que corresponde a la remuneración mensual, es claro que el monto a descontar no excede de los porcentajes que fijan el límite máximo en la normativa que regula la materia. Lo anterior permite descartar arbitrariedad o ilegalidad al menos en lo que a este punto se refiere.

No obstante lo anterior, es igualmente claro que en la remuneración de agosto de 2018 -y es presumible que suceda lo mismo con las de los meses venideros- se efectuó un descuento para el pago de las cuotas insolutas del pagaré que, como se expuso, documentó el mutuo de 27 de abril de 2015, en circunstancias que en la causa del Décimo Sexto Juzgado Civil de esta ciudad se cobra ejecutivamente desde la cuota devengada en julio de 2017. En otros términos, se ha descontado de la remuneración del trabajador una cantidad de dinero que también se le cobra ejecutivamente en sede jurisdiccional.

Sexto: Que la recurrida ha pretendido justificar la situación anterior invocando el artículo 22 de la Ley N° 18.833, conforme al cual, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Pues bien, sin perjuicio de que al tenor del precepto resulta indiscutible que la Caja acreedora pueda pagarse de su acreencia a través del descuento que el empleador del trabajador deudor efectúe en la remuneración de éste, lo cierto es que en el evento que se haya optado por la vía judicial para el cobro de todo el monto del crédito evidentemente el descuento no pude seguir teniendo lugar, comoquiera que podría materializarse un doble pago que no encuentra sustento jurídico alguno.

En este contexto, el descuento por el crédito código 02203268982 carece de justificación y no cabe por tanto calificarlo sino de arbitrario, generando con ello como consecuencia una afectación al derecho de propiedad que la Carta Fundamental le reconoce y ampara al recurrente en el N° 24 del artículo 19.

Consiguientemente, el recurso de protección deberá ser acogido para los efectos de hacer cesar los descuentos antes indicados, sin perjuicio del derecho del recurrente, en tanto ejecutado en la causa del Décimo Sexto Juzgado Civil, de obtener la rebaja del monto debido las sumas ya descontadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1 por el abogado Alex Miguel Barcaza Torres en representación de nombre reservado, y a fin de restablecer el imperio del derecho se ordena a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes informar a Renta Equipos Besalco Ltda. que debe cesar en el descuento de $157.887 por concepto de Préstamo CCAF de la remuneración de nombre reservado.

Comuníquese lo resuelto por la vía más rápida.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 70.389-2018.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada, además, por los ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señor Juan Antonio Poblete Méndez. No firma el ministro señor Poblete, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.