nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, tres de enero de dos mil veinte.

Al folio N° 1125: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

1°) Interpone acción constitucional de protección doña Macarena García Dinamarca, abogada, en representación convencional de doña nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social representado por su Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que a través de una acción arbitraria e ilegal ha perturbado el ejercicio de diversos derechos fundamentales de su representada.

Señala que la privación, perturbación y amenaza consistió en la dictación de resolución exenta RA N° 954/807/2019, de fecha 11 de julio de 2019, notificada por carta certificada a su representada el día 19 de julio de 2019, en el cual se decreta el término anticipado de la contrata para el periodo 2019 de los servicios que prestaba su representada a la recurrida durante 4 años y 10 meses a la fecha.

Sostiene que se desempeñaba en la División de Informática del Instituto de Previsión Social, particularmente como Jefa de los Sub departamentos de Desarrollo y Mantención de Sistemas, a razón de su título de Administrador Público y Analista de Sistemas, donde su jefatura directa era el Jefe de la División Informática.

Explica que su primera contrata fue desde el 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre del 2014 o hasta cuando sean necesarios sus servicios (Resolución N°546 del 04-09-2014), y que dicha contratación se renovó continua y sucesivamente para los años 2015, 2016, 2017,2018 y 2019.

En cuanto a su desempeño da cuenta que fue calificada siempre en “Lista 1” y que durante todo el periodo en que ejerció su cargo sólo fue sometido a un sumario durante el año 2018, que se tradujo en una baja de 2 puntos de su calificación anual. Explica, que el proceso calificatorio del año 2019 se encuentra en proceso, solo habiendo sido notificada de un Informe de Desempeño por el periodo comprendido desde el día 01 de enero al 30 de abril del presente.

En dicho contexto, apunta a que con fecha 11 de junio de 2019 fue citada por la Jefatura de la División de Informática y el abogado del Departamento de Personas, quienes tenían preparado un documento consistente en su renuncia voluntaria, oportunidad en que se le indicó que firmara sino perdería una serie de beneficios -como vacaciones, feriado legal y horas compensadas-, por lo cual accedió. Luego con fecha 14 de junio de 2019, presentó su desistimiento a su renuncia que a esa fecha no había sido aceptada, a lo que con fecha 20 de junio de 2019 se le informa vía correo electrónico que su solicitud de desistimiento de renuncia había sido aceptada, pero se le notificaría el término anticipado de su contrata, cuestión que se verificó el día 19 de julio mediante carta certificada.

Da cuenta, que la resolución impugnada invoca un desempeñó insuficiente en sus labores, serias debilidades en su quehacer como incumplimientos de plazos, objetivos, metras y exigencias propias del cargo, tales como un 25% de defectos en la documentación de proyectos; un 29% de retraso en proyectos gestionados y un 8% con posibilidades de incumplimiento y alto riesgo; un 37% de desviaciones presupuestarias; un 67% de los proyectos evaluados con severidad media alta; un proyecto de portal de pago inconcluso tras más de 4 años de gestión; y falta de rigurosidad en la elaboración del anteproyecto presupuestario 2020. Complementa la resolución que la información contenida se ve corroborada por el Informe de Desempeño de la recurrente por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril del año 2019, donde consta una baja en sus calificaciones en todos aquellos factores que motivan la decisión, tales como cantidad, calidad y conocimiento del trabajo, y liderazgo, a razón de lo cual se estimó “adecuada a las necesidades para su buen funcionamiento, al mejor uso de los recursos fiscales, y a la continuidad de la función pública, disponer el término anticipado a la designación a contrata”.

Propugna que el ordenamiento jurídico contempla herramientas específicas para llevar a cabo desvinculaciones de un funcionario por desempeño deficiente o que incurra en conductas que infrinjan los deberes funcionarios, a saber investigación sumario o sumario administrativo, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para poner término anticipado a una designación a contrata, toda vez que tal fundamento no guarda relación con el motivo invocado, ergo, constituye una desviación de poder, pues el servicio que prestaba conforme a la propia resolución que se impugna es necesario, pues da cuenta que dispondrán a un tercero en la función que desempeñaba a la fecha.

Controvierte la existencia de una calificación negativa durante el periodo 2019, pues lo único que consta es un informe preliminar, ergo, no pudo realizar observación o apelación atendida la naturaleza del acto fundante.

Invoca que su representada tenía la razonable expectativa de renovación fundado en el principio de confianza legítima.

Radica la ilegalidad en que el acto pugna con la normativa a la que debió atenerse; y es arbitrario, pues arrasa con un derecho sin más fundamentación que la de no ser necesarios los servicios de su representado, a razón que no motiva a dicho respecto y que el Informe de Desempeño concluye que sus servicios no son necesarios, siendo que su objeto era evaluar objetivamente a la funcionaria y no desvincularla.

En cuanto al derecho, sostiene que se conculcaron las garantías constitucionales contenidas en los numerales 24 respecto a la propiedad, en cuanto a sus intereses anexos al empleo y su estabilidad; el numeral 2 en cuanto a la igualdad ante la ley, en cuanto a la falta de razonabilidad de la decisión; y finalmente, en cuanto al numeral 16 en cuanto a la libertad de trabajo, pues se afectó su derecho a continuar en su trabajo a razón del principio de confianza legítima.

Solicita que se decreten los actos que se estimen pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho, debiendo en consecuencia invalidar el término anticipado de la contrata de su representada, con expresa condenación en costas.

2°) La recurrida evacuó informe solicitando el rechazo con costas.

Previene, que la resolución impugnada se tramitó mediante una plataforma digital, denominada SIAPER TRA, respecto de la cual su formato digital no permite eliminar de la parte resolutiva la frase “por no ser necesarios sus servicios”, lo cual atiende a su carácter esencial en el término anticipado.

Postula que la resolución es motivada y fundada acorde a lo dispuesto en el artículo 11 y 41 de la ley N° 19.880, siendo que la recurrente manifiesta mediante su acción más bien una disconformidad o molestia por las razones que le sirvieron de fundamento.

En ese orden de ideas, sostiene que esperar todo el proceso calificatorio del año 2019 para tomar la decisión de término de la contrata era en extremo dañino para la institución y sus usuarios, atendiendo a lo trascendental de su puesto en la prestación de servicios.

En relación a las calificaciones que invoca la recurrente, propugna que nadie puede desconocer que el sistema de evaluación de los funcionarios públicos es deficiente y mecánico, ergo, no representa la realidad de la recurrente en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la existencia de un solo sumario pretérito, expone que la recurrente confunde o pretende confundir en cuanto a que los sumarios buscan determinar responsabilidad funcionaria y no sancionar el deficiente desempeño.

Propugna que su actuar se ha ajustado a derecho, pues la clausura “mientras sean necesarios sus servicios” está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata conforme a los artículos 3, 10 y 146 letra f) de la Ley N° 18.834 sobre estatuto administrativo. Así, se ha resuelto por la Excelentísima Corte Suprema y Dictámenes de la Contraloría General de la República.

Sostiene que el recurso de protección no es el medio idóneo para manifestar la disconformidad con los motivos de una resolución fundada, pues es un mecanismo de urgencia y no declarativo de derechos.

Finalmente, niega la afectación a derechos fundamentales de la recurrente por cuanto no explica en concreto la forma en que se habría visto amenazada, perturbada o privada de su derecho a la igualdad ante la ley. Añade, que no puede existir propiedad que demanda por cuanto es un cargo esencialmente transitorio respecto del cual la ley permite su desvinculación incluso antes del término original; y respecto del numeral 16 evoca que la Carta Fundamental protege la libertad del trabajo y no la estabilidad en el mismo, por lo que reitera que el recurso debe ser desestimado.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quien incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

5°) Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitoria que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

6°) Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

7°) Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-70325-2019.