Protección contra nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en favor de su nieta menor de edad nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del nombre reservado, dependiente de la Fundación nombre reservado (nombre reservado), por haber procedido a la cancelación de la matrícula de su nieta para el año académico 2026. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que se habría adoptado sin procedimiento previo, sin instancia de defensa, sin fundamentación suficiente, desconociendo un contrato válidamente celebrado y vigente, y comunicada fuera del período regular de postulación escolar, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2 y 10 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 9 de septiembre de 2025, se suscribió contrato de matrícula y prestación de servicios educacionales para el año académico 2026, pagándose íntegramente el valor correspondiente. Agrega que la adolescente afectada fue promovida a primero medio mediante exámenes libres. Señala, asimismo, que el día 30 de enero de 2026, la madre de la menor, doña nombre reservado, al advertir que no había recibido las cartolas de movimientos de su cuenta rut del BancoEstado, procedió a revisar el registro de transferencias, detectando un abono por la suma de $70.000 proveniente de una cuenta bancaria asociada al establecimiento educacional recurrido.

Indica que, ante dicha irregularidad, se revisó el correo electrónico de la madre, encontrándose una comunicación formal de cancelación de matrícula que no fue dirigida a la apoderada formal de la menor y que carecía de firma responsable. Añade que la decisión del establecimiento se fundó genéricamente en la falta de entrega de trabajos y evaluaciones, inasistencias, falta de participación en salidas educativas e incumplimiento de normas internas, sin que se individualizaran hechos, fechas ni número de anotaciones, ni constara procedimiento disciplinario previo alguno.

Argumenta que el acto impugnado desconoce un contrato válidamente celebrado y vigente, que fue adoptado sin procedimiento previo ni instancia de defensa, que carece de fundamentación suficiente y que resulta desproporcionado. Plantea que el establecimiento recurrido no cuenta con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación y opera bajo la modalidad de preparación para rendición de exámenes libres, por lo que no existe exigencia ministerial de asistencia mínima, las evaluaciones internas no constituyen calificaciones oficiales de promoción y la aprobación del nivel depende exclusivamente del examen libre rendido externamente.

Estima contradictorio fundar la cancelación en supuestas inasistencias o desempeño académico interno sin efectos oficiales.

Respecto de las salidas pedagógicas, indica que no fueron autorizadas por la apoderada al carecer el establecimiento de protocolos formales y seguro escolar. Destaca, además, que la menor presenta diagnóstico clínico de ansiedad generalizada y trastorno de estrés post traumático, debidamente informado al establecimiento, y que las inasistencias fueron justificadas médicamente.

Alega que la cancelación de matrícula constituye un trato arbitrario y carente de razonabilidad, adoptado sin criterios objetivos verificables, infringiendo la igualdad ante la ley; y que, al mismo tiempo, priva a la niña de su continuidad educacional en una época del año en que resulta materialmente imposible acceder a otra matrícula, afectando gravemente su estabilidad académica y emocional, lo que vulnera el derecho a la educación.

En definitiva, solicita que se ordene mantener vigente la matrícula de nombre reservado, permitiéndole continuar como alumna regular para el año 2026.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la Fundación nombre reservado, solicita el íntegro rechazo del recurso, con costas, fundado en los antecedentes que se exponen a continuación.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción deducida, señalando que la cancelación de matrícula fue formalmente notificada a la recurrente con fecha 10 de diciembre de 2025, mediante comunicación escrita enviada a los correos electrónicos registrados, en tanto que el recurso de protección fue interpuesto recién el 19 de febrero de 2026, esto es, transcurridos más de dos meses desde la notificación del acto impugnado, excediendo ampliamente el plazo fatal de treinta días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección.

En cuanto al fondo, destaca la improcedencia de invocar la garantía del artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República como fundamento de la acción, toda vez que el derecho a la educación no se encuentra comprendido dentro del catálogo taxativo de garantías susceptibles de tutela mediante el recurso de protección contemplado en el artículo 20 del mismo texto constitucional, careciendo el tribunal de competencia cautelar para pronunciarse respecto de derechos excluidos de dicho catálogo. Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que tampoco existe vulneración material de dicha garantía, por cuanto la alumna dispone de alternativas reales y efectivas para continuar su proceso formativo, tales como la rendición directa de exámenes libres, la educación en el hogar, colegios virtuales u otros centros de preparación para exámenes libres.

Respecto de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2, plantea que la decisión adoptada no se funda en criterios discriminatorios, subjetivos ni arbitrarios, sino en antecedentes objetivos, verificables y reglamentariamente establecidos, aplicados conforme a parámetros generales que rigen para todos los estudiantes de la institución, de modo que idénticas consecuencias se habrían producido respecto de cualquier alumno en similares circunstancias.

Explica que el establecimiento actuó en ejercicio de facultades contractuales expresamente pactadas en el contrato de matrícula y prestación de servicios educacionales, suscrito voluntariamente por la propia recurrente. Refiere que las cláusulas cuarta, quinta, sexta y décima de dicho instrumento establecen obligaciones recíprocas de participación activa, asistencia regular y cumplimiento de normas internas, contemplando expresamente la facultad de poner término al contrato ante incumplimientos graves del apoderado o del alumno.

Manifiesta que durante el año 2025 se verificaron incumplimientos graves y reiterados, consistentes en inasistencia crítica y permanente de la alumna, uso reiterado de celular en clases, retiros irregulares sin justificación, desacato normativo y falta de cumplimiento de compromisos académicos. Asimismo, atribuye a la apoderada resistencia sistemática a integrarse al proyecto educativo, conflictos reiterados con el equipo docente, maltrato verbal hacia profesores, utilización de canales informales para desprestigiar a la institución, inasistencia a instancias formales de reclamación y mantención de deuda por mensualidades del año 2025.

Destaca que la decisión fue adoptada por unanimidad del Consejo Escolar, tras un proceso progresivo de seguimiento, diálogo y múltiples oportunidades de corrección que no fueron aprovechadas por la recurrente, procediéndose además a la devolución del monto de matrícula pagado.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, la parte recurrida ha alegado la extemporaneidad de la acción, señalando que la cancelación de matrícula fue formalmente comunicada con fecha 10 de diciembre de 2025, mediante correo electrónico dirigido a las casillas registradas por la propia familia ante el establecimiento, en tanto que el recurso de protección fue interpuesto recién el 19 de febrero de 2026, esto es, transcurridos más de setenta días desde la notificación del acto impugnado.

La parte recurrente, por otra parte, ha sostenido que la apoderada titular —doña nombre reservado— no fue válidamente notificada en diciembre de 2025, y que solo habría tomado conocimiento cierto del acto el día 30 de enero de 2026, al advertir de manera accidental un abono de $70.000 en la cartola de movimientos de la Cuenta Rut de la madre de la menor, proveniente de una cuenta asociada al establecimiento recurrido, lo que la habría llevado a revisar el correo electrónico donde se encontraba la comunicación formal de cancelación de matrícula.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes aportados al proceso, aparece que la comunicación formal de cancelación de matrícula y la carta de notificación y devolución —fechadas 3 y 10 de diciembre de 2025, respectivamente— fueron remitidas por el establecimiento recurrido a la casilla de correo electrónico DIRECCION000, que corresponde precisamente a la dirección registrada de puño y letra por la propia recurrente, doña nombre reservado, en el contrato de matrícula y prestación de servicios educacionales suscrito el 9 de septiembre de 2025. Asimismo, dichas comunicaciones fueron enviadas a la casilla DIRECCION001, utilizada de manera habitual y activa por la madre de la menor durante todo el año 2025 para justificar inasistencias y comunicarse con el establecimiento.

De este modo, resulta acreditado que el establecimiento recurrido despachó las comunicaciones pertinentes a través de los canales oficiales y de uso habitual de la familia, cumpliendo con la obligación de notificación que le era exigible. La circunstancia de que la recurrente no haya revisado oportunamente su correo electrónico no puede alterar la fecha en que el acto fue puesto en su conocimiento a través de los medios idóneos y previamente convenidos entre las partes, pues admitir lo contrario importaría dejar entregado el inicio del cómputo del plazo a la sola voluntad del recurrente, desnaturalizando el carácter fatal del término establecido en el Auto Acordado.

Refuerza lo anterior la circunstancia de que, con fecha 9 de diciembre de 2025, se citó a la apoderada a una instancia de apelación presencial, a la cual no concurrió, lo que motivó la dictación de un acta de ratificación de la decisión, todo lo cual da cuenta de un conocimiento efectivo o, al menos, de la posibilidad cierta de haberlo tenido en dicha época;

SEXTO: Que, en consecuencia, tomando como fecha de conocimiento cierto del acto impugnado el día 10 de diciembre de 2025 —fecha en que fue remitida la carta formal de notificación y devolución de matrícula a los correos electrónicos registrados por la propia recurrente—, el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema se encontraba vencido al día 9 de enero de 2026, habiéndose interpuesto el recurso de protección el 19 de febrero de 2026, resulta manifiesto que la acción fue deducida cuando el referido plazo se encontraba largamente vencido.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio que lo expresado en el motivo que precede es fundamento suficiente para desestimar el recurso deducido, lo cierto es que la propia defensa de la recurrente en estrados ha privado de sustento a la acción intentada al señalar el abogado defensor, a la pregunta de la presidenta de la sala sobre la situación académica de la niña afectada a la fecha, que la adolescente no desea volver al establecimiento de la recurrida, lo que es compartido por su apoderada, por lo que el objetivo real perseguido con la decisión que se espera de esta Corte es la declaración de una vulneración de derechos que sirva de base para la acción indemnizatoria correspondiente, lo que se aparta de los fines asignados por la Carta Fundamental al arbitrio intentado, como es la adopción de las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, nada de lo cual interesa a la parte, por lo que el examen de los antecedentes para determinar su procedencia resulta superfluo.

OCTAVO: Que, por todo lo expresado, el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en favor de su nieta nombre reservado, en contra de la Fundación nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-7029-2026.