Protección contra MINISTERIO DE HACIENDA

Santiago, trece de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol N°70.281-2020 (ACUM. Rol N°76.189-2020) por presentación ingresada a esta Corte con fecha 3 de agosto de 2020 recurrió de protección constitucional don nombre reservado, maquinista, en representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS, CARGA, AFINES Y CONEXAS en contra del MINISTERIO DE HACIENDA, encabezado a la época por don nombre reservado, por haber incurrido éste en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación del Oficio Circular N°27 de fecha 20 de julio de 2020; lo que conculca sus garantías fundamentales de los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile. Solicita de esta Corte que, se acoja su acción y se deje sin efecto la Circular N° 27, declarando que el actuar impugnado es ilegal y arbitrario, y se reestablezca el imperio del derecho y en consecuencia se respeten los derechos a la negociación colectiva, el derecho a huelga; el derecho a reajuste de remuneraciones sobre el 0%, el derecho a bono de término de conflicto para los trabajadores de las empresas donde el Estado tiene el 50% o más de participación, como es el caso de Trenes Metropolitanos S.A., Fesur S.A. y Metro Regional Valparaíso S.A., que son parte integrantes del Grupo de Empresa de los Ferrocarriles del Estado como empresas filiales.

Funda su recurso de protección manifestando que el 20 de julio de 2020, el recurrido dictó la Circular N°27 que dejó sin efecto el Oficio Circular N°15 de 14 de septiembre de 2018 del Ministerio de Hacienda, que actualizó las instrucciones y procedimientos respecto de negociaciones colectivas y políticas para Empresas del Estado y aquellas en que éste y empresas tengan un aporte de capital igual o superior al 50%, como es su caso; reemplazando en el número 4.1 el guarismo “1 %” por "0 %”; y agregando un nuevo numeral 4.9 que dispone que en el caso de la postergación de la negociación colectiva se deberá cumplir con el requisito de ser realizado sin costos financieros y económicos para la compañía, lo que tiene como consecuencia que no habrá lugar al pago de bonos de término de negociación ni a la incorporación de beneficios por postergación.

Afirma que, dicha circular altera la regla general para las empresas del Transporte Ferroviario de Pasajeros en lo que respecta a los procesos de negociación colectiva pues no tendrán reajuste de sus remuneraciones y a los bonos de término de negociación, dejando sin sentido la negociación colectiva amparada constitucionalmente.

Expresa que, dicho acto conculca sus garantías fundamentales de los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la igualdad ante la ley, pues los despoja de su organización, de obtener algún tipo de ganancia o incremento en sus remuneraciones dentro del marco de la negociación colectiva, traduciéndose en un claro desmedro respecto de las personas que laboran en empresas que no reciben aportes del Estado, a quienes no les afecta de manera alguna dicho Oficio.

Respecto de la libertad de trabajo y su protección, sostiene que, se vulnera su derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga y el de obtener una justa retribución por su trabajo, ya que si bien es cierto no la prohíbe expresamente, sí la entorpece indebidamente y anula sus efectos al suprimir la reajustabilidad de remuneraciones en el periodo de negociación.

Concluye solicitando sea acogido su recurso, en los términos ya expuestos.

SEGUNDO: Que, con fecha 13 de octubre de 2020, informó don nombre reservado, ingeniero comercial, en su calidad de Jefe de Gabinete del MINISTRO DE HACIENDA, solicitando sea rechazado el presente recurso de protección, con costas.

En primer término, alega la improcedencia del recurso, por no cumplir con los presupuestos de procedencia, por no ser la vía idónea y exceder de su naturaleza cautelar, ya que no constituye la vía jurídica para formular cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, cita jurisprudencia al efecto.

Hace presente que el recurso recae en un acto administrativo que, a la fecha de presentación del mismo, no se encontraba vigente, pues el Oficio Circular Nº27 fue reemplazado por el Oficio Circular Nº28, de 23 de julio de 2020, del Ministerio de Hacienda, el que a su vez modificó el Oficio Circular Nº 15, reemplazando el primer párrafo del numeral 4.1. sobre los costos reales de cada negociación colectiva, señalando, en lo pertinente, que los costos totales del nuevo contrato colectivo producto de la negociación que se lleve a cabo no podrán exceder de un 0% real promedio anual respecto del contrato colectivo vigente proyectado del estamento que negocia, y agregando un nuevo numeral 4.9, indicando que en aquellos casos en que la administración de la Empresa, en conjunto con la comisión negociadora sindical respectiva, decidan poner término a un proceso de negociación colectiva ya iniciado, manteniendo el contrato vigente y acordando adelantar el próximo periodo de negociación.

En segundo término, reclama que obró dentro de sus facultades al dictar la Circular Nº27, pues el Decreto Ley Nº1263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado y el Decreto Supremo Nº4.727 de 1957, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento Orgánico de la Secretaria y Administración General del Ministerio de Hacienda, indica que dicho Ministerio tiene como misión primordial el velar por el cuidado del patrimonio fiscal, correspondiéndole estudiar y proponer todas aquellas medidas que incidan en materias relacionadas con la política económico-financiera del Estado y en las demás que le encomienda la ley, conforme lo prescribe el artículo 1° del Decreto Supremo citado.

Añade que, según lo prescribe el artículo 11° de la Ley Nº 18.196, sobre Normas Complementarias de Administración Financiera, personal y de incidencia presupuestaria, las empresas de que se trata deben operar en sus actividades financieras ajustadas a un sistema presupuestario, que se aprobará a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al de su vigencia, mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, y suscrito, en el caso de autos, por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega que, dichas facultades se refrendaron en el artículo 25 de la Ley Nº 21.192, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2020, el que señala que el Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones generales en materias de presupuesto de caja, endeudamiento y proyectos de inversión, y específicas, en materias de viajes al exterior, gastos de publicidad y de responsabilidad empresarial, aplicables a todas las empresas del Estado, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento.

En razón de ello, concluye que el Ministerio de Hacienda está facultado para dictar normas o instrucciones que incluyan orientaciones relativas a la contratación de recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pues estas forman parte de la Administración del Estado, al tenor de lo establecido en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº18.575, y deben observar los principios de eficiencia, eficacia y probidad, establecidos en su artículo 3°, por cuanto ésta administra recursos de carácter público y debe velar por el idóneo resguardo del patrimonio que se les ha encomendado.

Señala que éstas, en el caso, se traducen en los Oficios Circulares Nos. 27 y 28, los que han sido emitidos conforme a derecho, específicamente en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº1263; en el Decreto Supremo Nº 4.727; en el artículo 11 de la Ley Nº18.196, y en estricto apego a lo señalado en el dictamen Nº 7.116 de 2018, de la Contraloría General de la República, el que obtuvo pronunciamiento favorable de Contraloría General de la República, en el dictamen Nº 7.116, de 2018, respecto de sus facultades para dictarlo, ante una consulta efectuada por el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Nº8 de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

En tercer lugar, alega que no ha cometido arbitrariedad alguna, pues el acto recurrido fue razonablemente dictado en el contexto de austeridad y eficiencia en el uso y gestión de los recursos públicos, con ocasión del brote de COVID-19.

En cuanto a las garantías fundamentales, alega que no ha conculcado el derecho de igualdad ante la ley, y que el actor incurre en falsa analogía al comparar erradamente su situación con la de los trabajadores que ejercen funciones en empresas que no reciben aportes del Estado, pues su empresa forma parte de la Administración del Estado conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, las que se encuentran sujetas a normativas completamente distintas, lo que no configura en caso alguno una situación arbitraria y desigual, citando jurisprudencia al efecto. Añade, que además no se ha dado al recurrente un trato diferenciado respecto de los empleados que se encuentran en su misma posición jurídica, ya que el Oficio Circular Nº 27 se aplica por igual a todos ellos.

Explica que tampoco ha vulnerado el derecho de la libertad de trabajo, negociación colectiva y huelga, ya que el Oficio recurrido ni su modificación posterior prohíben el derecho a negociar colectivamente, y el actor no explica de qué modo se produce la vulneración.

Concluye su informe, solicitando el rechazo de este recurso, en los términos ya reseñados, previamente.

TERCERO: Que, con fecha 28 de enero de 2021, comparece don nombre reservado, en representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE CHILE o FENATRAPORCHI, como tercero coadyuvante del recurrente.

Funda su interés en que algunos trabajadores de su organización sindical de nivel superior, que agrupa a los Sindicatos de Trabajadores de las Empresas Portuarias creadas por la Ley N°19.542, que “Moderniza el Sector Portuario Estatal”, mantienen un vínculo contractual laboral con las empresas del Estado creadas por la Ley N°19.542, por lo que les afectan los efectos de la Circular N°27, que vulnera su derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga y el derecho a reajuste de remuneraciones sobre el 0%, el derecho a bono de término de negociación, produciéndose la perturbación, amenaza y privación de las garantías constitucionales que se han denunciado en esta acción de protección.

CUARTO: Que, con igual fecha que la anterior, comparece doña nombre reservado, Vicepresidenta de la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE METRO, como tercero coadyuvante del recurrente.

Manifiesta que, la organización que representa integra en su seno a tres de las organizaciones sindicales presentes en la Empresa de Transporte de Pasajeros de Metro S.A, por lo que el resultado de este recurso de protección les afectará.

Añade que debe ser dejada sin efecto la Circular N°27 de fecha 20 de Julio de 2020 del Ministerio de Hacienda, declarando que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, solicitando que en definitiva se reestablezca el imperio de derecho y se respete el derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga, el derecho a reajuste de remuneraciones sobre el 0%, el derecho a bono de término de negociación, para los trabajadores de las Empresas donde el Estado tiene el 50% o más de participación, como es el caso la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

Por último, en cuanto a los derechos conculcados, expone que su representada experimenta, a través del acto dictado, perturbación, amenaza y privación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, número 2 (igualdad ante la ley), número 16 (negociación colectiva y derecho a huelga), número 19 (autonomía sindical) y número 26 (ley no puede afectar los derechos en su esencia) de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, por resolución de esta Corte de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, se dispuso, en lo que interesa a esta acción constitucional, que se acumularan a estos antecedentes los autos Rol N°76.189-2020, por el que, con fecha 3 de agosto de 2020, don nombre reservado, en representación de la FEDERACION NACIONAL N°1 DE TRABAJADORES FERROVIARIOS DE CHILE DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, AFINES Y CONEXOS, interpuso acción de protección en contra del MINISTERIO DE HACIENDA fundado en argumentos similares a los ya expuestos, respecto de la ilegalidad y arbitrariedad contenida en la dictación de la Circular N°27 de fecha 20 de Julio de 2020.

Explica que la previamente singularizada Circular establece instrucciones y órdenes acerca de cómo llevar un proceso de negociación colectiva en empresas del Estado y en aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas, tengan participación correspondiente a un aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, elementos que concurren para el caso de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), compañía ara quien prestan servicios los trabajadores afiliados a los sindicatos que conforman la Federación recurrente.

Agrega que, en cuanto a la arbitrariedad, la Circular recurrida se dicta sin fundamento, pues dispone que el porcentaje de reajuste real debe pasar de 1% a 0% y que no se debe establecer bonos de término en los procesos de negociación colectiva, sin indicar motivo alguno, careciendo de una justificación razonable.

Respecto de la ilegalidad, indica que, además, se dicta en contravención a los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y a la Ley N°19.880, pues todos los actos públicos deben contener la debida fundamentación, lo que no sucede.

Sobre el particular, sostiene que concuerda con el criterio de la jurisprudencia que cita en su beneficio, referida a que las Circulares o Instrucciones, en términos estrictos, son normas que emanan de los Jefes de Servicio en virtud de su potestad jerárquica o de mando, dentro del margen de discrecionalidad que le entrega el ordenamiento, para la buena marcha y funcionamiento de la entidad pública; no obstante las Circulares que contienen normas generales y abstractas y que tienen eficacia respecto de particulares, en realidad constituyen reglamentos, aunque se exprese bajo aquella forma, pues la recurrida pretende mediante una Circular incorporar una norma de aplicación general que termina afectando a terceros, sin ser parte de la administración que emite dicha instrucción, lo cual se debió plasmar en un reglamento.

Continúa señalando que la Circular N°27 implica una vulneración a la garantía del artículo 19 de la Constitución, en su numeral 2, de igualdad ante la ley, numeral 16 respecto a la libertad de trabajo y su protección, la negociación colectiva y el derecho a huelga, así como el numeral 19, acerca del derecho a sindicación.

Termina solicitando sea dejada sin efecto la citada Circular N°27, con costas del recurso.

SEXTO: Que, evacuando el informe de rigor con fecha 22 de diciembre de 2020, el propio don nombre reservado, ingeniero comercial, en su calidad de Jefe de Gabinete del MINISTRO DE HACIENDA, requirió de esta Corte que este recurso de protección fuera rechazado, fundado en similares argumentos a los ya expuestos previamente con ocasión del recurso de protección presentado por la FEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS, CARGA, AFINES Y CONEXAS, todo ello con costas.

En síntesis, expone en primer término sobre la improcedencia de impetrar esta vía para impugnar la Circular N°27; añadiendo que fue reemplazada por la Circular Nº 28, de 23 de julio de 2020, del Ministerio de Hacienda, actos administrativos que, en todo caso, se enmarcarían dentro de las facultades legales de la autoridad recurrida, en la implementación fiscal de manejo estricto, eficiente y austero de los recursos públicos, con ocasión del brote de COVID-19, requiriendo que los órganos de la Administración del Estado deban implementar dichas medidas en el contexto de la crisis sanitaria actual, incluyendo a las empresas que son del Estado o en las que éste, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%; luego, en segundo término, refiere que esta actuación recurrida no sería arbitraria ni ilegal y que tampoco priva, perturba o amenaza los derechos consagrados en los numerales 2, 16 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, alegados por la recurrente.

SÉPTIMO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Pues bien, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

OCTAVO: Que, lo impugnado a través tanto del recurso de protección presentado por la FEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS, CARGA, AFINES Y CONEXAS, del que se hicieron parte la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE CHILE y la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE METRO, como también de aquella acción de protección acumulada al primero, impetrada por la FEDERACION NACIONAL N°1 DE TRABAJADORES FERROVIARIOS DE CHILE DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, AFINES Y CONEXOS, ha perseguido que se deje sin efecto la Circular N°27 de fecha 20 de Julio de 2020 emanada del Ministerio de Hacienda, que en lo pertinente resolvió: “Modifíquese a partir del 01.08.2020 el Oficio Circular N°15, de 14.09.2018, del Ministerio de Hacienda, que actualiza instrucciones y procedimientos respecto de negociaciones colectivas y política de personal para empresas del Estado y aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tenga aporte de capital igual o superior al 50 por ciento, en los siguientes términos: 1.- Reemplázase en el numeral 4.1. el término “1%” por “0%”. 2.- Agrégase el siguiente numeral 4.9 nuevo, a continuación del numeral 4.8: “4.9.- Postergación de Negociaciones Colectivas. En aquellos casos en que la administración de la Empresa decida posponer el procedimiento de negociación colectiva, deberá cumplir el requisito de ser realizado sin costos financieros ni económicos para la compañía. En consecuencia, no habrá lugar al pago de Bonos de Término de Negociación (BTN) ni a la incorporación de beneficios por postergación.” 3.- Los demás numerales del Oficio Circular N°15, de 14.09.2019, del Ministerio Hacienda, se mantienen plenamente vigentes.”

NOVENO: Que, el Oficio Circular N°27 de fecha 20 de julio de 2020 del Ministerio de Hacienda, tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo, esto es, aquel que conforme preceptúa el artículo 3° inciso final de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone en lo que interesa: “…Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa…”

DÉCIMO: Que, lo cierto es que, siguiendo lo manifestado por la autoridad recurrida, el Oficio Circular N°27 de 20 de julio de 2020 fue dejado sin efecto por decisión del mismo Ministerio de Hacienda, reemplazando su texto por el Oficio Circular N°28 de 23 de julio de 2020, del mismo origen, acto administrativo que dispuso lo siguiente: “Modifíquese a partir del 01.08.2020 el Oficio Circular N°15, de 14.09.2018, del Ministerio de Hacienda, que actualiza instrucciones y procedimientos respecto de negociaciones colectivas y política de personal para empresas del Estado y aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tenga aporte de capital igual o superior al 50 por ciento, en los siguientes términos: a) Reemplázase en el numeral 4.1., el primer párrafo por el siguiente: “Los costos totales del nuevo contrato colectivo producto de la negociación que se lleva a cabo no podrán exceder de un 0% real promedio anual respecto del contrato colectivo vigente proyectado del estamento que negocia, porcentaje que debe estar asociado a incrementos efectivos de la productividad de la Empresa, de lo contrario, sólo deben mantenerse los costos laborales en términos reales. Esta disposición rige de igual manera para el sector que no negocia y para el estamento ejecutivo”; b) Agrégase el siguiente numeral 4.9 nuevo, a continuación del numeral 4.8: “4.9.- Postergación de Negociaciones Colectivas. En aquellos casos que la administración de la Empresa, en conjunto con la comisión negociadora sindical respectiva, decidan poner término a un proceso de negociación colectiva ya iniciado, manteniendo el contrato vigente y acordando adelantar el próximo período de negociación conforme a lo indicado en el punto 4.8. anterior, este nuevo proceso deberá ser realizado sin costos financieros ni económicos adicionales para la compañía. Lo anterior, sin perjuicio de las normas laborales que regulan la materia; c) Déjase sin efecto hasta nueva comunicación, la autorización conferida en el numeral 5.1. a los directorios para que, en casos calificados, las remuneraciones de los ejecutivos, incluida la renta variable mensualizada, exceda el monto establecido como remuneración mensual del Presidente del Banco Central de Chile. 3.- Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 9 del Oficio Circular N°15 antes indicado, los cambios señalados en el numeral 1 entrarán en vigencia a la fecha de total tramitación del presente Oficio. 4.- Los demás numerales del Oficio Circular N°!15, de 14.08.2019, de este Ministerio se mantienen plenamente vigentes. 5.- Considerando que lo anterior precisa y complementa lo dispuesto en el reciente Oficio Circular N°27, de 20.07.2020, de este Ministerio, el presente Oficio lo sustituye.”

UNDÉCIMO: Que así, en las anotadas circunstancias expuestas en el motivo que antecede, es decir, de haber sido reemplazado el Oficio Circular N°27 de fecha 20.07.2020 por un nuevo Oficio Circular elaborado por la autoridad competente, no resulta factible para esta Corte adoptar ninguna medida tendiente a restablecer el imperio del derecho, como ha sido requerido por los recurrentes, menos aún, ordenar a la citada secretaría de Estado que revoque o deje sin efecto el primitivo Oficio Circular N°27, puesto que aquel ha perdido su vigencia a través de la dictación del, ya tantas veces aludido, Oficio Circular N°28 de 23.07.2020 del Ministerio de Hacienda, aspecto que permitirá, desde luego, desestimar estos recursos de protección.

DUODÉCIMO: Que, no obstante lo hasta aquí razonado, tal análisis no sería suficiente si esta Corte no se detiene, aun cuando sea en breves líneas, a determinar si la entidad pública recurrida ha efectivamente obrado dentro del margen de legalidad que el ordenamiento jurídico le ha procurado o ajustada a criterios de razonabilidad que permitan, a lo menos, comprender el tenor de las decisiones adoptadas en este caso.

DÉCIMO TERCERO: Que, en tal contexto, conviene tener presente que tanto la decisión recurrida contenida en el Oficio Circular N°27 de fecha 20 de julio de 2020, como aquel que la reemplazó correspondiente al Oficio Circular N°28 de fecha 23 de julio de 2020, se han limitado a modificar el Oficio Circular N°15 de fecha 14 de septiembre de 2018 del Ministerio de Hacienda, acto administrativo que tuvo por objeto actualizar las instrucciones y procedimientos respecto de negociaciones colectivas para empresas del Estado y aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50 por ciento.

DÉCIMO CUARTO: Que tales Oficios Circulares han sido dictados por el Ministerio de Hacienda haciendo uso, principalmente, de la atribución contemplada en el artículo 11 de la Ley N°18.196 sobre normas complementarias de administración financiera, personal y de incidencia presupuestaria, cuyo texto preceptúa en los incisos primero a cuarto, lo siguiente:

“Las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50 por ciento, deberán publicar sus balances generales y demás estados financieros anuales debidamente auditados. La forma, contenido y oportunidad de publicación de los estados financieros serán idénticos a los que se exijan a las Sociedades Anónimas abiertas.

Las empresas a que se refiere el inciso anterior operarán en sus actividades financieras ajustadas a un sistema presupuestario, que comprenderá: un presupuesto de operación, un presupuesto de inversiones y un presupuesto de contratación, desembolso y amortizaciones de créditos, los que deberán ser operados a través de un Presupuesto Anual de Caja, que coincidirá con el año calendario.

El Presupuesto Anual de Caja señalado precedentemente se aprobará a más tardar el 31 diciembre del año anterior al de su vigencia mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, el que deberá además ser suscrito por el Ministerio a través del cual la respectiva empresa se relaciona con el Ejecutivo. Si a tal fecha el decreto respectivo no hubiere sido suscrito por alguno o ninguno de estos dos últimos Ministros, regirá el presupuesto contenido en el decreto expedido por el Ministro de Hacienda, sin perjuicio de la firma posterior por parte de él o los Ministros antes señalados.

Las normas sobre formulación y clasificación presupuestaria a las que deberán ajustarse las empresas indicadas en el presente artículo para la elaboración de sus presupuestos, como asimismo los plazos que deberán observarse para dicha formulación, serán dictados mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. El mismo decreto señalará la forma y oportunidad de las informaciones sobre ejecución presupuestaria, física y financiera, que deberán proporcionar.”

DÉCIMO QUINTO: Que luego, estas atribuciones del Ministerio de Hacienda aparecen refrendadas a través de la ley anual de Presupuesto, que para el año 2020, fue la identificada como Ley N°21.192 (D.O. 19.12.2020) cuyo texto, en su artículo 25 preveía:

“El Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones generales en materias de presupuesto de caja, endeudamiento y proyectos de inversión, y específicas, en materias de viajes al exterior, gastos de publicidad y de responsabilidad empresarial, aplicables a todas las empresas del Estado, incluida Televisión Nacional de Chile, Corporación Nacional del Cobre y Banco del Estado de Chile, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento. Copia de estas instrucciones serán enviadas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a más tardar treinta días después que sean emitidas.”

DÉCIMO SEXTO: Que, de este modo no se aprecia la concurrencia de una ilegalidad en el actuar de la recurrida, ello en la medida que su proceder se ha ajustado a las facultades que el propio ordenamiento jurídico le ha otorgado para dictar Oficios Circulares, como el que ha sido objeto de este recurso.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, ahora bien, en cuanto a la arbitrariedad del señalado Oficio Circular N°27 de 20 de julio de 2020, bastará con manifestar que tal acto administrativo, como ya se esbozara en la consideración décimo tercera de este fallo, se ha circunscrito a modificar en lo pertinente al Oficio Circular N°15 de 14 de septiembre de 2018 que impartió instrucciones y fijó procedimientos sobre negociaciones colectivas y política de personal en las empresas del Estado y en las que éste tenga participación igual o superior a un 50 por ciento.

En ese escenario, el Oficio Circular N°15 de 2018, en su apartado N°4 regula la negociación colectiva en esta clase de empresas estatales o con participación del Estado, abarcando tópicos como: costos reales de cada negociación, financiamiento de la negociación colectiva, ahorro previsional voluntario colectivo, exclusión de cláusula de determinados beneficios, préstamos, aprobación del convenio o contrato colectivo, información sobre negociaciones colectivas y adelanto de negociaciones colectivas.

DÉCIMO OCTAVO: Que, particularmente, lo modificado tanto a través del Oficio Circular N°27 como igualmente por el Oficio Circular N°28, apunta al reemplazo del guarismo “1%” por “0%” en materia de costos reales de cada negociación y la incorporación de un noveno tópico o punto en el apartado N°4, que trata acerca de la postergación de negociaciones colectivas.

Cabe advertir que, de la sola lectura del ítem correspondiente a costos reales de cada negociación, sólo se modifica el aspecto ya observado, sin alterar los demás reglados en aquel punto.

En este sentido, la aseveración de los recurrentes que las remuneraciones de los trabajadores no tendrían reajustes producto de la modificación introducida al Oficio Circular N°15 de 2018, no se condice con el texto del párrafo tercero de este punto, que indica textualmente: “El reajuste al que se hace referencia es adicional al de la actualización de la remuneración conforme la variación experimentada por el IPC del año, puesto que conforme lo dispone el artículo 11° inciso final del Código del Trabajo “…la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.”

DÉCIMO NOVENO: Que, seguidamente, sobre la incorporación de un nuevo punto en el apartado N°4 del Oficio Circular N°15 de 2018, relativo a la postergación de las negociaciones colectivas, no se vislumbra la concurrencia de alguna arbitrariedad en la decisión adoptada en orden a evitar que tal proceso implique con posterioridad, esto es, cuando se materialice una nueva negociación colectiva, mayores costos financieros o económicos a la empresa, algo que aparece revestido de razonabilidad considerando que estas medidas se concretaron con ocasión de buscar la mejor forma de enfrentar la incertidumbre que ha significado el actual estado de pandemia producto del COVID-19 que afecta al territorio nacional, sin que por consiguiente pueda estimarse que alguna de estas decisiones sean carentes de la razonabilidad necesaria y prudente que se aconsejan en estas excepcionales y extraordinarias circunstancias, por lo que, es posible concluir que no existe arbitrariedad en la resolución recurrida.

VIGÉSIMO: Que, así las cosas, no revistiendo el acto impugnado la significancia de haber sido dictado de manera ilegal o arbitraria y, menos que pueda afectar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales o garantías constitucionales de los recurrentes, desde que, la autoridad recurrida no impide a través de los mencionados Oficios Circulares que las empresas estatales o en las que éste tiene participación relevante igual o superior al 50 por ciento, puedan gestionar un proceso de negociación colectiva con sus trabajadores, estos arbitrios constitucionales así deducidos deberán ser desestimados, siendo inoficioso ponderar la eventual trasgresión de las garantías que denuncian ambos recursos.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección, se rechazan, sin costas, los recursos de protección deducidos por don nombre reservado, en representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS, CARGA, AFINES Y CONEXAS y por don nombre reservado, en representación de la FEDERACION NACIONAL N°1 DE TRABAJADORES FERROVIARIOS DE CHILE DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, AFINES Y CONEXOS, en contra del MINISTERIO DE HACIENDA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Rodrigo Rieloff Fuentes. - Protección N°70.281-2020 (ACUM. Rol N°76.189-2020).- No firma la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por la ministra doña Graciela Gómez Quitral y el abogado integrante don Rodrigo Rieloff Fuentes.