nombre reservado con CAR S.A.

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: El 28 de septiembre de 2018 comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de CAR S. A., domiciliada en domicilio reservado.

Las razones de hecho que fundamentan el recurso son que con motivo de la adquisición y utilización de una tarjeta de crédito de la multitienda Ripley, la recurrente contrajo deudas que no ha pagado. Por esta razón, su acreedor, por intermedio de una empresa de cobranza -la recurrida- la ha hostigado mediante el envío de varios correos electrónicos intimidatorios y constantes llamadas telefónicas. De acuerdo con ello, estima vulnerada la garantía a la integridad síquica y la privacidad del artículo 1° y 19 numeral 4° de la Constitución.

Solicita el cese todo tipo de acoso, hostigamiento e intimidación, traducido en actos u omisiones arbitrarios e ilegales tendientes al cobro de las obligaciones adeudadas.

SEGUNDO: La recurrida en su informe expone que la Sra. nombre reservado se atrasó con los pagos de su obligación crediticia y para obtener su cobro extrajudicial es efectivo que le ha enviado mails. Los correos son 9, desde noviembre de 2017 a septiembre de 2018. Expresa que con ellos su intención no es intimidar, sino que instar al pago de sus obligaciones con ventajas y descuentos. Además, pretende que el crédito sea declarado como incobrable de acuerdo con la Circular Nº 24 del Servicio de Impuestos Internos, por lo que se estima autorizado para enviar avisos de cobro a la recurrente, por las gestiones que dicha reglamentación expresa.

Finalmente, menciona que la gestión de la cobranza es realizada por una empresa externa llamada Fullcob, quien a su vez informa lo que sigue: Expone que existe una relación contractual con la empresa recurrida. En base a ella, efectivamente ha enviado correos electrónicos a la recurrente; pero, estos no simulan escritos judiciales y tampoco son enviados en horarios inapropiados. Además, no han tenido otra forma de comunicación con la Sra. nombre reservado.

Es por esto que solicita el rechazo de la acción cautelar.

TERCERO: El recurso de protección tiene por objeto resguardar a los ciudadanos de las agresiones que pueden sufrir sus derechos fundamentales. Siempre y cuando provengan de la actitud arbitraria e ilegal que otra persona puede ocasionarles. Por arbitraria se entiende una actitud injusta y caprichosa, y por ilegal contraria a derecho. Entonces, cabe examinar si las acciones acometidas por la empresa CAR S. A. en contra de la señora nombre reservado se encuadran en ese tipo de actitudes. Teniendo presente que el libelo donde se vierte el recurso se refiere a un acto ilegal, más que a una acción arbitraria.

CUARTO: El agravio que se denuncia en este recurso de protección recae sobre dos derechos fundamentales: a la integridad y la privacidad. Debe aclararse que dichas cualidades son distintas y, para el caso, de la lectura del recurso se entiende que lo que se solicita es que cesen los atentados a la integridad síquica de la recurrente. No a la privacidad que, del relato de los hechos, no aparece claramente transgredida.

QUINTO: La ley 19.496 en su artículo 36 consigna: “en ningún caso la comunicación entregada podrá contener menciones a eventuales consecuencias de procedimientos judiciales que no se hayan iniciado o relacionadas a registros o bancos de datos de información de carácter económico, financiero o comercial, debiendo indicar expresamente que no se trata de un procedimiento que persiga la ejecución de los bienes del deudor.” Por su parte la Circular 24 del año 2008 del Servicio de Impuestos Internos establece que para poder declarar un crédito como incobrable debe haberse “agotado prudencialmente los medios de cobro”.

Se clarifica, de acuerdo con estos parágrafos, que la recurrida para lograr ciertas franquicias impositivas le asiste el derecho a perseguir extrajudicialmente el cobro de sus acreencias hasta ciertos límites y acorde con ciertos métodos. Estos, con arreglo a la norma legal transcrita, no pueden ser de ninguna manera conminatorios.

Por otra parte, la recurrida parece deslizar un conflicto de legitimación pasiva en la interposición de la acción. Menciona a otra empresa como la encargada de la recaudación; pero, se dilucida del tenor de las comunicaciones que se examinarán a continuación que si bien, ello es efectivo, aquel intermediario obra en virtud de un poder que la recurrida le ha extendido. Por lo que, por la ficción propia del mandato, el recurso se ha interpuesto correctamente por quién debe considerarse como el causante del detrimento que se denuncia.

Por último, sobre el hosigamiento telefónico que la recurrente dice sufrir, no hay prueba alguna y la empresa demandada ha dicho que no hay registro de ello.

SEXTO: despejados los puntos del fundamento anterior, cabe analizar la prueba que obra en el expediente, conforme a las reglas de la sana crítica.

Se han agregado a la causa 4 mails enviados por la empresa CAR S.A los meses de diciembre de 2017, enero, febrero y agosto de 2018. En ellos se inserta la siguiente cláusula: “Por esta morosidad, su deuda será enviada a cobranza judicial para ser requerido de pago, a través de los tribunales de justicia, con el objeto de obtener así, el reintegro de los montos debidos, pudiendo requerir la traba del embargo y retiro de bienes suficientes que cubran el total del crédito, costas y honorario. Asimismo, comunicamos a usted que sin perjuicio de lo anterior, su deuda ha sido informada para ser publicada en el boletín comercial.”

Esto da por concurrente que la empresa recurrida, al consignar este acápite en sus comunicaciones, transgrede lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor trascrita en el considerando quinto de esta sentencia. Se evidencia así la ilegalidad en la manera que CAR S. A. ha utilizado para exigir el pago de su crédito a la señora nombre reservado. En efecto, no habiéndose iniciado la ejecución civil formal en su contra, se le amenaza con hacerlo y no solo eso, sino que además se le intimida con la posibilidad de incluirla en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio.

SEPTIMO: como ha quedado de manifiesto de acuerdo con lo razonado hasta ahora, el apartado intimidatorio agregado a las cartas de cobranza que expide la empresa en contra de la recurrente constituye una acción ilegal, y con ella se entiende vulnerado el derecho a la integridad síquica de la señora nombre reservado. Por cuanto, dichas amenazas han sido no solo contrarias a norma expresa, sino que además pertinaces y reiteradas. Esto ha ocasionado que la recurrente, como ha referido, se sienta afectada sicológicamente.

De acuerdo con todo lo que se ha expresado en los razonamientos precedentes se estima por estos sentenciadores indudablemente conculcada la garantía prevista en el artículo 19 n° 1 de la Carta Fundamental, por lo que se acogerá el arbitrio en análisis disponiéndose las medidas que se dirán en lo resolutivo para restablecer el imperio del derecho del afectado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además, lo dispuesto por los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección se declara:

Que Se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de CAR S. A. reprersentada por nombre reservado.

En consecuencia, se ordena a la empresa recurrida CAR S. A. hacer cesar de inmediato, y abstenerse en lo sucesivo, del envío de correos electrónicos o misivas que contengan amenazas de ejecutar actos judiciales tendientes al cobro de las obligaciones adeudadas por la recurrente, o su inclusión en los registros del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio. Sin perjuicio de su derecho de perseguir la solución de su acreencia por la vía que la legislación vigente contempla.

Regístrese y comuníquese a la recurrente y a la recurrida. Archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Gloria Solis Romero.

Rol N° 69871-2018.-

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministra Señora Paola Plaza González y por la Ministro señora Gloria Solís Romero.