Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, por el acto ilegal y arbitrario que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten y que el 17 de marzo de 2025 fue notificada que la solicitud se encontraba en estado pendiente de ingreso y que para continuar con el proceso de validación, debía enviar los siguientes documentos: “Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador. El certificado debe señalar que se otorga como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Debe estar legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en País de Origen.”

Lo anterior, sin perjuicio que al momento de presentar la solicitud acompañó declaración jurada, suscrita ante notario público, que da cuenta de la afiliación de la recurrente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S).

Por lo expuesto, el 20 de marzo del presente año ingresó una nueva solicitud acompañando constancia de afiliación en la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, previsión social acreditada en la Republica de Colombia.

Afirma que, pese a haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, la recurrida rechazó la solicitud fundándose en una interpretación formalista del marco normativo aplicable, señalando que no fue posible verificar la apostilla del título profesional acompañado, por lo que se exigía un nuevo documento en formato original, debidamente legalizado o apostillado. Esto, a pesar de que el referido título ya contaba con la apostilla correspondiente en su país de origen y se había presentado en original ante notario público en Chile.

En cuanto a la constancia de afiliación al sistema previsional colombiano, la Administradora sostuvo que, si bien se acreditaba cobertura ante contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, tales coberturas no serían “a todo evento”, lo que no se ajusta a lo exigido por la ley, que únicamente requiere que el solicitante se encuentre afiliado a un régimen previsional extranjero que contemple las mencionadas prestaciones, sin requerir una cobertura irrestricta o absoluta.

Respecto del sistema previsional venezolano, añade que la afiliación al I.V.S.S. puede ser verificada directamente en el enlace DIRECCION000/, ingresando el número de cédula de identidad de la recurrente (N°NUM000), además de contar el certificado acompañado con código de verificación.

Sostiene que la negativa de la recurrida a verificar tales antecedentes configura una conducta omisiva que deviene en ilegal y arbitraria, vulnerando con ello el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Alega, además, que se infringen los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nos 2 y 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto se produce una discriminación arbitraria al imponer requisitos no previstos legalmente, realizando una interpretación restrictiva de la normativa en perjuicio del administrado, a pesar de cumplirse con las condiciones legales exigidas para acceder a la devolución de fondos.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso de protección, ordenando a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados por la recurrente, emitir un nuevo pronunciamiento fundado en derecho respecto de la solicitud presentada, y disponer, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que se determine conforme al mérito de autos, adoptándose en lo demás las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacuó el informe respectivo, señalando que el 24 de marzo de 2025, la recurrente ingresó la solicitud N° NUM001, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales por el período cotizado entre mayo de 2022 y febrero de 2025, enterados por el empleador Miguel Caballero Chile SpA.

Indica que para estos efectos acompañó: título profesional, certificado de afiliación, contrato de trabajo de 1 de mayo de 2022 y anexo de contrato de trabajo de 19 de febrero de 2025. Sin embargo, luego del análisis de los documentos mencionados la AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos debido a que la recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y, además, debido a que no fue posible verificar la apostilla del título de educación acompañado.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°NUM002 de 08 de noviembre de 2021, ha indicado: “En efecto cabe señalar que, según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. En este sentido, resulta pertinente clarificar que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, no sirve un documento que señale de forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola de las cotizaciones previsionales y de los movimientos asociados a una cuenta, referida a un fondo de pensiones, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) de artículo 1° de la ley N°18.156, durante el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

De esta manera afirma que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni ha realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma.

Acorde a lo expuesto, asevera que procede la exención de la obligación de cotizar siempre que se reúnan los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156 y sostiene que, en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, es que AFP Modelo, debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas especiales, y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Concluye que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce a la recurrente.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es que la A.F.P. Modelo se ha negado a la devolución de los fondos allí cotizados, no obstante reunir -a su juicio- todos los requisitos establecidos por la Ley N°18.156.

QUINTO: Que siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley N° 18.156, corresponde traer a colación las normas aplicables al caso. Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la misma ley señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que a partir de los antecedentes incorporados y de lo expuesto en el arbitrio en análisis, se advierte que la recurrente, a fin de acreditar su afiliación a un sistema previsional fuera de Chile, acompañó un certificado emitido por la Sociedad Administradora de Fondos y Cesantías Porvenir S.A., de 17 de marzo de 2025, en el que si bien se indica que su afiliación otorga cobertura ante enfermedad, invalidez, jubilación y muerte, se observa que estas coberturas no son a todo evento, toda vez que en el documento se precisan una serie de condiciones y/o limitaciones para cubrir cada prestación, de lo que se puede colegir que este certificado no da cuenta de una cobertura de salud integral, en los términos que exige la Superintendencia de Pensiones para acreditar el requisito de la letra a) del referido artículo 1° de la Ley N° 18.156.

SEPTIMO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Modelo, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

OCTAVO: A mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro suplente señor Carrasco.

Rol Protección N° 6959-2025.