nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.PRIVATE Vistos y teniendo presente:

1°.- Que don nombre reservado, recurre de protección en contra de las Cajas de Compensación y de Asignación Familiar La Araucana y Los Andes, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en efectuarle un descuento en la remuneración del mes de junio de 2017 y así sucesivamente en julio, agosto y septiembre ascendente a $319.787.-, relacionado con un préstamo obtenido de la recurrida en el año 2008.

Funda su recurso en el hecho que nunca recibió notificación alguna por parte de la acreedora primitiva, la CCAF La Araucana, de la cual no es socio desde el año 2009, no realizándose descuento alguno desde entonces, desconociendo el motivo por el cual la CCAF Los Andes a la que está afiliada actualmente, le realizó este descuento muchos años después, siendo que el crédito está prescrito.

Sostiene que el descuento realizado constituye una grave privación, perturbación y/o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías Constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de la República le reconoce. En primer lugar, al derecho a la propiedad consagrado en el N°24 de la misma norma, ya que se afecta gravemente el dominio que tiene sobre sus ingresos que percibe mensualmente, desde que no los percibe íntegramente. En segundo lugar, afecta su derecho a la libertad de trabajo y su protección, previsto en el N°16 del artículo 19 de tal cuerpo legal, ya que las recurridas no fundamentan ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, de casi un 20% de su remuneración.

Pide que adopten las medidas para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al recurrente, en términos tales de que se le ordene a las recurridas devolver todas y cada una de las sumas descontadas de sus remuneraciones, y que se les impida realizar otros descuentos por medio de su empleador u otros organismos públicos y privados, con expresa condena en costas.

2°.- Que informa don Jorge Cerda Godoy, abogado en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Funda su petición señalando que entre las Cajas de Compensación existe un proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Descuento Intercajas”, por el cual la Caja de Compensación La Araucana les solicitó que se gestione un descuento en las remuneraciones del recurrente que se encuentra afiliado a la informante, el cual tiene su causa en compromisos contraídos por el actor con dicha Caja, por concepto de crédito social, debido a lo cual su parte procedió a cumplir con tal requerimiento y efectuó el descuento pertinente.

Señala que de acuerdo a la nómina de retenciones de crédito social de los meses de junio a octubre de 2017, se le informó al empleador del actor, que debía realizar descuentos por $207.876 en junio y $319.787 por los meses de julio a octubre, siendo remitidos dichos montos a la CCAF La Araucana.

Explica, además, que el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, a pesar de que intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, se funda en que dichos créditos se financian con los recursos provenientes del fondo social.

Asimismo, señala que a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., a partir del año 2010, la Superintendencia de Seguridad Social les ha impartido instrucciones relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, creando una Central de Riesgo Financiero de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Para el efecto de dar cumplimiento a esa normativa, las Cajas de Compensación, el 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora que otorgue un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente Además, advierte que la prescripción invocada por la recurrente, debe ser alegada y declarada judicialmente, que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer aquélla. De modo que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado de un tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior se agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Finalmente explica que no hay vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental relativo al derecho de propiedad, pues no hay un descuento ilegal desde la esfera de dominio del deudor, ni menos una expropiación a sus remuneraciones, pues es la propia ley permite a la Caja solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la ley 18.833.

3°.- Que informa doña Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la recurrida Caja de Compensación de La Araucana, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que su parte le otorgó a la recurrente dos créditos sociales, el primero de ellos el 20 de marzo de 2008 por $4.432.811.-, pagadero en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $138.593.-, el que pagó hasta la cuota N°17 y las cuotas N°18 a 21 figuran pagadas por el sistema intercajas; y el segundo de los créditos fue conferido el 12 de agosto de 2008 por $12.978.319.-, pagadero en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $380.215.-, el que pagó, normalmente, hasta la cuota N°12, la cuota N°13 fue pagada con retraso, y existe un abono correspondiente a la cuota N°14.

Indica que en el mes de julio de 2017 se logró su ubicación, ya que se tomó conocimiento que ingresó a trabajar en la empresa Agrocomercial Codigua S.A., afiliada a la CCAF Los Andes, procediendo esta última recurrida a efectuar el descuento a través del sistema intercajas.

Respecto de este mecanismo explica lo mismo que la recurrida anterior. Por lo tanto, el descuento efectuado en las remuneraciones del recurrente, tiene su asidero en el artículo 22 de la Ley 18.833, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, normas que describen el mecanismo del pago del crédito social, el que opera mediante descuento efectuado de las remuneraciones del trabajador por el empleador afiliado, el que es remesado a la caja acreedora directamente, conforme al sistema intercajas, ya explicitado.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que las facultades que tienen las cajas para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Por lo anterior, su representada no ha cometido ningún acto u omisión ilegal o arbitraria, que perturbe, prive y/o amenacer las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, toda vez que su actuar fue apegado a derecho de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 22 inciso 1 de la ley N°18.833, por lo que los descuentos a aquélla, son legales.

4°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

5°.- Que se rechazará la alegación previa del recurrente consistente en que las deudas que se persiguen por las recurridas se encuentran prescritas, toda que este modo de extinguir obligaciones no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegado y declarado en un juicio de lato conocimiento, no siendo esta acción cautelar el medio idóneo para ello.

6°.- Que de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley 18.833 que fijó el Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, aquéllas podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero, el que estará regido por un reglamento especial; asimismo, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

7°.- Que la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido diversas instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, bajo cuyo amparo se ha implementado el denominado Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar, cuya finalidad es la recaudación de deudas pendientes o vigentes de afiliados a alguna de dichas entidades, lo que permitirá que las deudas puedan ser recaudadas por la Caja en que el trabajador se encuentre actualmente afiliado.

8°.- Que la conducta que se reprocha a la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, consistente en descontar de la remuneración del recurrente, cuyo empleador se encuentra actualmente afiliado a ella, el pago en mensualidades, correspondiente a deudas que contrajo con anterioridad con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, se encuentra ajustado a derecho, desde que se enmarca dentro de lo pactado por dichas Instituciones al suscribir, cumpliendo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, el denominado Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar, por el cual se autoriza a la Caja de la última afiliación, para que recaude las deudas contraídas con anterioridad, previa comunicación de la Caja con la cual se contrajo la deuda. Por lo tanto, la imputación que se les formuló a las recurridas no es ilegal; ni tampoco arbitraria, puesto que es un hecho no controvertido, que el actor se encuentra moroso en la solución de créditos sociales contraídos bajo el amparo de la Ley 18.833, por lo tanto los descuentos efectuados a él, no resultan infundados, ni carentes de causa.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza el interpuesto por don nombre reservado en contra de las Cajas de Compensación y de Asignación Familiar La Araucana y Los Andes, respectivamente, sin costas.

Redacción del Ministro señor Carreño.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 69.546-2017.

No firma el Ministro señor Zepeda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.