Protección contra Director Subrogante de la Escuela de Carabineros de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece por sí doña nombre reservado, de profesión docente, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Director Subrogante de la Escuela de Carabineros de Chile (Escar), Teniente Coronel don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la modificación y reducción unilateral de su carga horaria docente de 30 horas semanales de clases, a solo 10 horas semanales, lo que estima vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 1°, 16° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña como profesora de Educación Física en la referida entidad, cumpliendo sus funciones con regularidad y eficiencia.

Señala que, con fecha 28 de octubre de 2025, interpuso una denuncia formal por acoso y violencia laboral en contra de otro docente del plantel, amparada en las disposiciones de la Ley N°21.643, conocida como Ley Karin, proceso investigativo que actualmente se sustancia ante la Fiscalía Administrativa de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia Institucional de Carabineros. Sostiene que, como represalia directa a dicha denuncia, la Oficina de Profesores del plantel educacional recurrido, mediante correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2025, le informó una drástica disminución de su carga académica, dejándola con solo 10 horas de clases semanales para el primer semestre del año académico 2026.

Arguye que esta modificación unilateral no responde a necesidades curriculares reales, puesto que las mallas y cursos en los que imparte clases no sufrieron alteración alguna, evidenciándose un carácter punitivo que también afectó a otras dos profesoras que actuaron como testigos en su denuncia.

Alega la transgresión de la garantía de indemnidad prevista en el artículo 485 del Código del Trabajo, y acompaña la Resolución de Calificación N°NUM000, de fecha 25 de noviembre de 2025, dictada por el Instituto de Salud Laboral, que calificó su patología como enfermedad profesional bajo la cobertura de la Ley N°16.744 y ordenó al empleador implementar medidas de resguardo y readecuación de su puesto en un plazo máximo de 90 días, lo que estima vulnerado con la rebaja horaria descrita.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicita acoger el recurso, declarar la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, y ordenar al recurrido dejar sin efecto la reducción horaria, restituyéndole las 30 horas originales de clase e implementar medidas definitivas para resguardar su integridad psíquica y su indemnidad laboral.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, comparece el teniente coronel de Carabineros, don nombre reservado, en su calidad de director subrogante de la Escuela de Carabineros de Chile, solicitando el rechazo de la acción constitucional de autos, con costas.

Aclara que la docente no poseía una carga permanente de 30 horas, sino una designación vigente de 22 horas semanales de clase, distribuidas conforme a cuatro resoluciones de nombramiento titular que adjunta a su informe. Explica que la recurrente pudo haber incurrido en una confusión al computar una designación transitoria adicional de 10 horas otorgada mediante Resolución Exenta RA N° NUM001, la cual se encontraba sujeta a un plazo de vigencia predeterminado entre el 28 de julio de 2025 y el 19 de diciembre de 2025, extinguiéndose de pleno derecho al término de dicho período. En consecuencia, la variación académica real para el período 2026 consistió en una disminución desde su carga titular de 22 horas a 10 horas semanales de clase, proyectada para regir a contar del 1 de marzo de 2026.

Argumenta que, contrario a lo sostenido en el recurso, los profesores civiles de la Escuela de Carabineros revisten la calidad de funcionarios públicos de carácter estatutario, rigiéndose por el D.F.L. N°2 de 1968 - Estatuto del Personal de Carabineros de Chile-, específicamente en sus artículos 38 y 113, en relación con el Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros N°4, por lo que su vinculación se enmarca en las normas de derecho público y no en el Código del Trabajo, resultando inaplicable la tutela laboral o la garantía de indemnidad del artículo 485 de dicho cuerpo legal, según dictámenes de la Contraloría General de la República N°30.923 de 2010 y N°13.838 de 2004.

Precisa que, conforme al artículo 48 del Instructivo para la Gestión Académica y Administrativa de la Escuela de Carabineros, Resolución Exenta N° 453 de 29 de abril de 2019, y los artículos 54, 56 y 57 del Reglamento Orgánico N°4, la administración del plantel ejerce facultades ordinarias de organización de horarios y cargas docentes. En este sentido, añade que la rebaja de horas obedece a razones técnicas y de planificación curricular en consonancia con los estándares de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) —Criterio N° 5 de Cuerpo Docente—, habiéndose incorporado siete nuevos docentes al área de Educación Física en el marco de una política de ampliación de la plaza docente, lo que aparejó una reestructuración general de horarios que para el año 2026 involucró un total de 29 renuncias de profesores y 37 reducciones de carga académica en el plantel.

Finalmente, descarta vinculación alguna entre la medida adoptada y la denunciada efectuada por la recurrente. Al respecto, expone que la actora formuló una denuncia previa en 2024 contra el profesor don nombre reservado, tramitada como investigación administrativa Rol N°NUM002 y aprobada por Resolución Exenta N°NUM003 de 27 de diciembre de 2024, la cual descartó hechos de violencia de género o laboral y fue confirmada jerárquicamente por la Dirección de Educación, Doctrina e Historia mediante Resolución Exenta N°NUM004 de 3 de abril de 2025. Sostiene que, frente a la nueva denuncia por Ley Karin deducida por la profesora el 28 de octubre de 2025, la Escuela de Carabineros procedió de inmediato a decretar una nueva investigación administrativa ante la Fiscalía Administrativa competente bajo el número NUM005, de suerte que la modificación de las horas de clase responde a una potestad organizativa autónoma de orden estrictamente académico, descartando así toda ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de la institución.

Tercero: Que la acción constitucional de protección de garantías fundamentales establecida en el artículo 20 de la Carta Fundamental es un arbitrio de naturaleza cautelar, destinado a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que perturben, amenacen o priven el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente protegidos por dicha norma. Asimismo, para la procedencia de esta acción constitucional, es un requisito doctrinario y jurisprudencial básico y copulativo que el recurrente sea titular de un derecho indubitado y preexistente. Esto implica que la pretensión amparada no puede ser objeto de una discusión jurídica de fondo o de una controversia contractual o administrativa activa, puesto que el recurso de protección, por su naturaleza sumaria y urgente, no constituye una instancia de lato conocimiento destinada a declarar o constituir derechos, sino únicamente a proteger aquellos que son claros, patentes, ciertos y no disputados.

Cuarto: Que, asentado lo anterior, la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte no aparece configurada como una afectación actual de un derecho cierto, preexistente e indubitado, sino como una controversia sustantiva acerca de la extensión de la carga horaria que correspondía a la recurrente y de la causa que habría motivado su disminución. En efecto, mientras la actora sostiene que la rebaja desde 30 a 10 horas semanales constituye una represalia vinculada a la denuncia formulada al amparo de la Ley N°21.643, la recurrida afirma que la carga permanente era de 22 horas, que las 10 horas adicionales tenían carácter transitorio y que la modificación obedeció a razones de planificación académica, reestructuración del cuerpo docente e incorporación de nuevos profesores. Tal divergencia impide tener por acreditado, en esta sede cautelar, el presupuesto básico de un derecho no controvertido susceptible de amparo inmediato.

Quinto: Que, conforme ha sido reiteradamente resuelto por los tribunales superiores de justicia al conocer acciones de esta naturaleza, el recurso de protección no constituye una vía declarativa destinada a dilucidar hechos controvertidos, interpretar vínculos estatutarios o contractuales, ni establecer eventuales responsabilidades administrativas o laborales que requieren debate, prueba y contradictoriedad. Por ello, cuando la pretensión exige determinar la existencia, alcance y fuente del derecho invocado, así como la real motivación del acto impugnado, la materia excede los márgenes propios de esta acción urgente y cautelar, quedando entregada a las acciones y procedimientos de lato conocimiento que correspondan, en los que las partes puedan rendir la prueba pertinente y obtener un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia.

Sexto: Que, por consiguiente, al no haberse acreditado la existencia de un derecho constitucional indubitado y preexistente que requiera de cautela urgente, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del director subrogante de la Escuela de Carabineros de Chile, teniente coronel nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-695-2026.