Protección contra Instituto de Previsión Social

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 41 y 42: téngase presente.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparece Máximo Francisco Pavez Cantillano, abogado, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social, por haber dictado el Oficio Ordinario N°70.290 de fecha 11 de marzo de 2025, particularmente respecto de sus párrafos sexto y octavo, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido y se ordene al Instituto dictar nuevo acto administrativo que disponga la anulación de los períodos impositivos correspondientes a los años 1975 a 1986; de los meses enero y febrero de 1987; y de los meses enero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre de 1988; y que, en consecuencia, se reembolsen los montos pertinentes reajustados.

Previa exposición de normativa sobre la pensión de supervivencia conforme a la Ley N°16.744 y sobre el Servicio de Seguro Social y la reforma previsional, conforme a la ley N°20.255 que establece la Reforma Previsional, a través del cual se establece como continuador de los regímenes provisionales de dicha institución al Instituto de Previsión Social, expresa que el 14 de mayo de 1975 falleció en el Hospital J.J. Aguirre don nombre reservado, a consecuencia de un accidente laboral. A consecuencia de lo ocurrido y en el marco de lo dispuesto en la Ley N°16.744, doña nombre reservado, en su calidad de cónyuge superviviente, accedió al beneficio de la pensión de viudez establecida en el artículo 43 de dicha normativa. Durante el período comprendido entre 1975 y 1994, dado que la beneficiaria no desarrollaba actividad laboral remunerada, se efectuaron descuentos a la pensión de supervivencia bajo el concepto de aporte previsional al ex Servicio de Seguro Social.

Expresa que de acuerdo artículo 54 de la ley ya mencionada, solamente los pensionados son obligados al pago de las respectivas cotizaciones, no así los beneficiarios de pensiones de supervivencia, calidad jurídica que poseía la actora.

Posteriormente, el 22 de marzo de 2019, el Director Nacional del Instituto de Previsión Social dictó la Resolución Exenta N°98, mediante la cual declaró nulas las cotizaciones efectuadas por la recurrente en el régimen de previsión del Servicio de Seguro Social, ordenando la devolución de las sumas correspondientes, las que fueron reembolsadas el 2 de agosto de 2023. Sin embargo, dicha resolución no contempló la totalidad de los períodos durante los cuales se realizaron descuentos indebidos, específicamente aquellos correspondientes a los años 1975 a 1986, los meses de enero y febrero de 1987, y los meses de enero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre de 1988.

En consecuencia, el 14 de junio de 2023 se presentó una solicitud ante el Instituto de Previsión Social, requiriendo la revisión de los períodos no comprendidos en la Resolución Exenta N°98, a fin de determinar si existía fundamento para dictar una nueva resolución de anulación respecto de las cotizaciones efectuadas durante dichos períodos y proceder a la devolución correspondiente.

El 28 de noviembre de 2023, el Instituto dictó el Oficio Ord. DAL N°637, informando la improcedencia de emitir una nueva resolución de anulación, argumentando que no se encontraron otros períodos enterados a nombre de la recurrente y que el descuento registrado correspondía aproximadamente al 5% del monto de la pensión, cuando las cotizaciones para el fondo de pensiones del ex Servicio de Seguro Social eran del 18,62%, y por consiguiente, no se refiere a ninguna cotización que deba enterarse en el IPS.

Ante dicha respuesta, el 4 de diciembre de 2023, los representantes de la recurrente interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, jerárquico, solicitando que se dictara nuevo acto administrativo disponiendo el inicio del proceso de anulación de los períodos impositivos mencionados. Dado el incumplimiento del plazo para resolver el recurso, el 22 de noviembre de 2024 se presentó denuncia ante la Contraloría General de la República. Esta última, mediante resolución de 22 de enero de 2025, instruyó al Instituto para que diera respuesta a la interesada.

En este contexto, el 11 de marzo de 2025, el Director Nacional del Instituto de Previsión Social dictó el Oficio Ordinario N°70.290, en el cual, tras realizar un nuevo análisis del historial previsional de la recurrente, establece en su párrafo sexto que "no se encuentran otros períodos impositivos enterados en el fondo de pensiones del SSS, ni en ninguno de los regímenes administrados por este Instituto". Asimismo, en su párrafo octavo reconoce que "en las liquidaciones de pago de su pensión se registra un descuento descrito como aporte previsional y como caja de aporte el 'Servicio de Seguro Social'", concluyendo que la recurrente "no es beneficiaria de ningún régimen previsional que administra este servicio", ratificando la improcedencia de emitir una nueva resolución.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 54 de la Ley N°16.744, el cual establece que únicamente los pensionados por accidentes o enfermedades profesionales deben efectuar cotizaciones en el organismo previsional correspondiente, norma que no resulta aplicable a los beneficiarios de pensiones de supervivencia, calidad poseía la recurrente.

Cita el artículo 55 bis de la Ley N°20.255, que impone al Instituto de Previsión Social la obligación legal de registrar las cotizaciones que se realicen a sus fondos de pensiones, a pesar que en el Oficio N°98, sí se haya cumplido esta obligación respecto de algunas cotizaciones, manifestando un trato arbitrario en contra de la actora, dado a que no hay justificación razonable para haber no haber cumplido con tal obligación en dichos periodos.

Sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad, toda vez que la recurrente tenía el título legal para recibir íntegramente su pensión de supervivencia sin descuentos por concepto de cotizaciones previsionales, conforme a lo establecido en los artículos 43 y 54 de la Ley N°16.744, privándola del derecho de propiedad sobre las sumas indebidamente descontadas y del acceso a la devolución de los montos que le son propios.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se declare que el Oficio Ordinario N 70.290 es ilegal y arbitrario, vulnerando la garantía constitucional del derecho de propiedad; que se ordene al Instituto de Previsión Social dejar sin efecto dicho oficio en lo respectivo a su párrafo final y los argumentos que le sirven de base; y que se ordene al Instituto dictar nuevo acto administrativo disponiendo un proceso de anulación de los períodos impositivos correspondientes a los años 1975 a 1986, enero y febrero de 1987, y enero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre de 1988, con el consiguiente reembolso de los montos pertinentes reajustados.

nombre reservado: Que evacuó informe el Instituto de Previsión Social en el siguiente tenor. Previa exposición de los hechos del recurso, alega la falta de idoneidad del medio por cuanto no existe un derecho indubitado ya que lo que realmente pretende la recurrente es que se le reembolsen dineros que este Instituto no posee en sus arcas, el pago de estas cotizaciones evidentemente excede el ámbito de aplicación de una acción cautelar.

Agrega que las materias de seguridad social son ajenas a la acción de protección, por cuanto el conflicto sobre eventual pago y reembolso de cotizaciones dice relación directa con el Derecho de Seguridad Social, reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, garantía que no está protegida por la acción de protección según lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En cuanto al fondo, alega falta de legitimación pasiva, argumentando que la pensión percibida por la recurrente es de sobrevivencia de la Ley N°16.744 pagada por la Asociación Chilena de Seguridad, no correspondiendo a ningún régimen de pensiones del antiguo sistema previsional administrado por el IPS. Sostiene que ya efectuó la devolución de las cotizaciones erróneamente descontadas y enteradas en el ex Servicio de Seguro Social correspondientes a los meses comprendidos entre marzo y diciembre de 1987; febrero, abril, mayo de 1988 y entre septiembre y noviembre de 1988 y que no existe constancia de que el resto de las cotizaciones se encuentren enteradas en algún régimen previsional administrado por el Instituto. Concluye que, dado que la pensión es pagada por la ACHS y los descuentos fueron realizados por dicho organismo, es la única entidad que debe ser objeto de la presente acción.

Arguye a su vez, la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, ya que la señora nombre reservado no registra pensión de sobrevivencia otorgada con arreglo a la normativa orgánica del ex SSS, sino que era titular de una prestación concedida por la ACHS con arreglo a la Ley N°16.744, cuya fiscalización recae en la Superintendencia de Seguridad Social. Destaca que la recurrente no ha sido imponente del ex SSS ni imponente de sobrevivencia de dicho régimen, y que el Instituto, actuando conforme a derecho, hizo devolución de todas las cotizaciones existentes enteradas erróneamente. Mediante el Oficio N°637/2023 se determinó la improcedencia de una nueva resolución de anulación por no haberse enterado más cotizaciones al fondo de pensiones del ex SSS. Añade que el descuento realizado corresponde aproximadamente al 5% de la pensión, mientras que la tasa de cotización en el ex SSS era de 18,62%, por lo que difícilmente podría atribuirse dicho descuento a esta ex Caja de Previsión, a que no corresponde a una cotización de pensión.

Señala que no existe vulneración al derecho de propiedad, pues para acceder al reembolso de cotizaciones aludidas, el Instituto tendría que tener los períodos impositivos enterados en el fondo del SSS, situación que no se presenta ni en ese fondo ni en ninguno de los regímenes administrados por el Instituto.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección.

TERCERO: Que, a petición de esta Tercera Sala, se solicitó informe a la Superintendencia de Seguridad Social y a la Asociación Chilena de Seguridad, remitiendo todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso y el informe del Instituto de Previsión Social que rola a folio 13.

En cuanto a lo señalado por la Superintendencia de Seguridad Social, dicho servicio indicó que, en la especie, atendido el tiempo transcurrido desde la fecha en que se constituyó la pensión y, sobre todo, desde que se extinguió, consta que habría operado la prescripción extintiva de 5 años, institución contemplada en el artículo 2514 del Código Civil, conforme a la Resolución Exenta N° R-01-UJU-58745-2024, de fecha 9 de abril de 2024.

En cuanto a lo señalado por la ACHS, indica en lo pertinente, que la pensión otorgada a la recurrente se mantuvo vigente y fue pagada hasta el 31 de agosto de 1994, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 44 de la Ley N°16.744, vale decir, hasta cuando tenía el cuidado de su hija que le cause asignación familiar, teniendo a esa fecha menos de 40 años de edad, precisando que con fecha 11 de diciembre de 2023, la actora efectuó una presentación ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando que la ACHS informe respecto de los descuentos que efectuó a su pensión de viudez, que percibía a causa del fallecimiento por accidente laboral, de su cónyuge, oportunidad en que informó que la pensión se encontraba inactiva desde el año 1994, vale decir, hace más de 30 años atrás, por lo que las acciones legales al respecto y las reclamaciones que se pudieran efectuar estaban absolutamente prescritas, lo que devino en la dictación por parte de dicha Superintendencia de la Resolución Exenta N°R-01-UJU-58745-2024, de fecha 9 de abril de 2024 que aprobó lo informado por la Asociación Chilena de Seguridad.

Alegó además que las actuaciones de la ACHS se encuentran ajustadas a derecho y no resultan arbitrarias, citando la normativa que regula la organización y atribuciones de la SUSESO, en cuanto a que dicho órgano le corresponde la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, además de aplicar el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de esa Superintendencia, en el cual se encuentra la caducidad de las mensualidades de las pensiones.

Expresa que pierde sentido y carece de toda justificación la persecución de la devolución de dineros supuestamente mal descontados, hace más de 37 años atrás, por lo que corresponde que, necesariamente esta Corte determine la prescripción extintiva de los dineros reclamados, declarando extintas la pretensión de la parte recurrente.

Concluye que esta vía cautelar, desborda los límites de esta acción constitucional, toda vez que en el presente caso la parte recurrente carece de un derecho de carácter indubitado, vigente y preexistente, siendo ello un presupuesto esencial para que su acción cautelar pueda prosperar.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, tal como se dijo, lo que la recurrente pretende mediante esta acción es que se le restituyan los descuentos de cotizaciones efectuados con motivo del pago de la pensión de sobrevivencia prevista en la Ley N°16.744, efectuado entre los años 1975 a 1994, por estimar que tales descuentos son ilegales, dado que el artículo 54 de dicha ley, no es aplicable a las beneficiaras de pensión de sobrevivencia, recurso que se endereza en contra del Instituto de Previsión Social, ello sin perjuicio de haberse solicitado informe también a la Asociación Chilena de Seguridad.

SÉPTIMO: Que, en primer término, cabe precisar que mediante Resolución Exenta N°98 de fecha, 22 de marzo de 2019, del Director Nacional del IPS, se ordenó la anulación de las cotizaciones enteradas en el fondo de pensiones de ex SSS, por la Asociación Chilena de Seguridad, durante los períodos comprendidos entre marzo y diciembre de 1987; febrero, abril, mayo de 1988 y entre septiembre y noviembre de 1988, decisión que se basó en que tales cotizaciones improcedentes eran las únicas registradas en el fondo de pensiones del Ex Servicio de Seguro Social, sin que el IPS pueda devolver periodos anteriores, toda vez que, en dichos registros, no se encuentran otros períodos impositivos enterados en el fondo de pensiones del SSS, ni en ninguno de los regímenes administrados por dicho Instituto.

A su vez, consta que, conforme al documento denominado “Constitución Pensión Supervidencia y Orfandadad N°265”, de 18 de julio de 1975, la Asociación Chilena de Seguridad procedió a declarar el derecho a pensión de supervivencia, correspondiéndole a la viuda el 50% y a la hija el 20% de dicha pensión. Además, se pagó a la Sra. nombre reservado los montos correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 1975. También consta de los antecedentes que la pensión otorgada a la recurrente se mantuvo vigente y fue pagada hasta el 31 de agosto de 1994, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 44 de la Ley N°16.744, hasta cuando tenía el cuidado de su hija que le cause asignación familiar, teniendo a esa fecha menos de 40 años de edad.

Por su parte, la ACHS señaló que la pensión se encontraba inactiva desde el año 1994, vale decir, hace más de 30 años atrás, por lo que las acciones legales al respecto y las reclamaciones que se pudieran efectuar estaban absolutamente prescritas.

OCTAVO: Que, de lo anterior, queda en evidencia que la pretensión de restituciones de las cotizaciones efectuadas con motivo del pago de la pensión de sobrevivencia en los periodos indicados, constituye un asunto de lato conocimiento, que no puede ventilarse en el marco de esta acción de carácter cautelar, por cuanto, ante la alegación de prescripción extintiva, para acoger el presente recurso, resultaría indispensable declarar la existencia de un derecho, siendo además necesario determinar el porcentaje del descuento que se reprocha como ilegal.

Por lo demás, cabe precisar que el presente recurso tampoco podría prosperar contra el IPS, por cuanto quedó establecido que dicho organismo efectuó la devolución de las cotizaciones enteradas en el fondo de pensiones del Ex Servicio de Seguro Social, restando sólo por dilucidar la situación de las cotizaciones descontadas por la Asociación Chilena de Seguridad y no enteradas en dicho fondo, respecto de las cuales, en todo caso se ha alegado la prescripción extintiva, cuestión que, como se dijo, es un asunto de fondo que no poder ser resuelto en esta acción constitucional.

NOVENO: Que, por todo lo anterior, no cabe más que rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6949-2025.