nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, once de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 10 de abril de 2025 comparece el abogado don Ángel Robinson Maidana Carvacho, en representación de doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en disponer descuentos de sus remuneraciones para hacerse pago de un crédito social, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado suscribió un crédito social con Caja La Araucana el año 2017, el cual se pagó durante un primer periodo mediante descuentos efectuados por planilla desde sus remuneraciones, sin embargo, luego se cambió de lugar de trabajo, dejando de efectuársele los descuentos e incurriendo en mora, sin que la aludida Caja de Compensación desplegara alguna acción tendiente a perseguir el cobro de la deuda.

Refiere que, a finales de 2023, el actor comenzó a sufrir descuentos desde sus remuneraciones, sin embargo, sólo cuenta con las liquidaciones correspondientes desde febrero de 2024, en las cuales se individualiza un descuento por la suma de $127.830, bajo el ítem “Caja Los Andes”.

Asevera que el recurrente no ha suscrito crédito alguno con alguna Caja de Compensación diversa a La Araucana, por lo que los descuentos efectuados por Caja Los Andes obedecen al crédito que suscribió con la primera hace más de ocho años.

Sostiene que la aludida deuda se encuentra evidentemente prescrita, de forma tal que el actuar de las recurridas constituye una especie de autotutela y un actuar arbitrario, al obtener el pago de una forma irregular, sin fundamento ni sustento legal.

Previa referencia a la garantía que entiende afectada y a jurisprudencia que estima pertinente, solicita ordenar a las recurridas a dejar sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones de su representado, restituir los montos descontados desde febrero del año 2024 a la fecha y que se las condene en costas.

Segundo: Que, el 23 de abril de 2025, el abogado don Julio César Villalobos Villarroel evacuó informe en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de su representada.

Expone que, de conformidad al artículo 22 de la ley N° 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar se encuentran facultadas para deducir de las remuneraciones de las entidades empleadoras afiliadas lo adeudado por prestaciones de créditos sociales, lo que resulta consistente con lo previsto en el Decreto Supremo N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 58 del Código del Trabajo.

Sostiene que el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales, de forma tal que los pagos realizados no son arbitrarios ni ilegales, máxime considerando que las obligaciones existen y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que se encuentran extintas.

Tercero: Que, el 24 de abril de 2025, la abogada doña Inés Riquelme Arao, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuó el informe que le fue requerido, a través del cual solicita el rechazo de la acción de protección de autos, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario cometido por su representada.

Expone que su representada, a contar del mes de octubre de 2018, inició el cobro de retenciones de crédito en cumplimiento del contrato de mandato y prestación de servicios suscrito entre las Cajas de Compensación el 15 de abril de 2014, denominado “Proyecto Intercajas” en cuya virtud la Caja de Compensación La Araucana les ha solicitado realizar gestiones de descuento a nombre de la actora, e incorpora una tabla en la que se precisan diversos descuentos desde febrero de 2023 hasta febrero de 2025.

Sostiene que, conforme a lo expuesto, el actor debe concurrir a la Caja de Compensación La Araucana, donde tendría origen la deuda, a fin de obtener mayores antecedentes.

En cuanto al referido “Proyecto Intercajas”, explica que fue celebrado el 15 de abril de 2013, y tiene por objeto que la Caja acreedora pueda acceder a información necesaria para detectar a sus deudores con obligaciones morosas que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, permitiéndole acordar con la nueva Caja la recaudación de las cuotas adeudadas. La recurrida fundamenta la legalidad de este convenio en el artículo 19 N° 7 de la Ley 18.833, que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

En relación a la diputación para recibir el pago, la recurrida invoca los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, señalando que el pago de la cuota descontada extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, conforme al artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833.

Cuarto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que ahora bien, impone el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su remuneraciones desde febrero de 2024 en adelante, el que responde a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar en el año 2017, y cuyas cuotas dejó de pagar. En este escenario y pese a que el recurrente no desconoce la existencia del préstamo, esgrime al efecto en sustento de su impugnación el lapso de tiempo durante el cual no le fueron efectuados cobros, circunstancias que, a su juicio, tornarían en ilegal y arbitrario el descuento que se efectuó a su remuneración por este concepto.

Pese a lo afirmado por el actor, lo cierto es que en cualquier caso, las acciones derivadas son actualmente exigibles siendo precisamente ellas las que justifican el descuento que se efectuó a su remuneración, dado que la prescripción de las acciones para cobrarlos no ha sido declarada judicialmente.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de la obligación que es causa del descuento, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Sexto: Que, finalmente, en lo que concierne a la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, que es la entidad que efectúa mensualmente los descuentos que se impugnan, a instancias de la Caja de Compensación La Araucana, es menester aclarar que ello lo ha sido en cumplimiento de la obligación legal de cobro que le impone el artículo 22 de la Ley 18.833 y ajustando, además, estrictamente su obrar a lo acordado el 15 de abril de 2013, en el contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, por lo que no existe ilegalidad o arbitrariedad en su conducta;

Séptimo: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-6941-2025.