nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos por planilla de sus remuneraciones para hacerse pago de cuotas adeudadas de un crédito social, desde junio 2024, a pesar de haberse iniciado una causa ejecutiva de cobro de pagaré en su contra, lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 7 de diciembre de 2021 suscribió el pagaré N°24000155287 en favor de la recurrida, por la suma de $3.027.721 (capital + 2.39% interés mensual), Luego, el 25 de enero de 2022, suscribió el pagaré N° 24000155422 por $2.019.657 (capital + 2.54% interés mensual).

Señala que con fecha 29 de noviembre de 2022, reprogramó ambos pagarés mediante hojas de prolongación (Folios N° 24000156168 y N° 24000156159), ajustando montos y plazos a 60 cuotas mensuales (primera cuota: 28 febrero 2023; última: 31 enero 2028). Posteriormente, con fecha 28 febrero 2023, incurre en mora al no pagar cuotas pactadas.

Indica que con fecha 13 de noviembre de 2023, La Araucana interpone demandas ejecutivas (Roles C-37-2023 y C-38-2023) en Juzgado de Letras de María Elena, aplicando cláusula de aceleración (exigiendo deuda total).

Reclama que, pese a lo anterior, en el mes de junio de 2024, La Araucana inicia descuentos mensuales de $173.230 en liquidaciones de sueldo del recurrente (ítem "Préstamo Araucana"), sin notificación previa. A lo anterior, con fecha 9 abril 2025, La Araucana justifica descuentos vía correo electrónico, alegando "mandato legal" (art. 22 Ley 18.833).

Sobre la vulneración de garantías constitucionales, cita el art. 19 N°24 de la Constitución (Derecho de propiedad), por cuanto, los descuentos arbitrarios privan de remuneración sin autorización legal.

En segundo término, invoca el art. 19 N°2 (Igualdad ante la ley), toda vez que la doble vía de cobro (judicial + descuentos) es abusiva.

Alega que la cláusula de aceleración (ejercida en noviembre 2023) extingue derecho a cobro parcial por cuotas.

Cita jurisprudencia, Rol 4090-2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que prohíbe descuentos si existe cobro judicial previo, la causa Rol 168.573-2019 (Corte de Apelaciones de Santiago), que declara arbitrario reiniciar cobros extrajudiciales tras demanda y la Rol 13.080-2018 (Corte Suprema): Anula descuentos por ser "improcedentes" y fuera de plazo razonable.

Finalmente, solicita el cese inmediato de descuentos en remuneraciones, restitución de $1.732.000 (descuentos junio 2024-marzo 2025) más reajustes, con costas.

Segundo: Que la abogada don Julio César Villalobos Villarroel, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuó informe, solicitando el rechazo del presente arbitrio, por no existir acción u omisión que afecte la garantía constitucional del actor.

Expone sobre los antecedentes del caso, que al recurrente (nombre reservado) con fecha 29 de noviembre de 2022, suscribió el crédito N°024-000156159 por $2.017.458 (60 cuotas de $69.811) y el crédito N°024-000156168 por $3.102.805 (60 cuotas de $103.419), ambos con mora desde el 28 febrero 2023.

Señala que las demandas ejecutivas interpuestas por La Araucana (Roles C-37-2023 y C-38-2023, Juzgado de Letras de María Elena), aún se encuentran en trámite.

Sostiene ser efectivo que desde junio 2024, se realizan descuentos mensuales de $173.230 en liquidaciones de sueldo del recurrente (empleador: Municipalidad de Montepatria).

Argumenta que la base Legal para los descuentos, es el artículo 22 Ley 18.833, el cual autoriza a las Cajas a descontar de las remuneraciones lo adeudado por créditos sociales, siguiendo las mismas normas que las cotizaciones previsionales.

Refiere que la citada norma no establece plazo límite para ejercer este cobro, salvo declaración judicial de prescripción.

Cita el artículo 58 Código del Trabajo, el cual obliga al empleador a deducir deudas con instituciones de previsión.

Invoca el Dictamen 2659-2020 (Superintendencia de Seguridad Social), el cual señala que los descuentos deben continuar mientras no se declare judicialmente la prescripción.

Cita jurisprudencia Rol 61.103-2024 (Corte Suprema, 02 abril 2025), el cual confirma validez del artículo 22 Ley 18.833, destacando su finalidad social (asegurar fondos para otros afiliados).

Reitera que el mecanismo de descuento es perentorio y no requiere caducidad.

Arguye que los contratos son ley entre las partes, y las obligaciones persisten hasta su extinción legal (ej. prescripción).

Reseña que el recurrente no aportó sentencia que declare la prescripción o extinción de la deuda.

Finalmente, solicita rechazar el recurso de protección, por carecer de fundamento legal, declarar válidos los descuentos, al amparo del artículo 22 Ley 18.833 y confirmar la vigencia de las obligaciones, dado que no hay resolución judicial que las extinga.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la recurrente acompañó la carpeta electrónica de la causa Rol C-37-2023 y C-38-2023 seguida ante el Juzgado de Letras de María Elena, de la cual se desprende, que la recurrida presentó una acción ejecutiva en su contra el 13 de noviembre de 2023 para obtener el pago de los pagarés N°024-000156159 y N°024-000156168 de 29 de noviembre de 2022, la cual fue notificada el 19 de noviembre de 2024, ambas con sentencia definitiva de fecha 3 de junio de 2025, que acoge la excepción de prescripción.

Quinto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente, consiste en que la recurrida efectúa descuentos mensuales en su remuneración en base a una obligación respecto de la cual renunció al cobro individual de cuotas del crédito social a través del mecanismo de descuento de remuneraciones, prefiriendo la vía judicial para el pago íntegro de la misma.

Sexto: Que, en lo relativo a los pagarés N°024-000156159 y N°024-000156168 de 29 de noviembre de 2022, que el recurrido alega fue reprogramado, se tiene presente que, en definitiva, se trata del mismo crédito social, por lo que, al haber optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de dicha obligación, no resulta procedente el descuento de cuotas de las remuneraciones como trabajador, pues la utilización de tal mecanismo, se torna en un acto ilegal y arbitrario.

En efecto, a juicio de esta Corte, la recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario al efectuar los descuentos que han sido cuestionados, toda vez que pese a haber optado por la vía judicial para obtener el cobro, ejerciendo la vía ejecutiva para obtener la satisfacción de su crédito, proceso en el que se declaró prescrita la acción, insistió en realizar, posteriormente, descuentos de las remuneraciones. En las condiciones descritas la recurrida no estaba facultada para hacer los descuentos efectuados al trabajador, sino que debió atenerse a lo resuelto en el respectivo juicio ejecutivo en relación al crédito otorgado, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especialísima de descuentos unilaterales es arbitraria.

En este punto, es necesario consignar que la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, por exigirlo así el principio de no contravenir los actos propios, lo que en el caso concreto es relevante, en la medida que la utilización de dos vías de cobro arriesga, como es lógico, no solo un doble pago, sino que la contradicción e incumplimiento de un fallo judicial.

Séptimo: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, respecto del referido crédito, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, razón por la cual se acogerá a este respecto el recurso de protección, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sólo en cuanto ordena que la recurrida deberá abstenerse de efectuar descuentos relativo a los pagarés N°024-000156159 y N°024-000156168 de 29 de noviembre de 2022, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas efectuadas a dicho respecto desde junio de 2024.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-6940-2025.