nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH LTDA

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch Ltda., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en efectuar descuentos en sus remuneraciones que excederían el límite legal previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo, vulnerando la garantía del derecho de propiedad, consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Expone que se desempeña como trabajadora dependiente de la Fundación Integra y que, en su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de enero de 2026, se efectuaron descuentos legales y voluntarios por un total de $604.957, equivalentes al 54,8% de su remuneración total de $1.102.930, dentro de los cuales Coopeuch descontó $206.410 por concepto de "Préstamos Coopeuch" y "Cuota Participación", quedando con una remuneración líquida de $497.973. Sostiene que tales descuentos exceden el límite máximo del 45% establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo, norma de orden público destinada a proteger la remuneración del trabajador, por lo que la recurrida actúa ilegalmente al mantener descuentos que sobrepasan dicho porcentaje y arbitrariamente al ejercer el mandato de descuento sin considerar que el margen legal ya se encuentra agotado. Cita jurisprudencia de esta Corte que habría resuelto casos análogos respecto de la misma recurrida. Solicita, en definitiva, que se ordene a Coopeuch cesar o adecuar los descuentos para que el total de las deducciones no exceda el límite legal del 45% de su remuneración total, restituir las sumas descontadas en exceso desde enero de 2026 y pagar las costas del recurso.

Segundo: Que, comparece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch Ltda., solicitando el rechazo del recurso. En primer término, opone la extemporaneidad de la acción, sosteniendo que los descuentos impugnados derivan de un crédito de consumo contratado por la recurrente el 13 de diciembre de 2021, por un monto de $9.120.828, pagadero en 83 cuotas mediante descuento por planilla expresamente autorizado por ella, comenzando los descuentos en febrero de 2022, por lo que el plazo para recurrir se encontraría largamente vencido. En cuanto al fondo, sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria, pues los descuentos obedecen al cumplimiento de un contrato válidamente celebrado y de un mandato de descuento otorgado por la recurrente. Explica que, al momento de contratar el crédito, la recurrente declaró una renta bruta de $1.026.578, pactándose una cuota mensual de $202.840, equivalente aproximadamente al 19,76% de dicha remuneración, porcentaje que -afirma- se encontraba dentro de los límites permitidos por el artículo 58 del Código del Trabajo y por la Ley General de Cooperativas. Agrega que el porcentaje de descuentos invocado en el recurso corresponde al total de deducciones reflejadas en la liquidación de remuneraciones de enero de 2026, las que comprenden descuentos legales y otros descuentos de distinta naturaleza, por lo que el eventual exceso sobre el límite del 45% no sería imputable a Coopeuch, desde que ésta únicamente requirió el descuento de la cuota del crédito autorizada por la recurrente, sin intervenir en la determinación de las restantes deducciones practicadas por el empleador. Añade que la recurrente carece de un derecho indubitado, pues pretende desconocer obligaciones contractuales válidamente asumidas e incluso obtener la restitución de cuotas ya pagadas, materias que requieren un juicio de lato conocimiento, y sostiene que la controversia debe sustanciarse conforme al procedimiento previsto en el Capítulo V del DFL N°5 de 2003, Ley General de Cooperativas. En particular, invoca el artículo 114, que dispone que las controversias entre una cooperativa y sus socios relativas a la interpretación, aplicación, validez o cumplimiento de dicha ley, su reglamento o los estatutos sociales deben resolverse por la justicia ordinaria mediante procedimiento sumario o mediante arbitraje, a elección del demandante.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. De acuerdo a lo que prescribe el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia la acción de protección se debe interponer ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Cuarto: Que, habiendo alegado la recurrida como cuestión previa la extemporaneidad de la acción cautelar, corresponde analizar ello en primer lugar. en tal sentido, ha de tenerse presente que el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales fija un plazo fatal de 30 días corridos, contado desde la ejecución del acto o desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto del mismo. En el presente caso, el acto reclamado se identifica con el descuento practicado en la liquidación de remuneraciones del mes de enero de 2026. De este modo, el conocimiento cierto del mismo se produce al percibir la recurrente dicha remuneración, esto es, a fines de dicho mes o en los primeros días de febrero de 2026. Contado desde esa fecha y habiéndose impetrado el recurso el 18 de febrero de 2026, éste no se encontraba vencido al momento de deducirse la presente acción, razón por la cual la alegación de la recurrida habrá de ser desestimada.

Se tiene presente en tal sentido que no es plausible contabilizar el plazo desde la contratación del crédito de consumo -el 13 de diciembre de 2021- pues pese a que es evidente que la modalidad de cobro mediante descuento por planilla no constituye un hecho sorpresivo ni reciente para la recurrente, desde que proviene de un mandato que ella misma otorgó al contratar el crédito, la infracción de garantías que esgrime en el recurso se circunscribe al período expresamente contemplado en el arbitrio -enero de 2026- y no a los períodos anteriores, respecto de los cuales ha de entenderse no existe reclamo alguno.

Quinto: Que, superada la alegación previa opuesta por la recurrida, y entrando al análisis del fondo de la acción cautelar. En tal sentido, consta de los antecedentes acompañados que el Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch contempla expresamente el descuento por planilla de las cuotas correspondientes a los créditos otorgados a sus socios como mecanismo de pago de tales obligaciones. Dicha modalidad, además, fue la expresamente convenida entre las partes con ocasión de la solicitud y otorgamiento del crédito por parte de la Cooperativa el 13 de diciembre de 2021, constando que se pactó una cuota mensual de $202.840 durante todo el período del crédito, valor que corresponde al mismo deducido desde la liquidación de remuneraciones del mes de enero de 2026, invocado en el recurso.

Sexto: Que, el artículo 58 del Código del Trabajo autoriza al empleador para efectuar descuentos de las remuneraciones del trabajador destinados al pago de obligaciones de cualquier naturaleza, fijando un límite general del 15% de la remuneración total del trabajador y un tope conjunto, cualquiera sea el origen de las deducciones, del 45% de esa misma remuneración total. A su turno, el artículo 54 de la Ley General de Cooperativas incrementa hasta el 25% el límite de los descuentos voluntarios por planilla cuando son a favor de cooperativas de ahorro y crédito de las que el trabajador sea socio, siempre que el conjunto no exceda del referido 45%.

Existiendo norma expresa que modifica lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo y que sirve de fundamento a la presente acción constitucional, y en atención al principio de especialidad de la ley, la hipótesis en que sustenta el recurso la actora no resulta efectiva en cuanto el monto de la cuota mensual respecto del crédito otorgado por Coopeuch y que debe ser restada de sus remuneraciones no supera el 25%.

Séptimo: Que, si bien de los antecedentes aparece que el monto total de los descuentos practicados sobre la remuneración de la recurrente asciende aproximadamente a la suma de $600.000, superando el límite previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo, también consta que dicho exceso no obedece exclusivamente al descuento efectuado en favor de Coopeuch -que como se ha señalado no supera el 25%-, sino a la concurrencia de diversas deducciones practicadas sobre la remuneración de la actora, correspondientes a otras obligaciones asumidas por ella, entre las cuales se verifica otro crédito identificado como “Préstamo CCAF” por un valor de $183.409.- Octavo: Que, en tales condiciones, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, desde que el descuento efectuado en favor de Coopeuch se encuentra autorizado por la ley y por el vínculo contractual que une a las partes, sin que la recurrente haya expuesto un fundamento jurídico que permita concluir que la eventual necesidad de ajustar el monto total de las deducciones deba recaer precisamente sobre dicho descuento y no respecto de las restantes obligaciones que también inciden en el exceso alegado.

Noveno: Que, cabe igualmente tener presente que lo pretendido por la recurrente, en definitiva, es que por medio de esta acción cautelar se deje sin efecto en forma unilateral una convención que ha sido válidamente celebrada entre las partes, sin que se verifique motivo o justificación alguna para proceder en los términos requeridos, pues no cabe duda que el mandato al que hace referencia en su libelo fue suscrito con el ánimo de facilitar el cobro de las cuotas del crédito otorgado por Coopeuch a la actora, por medio de la figura del descuento por planilla. De tal manera, cualquier acción o solicitud que pretenda realizar la recurrente para dejar sin efecto dicho acto jurídico debe ser conocida en un procedimiento de fondo, en que se impugne la validez de dicho mandato, lo que no es materia de un recurso de protección cuya naturaleza es cautelar y no declarativa, no siendo, por ende, la vía idónea para dirimir materias que son propias de un juicio de lato conocimiento.

Décimo: Que, por último, ha de tenerse en especial consideración que el artículo 58 del Código del Trabajo impone al empleador un deber de protección de las remuneraciones de sus trabajadores, siendo aquel quien debe cautelar que los descuentos requeridos por cualquiera de las partidas descritas en dicha norma no excedan, en total, del 45% de la remuneración total del trabajador, por lo que cualquier incumplimiento a dichas obligaciones faculta a la trabajadora a ejercer las acciones laborales pertinentes, estando sujetas al control jurisdiccional en los términos del artículo 420 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la ministra Claudia Parra Villalobos.

N°Protección-6932-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por la ministra señora Claudia Parra Villalobos y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.