Protección contra SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA

22 Santiago, nueve de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°69.247 ha comparecido don nombre reservado, factor de comercio, peruano, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA, representado por su Directora (s) doña Juana Nazal Bustos, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en adelante e indistintamente “SERVIU”; de AGUAS ANDINAS S.A., empresa concesionaria de servicios sanitarios, legalmente por su Gerenta General doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en adelante e indistintamente “Aguas Andinas”; y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde don Felipe Alessandri Vergara, o quien lo subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la ausencia o nula respuesta por parte de dichos recurridos para dar una solución permanente y definitiva a las inundaciones provenientes de la cámara de receptación de aguas servidas ubicada al interior de uno de los baños de su restaurante, rebalse ocasionado por la sobrecarga del colector de aguas lluvias situado fuera del establecimiento comercial.

Sostiene que esta situación ha ocasionado históricamente graves daños a los enseres de trabajo, electrodomésticos, equipos de refrigeración, alimentos, bebestibles y daños de tipo estructural y ornamentación, entre otros, perturbando y amenazando con ello sus garantías constitucionales, en particular, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, y en su derecho de propiedad sobre el restaurante y los bienes que al interior de él se encuentran, solicitando se condene a todos o alguno(s) de los recurridos, a adoptar las medidas que indica más costas.

En cuanto a los hechos, precisa que es arrendatario de los locales 5 y 6 de la domicilio reservado, también individualizada como domicilio reservado, donde ejerce su negocio de giro de restaurante de nombre “El Cajamarquino”, por aproximadamente 20 años, con 12 personas contratadas.

Históricamente y conforme los registros de Aguas Andinas, ha presentado numerosos requerimientos a la empresa dando cuenta de las inundaciones que le han afectado, rebalse proveniente de la cámara de receptación de aguas servidas ubicada en uno de los baños al interior del local, que se origina por la sobrecarga del colector de aguas lluvias situado fuera del establecimiento; desbordamientos que se han agravado durante los últimos años, provocando serios y graves daños materiales a su negocio, afectándolo sanitaria y comercialmente y que lo hacen insostenible en la actualidad.

Los factores que provocan la sobrecarga del colector de aguas lluvias pueden ser múltiples, sin embargo, la empresa sanitaria no ha adoptado ninguna medida de fondo destinada a resolver o mitigar el problema.

Las lluvias ocurridas a fines del mes de junio y principios del mes de julio, según consta en los formularios de atención de Aguas Andinas de fechas 27, 29 y 30 de junio de 2020, y el set de 18 fotografías, dan cuenta de los graves daños ocurridos al interior del restaurante producto del rebalse de la cámara de aguas servidas, inundación que alcanzó una altura 1.60 metros, ocasionando la pérdida completa de todos los enseres, electrodomésticos, máquinas refrigerantes, bebidas y alimentos, entre otros, que se utilizan diariamente para el normal y correcto funcionamiento del restaurante, ocasionando además graves daños en la ornamentación y en la infraestructura del establecimiento.

En la ocasión, Aguas Andinas solo se limitó a realizar medidas de “agotamiento, limpieza y desinfección”, según consta en los formularios de atención, sin pronunciarse ni hacerse cargo de los daños y pérdidas materiales señaladas.

El día miércoles 1 de julio del año 2020 don nombre reservado, supervisor de Aguas Andinas, ante la insistencia del propio personal que se encontraba trabajando para sacar el agua, concurrió al restaurante y se comprometió a regresar para levantar un acta de catastro de todos los daños y pérdidas ocasionadas por la inundación; sin embargo, dice, a la fecha no ha tomado ningún tipo de contacto, no ha concurrido al restaurante ni contestado su teléfono pese a los insistentes llamados que ha realizado junto a sus trabajadores.

Agrava lo anterior la situación sanitaria que le afectó en los días venideros, por cuanto el Sr. nombre reservado, Supervisor de Aguas Andinas, prohibió botar todos los enseres, electrodomésticos, equipos de refrigeración y alimentos que se perdieron o se vieron afectados por la inundación, argumentando que era necesario que estuvieran a la vista para realizar el catastro. El supervisor jamás llegó, obligándolo, con la ayuda de sus trabajadores, a botar los alimentos y los enseres que se encontraban mayormente afectados y podridos producto de la humedad, por cuanto representaba un grave foco de infección y contaminación, exponiéndolo durante todo este tiempo a que el municipio además cursara infracciones sanitarias por los desechos que se encontraban fuera del local.

Los daños ocasionados con las últimas lluvias ocurridas en la ciudad de Santiago, el cierre temporal del restaurant producto de la pandemia y la imposibilidad de acceder a créditos bancarios y/o financieros, hacen imposible asumir los daños al establecimiento y las pérdidas señaladas.

Finalmente, en tanto no se realice la ampliación del recolector de aguas lluvias, la red de alcantarillado y la cámara de receptación de aguas servidas, no podrá retomar las labores propias del giro de restaurante, manteniendo el mismo estatus de perturbación y amenaza a sus derechos constitucionales que ampara la Carta Fundamental.

En cuanto a las ilegalidades, señala:

En primer término, la conducta inactiva del SERVIU de la Región Metropolitana, que importa la omisión del deber legal de cuidado impuesto por la Ley Nº19.525, que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, publicada en el Diario Oficial el 10 de noviembre de 1997.

Conforme a lo dispuesto en la segunda parte, del inciso 2º del artículo 1º del citado cuerpo legal: “La red secundaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias estará a cargo del Ministerio de Viviendas y Urbanismos a quien le corresponderá, directamente, su planificación y estudio y, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, construcción, reparación y mantención de la misma”. En consecuencia, dice, corresponde al SERVIU de Santiago la reparación y mantención de la red secundaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, lo que no ha ejecutado, por cuanto la cámara de receptación de aguas servidas, red de alcantarillado y recolector de aguas lluvias no cuentan con la capacidad suficiente para contener el caudal de aguas servidas, provocando el rebalse y posterior inundación del restaurante.

Respecto de AGUAS ANDINAS S.A., recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º transitorio del D.F.L. Nº382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y sus modificaciones posteriores, la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias S.A. (EMOS S.A.), en su calidad de sucesora legal de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, ahora Aguas Andinas S.A., adquirió de pleno derecho el carácter de concesionaria de los servicios públicos de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición final de aguas servidas, por cuanto prestaba dichos servicios al 21 de junio de 1989 en la Región Metropolitana, que incluye el área "Gran Santiago", siendo a la fecha la empresa sanitaria más grande del país que gestiona -según declara en su sitio web- “el ciclo urbano del agua: captación, producción de agua potable, transporte, distribución de agua potable, recolección, tratamiento y gestión de las aguas servidas”.

La omisión de la empresa sanitaria, acusa, también importa la infracción de un deber legal de cuidado, pues al ser titular de la concesión de servicios públicos de producción, distribución de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas en gran parte de las comunas de la Región Metropolitana, le son aplicables diversas disposiciones del D.F.L. Nº382 de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, sobre Ley General de Servicios Sanitarios (en adelante, LGSS).

Así, señala, en primer lugar, el artículo 34 de la LGSS impone a la empresa concesionaria la siguiente conducta: “El prestador estará obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad normativa y del Ministerio de Salud.”

Luego, el artículo 35 de la misma LGSS agrega: “El prestador deberá garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor.”

En seguida, el artículo 36º bis de la LGSS dispone que: “Será obligación de los concesionarios mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento, el cual deberá estar basado en criterio de carácter general y haberse dictado antes del otorgamiento de la concesión”. (Sic).

A su vez, el artículo 99 del Decreto Nº1199 del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios, dispone: “El prestador deberá tener en aplicación un programa permanente de mantención preventiva de sus redes de alcantarillado. Igualmente, el prestador tendrá la obligación de mantener disponible y sin interrupción la red pública para la evacuación de las aguas servidas provenientes de los inmuebles, de modo que tal red no produzca inundaciones, filtraciones, daños u otros efectos, salvo causa de fuerza mayor, desperfectos causados por el mal uso o ejecución defectuosa de la instalación domiciliaria no imputable a la empresa”.

En tercer lugar, en cuanto a la omisión del deber de limpieza y mantención por parte de la Dirección de Aseo y Ornato del municipio recurrido, precisa que el D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante LOCM), dispone en la letra f) de su artículo 3º que “Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas: f) El aseo y ornato de la comuna.”

Agrega la letra i) del artículo 4 de la LOCM: “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes;”

El recurrente expresa que la arbitrariedad de las recurridas es evidente, constituyendo una conducta fuera de toda lógica y razonabilidad, por cuanto no sólo pasa por alto los requisitos normativos establecidos por el legislador, sino que, de igual manera, demuestra falta de seriedad y de ausencia de protocolos frente a los acontecimientos expuestos.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala las del artículo 19 Nº1, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y del mismo artículo 19, N°24, relativo al derecho de propiedad.

Afirma, sobre la primera de dichas garantías, que está siendo vulnerado en este derecho básico, elemental y presupuesto del resto de los derechos, al padecer todas las displicencias de los entes públicos y la empresa sanitaria que han cometido en la satisfacción de un bien básico para llevar una vida en condiciones dignas, como es el control de aguas servidas.

Expresa que no se puede vivir, no se puede proyectar la vida de una persona o de una comunidad si no se cuenta con las condiciones mínimas para su subsistencia, lo que en el caso concreto no ocurre. Se corre así un riesgo grave de que por medio de un detrimento a la salud, por vía de no contar con el control debido de aguas servidas, se perjudique o se atente contra su salud y la de sus trabajadores que desempeñan funciones al interior del restaurante, poniendo además en riesgo a los clientes que frecuentan el establecimiento comercial.

Asimismo, la conmoción, stress y detrimento psíquico que actualmente padece ante la imposibilidad de poder funcionar con normalidad, poder solventar las remuneraciones de los trabajadores, hace que la situación sea insostenible desde cualquier punto de vista, existiendo evidente riesgo de su salud física y psíquica.

En cuanto al derecho de propiedad, como ha explicado, la amenaza y vulneración a tal derecho, objeto de su presentación, se traduce en la latente amenaza de inundación o anegación de su restaurante cada vez que llueve en la ciudad de Santiago, que trae aparejados los daños a la ornamentación e infraestructura del restaurante, como asimismo, la pérdida material de enseres, electrodomésticos, maquinas refrigerantes, alimentos, bebestibles y todos aquellos bienes destinados al normal y correcto funcionamiento, y que a la fecha se encuentra impedido de poder desarrollar, al estar desposeído de todos los bienes que eran parte esencial del local comercial, grave situación que se mantendrá mientras los recurridos no adopten las medidas destinadas a solucionar lo denunciado.

Pide que se materialicen las siguientes medidas preventivas:

(A) A SERVIU DE LA REGIÓN METROPOLITANA y/o a AGUAS ANDINAS S.A, o solo a quien se le tenga como responsable, se le ordene realizar la ampliación de la cámara de receptación de aguas servidas, red de alcantarillados y recolector de aguas lluvias conectadas al establecimiento comercial, y posterior mantención y limpieza de forma frecuente.

(B) A la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, se le ordene realizar la mantención periódica, en especial de limpieza del alcantarillado ubicado fuera del inmueble.

Todas las medidas deben ser: (a) técnicamente idóneas, (b) ejecutadas conforme al arte del buen construir, (c) aprobadas por personal capacitado de la Dirección de Obras Municipales, del SERVIU de la Región Metropolitana y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios según corresponda, o por quien la Corte señale; y, (d) deben asegurar que no habrá más riesgos de inundación en el inmueble.

Todo lo anterior sin perjuicio de las demás medidas que la Corte pueda disponer con igual fin y, en especial, las que se sugieran destinadas a que pueda volver a funcionar su restaurante.

Finalmente, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, legalmente representada por su Directora Regional (s) doña Juana Nazal Bustos; de Aguas Andinas S.A., representada por su gerenta general doña nombre reservado; y de la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde don Felipe Alessandri Vergara, acogerlo a tramitación y ordenarles que evacuen informe dentro de breve plazo, y disponga la ampliación del recolector de aguas servidas, red de alcantarillado y cámara receptora de aguas servidas y demás obras que sean necesarias, destinadas a evitar futuras inundaciones del inmueble, respecto del cual se encuentra impedido a la fecha de poder desarrollar con normalidad su negocio.

2°) Que, informando don nombre reservado, Abogado Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Santiago, expone:

1.- Que la Municipalidad de Santiago no ha incurrido en ningún hecho material, actuación administrativa u omisión en el ejercicio de sus facultades legales en relación con los fundamentos del recurso.

Aparentemente la inundación del local tiene su origen en la interconexión entre el sistema de alcantarillado del local y la red secundaria de aguas lluvias de la comuna.

Desconoce si el rebalse se produce por una negligencia de la empresa Aguas Andinas S.A. o por intervención de terceras personas.

Con respecto al estado de mantención de los sumideros, ésta legalmente le corresponde al Serviu Metropolitano, en la medida que dichas estructuras pertenecen a la red secundaria de aguas lluvias. Agrega que los componentes de la red primaria de aguas lluvias fueron definidos a través del Decreto N°1900, de 31 de octubre de 2002, acto que incluye los colectores de aguas lluvias de un diámetro superior a los 800 mm de diámetro.

La red secundaria se define por exclusión, esto es, todos aquellos elementos no incluidos como parte de la red primaria automáticamente se consideran parte de la red secundaria.

Por consiguiente, al no mencionarse los sumideros de aguas lluvias en el Decreto N°1900 del año 2002, sino sólo los colectores de un diámetro superior a los 800 mm, aquéllos automáticamente se consideran como parte de la red secundaria de aguas lluvias.

Hace presente que la Municipalidad carece de atribuciones legales para fiscalizar las actuaciones de la empresa Aguas Andinas S.A., conforme a lo dictaminado por la Contraloría General de la República por Dictamen N°21.747, del año 2009.

2.- A continuación, señala el marco legal aplicable a la pavimentación y alude a la Ley 11.150 sobre pavimentación en la comuna de Santiago, cuyo artículo 1° señala en forma expresa que todos los trabajos relacionados con la ejecución, renovación, conservación, reparación y vigilancia de los pavimentos de las calzadas y aceras de la ciudad de Santiago se sujetarán a las normas que se establecen en dicho cuerpo legal y estarán a cargo de una oficina técnica especial que se llamará “Municipalidad de Santiago.” (Sic).

En cuanto a las atribuciones del Gobierno Regional en materia de pavimentación, señala que la Ley 20.035 modificó la Ley N°19.175 sobre Gobierno Regional.

Mediante la ley N°20.035 de 1° de julio del año 2005, se introdujo una letra j) nueva, en el artículo 16° de la citada ley N°19.175, en virtud de la cual se radicó en los gobiernos regionales la potestad de reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas.

Explica que en el año 2018, luego de la reforma introducida por la ley N°21.074, que incorporó las letras b), c), d) y e) nuevas al artículo 16° de la ley 19.175, la letra j) que había sido incorporada por la ley 20.035 a la ley 19.175, pasó a ser la actual letra n).

En consecuencia, indica, después de la ya referida modificación que se introdujo mediante la ley 20.035 al artículo 16° de la Ley Nº19.175, complementada por el DFL N°2/20.035, de 18 de Agosto de 2006, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) dejó de ser competente en materia de conservación de pavimentos de aceras y calzadas, limitándose sus facultades a la fiscalización de los aspectos técnicos de los pavimentos.

Agrega que la Ley N°19.525 del año 1997 regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y se dictó con el propósito específico de cubrir un vacío normativo existente hasta esa época en el ámbito de las responsabilidades en materia del drenaje de aguas lluvias.

Bajo el esquema de esta ley, se establece que corresponde al Ministerio de Obras Públicas la responsabilidad por el diseño y mantención de la red primaria de aguas lluvias, que básicamente se refiere a obras tales como grandes colectores de aguas lluvias, canalizaciones y otras en general de mayor envergadura, y al mismo tiempo, se estableció que le correspondería al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el diseño de la red secundaria y a los servicios de vivienda y urbanismo la mantención y ejecución de obras de esta misma red.

Menciona, asimismo, el dictamen N°16.298 del año 2016, de la Contraloría General de la República, y el informe técnico de la Dirección de Obras Municipales de Santiago.

Relacionado con lo expuesto y acorde a lo informado por la Dirección de Obras, mediante el Memorándum N°30, de 6 de agosto de 2020, y el Memorándum N°120, de 4 de agosto de 2020, en el caso de los locales del recurrente la situación sería la siguiente: Bandera Nº871 está conectado a lo que se denomina Comunidad de Desagüe de Aguas Servidas y descargan a un colector ubicado en calle Aillavilú, donde hay dos locales comerciales cuyos subterráneos se inundaron por las últimas lluvias con aguas servidas.

Esta Comunidad tiene una cámara particular domiciliaria bajo la cota de solera que debería tener doble tapa, una con un seguro con pernos y aparentemente la tienen con tapa simple. Al entrar el colector en presión por causa de la lluvia y no tener una válvula de retención o de tormenta, las aguas servidas por presión, se devuelven y no evacúan al colector, por lo que salen por la cámara y en este caso inundó los 2 subterráneos.

Son conexiones irregulares, incluso hay un baño en cota inferior no regularizado (esto quiere decir que no existe plano en estas condiciones aprobado por Aguas Andinas).

Santiago, en general, tiene un colector unitario, donde evacúan en conjunto aguas servidas y aguas lluvias, sólo en un tramo de calle Bascuñán tiene un colector de aguas lluvias, en los paseos peatonales tiene conducto de aguas lluvias, pero éstas descargan al colector unitario.

En conclusión, dice, no es responsabilidad de la Municipalidad si los desagües están construidos en forma irregular y es la Administración del edificio quien debe regularizarlos con Aguas Andinas.

En cuanto a las medidas cautelares solicitadas, señala:

En primer lugar, la Municipalidad no ha incurrido en actos ni omisiones ilegales en contra del recurrente.

En segundo lugar, entiende que el problema principal que afecta al local del recurrente radica en la interconexión de la cámara de recepción de aguas servidas que se encuentra al interior del local con la red de aguas lluvias correspondiente al sector en que se emplaza el local y que por causas que deben aclararse técnicamente, se rebalsa debido a la existencia de dicha conexión.

En consecuencia, la Municipalidad conforme a sus facultades legales no tiene la posibilidad de ingresar al local a efectuar reparaciones, toda vez que los organismos competentes en este caso son, por una parte, la empresa Aguas Andinas S.A. y por otra, el Serviu Metropolitano, en lo que se refiere a la intervención en la red secundaria de aguas lluvias, y ello en el entendido que más allá de su competencia legal, exista responsabilidad del Serviu Metropolitano desde el punto de vista fáctico, ya que es posible que el desbordamiento de las aguas servidas se deba a alguna clase de conexión irregular entre el sistema de alcantarillado del local y la red de aguas lluvias que sea ajena a la competencia legal del Serviu Metropolitano.

Por consiguiente, y para efectos de la eficacia cautelar del recurso, la Municipalidad estima que los trabajos de mantención periódica del o los sumideros que se encuentren en vía pública en la zona cercana al local, le corresponde al organismo con competencia legal en dicha materia, esto es, el Serviu Metropolitano, sin perjuicio de los convenios de colaboración técnica que puedan celebrarse entre dicho organismo y la Municipalidad y en relación con lo cual existe la voluntad institucional para concretarlos, y sin perjuicio además de la posibilidad que ofrece la norma del artículo 77 bis de la ley 8.469, modificado por la ley 21.111, del año 2018, y conforme a las facultades contempladas en los artículos 4 y 38 de la ley 18.695, que permiten a las municipalidades ejecutar reparaciones de emergencia en aceras, calzadas o ciclovías con el objeto de mantener la circulación por la vía pública en condiciones que no presenten riesgos para las personas, vehículos o bienes (no obstante que dicha reforma sólo se refirió a la pavimentación de aceras y calzadas pero no a la intervención de aquellos elementos que pertenecen a la red secundaria de drenaje de aguas lluvias de la ciudad, pues ninguna referencia ni modificación hizo el legislador mediante la ley 21.111 a la ley 19.525, que establece competencias en materia de aguas lluvias).

En otros términos, y toda vez que se trata de una emergencia, la Municipalidad estima que aun a falta de convenio con el Serviu Metropolitano y en base a lo previsto por el artículo 77 bis de la ley 8.469, es posible realizar labores de limpieza puntuales de los sumideros que se encuentran fuera del local, conforme a lo solicitado por la recurrente.

En cualquier caso, acota, el problema que denuncia el recurso no parece que pueda mitigarse o solucionado por labores de limpieza de los sumideros, pues por el contrario, dichas medidas podrían, llegado el caso, aumentar el caudal de agua que se incorporará a la red secundaria, la que al estar en conexión con el sistema de alcantarillado del local, podría sufrir nuevas inundaciones.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Municipalidad de Santiago está dispuesta a prestar toda la ayuda que le sea solicitada, tanto en el ámbito de la asistencia social que sea del caso como de cualquier ayuda técnica que esté dentro de sus facultades legales, para lo cual don nombre reservado debe ingresar las solicitudes correspondientes. Hace presente que no hay constancia de la existencia de solicitudes administrativas efectuadas por el señor nombre reservado a la Municipalidad con ocasión de las inundaciones denunciadas en el recurso, lo que en todo caso, no les permite afirmar que ellas no existan, en razón de no haberse podido verificar dicha situación al evacuarse el informe, debido a las restricciones que la pandemia impone al funcionamiento administrativo del municipio.

Tampoco el recurso menciona eventuales solicitudes administrativas, lo que dificulta su seguimiento.

Pide rechazar el recurso interpuesto por don nombre reservado en contra de la Municipalidad de Santiago, por carecer ésta de legitimidad pasiva en los hechos denunciados por el recurrente.

3°) Que, asimismo, emite informe don Felipe Ibaceta Lazcano, abogado, en representación del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

Sostiene que la supuesta conducta inactiva imputada a SERVIU Metropolitano, que según la recurrente importa la omisión del deber legal de cuidado impuesto por la Ley Nº19.525 no es tal, debido a que la situación fáctica no puede relacionarse con las funciones encomendadas al Servicio en virtud de dicha ley; por lo tanto, el actuar de su representada no sería ni ilegal ni arbitrario.

Afirma que no hay vulneración clara o evidente a las garantías señaladas, y que no se detalla ninguna acción u omisión culpable o dolosa de SERVIU, que tenga causalidad con las afectaciones que se pretende. Agrega que la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente, en caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.

El recurrente, dice, imputa una conducta omisiva culposa a los recurridos; sin embargo, no existe claridad respecto a cuál sería esta omisión, y de quién sería la obligación de ejecutarla. Tampoco es posible determinar de la lectura del recurso impetrado, que la supuesta inundación al interior de uno de los baños del restaurante del recurrente provenga del rebalse de la cámara de receptación de aguas servidas ubicada en las afueras de su local, y que ello tenga como consecuencia directa, una acción u omisión del Servicio.

En la hipótesis antes dicha no opera la acción de protección, ya que ella no tiene por objeto un restablecimiento rápido de alguna garantía constitucional vulnerada, resolver un conflicto de intereses ni tampoco tiene la finalidad de limitar los derechos de las personas que actúan de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Por el contrario, la recurrente presenta una controversia de lato conocimiento, cuya resolución debe ser efectuada por las vías que determina el ordenamiento jurídico y no a través del recurso de protección, y dicha función la desarrollan los tribunales ordinarios a través de los procedimientos civiles, laborales, de menores, administrativos o penales respectivos.

Expresa que SERVIU NO ES RESPONSABLE DE LA SUPUESTA OMISIÓN RELATADA.

La imputación resulta errónea, añade, toda vez que el colector de aguas lluvias situado fuera del establecimiento comercial es un “colector unitario”, el cual forma parte de la Red Primaria de Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias.

Explica que existe un plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias para el gran Santiago, aludiendo a la Ley N°19.525, que aprueba el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias Para El Gran Santiago en su artículo 2°.

Allí se indica que el colector de aguas lluvias al que se refiere la recurrente, es parte de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, correspondiendo su reparación, mantención y mejoramiento a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, sin perjuicio de las responsabilidades que se pudiesen determinar respecto de la empresa sanitaria recurrida.

A mayor abundamiento, señala que se debe tener a la vista el Dictamen N°046643N07 de la Contraloría General de la República, de fecha 17.10.2007, que reafirma la idea de que las redes que se construyan serán independientes de las redes de alcantarillado de aguas servidas y no podrán tener interconexiones entre ellas. Sin embargo, podrán ser unitarias o tener interconexión entre ellas, cuando la autoridad competente así lo disponga, fundada en un estudio de ingeniería que lo justifique.

Como conclusión, afirma que el recurso de protección presentado no cumple con los requisitos de admisibilidad de la acción, debido a que no se ha descrito una relación de causalidad entre la supuesta omisión culposa imputada al Servicio, y los derechos aparentemente lesionados o amenazados.

Es tal la vaguedad de la situación de hecho y de las imputaciones realizadas, que no es clara o evidente la afectación de los derechos supuestamente lesionados; se presenta un conflicto de intereses en cuanto a determinar de quién es la responsabilidad de la inundación, lo que debe ser resuelto por las vías que determina el ordenamiento jurídico, como la responsabilidad extracontractual, y no a través del recurso de protección.

Aun así, SERVIU Metropolitano no tiene responsabilidad en la supuesta inundación del local comercial, puesto que no es responsable del colector unitario a que se refiere la recurrente, ya que este es parte de la Red Primaria de Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias.

SERVIU Metropolitano es responsable de la Red Secundaria de Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias, la que cobra valor al momento de realizar proyectos habitacionales, donde el ejemplo típico se refiere al proyecto de aguas lluvias de una nueva urbanización.

Pide, por último, tener por evacuado el informe.

4°) Que, asimismo, emite el informe solicitado don nombre reservado, abogado, por la recurrida AGUAS ANDINAS S.A., y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

En cuanto al fondo plantea que éste debe ser rechazado, por las siguientes razones:

1. Aguas Andinas no ha cometido actuación ilegal o arbitraria alguna, por cuanto las causas directas del ingreso de aguas servidas al subterráneo del inmueble afectado radican en los defectos de la red domiciliaria de alcantarillado y, por ende, se encuentra dentro del ámbito de responsabilidad del dueño del inmueble y no de la empresa concesionaria de servicios sanitarios.

2. Aguas Andinas no ha cometido acción ilegal o arbitraria alguna ya que, al contrario a lo señalado por el recurrente, ha concurrido al inmueble a prestar su ayuda cada vez que le ha sido requerida.

3. El recurso de protección no es la sede o instancia idónea para discutir los hechos expuestos por el recurrente, pues cuenta con otras acciones procesales para invocar en defensa de sus derechos o intereses, por lo que se excede el ámbito de discusión que es legítimo plantear en sede cautelar. Por otro lado, acoger el recurso conllevaría un resultado injusto y desproporcionado.

4. El recurso de protección, sin perjuicio de las alegaciones de fondo previamente indicadas, resulta manifiestamente extemporáneo.

Expresa que la verdadera causa del ingreso de aguas mixtas al subterráneo del inmueble que ocupa el recurrente radica en instalaciones sanitarias irregulares, fuera de norma y sin medidas suficientes para evitar la devolución de las aguas, todas las cuales, por expresa disposición legal, son de exclusiva responsabilidad del propietario del inmueble.

La causa del ingreso de aguas mixtas al subterráneo radica en los defectos propios que posee la instalación domiciliaria de alcantarillado del inmueble, y su deficiente estado de mantención, afirma, y se extiende en ello.

Explica que la causa del ingreso de aguas mixtas a su subterráneo no tiene nada que ver con el estado, la mantención o la capacidad de porteo del colector de aguas servidas sino que al estado y mantención de lo que se conoce como instalación domiciliaria de alcantarillado (desde las fuertes lluvias que cayeron en la Región Metropolitana a finales de junio pasado y hasta la fecha, el señor nombre reservado ha sido el único usuario de aquel sector y que se encuentra conectado al mismo colector de aguas servidas bajo análisis, que ha reportado haber sufrido algún ingreso de aguas a su subterráneo).

Denuncia la inexistencia de las medidas de seguridad mínimas para evitar la devolución de aguas, la existencia de un baño en el subterráneo que no está contemplado en el diseño original de la red y la existencia de conexiones irregulares y no informadas dentro de la instalación domiciliaria de alcantarillado.

Agrega que la ley ha puesto de cargo del dueño del inmueble la obligación de mantener en buen estado la instalación domiciliaria de alcantarillado, ámbito en el cual ninguna empresa concesionaria del servicio sanitario tiene competencia.

El D.F.L. N°382 del año 1989 del Ministerio de Obras Públicas, y que contiene la Ley General de Servicios Sanitarios, es clara en delimitar las responsabilidades entre la empresa prestadora de los servicios sanitarios y el dueño del inmueble en lo que se refiere a la mantención de las redes de agua potable y alcantarillado.

Dicha delimitación de responsabilidad la hace en su artículo 40, el cual señala:

“El mantenimiento de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de alcantarillado es de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

“El mantenimiento del arranque de agua potable y de la unión domiciliaria de alcantarillado, será ejecutado por el prestador en los términos dispuestos en el decreto con fuerza de ley N°70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.”

Afirma que Aguas Andinas no ha cometido acción ilegal o arbitraria alguna ya que, al contrario de lo señalado por el recurrente, ha concurrido al inmueble a prestar su ayuda cada vez que le ha sido requerida.

En cada una de las visitas, y cada vez que se ha estimado técnicamente necesario, la empresa ha llevado a cabo labores de retiro o agotamiento mecánico del agua aposada, limpieza y desinfección del lugar. Y esto ha sido así porque se ha actuado en virtud de la política de atención de clientes de la compañía, la cual considera estas labores, independiente de quien sea el responsable, desde el punto de vista jurídico, del ingreso de las aguas a un inmueble.

La compañía es consciente que una emergencia como la presencia de aguas servidas en un inmueble es una situación que no puede esperar, y por eso, más allá de toda discusión sobre eventuales responsabilidades, la empresa de todas formas realiza esas labores de limpieza y desinfección.

A continuación, muestra el historial de solicitudes y requerimientos que mantiene la compañía respecto al inmueble de Bandera N°871 por lo menos hasta el año 2011.

Expresa que el recurso de protección no es la sede o instancia idónea para discutir los hechos expuestos por el recurrente, que cuenta con otras acciones procesales para invocar en defensa de sus derechos o intereses, por lo que se excede el ámbito de discusión que es legítimo plantear en sede cautelar. Por otro lado, acoger el recurso conllevaría un resultado injusto y desproporcionado.

El recurrente ya ha sometido su pretensión al imperio del derecho, y aquello es así atendido que la ley N°18.902 que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios entrega a dicho organismo la potestad pública de conocer de los reclamos de los clientes del servicio sanitario y de, eventualmente, al constatar algún incumplimiento, sancionar al concesionario con la imposición de multas.

El recurso de protección, sin perjuicio de las alegaciones de fondo previamente indicadas, es extemporáneo, ya que los hechos que lo originan o motivan acontecieron, en el mejor de los casos, a más tardar el día 26 de junio de 2020, que corresponde a la fecha en que requirió formalmente la presencia de personal de Aguas Andinas en su domicilio, en atención a la inundación que había sufrido en su subterráneo. Añade que el recurso fue interpuesto después de los 30 días corridos que establece el artículo 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En mérito de las alegaciones efectuadas, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

5°) Que la empresa INVERSIONES PUCARA LIMITADA, como parte interesada, en calidad de tercero coadyuvante de la parte recurrente en el recurso de protección se hizo presente, como dueña del inmueble apersonándose en el proceso y solicitando que se le tenga presente en dicha calidad.

Igualmente, se ha hecho parte como tercero coadyuvante doña nombre reservado, quien pidió que se le tuviera presente en dicha calidad.

Además, se ha hecho parte en la misma calidad, pidiendo que se le tenga como tal, don nombre reservado.

6°) Que, finalmente, se recibió informe de don nombre reservado, Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP, quien expone que el sector de calle Bandera con calle Aillavilú, comuna de Santiago, pertenece al área unitaria definida como red primaria en el PM-01 y su mantención es de responsabilidad de Aguas Andinas, de acuerdo con la reglamentación transitoria del DFL MOP N°382 de 1988 Ley General de Servicios Sanitarios, publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de junio de 1989, que establece en su articulado transitorio que las empresas sanitarias que a la fecha de publicación de la ley se encontraban prestando dichos servicios, continuarían explotando los alcantarillados unitarios en operación.

Por lo anterior, las reparaciones, mantenimientos y mejoramientos del colector son de cargo y responsabilidad de la empresa sanitaria.

7°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

8º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

9°) Que, en primer lugar, se debe consignar que la alegación de extemporaneidad planteada en autos por la recurrida Aguas Andinas se debe rechazar, debido a que los hechos por los que se recurre son de larga data y sus efectos persistían a la fecha de interposición de la acción cautelar, como se explicó por el recurrente en forma expresa. Por lo tanto, dicha parte se encontraba, a la fecha de interponer la acción, el 30 de julio de 2020, dentro del término de 30 días que dispone el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia.

10°) Que, en lo referente al fondo del asunto, el recurso carece de posibilidades de prosperar, en primer término, por ausencia de una actuación ilegal o arbitraria de parte de alguno de los recurridos.

Efectivamente, tal como se ha visto, el recurso comienza refiriendo un suceso climático ocurrido durante el mes de junio de 2020, fuertes lluvias, que habrían provocado el anegamiento o inundación, por aguas provenientes de la cámara de receptación de aguas servidas ubicada al interior de uno de los baños del restaurante que funciona en los locales que arrienda don nombre reservado, rebalse ocasionado por la sobrecarga del colector de aguas lluvias situado fuera del establecimiento comercial, ubicado en el sector del barrio Mapocho, calles Balmaceda con Bandera, en Santiago.

Efectivamente, ha indicado el recurrente que acciona por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la ausencia o nula respuesta, por parte de los recurridos, para dar una solución permanente y definitiva a las inundaciones provenientes de la señalada cámara de receptación de aguas servidas ubicada al interior de uno de los baños de su restaurante.

Explica que esta situación ha ocasionado históricamente graves daños a los enseres de trabajo, electrodomésticos, equipos de refrigeración, alimentos, bebestibles y daños de tipo estructural y ornamentación, entre otros, perturbando y amenazando con ello sus garantías constitucionales, en particular, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, y en su derecho de propiedad sobre el restaurante y los bienes que al interior de él se encuentran.

11°) Que el solo planteamiento del problema por la parte recurrente, en la forma explicada, determina que el recurso en examen no pueda prosperar, y en verdad, no debiera haber pasado siquiera el examen de admisibilidad. Si se quiere solucionar un problema que se presenta como histórico, significa que es de larga data, y así se hace presente además en forma expresa, de manera que escapa a la posibilidad de ser solucionado por medio de la acción de protección, que según el artículo 20 de la Carta Fundamental, antes citado, corresponde o procede para la adopción inmediata de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, cuyo no es el caso, pues no se trata de un evento único, sino de la repetición por largo tiempo, de sucesos derivados de fenómenos climáticos.

El referido recurso es una acción cautelar de emergencia o urgencia, que opera frente a problemas de igual naturaleza, que permiten adoptar medidas inmediatas con el solo mérito de los antecedentes que aporten las partes en conflicto. En este caso, la parte recurrente ni siquiera ha tenido claro quién es el responsable del problema que le aqueja, que se viene arrastrando por un largo período, y es por ello que lo entabló en contra de tres entidades, dos del sector público y una empresa privada. Adicionalmente, esta Corte solicitó un informe de otra entidad, como se señaló en forma previa.

12°) Que, según lo dicho, el recurso de autos no es procedente, por no existir una situación de urgencia, en términos jurídicos, que amerite su interposición, pero además, hay que agregar razones adicionales.

De la tramitación del recurso y de los informes evacuados, aparece que la empresa Aguas Andinas ha sido permanentemente requerida por el problema que ahora se ha presentado a esta Corte, para una solución que se dice definitiva, lo que reafirma la idea de ser un problema antiguo y que se trata de solucionar por una vía que no es la que corresponde en derecho.

Más, de tales antecedentes ha surgido una información trascendente, que sitúa al propio recurrente o a quien le arrienda el inmueble, o al propietario del mismo, como el responsable de los hechos que le aquejan.

Efectivamente, se ha visto que el problema de inundación se produce en un baño del local comercial del recurrente y en el subterráneo del edificio en que éste se ubica. Y ello se debe a una conexión de alcantarillado irregular que se hizo en dicho lugar, para satisfacer las necesidades del, igualmente irregular baño, situado en el subterráneo. Tal conexión no aparece registrada en el municipio ni existen planos en Aguas Andinas, y es sabido que toda conexión sanitaria requiere de planos y de su correspondiente aprobación. Dicha conexión irregular implica que la cámara, ubicada en el subterráneo del edificio se rebalsa cuando llueve, por el simple hecho de que el agua, por gravedad, tiende a bajar, provocando presión, con las consecuencias anotadas. Entonces, como ha dicho la empresa Aguas Andinas, en tales casos se requiere de una cámara especial, con dos tapas y con pernos. No sirve una tapa corriente. Además, se requiere de una válvula de retención o de tormenta.

Así, el problema de inundación no se produce por la existencia de un colector de aguas lluvias en la vía pública, que no se encuentre suficientemente atendido, sino que por la existencia de la conexión irregular y, además, defectuosa.

Puede añadirse que lo anterior ha sido claramente explicado, pues se ha dicho que el recurrente tiene una cámara particular domiciliaria bajo la cota de solera que debería tener doble tapa, una con un seguro con pernos y aparentemente la tienen con tapa simple. Al entrar el colector en presión por causa de la lluvia y no tener una válvula de retención o de tormenta, las aguas servidas por presión, se devuelven y no evacúan al colector, por lo que salen por la cámara y en este caso inundó los dos subterráneos.

Hay que recordar, además, que la red de alcantarilla es unitaria, pues además de las aguas servidas evacúa, en toda la ciudad de Santiago, salvas algunas excepciones indicadas, las aguas lluvias.

13°) Que, de esta manera, el responsable de aquello por lo que reclama el recurrente no es ninguno de los recurridos arrastrados a este proceso sin ninguna razón, sino el propio recurrente o quien le arrienda. Esto es, quien tiene la responsabilidad de lo que sucede es quien dispuso la construcción de la conexión de alcantarillado, en su subterráneo, que debe llamarse irregular o clandestina, desde que no cuenta con los permisos correspondientes, debiendo también suponerse que, al no estar registrado en Aguas Andinas, no se pagan derechos por recolección y tratamiento de aguas servidas en relación con dicha instalación.

Sobre el particular, cabe recordar que la responsabilidad en el mantenimiento de las instalaciones sanitarias interiores de cualquier inmueble, es del propietario. El D.F.L. N°382 del año 1989 del Ministerio de Obras Públicas, que contiene la Ley General de Servicios Sanitarios, delimita las responsabilidades entre la empresa prestadora de los servicios sanitarios y el dueño del inmueble en lo que se refiere a la mantención de las redes de agua potable y alcantarillado.

Dicha delimitación de responsabilidad se hace, como se dijo previamente, en su artículo 40, del tenor siguiente:

“El mantenimiento de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de alcantarillado es de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

“El mantenimiento del arranque de agua potable y de la unión domiciliaria de alcantarillado, será ejecutado por el prestador en los términos dispuestos en el decreto con fuerza de ley N°70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.”

Sin embargo, en este caso, el problema es aún más grave, dada la calidad de clandestina e irregular de la instalación, tanto de alcantarillado y cámara de recepción como todo el baño, todo ello en el subterráneo del local comercial del recurrente, y defectuosa a mayor abundamiento.

14°) Que, de este modo, el recurso solo ha tenido la virtud de que se ha develado que lo que pretende el recurrente, ni más ni menos, es que se le preste amparo y por la vía del recurso de protección, por las consecuencias de un hecho que se ubica al margen de la legalidad.

Y los tribunales de justicia no pueden prestar amparo a quien no tiene un derecho o, como sucede en el presente caso, está al margen del mismo, pues se construyó, aparentemente sin los permisos requeridos, un baño, en un subterráneo, el cual requiere obviamente, de alcantarillado con su correspondiente cámara y tapa de la misma, el que fue conectado a la red pública de evacuación tanto de aguas servidas como de aguas lluvias. Cuando se han producido lluvias de cierta intensidad, el fenómeno que ha ocurrido es el señalado: las aguas, por gravedad, bajan hasta la cámara de alcantarillado y, por carecer de las condiciones mínimas de uso, pues fue construido con tapa de cámara común, sin válvula de retención ni pernos, colapsa la tapa de la cámara, pues al estar ubicada en el subterráneo de la propiedad, en verdad un edificio, provocan la caída, como se dijo, por simple gravedad. Pero ello no es responsabilidad de ninguno de los tres recurridos, por lo que se ha dicho.

Entonces, si se llevara a cabo lo que propone el recurso, en cuanto ordenar que se efectúen labores de mantención en el sumidero de aguas lluvias, lo más probable es que ocurra lo que igualmente se ha adelantado, en el sentido de que mayor cantidad de agua podría ingresar al alcantarillado subterráneo que evacúa el baño del recurrente. Más dichas tareas en el sumidero externo no tendrán efecto alguno para solucionar el problema, en tanto subsistas las condiciones interiores del local comercial, que se han referido.

15°) Que, en concordancia con lo que se ha señalado, la protección que se debe entregar, ha de serlo a quien es titular de un derecho indubitado, calidad que en este caso no tiene la parte que recurre.

La pretensión, finalmente, de que le preste protección no puede aceptarse porque el recurrente no es titular de un derecho preexistente e indubitatdo, desde que los perjuicios denunciados derivan de la perpetración de una actuación irregular que, por lo mismo, no puede reclamar protección de los tribunales y que, por lo expresado no se debe a la actitud omisiva de los recurridos, como se ha denunciado.

En tales condiciones, si el recurrente no es el autor de la dicha conexión clandestina, debe accionar en contra de su arrendador o del propietario del inmueble, que sería el responsable de la misma, con la finalidad de que éste le resarza los daños que pueda haber sufrido, pero no puede pedir que la Corte le ampare en el escenario descrito, y de quienes ninguna responsabilidad tienen en lo sucedido.

El asunto, como ha quedado esclarecido, es netamente entre particulares, sin que alguna de las entidades recurridas tenga algún grado de responsabilidad.

16°) Que, por lo expresado, el recurso en examen no puede prosperar, en resumen, porque los daños reclamados no derivan de una actuación u omisión ilegal o arbitrario de quienes han sido recurridos, sino que de la construcción de un baño con el correspondiente alcantarillado y cámara, todo subterráneo, que no está adecuadamente confeccionado, es irregular, y que por lo tanto, no se encuentra en condiciones de resistir el volumen de agua que ingresa cuando llueve, produciendo su inundación.

Y siendo instalación interior y no registrada ni autorizada como corresponde, el responsable podría ser el propietario del local y no la empresa de agua potable y alcantarillado, ni tampoco los demás recurridos, pues el problema no radica en la lluvia y el consiguiente escurrimiento de aguas que se produce, por el sumidero ubicado en el sector, sino en la mala construcción del referido baño y alcantarilla, incluida la deficiente tapa de la cámara respectiva y falta de una válvula especial de retención.

En segundo lugar, porque los hechos derivan de una situación de ilegalidad o irregularidad en la construcción del aludido baño subterráneo, que tampoco es imputable a los recurridos y que, por ser irregular, no puede recibir el amparo de los tribunales de justicia.

Finalmente, porque el recurrente no es titular de un derecho indubitado, ya que en verdad no tiene ninguno, al menos, frente a los tres recurridos. Cuestión distinta podría ocurrir en relación con el propietario del local, pero ello es una situación que no se puede abordar en esta sentencia y el recurrente deberá buscar los canales apropiados para hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda, si es que no es la suya propia.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don nombre reservado en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, de Aguas Andinas S.A. y de la Municipalidad de Santiago.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°69.247-2020.