FISCO DE CHILE con A.F.P. PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, catorce de febrero de dos mil dieciocho.

Proveyendo los escritos folios 51170 y 51172, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 05 de octubre de 2017, don Rubén Ignacio Pérez Abarca, quien comparece en nombre y en favor del Fisco de Chile, representado legalmente por su presidenta doña nombre reservado en contra de la AFP Provida S.A., representada legalmente don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la retención por parte de la recurrida de los fondos de pensiones respecto de personas cuya herencia se encuentra vacante.

Expone como fundamentos de hecho de su recurso el 8 de enero de 2015, interpuso denuncia de herencia vacante, quedada al fallecimiento de doña nombre reservado, ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, la que fue acogida y registrada con el número de expediente 131-HV-001513. La denuncia contenía la información y los antecedentes necesarios para identificar los siguientes bienes que componían la masa hereditaria, en los que se encontraba: un inmueble ubicado en domicilio reservado, Región Metropolitana; y, los fondos previsionales asociados a su cuenta de capitalización individual registrada ante la recurrida.

Con fecha 27 de enero de 2015, la señalada SEREMI de Bienes Nacionales remitió oficio al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio de Impuestos Internos a fin de que informaran en el ámbito de su competencia. Por su parte, con fecha 24 de julio de 2015, se remitió oficio a la recurrida a fin de que informara el monto y número de cuotas del saldo quedado al fallecimiento de la causante en su cuenta de capitalización individual, la que informó con fecha 14 de agosto de 2015.

Con la información reunida, la SEREMI solicitó con fecha 12 de mayo de 2016 la posesión efectiva de los fondos previsionales, la que fuera conferida al Fisco de Chile por resolución N°5728, de fecha 30 de junio de 2016. Luego, con fecha 12 de septiembre de 2016, la SEREMI solicitó mediante oficio a la recurrida la entrega de los fondos, de acuerdo con la posesión efectiva de la herencia que le fuera concedida por la resolución citada. Ahora, y a título ilustrativo, con fecha 30 de septiembre de 2016 se solicitó la modificación de la posesión efectiva citada, incluyendo el inmueble ya referido, la que fue concedida por resolución exenta. Con fecha 12 de diciembre de 2016, la SEREMI reiteró su solicitud de entrega de los fondos previsionales, solicitud que fuera reiterada con fecha 12 de mayo de 2017.

Como última gestión, la SEREMI solicitó a la Superintendencia de Pensiones interceder a efectos de requerir la inmediata entrega los fondos previsionales que la recurrida se ha negado entregar, entre los que se encuentra los correspondientes a la denuncia que este compareciente realizara, de los siguientes causantes:

nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado.

En consecuencia, los fondos previsionales de la herencia vacante denunciada por este compareciente –y tanto otros– permanecen ilegal e ilegítimamente en poder de la recurrida, obteniendo ganancias fruto de su tenencia, mediante la colocación de aquel dinero a interés, y sin pagar los intereses que corresponderían, o entregado los fondos para su administración por parte de su legal y legítimo propietario, esto es, el Fisco de Chile. En el mismo sentido, también afecta a este compareciente, pues asociado a la denuncia de herencia vacante y a la entrega material de los fondos en cuestión, el denunciante tiene derecho a una recompensa establecida en la legislación que se ve dilatada injustamente por el actuar ilegal de la recurrida, que tiene ribetes incluso delictuales.

En cuanto a los presupuestos del recurso de protección, señala que el actuar de la recurrida es ilegal porque no existe norma legal, reglamentaria ni administrativa que ampare o justifique las acciones de la recurrida, puesto que de acuerdo al artículo 688 del Código Civil, se autoriza a disponer de un inmueble con el sólo mérito de la posesión efectiva y en este caso, la recurrida no ha dado la mínima fundamentación a su negativa a dar curso las solicitudes que se le enviaron.

Sostiene que la actuación u omisión de la recurrida en este caso, conculca el derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, del cual el recurrente es titular, en relación a los dineros objeto del depósito a plazo tomado por el causante de la herencia. La afectación de la garantía consiste en la privación y perturbación del derecho de propiedad sobre el instrumento y sobre los dineros que este contiene y que son su objeto. Se perturba y priva el ejercicio del derecho en cuestión, pues la recurrida no ha entregado los fondos a su propietario, con lo que se ha impedido, arbitraria e ilegalmente, concretar actos de administración sobre el patrimonio del afectado.

Por último solicita, que se declare que la conducta de la recurrida, de negarse entregar bienes de la propiedad del Fisco de Chile, es un acto arbitrario e ilegal que le ha significado una privación en el legítimo ejercicio de su derecho amparado en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y ordenar a la recurrida: entregar, inmediatamente, al recurrente los fondos previsionales correspondientes la causante nombre reservado, además de los restantes causantes que se han mencionado en el recurso; que el pago de los fondos se efectúe considerando el pago de los intereses que correspondan a la tasa máxima legal; que se ordene a la recurrida cumplir, sin más trámite, cualquier otra orden que el propietario de los dineros le impartan con relación a estos, con el solo mérito de una copia autorizada de la resolución que se pronuncie sobre la presente acción y disponer cualquier otra medida que se estime necesaria a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las afectadas; con costas.

SEGUNDO: Que con fecha 17 de octubre de 2017, don nombre reservado, en representación de AFP Provida S.A. hace presente a esta Corte que, con fecha 16 de octubre de este año, su representada entregó a la Secretaría Regional Ministerial cheques por concepto de pagos por herencia vacante de fondos previsionales respecto de todos y cada uno de los casos objeto del presente recurso de protección.

Posteriormente, informó que efectivamente existió en la especie, un atraso involuntario de la AFP Provida respecto de la información que se debía entregar en la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales.

TERCERO: Que se solicitó informe por parte de la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales, quien no lo evacuó dentro del plazo conferido. Sin embargo, el 30 de enero del presente, informó que con fecha 16 de octubre de 2017, AFP Provida S.A. remitió los documentos bancarios correspondientes a la liquidación de diez cuentas de capitalización individual, entre ellos, de la causante nombre reservado y de los demás mencionados en el recurso. Dichos documentos fueron remitidos a la Tesorería General de la República para ser ingresado al patrimonio fiscal.

CUARTO: Que como trámite previo se solicitó al abogado recurrente que acreditara la calidad que invoca para actuar en nombre y representación del Fisco de Chile.

QUINTO: Que en cumplimiento de lo ordenado, el abogado recurrente señaló que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se permite a cualquier persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial. En este contexto es que se solicitó, en el segundo otrosí del recurso, oficiar al Consejo de Defensa del Estado a efectos de que este se hiciera parte en el presente recurso, a lo que se dio lugar.

SEXTO: Que compareció doña nombre reservado, Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien señala que el recururente que el compareciente de autos Sr. nombre reservado no pudo ni puede accionar válidamente “en nombre y en favor del Fisco de Chile”, sin que con ello se infrinjan los principios de legalidad y juridicidad recogidos expresamente en la Constitución.

Alega que de acuerdo a este principio, la actuación estatal sólo puede realizarse por órganos instituidos por la ley, sólo puede ser válida si una ley ha concedido efectos jurídicos a dicha actuación y la actuación estatal solo debe exteriorizarse del modo que le ley indica.

De esta manera, puede y debe concluirse que el Estado no ha actuado en este juicio y que su condición de recurrente emana única y exclusivamente de una manifestación de voluntad de un particular que indebidamente se ha arrogado su representación infringiendo las normas constitucionales de un modo flagrante.

En segundo término, la Ley 18.575 señala que la representación judicial y extrajudicial de los servicios descentralizados corresponde a los Jefes Superiores de Servicio.

En tercer lugar, el Consejo de Defensa del Estado, es un servicio público descentralizado por lo que se aplica la norma antes reseñada.

En cuarto término, dentro de las atribuciones del Presidente del Consejo de Defensa del Estado de acuerdo con su Ley Orgánica se encuentra la representación judicial del Fisco en todos los procesos y asuntos que se ventilan ante los Tribunales, norma que no establece excepción alguna al valerse de la expresión “todos”, existiendo una suerte de salvedad solo en aquellos casos en que la representación del Estado por ley se haya otorgado a otro funcionario. (Lo que debe entenderse como ya se ha dicho sin perjuicio de las atribuciones de los Abogados Procuradores Fiscales en sus respectivos territorios.)

Como consecuencia de lo anterior, no resulta posible ni plausible que un particular, amparándose en la interpretación de un Auto Acordado, pase por encima normas y principios constitucionales y normas de rango legal de las que se desprende inequívocamente que no puede accionar a nombre del Estado y mucho menos arrogarse su representación, razón que impide absolutamente seguir adelante con la tramitación de la presente acción de protección en los términos en que se ha intentado, toda vez que de conformidad con lo precedentemente razonado, el Fisco de Chile- Consejo de Defensa del Estado no puede ser considerado como recurrente como lo pretende quien sin poder alguno de representación supuestamente ha obrado “a nombre y en favor” del Fisco de Chile.

En consecuencia, el presente recurso no puede ni debe seguirse tramitando ya que en la forma en que se ha interpuesto se está haciendo comparecer al Fisco de Chile por quien no detenta ni puede detentar su representación.

SÉPTIMO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

OCTAVO: Que sin perjuicio de que el abogado recurrente carece de legitimación activa para representar la Fisco de Chile, ya que dicha representación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17 a 19 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, corresponde a su Presidente, puesto que el artículo 18 de dicha norma señala corresponde al Presidente “La representación judicial del Fisco en todos los procesos y asuntos que se ventilan ante los Tribunales, cualquiera sea su naturaleza, salvo que la ley haya otorgado esa representación a otro funcionario, siendo este sólo motivo suficiente para el rechazo del recurso interpuesto; se debe tener presente que de acuerdo a lo informado por la recurrida AFP Provida S.A., lo que ha sido corroborado por el informe de la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales, consta que el hecho que ha motivado el presente recurso de protección, esto es, la retención de dineros por parte de la AFP Provida S.A. de dineros de distintos causantes cuya herencia fue declarada vacante, ha cesado porque se han remitido los cheques correspondientes a la Subsecretaría de Bienes Nacionales reclamados por el Fisco de Chile y que dichos fondos han ingresado al patrimonio fiscal. Así las cosas, el presupuesto fáctico que motivó el este recurso ya no existe, por lo que la acción cautelar entablada ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recurso de protección de garantías constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado don Rubén Ignacio Pérez Abarca, en contra de la AFP Provida S.A., sin condena en costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-Ant-69184-2017.