nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

Santiago, siete de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Director de la Corporación “Nuevos Horizontes” y del Observatorio Social Penitenciario, instituciones dedicadas a la defensa de las personas privadas de libertad y DDHH, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de Gendarmería de Chile, por el acto ilegal y arbitrario, conculcatorio de derechos fundamentales, que importaría la prohibición de su ingreso a los penales de Colina II y CDP Sur. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, deje sin efecto la mencionada prohibición y se permita su acceso a dichos establecimientos penintenciarios para realizar asesorías legales.

Funda su arbitrio constitucional en que los días 15 de septiembre y 7 de octubre del año en curso, concurrió a los recintos carcelarios Colina II y CDP Sur, respectivamente, con la finalidad de realizar asesorías legales a los internos, al llegar a la guardia e identificarse se le impidió el ingreso, justificando dicha medida en el caso del mes de septiembre, en una orden de la Jefatura de la unidad ya que se estaba celebrando fiestas patrias, y en el mes de octubre.

El recurrente le advierte al personal de Gendarmería que existe una norma legal(sic), a saber, el Decreto N° 643/2000, del Ministerio de Justicia, Reglamento de visita de abogados y demas personas habilitadas a los establecimientos penitenciarios, que faculta el ingreso de los estudiantes de Derecho a realizar asesorías legales, norma que se estaría vulnerando.

Expresa que para ingresar se le exigió presentar la identificación de su institución, la cual no portaba porque dicho establecimiento posee credencial digital con código verificador QR y como se le había retenido su teléfono móvil al entrar a la unidad, no tenía cómo acceder a lo solicitado por la autoridad. Lo que trajo como consecuencia que se le negó definitivamente el acceso al penal a dar asesorías legales en el ámbito penal, sino sólo a trabajar en el ámbito civil.

Refiere que es una costumbre en los penales de Colina II y C.D.P. Santiago Sur, cerrar dichas unidades todos los viernes, a partir del mediodía, por lo que ir a dar asesorías legales ese día es complejo para los internos, los cuales son intimidados para que regresen a sus dependencias. Agrega que, solicitó el libro de reclamos y se le indicó que no había. La decisión arbitraria del Jefe de esa unidad, funcionario de apellido Martin, además, de vulnerar el derecho a la asesoría legal, le produce un menoscabo económico, pues debe viajar desde la ciudad de Rancagua a Colina por tener domicilio en esa región Indica como vulnerados los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales 2 y 16; en lo referente a su igualdad ante la ley, en cuanto se ha vulnerado su derecho a prestar asesoría legal a los internos, estableciendo diferencias de trato inexplicables; y en cuanto a su derecho al trabajo, señala que no pudo conferenciar con sus clientes y por ello no pudo ejercer su trabajo ante la negativa de las autoridades.

SEGUNDO: Que, con fecha 12 de octubre de 2017 se ordenó la acumulación del recurso de protección rol N°69.827-2017 al rol N° 69.183-17.

TERCERO: Que, con fecha 31 de octubre de 2017, informa al tenor de los recursos Rol N° 69.183-17 y N°69-827, don nombre reservado, Coronel, Director Regional Metropolitano de Gendarmería, solicitando su rechazo con costas.

Expresa que el recurrente nombre reservado que se identifica como estudiante de derecho habilitado, alega que en su calidad de defensor penitenciario ha sido impedido de conferenciar con los internos, en las tardes de los días viernes 15 de septiembre de 2017 y sábado 7 de octubre de 2017, en las unidades penales que indica, afectándose su derecho a la defensa de sus clientes.

Respecto del no ingreso al C.P.P. Colina II señala que el recurrente se presentó en este penal durante la tarde del viernes 15 de septiembre de 2017 con la intención de entrevistarse con 12 internos, no pudiendo ingresar por orden de la Jefatura de la Unidad Penal, pues se estaba celebrando las festividades de fiestas patrias por parte de la población penal. Por este motivo la población penal se encontraba encerrada en sus respectivos módulos, por tratarse de una fecha especial, actividad que se encontraba consensuada de antemano con la población penal, ya que la administración penitenciaria les otorgó facilidades para que se pudieran celebrar actividades extra programáticas con sus familias en horarios extendidos, incluso dejándose sin efecto las suspensiones de visitas por tratarse de una festividad nacional.

En cuanto al no ingreso al C.D.P. Santiago Sur, el peticionario nombre reservado llegó a esas dependencias durante la tarde del sábado 7 de octubre de 2017, para entrevistarse con un interno de la galería 12, negándose su entrada por orden del nombre reservado de la Unidad, atendido que el horario de visitas de abogados los días sábados termina a las 12 horas, además, los días sábados se atiende a las visitas generales de las diversa calles y galerías.

En ambos casos, el recurrente nombre reservado no argumentó alguna circunstancia especial que justificara una visita especial.

Sobre el derecho a las visitas de los defensores agrega que, la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°3, asegura: “La igualdad ante la ley en el ejercicio de sus derechos”. En consecuencia, garantiza el derecho a solicitar y obtener la intervención de abogados para la defensa de los derechos de las personas en general; por tanto, la actuación del letrado no puede ser impedida, restringida, limitada ni obstaculizada, por la ley o por cualquier autoridad jurídica.

Adiciona que no se trata de cautelar la defensa judicial, sino la actuación del letrado en todo asunto, pero esta actuación debe ser la debida, es decir, la pertinente y respetuosa, y debe realizarse conforme a los procedimientos que la ley señala o conforme a las exigencias de un racional y justo procedimiento, que el abogado puede exigir.

Señala que este derecho de visitas de abogados está regulado por Decreto N°643, del Ministerio de Justicia, el que en su Título I “Sobre la asesoría jurídica a las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios” establece en su artículo 1º, lo siguiente: “Se otorgarán las más amplias facilidades a los internos para contar con la asesoría jurídica de personas autorizadas para representar en juicio, no sólo en la defensa de las causas penales que se siguen en su contra, sino además en todo otro negocio jurídico o gestión judicial que por su naturaleza, requiera la intervención de un letrado”.

A su turno, el artículo 2° indica cuales son las personas habilitadas para prestar asesoría jurídica a quienes se encuentran privados de libertad en establecimientos penitenciarios, entre ellos, “Los estudiantes inscritos en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades reconocidas por el Estado”. Sobre el particular, la autoridad penitenciaria mediante Oficio Circular N°455, de 29 de diciembre de 2015, del Director Nacional de Gendarmería de Chile instruyó operacionalmente que los abogados y las personas habilitadas para prestar asesoría jurídica autorizadas para el ingreso a los establecimientos penitenciarios y su registro, señalando que éstos “deberán acreditar su condición de tales exhibiendo los documentos, en original, de verificación para cada caso en el registro y control de ingreso”.

Consecuencialmente, según los antecedentes expuestos, no hay vulneración o perturbación a alguna garantía constitucional del recurrente que pueda ser remediada a través de esta acción cautelar, ya que como se señaló, existió motivo fundado para proceder a restringir el acceso de nombre reservado a dichos recintos penales, en los días y horas señalados.

CUARTO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que la "ilegalidad" y la "arbitrariedad" pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos.

Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea, una manifestación del simple capricho del agente.

SEXTO: Que, en el presente caso, lo sometido a conocimiento de esta Corte es la decisión de la recurrida que negó el acceso a los recintos penitenciarios C.P.P. Colina II y C.D.P. Santiago Sur al recurrente nombre reservado, por no ser conveniente para los intereses institucionales.

SEPTIMO: Que, tal decisión, vulneraría las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 en sus numerales 2 y 16 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho al trabajo.

OCTAVO: Que parece determinante para el análisis del recurso tener a la vista las fechas en las que se negó el ingreso del recurrente a los aludidos recintos penitenciarios, a saber:

- el viernes 15 de septiembre de 2017, vísperas de fiestas patrias, se había acordado entre la autoridad penitenciaria y los internos del C.P.P. Colina II, un cambio de horario de visitas, privilegiando las visitas generales, y -el sábado 7 de octubre de 2017, el recurrente concurrió al penal C.D.P. Santiago Sur, en horas de la tarde, en circunstancias que el horario de visita de los abogados termina a las 12 horas del día.

En ambos casos, se prohibió el ingreso del recurrente por razones de seguridad, pues los internos se encontraban encerrados en sus celdas y era peligroso acceder a lo solicitado.

NOVENO: Que la reseñada conducta, no negada, se ajustó a lo dispuesto en el Decreto N°518, del Ministerio de Justicia, de 1998, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que en su artículo 6°, inciso tercero, establece que: “La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal”.

DÉCIMO: Que para determinar si la decisión del Jefe de Unidad, de ambos recintos penitenciarios, ostenta algún grado de ilegalidad o arbitrariedad, se debe agregar que el recurrente, además, no presentó la credencial exigida (certificado de alumno regular) atendida su calidad de estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, mal puede entonces estimarse vulnerada la garantía de la igualdad ante la ley.

UNDÉCIMO: Que, en relación a la igualdad ante la ley, como señala la recurrida al evacuar su informe, la no presentación de la credencial exigida para su ingreso faculta la negativa de ingreso del recurrente nombre reservado, pues esa conducta se adecua a la normativa legal y reglamentaria que sistematiza las visitas de los abogados a los internos de los establecimientos penitenciarios.

DUODÉCIMO: Que acerca del derecho al trabajo, "La Constitución asegura a todas las personas: 16º La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración".

Por libertad de trabajo debe entenderse dos aspectos: por una parte, la libertad de trabajo, esto es, el derecho de toda persona de no ser forzada a desarrollar una labor, la que sólo puede ser ejecutada con su consentimiento previo y libre, y, por otra, la libertad de contratación y la libre elección del trabajo, que consiste en la facultad de toda persona de escoger sin sujeción o concurso de otro, el momento, la persona, la labor y las condiciones en que contratará sus servicios laborales, con sujeción a los límites establecidos en la ley.

De lo anterior, se desprende que la libertad de trabajo significa que "a nadie le será impuesto un trabajo o un trabajador, que a nadie le será negado un trabajo por razones arbitrarias y que quien trabaje lo haga con un ajusta retribución" (EVANS, E. Derecho Constitucional, Editorial Jurídica, p 232).

Queda entonces de manifiesto que nunca se ha privado, perturbado o amenazado el derecho al trabajo del recurrente nombre reservado, ya que Gendarmería en uso de las facultades que le confieren la normativa legal y reglamentaria citadas, tiene la potestad de establecer los horarios de visita que estime pertinentes, y en el caso de autos, aparece razonable el fundamento de que se restringió la visita por razones de seguridad.

DÉCIMOTERCERO: Que, en consecuencia, el recurso de protección intentado será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas y en los artículos 19 N°2 y 16 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, los recursos de protección deducidos por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante señora Herrera.

Protección N°69.183-2017(acumulado Rol N° 69.827-2017)

No firma la Ministra suplente señora Greeven, por haber terminado su suplencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por la Ministra suplente señora Nel Greeven Bobadilla y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.