Protección contra Jefe de Inspección de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente

Santiago, veintinueve de enero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece doña nombre reservado, Rut RUT reservado, en representación de ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A., también ADECCO S.A., ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Jefe de Inspección de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, con el objeto se deje sin efecto la Resolución N° 8444/17/14, mediante la cual se impuso una multa que asciende a 20 Ingresos mínimos mensuales, equivalentes a $3.483.320.-.

Indica que es una empresa de recursos humanos que presta diversos servicios a empresas y que el año 2014, en virtud de un contrato comercial de prestación de servicios de salud con Caja de Compensación Los Héroes, se procedió a contratar paramédicos con el fin de prestar el servicio acordado en la ciudad de Los Ángeles, y que una de las personas contratadas fue doña nombre reservado.

Agrega que el año 2015, por asuntos de rentabilidad se decidió no continuar con el contrato comercial suscrito con Caja de Compensación Los Héroes, y por lo mismo se procedió a desvincular a los trabajadores contratados en virtud de dicho contrato comercial, excepto a ciertas trabajadores que se encontraban haciendo uso de su prenatal, entre ellas la trabajadora nombre reservado, por lo que decidió esperar a que terminara el descanso maternal para poder conversar con ella de esta situación y que desafortunadamente la trabajadora continuó presentando licencias por problemas de salud de su hijo, por lo que ADECCO, y en vista que quedaban solo un par de meses para que terminara su fuero y no había trabajo disponible para ofrecerle, decidió otorgar un permiso con goce de sueldo con el acuerdo que al término del fuero el día 9 de diciembre de 2016, y luego se procedería a desvincularla por necesidades de la empresa realizando el respectivo pago de todas las indemnizaciones correspondientes, y en conjunto con ello le daba suficiente tiempo para buscar otras alternativas laborales mientras cuidaba a su hijo. Agrega que el día 12 de diciembre de 2016, hizo entrega de la carta de despido y su finiquito, sin embargo la trabajadora se negó a firmarla ya que estaba embarazada, ante lo cual se le solicitó el certificado médico, el que fue enviado en enero de 2017, y señalaba que la trabajadora tenía aproximadamente un mes de embarazo (fecha de concepción 5 de diciembre de 2016).

Indica que en el mes en que la trabajadora informaba su embarazo, las personas que estaban a cargo de la cuenta Caja de Compensación Los Héroes fueron desvinculados de Adecco, generando que a la trabajadora el mes de enero de 2017 no fuera remunerada. Ante esta situación, la trabajadora, con fecha 20 de febrero de 2017, procedió a activar una fiscalización por desvinculación indebida, en vista de su estado de gravidez. Por dicha situación, y ante el riesgo de una eventual multa emitida por la Inspección del Trabajo, con fecha 23 de febrero de 2017 se procedió a reincorporar a la trabajadora y pagar el sueldo respectivo. Luego de la respectiva reincorporación y tal como ordena la ley, se realizó el pago del sueldo por los meses de diciembre, enero y febrero de 2017. Agrega que a pesar de lo anterior, la trabajadora con fecha 10 de marzo de 2017 interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales en conjunto con despido injustificado (el supuesto despido de 12 de diciembre que quedo sin efecto), causa que quedó radicada en el 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago bajo el número de RlTT-289-2017, todo esto a menos de un mes de haber sido reincorporada y haber pagado su remuneración.

Agrega que desde la interposición de la demanda, su parte decidió no continuar pagando la remuneración en vista que la misma trabajadora se había considerado desvinculada y el juez del 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, había citado a las partes la audiencia preparatoria para el día 28 de abril de 2017.

Señala que el día 28 de diciembre de 2017, la recurrente se presentó a la audiencia, sin embargo la demandante y trabajadora, doña nombre reservado, había presentado un escrito solicitando el desistimiento de la causa, a lo que su parte aceptó, entendiendo que estaba renunciando a la demanda pretendida, y poniendo fin al proceso, generándose los mismos efectos que una sentencia, constituyéndose cosa juzgada, agrega que a pesar del desistimiento de fecha 28 de abril de 2017, la trabajadora activo dos fiscalizaciones más ante la Inspección del Trabajo, alegando vulneración derechos fundamentales, no otorgar el trabajo convenido, por lo que fueron fiscalizados julio de 2017, y luego el 21 de agosto de 2017, la cual conllevó una multa por no exhibir liquidaciones respecto de los meses entre diciembre de 2016 a julio de 2017, a pesar de que esta parte exhibió liquidaciones de los meses de diciembre 2016 a marzo 2017, además del hecho de constar dichas liquidaciones en los informes de las fiscalizaciones.

Que, en relación a los hechos relatados anteriormente, por cuarta vez en el año, con fecha 16 de agosto de 2017 concurre un fiscalizador a las oficinas de domicilio reservado, con el fin de fiscalizar el pago de remuneraciones de la trabajadora, en conjunto con otros temas relacionados con la relación laboral, citándolos para exhibir dichos documentos el día 21 de agosto de 2017. Indica que su parte asistió a la citación de fiscalización y cumplió el deber de presentar el contrato, anexos, cotizaciones, y liquidaciones de la relación laboral (que se mantuvo hasta el día 10 de marzo de 2017, fecha en que la trabajadora interpuso demanda de despido injustificado), además de la demanda interpuesta por la trabajadora, pero el fiscalizador insistió en que debían exhibir documentos posteriores al 10 de marzo de 2017, a lo que su parte explicó que era imposible exhibir documentación relativa a la trabajadora posterior a dicha fecha en vista que había interpuesto una demanda en marzo por despido injustificado, y luego se había desistido de dicha demanda, es decir, la trabajadora se desvinculó y luego se desistió de esa demanda entendiéndose desvinculada para siempre. Sin embargo, para el fiscalizador no fue posible entender dicha situación, puesto que concebía que si la trabajadora se desistía de su demanda, se debía volver al estado anterior, es decir contratada y por tanto debían continuar pagándole su remuneración, de lo contrario debíamos presentar una demanda de desafuero.

Indica que presentó una demanda de desafuero, el día 14 de marzo de 2017, pero fue retirada en vista de la demanda de despido injustificado interpuesta, mediante Resolución de multa N° 8444/17/14, 25 de agosto de 2017 se sancionó a la recurrente, ya que el 21 de agosto de 2017, en el curso de fiscalización, efectuada por el fiscalizador Sebastián Andrés Hidalgo León, se constata lo siguiente: “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: comprobantes de paga de remuneración (periodo diciembre de 2016 a julio de 2017); documentación previsional (periodo diciembre de 2016 a julio de 2017), lo anterior respecto a doña nombre reservado”, y conforme a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 del DFL n° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, se impone una multa por la cantidad de 20 IMM, monto que en pesos asciende a la suma de $3.483.320 pesos.

Sostiene que los hechos narrados resaltan a todas luces lo arbitrario e ilegal del actuar de la recurrida de autos, toda vez que la Inspección comunal del Trabajo al cursar dicha multa se ha arrogado atribuciones que la ley no le concede, toda vez que, conforme reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, la facultad de interpretación de los actos procesales, es privativa de los Tribunales de Justicia, habiéndose, por ende, la recurrida, extralimitado en sus facultades con su accionar y se ha vulnerado tanto el derecho de propiedad de, como también su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, infringiendo con su actuación el derecho de propiedad previsto y establecido en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales conforme a los efectos lo señala el inciso 4 del N° 3 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

En efecto, la calificación jurídica de un acto procesal es una materia eminentemente jurisdiccional, y por ende privativa de los Tribunales del Trabajo, conforme a los efectos se encuentra dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, y en conformidad a ello aceptar la facultad de la recurrida para dirimir la existencia de un derecho a consecuencia de la interpretación de un acto procesal, es constituirla en una comisión juzgadora especial, restándole con ello jurisdicción a los Tribunales del Trabajo.

Reitera la recurrente que la multa fue mal emitida, puesto que se realiza en base a la interpretación de un acto procesal, cual es exigir la exhibición de documentos que no existen en virtud que la relación laboral no se encuentra vigente por la propia solicitud de la trabajadora.

Insiste en que el acto efectuado y materializado por el Inspector del Trabajo, es abiertamente arbitrario e ilegal, contrario a derecho, ello por cuanto se atribuye facultades que la Constitución Política del Estado taxativamente le prohíbe utilizar, por cuanto la interpretación jurídica de los actos procesales son privativas de los Tribunales de Justicia siendo ello una actuación eminentemente jurisdiccional y cita , entre otras, la sentencia Rol N° 709-2006, dictada por la Excma. Corte Suprema.

Indica que la Resolución le fue notificada por medio de un acta de notificación de multa con fecha 6 de septiembre de 2017 a las 16:15 horas, por tanto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, encontrándose dentro del plazo de 30 días que a los efectos establece el Auto Acordado dictado para la tramitación del recurso de protección por la Excma. Corte Suprema y pide tener por interpuesto recurso de protección por ADECCO, en contra de la actuación del fiscalizador de la Inspección comunal del Trabajo de Santiago Oriente, doña nombre reservado, ya individualizada; acogerlo a tramitación, declarar que la multa cursada constituye un acto ilegal y arbitrario toda vez que con su actuación se excedió en sus atribuciones infringiendo las normas constitucionales ya invocadas, y en definitiva acoger el presente recurso, ordenando a la recurrida que deje sin efecto las multas ya referidas, reestableciendo de esa manera el imperio del derecho, todo con expresa condena en costas.

2°) Que la recurrida Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Oriente, representada por el abogado don Pablo Moreira Lumbrera, evacuando el informe solicitado por esta Corte, solicitó el rechazo del recurso interpuesto con costas, e invocó los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Señala la naturaleza de la acción constitucional de protección constitucional, y para precisar su procedencia, indica que en el caso en relación a la reclamación de una multa administrativa, la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial según lo dispone el artículo 503 del Código del Trabajo, o en su defecto la reclamación administrativa de la multa conforme a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código de Trabajo, en que se prevé un término probatorio, en una tramitación de lato conocimiento, lo que no puede ocurrir en la estructura procesal de la acción constitucional deducida, y cita en abono a su tesis las sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago en sede de protección Rol N° 2701-2004 y 24.408-2011, que acogen la tesis de la inadmisibilidad del recurso de protección ante casos de multas aplicadas por la Inspección del Trabajo, por existir un procedimiento especial regulado en el Código del Trabajo.

En subsidio, sostiene que la Resolución impugnada no es ni arbitraria, ni ilegal, atendido a que la Inspección del Trabajo ha actuado en el caso de autos, conforme a los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo y 1° del D.F.L. N° 2, d e1967, y cita la sentencia de la E. Corte Suprema Rol 8393-2013, que establece que la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de su función y cita también lo resuelto en igual sentido por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 2674-2014, a causa de la inaplicabilidad de los artículos 505, 505 bis y 506 del Código del Trabajo, y concluye la recurrente señalando que de este modo no ha podido vulnerar las garantías constitucionales del articulo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política.

En cuanto al fondo de la cuestión debatida, señala que la fiscalización a la recurrente lo fue a causa de una denuncia efectuada por la trabajadora, por no pago de remuneraciones de los meses de diciembre de 2016, enero 2017, abril, mayo y junio de 2017, no declaración ni pago de cotizaciones en AFP Habitat e IPS Fonasa, no pago de asignación familiar desde diciembre de 2015 a la fecha, no entrega de comprobante de remuneraciones de septiembre de 2016 y de enero a junio de 2017, lo que fue constatado en la fiscalización respectiva, por lo que concluye que la recurrente lo que pretende en esta sede es soslayar que existe un Tribunal especial - juzgado del trabajo – abocado al conocimiento de estas materias y pide como petición concreta que se desestime el recurso de protección interpuesto por improcedente, con costas.

3°) Que los hechos que motivan la interposición de la acción constitucional por la recurrente ADECCO S.A. consisten en que ésta cuestiona que se le haya aplicado una multa en fiscalización administrativa, mediante la Resolución N° 8444/17/14, por la Inspección del Trabajo, por las omisiones de sus obligaciones laborales que en ella se consignan, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 31 y 32 del D.F.L. N° 2, de 1967.

4°) Que, para resolver la cuestión debatida, cabe señalar que el artículo 503 del Código del Trabajo, dispone: “Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe. En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones, regirá la norma del artículo 4° de este Código. La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción. Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código. En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo 502 del presente Código”.

De esa manera, la materia objeto del recurso que somete a la decisión de esta Corte ADECCO S.A., cual es la aplicación de una multa a causa de una fiscalización efectuada por la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, ocurrida el día 21 de agosto de 2017, en que se constató que no exhibió, o pudo exhibir, la documentación exigida que deriva de las relaciones laborales, tiene especialmente previsto en el ordenamiento laboral un procedimiento contencioso administrativo, entregado a la competencia de los Juzgados del Trabajo, por lo que no resulta correspondiente pretender la revisión del acto administrativo sancionatorio cuestionado, en esta sede de acción de protección constitucional, que además, no provee una fase de discusión y prueba, como aquella que contempla la disposición legal citada.

5°) Que, en consecuencia, existiendo un procedimiento jurisdiccional especialmente previsto precisamente para revisar la juricidad y legalidad de las multas aplicadas por la Inspección del Trabajo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política, no es esta acción constitucional -atendida su naturaleza extraordinaria- la sede en que corresponda ventilar la materia que pretende la recurrente, motivo por el cual se la desestima.

6°) Que, por las razones señalados, se omite un pronunciamiento a la cuestión de fondo hecha valer por la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se desestima el recurso de protección interpuesto por ADECCO S.A., en contra de la Resolución de multa N° 8444/17/14, de fecha 25 de agosto de 2017, por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, con costas.

Que la Ministro (S) Paola Robinovich Moscovich concurre al acuerdo teniendo además presente que, sin perjuicio del argumento sobre la base del cual se ha desestimado el recurso, de entrar al fondo de la cuestión planteada, se estima que en la especie no existió acto ilegal o arbitrario alguno por parte de la recurrida, por cuanto aplicó una sanción de carácter administrativa a la empresa recurrente en uso de las facultades que le confieren el artículo 503 del Código del Trabajo, es decir, su actuación se enmarca dentro del marco de la legalidad vigente y; esto como resultado de la constatación de una infracción a las normas laborales en uso de sus facultades fiscalizadoras, de manera tal que la actuación de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente estuvo revestida de fundamentos, sin que se advierta arbitrariedad de parte de la autoridad administrativa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Oscar Torres Zagal y la prevención de su autora.

Protección N° 69173-2017.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero e integrada por la Ministra (S) Paola Robinovich Moscovich y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.