nombre reservado con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparecen nombre reservado, empleada, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; MARIA CECILIA CAJAS ZUÑIGA, empleada, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleada, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleada, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleada, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; y nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, todos trabajadores empleados dentro de un mismo holding empresarial, quienes recurren de protección en contra de la DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA PONIENTE, persona de derecho público, representada para estos efectos por don nombre reservado y en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A., del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado

nombre reservado que el recurso se interpone frente al actuar negligente de las demandadas, que en su labor de cumplimiento de las disposiciones de la Ley 21.227, en relación con la tramitación de los pactos de reducción de jornada de trabajo, han causado que todos los trabajadores recurrentes –hasta el momento- no hayan recibido el pago del complemento legal con cargo a sus cuentas del seguro de cesantía. En relación a los antecedentes previos los recurrentes aseguran ser todos empleados dentro de un mismo holding empresarial, controlado por la sociedad RENTOKIL INITIAL CHILE Spa, del giro de servicios ambientales y control de plagas, RUT RUT reservado, cuyo domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana. Todos los trabajadores recurrentes son empleados de esta empresa, con excepción de nombre reservado, quien es empleado de la empresa SOCIEDAD COMERCIAL CLENTEACH Spa, del giro de servicios ambientales, RUT RUT reservado, y nombre reservado, empleado de la empresa FOX SANIDAD AMBIENTAL Y CIA LIMITADA, del giro de servicios ambientales, RUT RUT reservado

Exponen que todos los trabajadores recurrentes suscribieron pactos de reducción de jornada con su empresa empleadora, En cada uno de estos pactos, en la cláusula quinta, se menciona que comienza a regir a contar del primer día del mes siguiente a la suscripción del pacto. Por esta razón, aseguran que se encuentran dentro de plazo para interponer el recurso, ya que los pactos más antiguos suscritos con fecha 1 de mayo, comenzaron a regir a contar del día 1 de junio y, por tanto, AFC Chile debió haber realizado el pago del complemento legal a estos trabajadores a contar del día 1 de julio, y solo desde ese entonces se puede comenzar a contar el plazo legal de 30 días corridos para la interposición del recurso de protección.

En lo que dice relación con la afectación al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, asegura que los trabajadores no han recibido su remuneración por lo que el recurso de protección se fundamenta en el hecho de que los trabajadores recurrentes, hasta el momento, no han recibido el pago del complemento de su remuneración como indica el artículo 11 de la Ley 21.227, luego de haber suscrito correctamente los pactos de reducción de jornada con su respectivo empleador.

Asevera que el empleador de los trabajadores ha cumplido cabalmente con sus obligaciones legales, realizando el pago de la remuneración por la jornada reducida y el pago de las cotizaciones previsionales como indica la Ley, sin embargo, por motivos que desconocen, todos los trabajadores recurrentes no han recibido ningún pago por parte de AFC Chile. La situación, afirman, es grave, dado que ninguna de las instituciones demandadas ha podido otorgar una solución a este problema, dando respuestas automáticas y contradictorias a través de correos electrónicos, y mientras tanto, los únicos afectados son los trabajadores recurrentes que no han recibido su remuneración.

Asimismo, afirma que debido a la contingencia nacional por la emergencia sanitaria, los correos electrónicos son la única forma de obtener una comunicación con estas instituciones, dado que en forma presencial en las sucursales es prácticamente imposible ser atendido con el poco personal trabajando, y por teléfono no contestan. La situación que está ocurriendo es una afectación directa al derecho de propiedad de los trabajadores recurrentes, consagrado en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24, dado el actuar negligente de ambas instituciones demandadas, que priva a los trabajadores recurrentes de su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, afectando su integridad patrimonial en tiempos sumamente difíciles durante una pandemia.

Con todo, manifiestan que, debido a las respuestas otorgadas por ambas demandadas, no tienen claridad si los pactos de reducción de jornada laboral se encuentran vigentes e informados a AFC Chile como indica la Dirección del Trabajo o, por el contrario, si estos pactos nunca fueron tramitados por dicha Dirección, en cuyo caso AFC Chile sí tendría un motivo plausible para no haber cursado el pago del complemento de las remuneraciones. Agregan que la Ley 21.227 establece que a ambas instituciones demandadas les corresponde la tramitación de los pactos de reducción de jornada, para efectos de que los trabajadores reciban el complemento de su remuneración. El empleador en este caso ha cumplido con su obligación de informar los pactos a la Dirección del Trabajo, por lo que, ante la falta de claridad y las respuestas contradictorias emitidas, son ambas instituciones responsables de que los trabajadores recurrentes no reciban su remuneración, afectando así su integridad patrimonial y el derecho constitucional sobre la propiedad de sus remuneraciones.

Finalizan solicitando que se tenga por interpuesto el recurso de protección de derechos constitucionales, ordenar que las instituciones recurridas emitan informe en el menor plazo posible, y acogerlo ordenando a las referidas instituciones tramitar conforme a la ley los pactos de reducción de jornada laboral suscritos por los trabajadores, y que AFC Chile realice el pago correspondiente a cada uno de ellos.

2°) Que ha evacuado informe la recurrida DIRECCIÓN DEL TRABAJO, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas. En relación a los antecedentes indica que los trabajadores de las empresas Rentokil Initial Chile SpA, Sociedad Comercial Cleantech SpA y Fox Sanidad Ambiental y Cia. Ltda., recurren de protección frente a un supuesto actuar negligente de la Dirección del Trabajo y de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. (AFC Chile), que en su labor de cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°21.227, en relación con la tramitación de los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo, habrían causado que todos ellos –hasta el momento– no hayan recibido el pago del complemento legal con cargo a sus cuentas del seguro de cesantía.

Manifiesta que los recurrentes argumentan que ninguna de las instituciones recurridas ha podido otorgar una solución a este problema, entregando respuestas automáticas y contradictorias a través de correos electrónicos. La Dirección del Trabajo sostiene que el trabajador sí tiene el pacto suscrito, el que fue ingresado al sistema e informado a AFC Chile y que sólo quedaría esperar el pago, y por otro lado, AFC Chile indica que el mismo trabajador no tiene ningún pacto de reducción temporal de jornada informado ni asociado a su cédula de identidad.

En relación a los hechos que fundan el recurso expone que en atención al estado de emergencia sanitaria por el que atraviesa el país, con fecha 6 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley Nº19.728, en circunstancias excepcionales (Ley de Protección al Empleo), la cual le impuso a la Dirección del Trabajo deberes en materia de suscripción electrónica y registro de los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo regulados en su Título II, así como de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos tanto a empleadores como trabajadores para la celebración de los mismos. En ese contexto, 9 trabajadores de la empresa Rentokil Initial Chile SpA, 1 trabajador de la empresa Sociedad Comercial Cleantech SpA, y 1 trabajador de la empresa Fox Sanidad Ambiental y Cia. Ltda., suscribieron a través de la plataforma en línea habilitada por el Servicio para dichos efectos, el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo contemplado en la Ley de Protección al Empleo.

Explica que posteriormente, la Dirección del Trabajo informó a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía la suscripción y el contenido de los pactos de los recurrentes a través de la carga de los archivos correspondientes en casilla SFTP que el Servicio mantiene con dicha Institución, la cual con fecha 16 de junio de 2020 informa a su representada que los pactos se encontraban aprobados. Debido a múltiples reclamos y consultas sobre un conjunto de pactos informados por la Dirección del Trabajo a AFC Chile, y respecto de los cuales ésta sostenía que no se encontraban ingresados en su sistema, se le solicita a dicha Institución un análisis respecto de todos los archivos que había proporcionado al Servicio comunicando la aprobación o el rechazo de los pactos informados.

Luego consigna que reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sostenido que es requisito indispensable para la procedencia de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a uno o más derechos y garantías protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de una acción como la que se ha interpuesto. Afirma que en la especie, los recurrentes acusan la existencia de un actuar negligente tanto de la Dirección del Trabajo como de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, sin hacer referencia alguna al carácter de ilegal o arbitrario que dicha actuación debe detentar para la procedencia de la presente acción cautelar, razón suficiente para que ésta no pueda prosperar.

Expresa que los recurrentes denuncian la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, refiriendo que el actuar negligente tanto de la Dirección del Trabajo como de AFC Chile los está privando de su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, afectando su integridad patrimonial. Asimismo expone que dado que la Dirección del Trabajo cumplió cabal y oportunamente con la obligación que le impone el artículo 12 de la Ley N°21.227 –antes de la interposición del recurso– informando a la Administradora de Fondos de Cesantía la suscripción y contenido de los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo de los recurrentes, estima que no ha existido por parte del Servicio una afectación al derecho de propiedad de los trabajadores involucrados.

Añade, en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad por el no pago del complemento al que hace referencia el artículo 11 de la Ley N°21.227, que como ya indicó, es una situación que atañe exclusivamente a la Administradora de Fondos de Cesantía como entidad encargada del pago de las prestaciones contempladas en dicho cuerpo normativo.

Finalmente solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección de autos, con expresa condena en costas.

3°) Que, asimismo, evacua informe la recurrida Asociación Administradora de Fondos de Cesantía II SA, exponiendo que su Sociedad Administradora, según expresamente lo dispone el artículo 30 de la Ley N° 19.728 que establece un seguro de desempleo, tiene como objeto exclusivo, por una parte, administrar dos Fondos de Cesantía, que se denominan Fondo de Cesantía (integrado por las Cuentas Individuales por Cesantía) y Fondo de cesantía Solidario (integrado por aportes de empleadores y el Estado) y por otra, otorgar y administrar las prestaciones que establece la Ley N°19.728.

Expone que con fecha 6 de abril del presente año se publicó en el Diario oficial la Ley N°21.227 que facultó el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo Establecido en la Ley N°19.728, en Circunstancias Excepcionales. Según dispone el cuerpo legal señalado, cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones descritas en el artículo 8 del mismo, puede acordar con el trabajador -individual o colectivamente- la reducción de su jornada de trabajo hasta en un cincuenta por ciento, caso en el cual el trabajador tendrá derecho a percibir una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida, y un complemento con cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el saldo de ésta, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, a estos últimos se refiere la Ley N°19.728, según los términos y condiciones que establece la Ley.

Refiere el segundo informe que el artículo 12 de la Ley que establece que “El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo deberá suscribirse, preferentemente, de forma electrónica, a través de la plataforma en línea que habilite la Dirección del Trabajo para este efecto….”

Además, el citado artículo establece que el referido organismo “informará por medios electrónicos y al menos mensualmente a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía la individualización de los trabajadores y empleadores que celebren los referidos pactos y su contenido.” Esto último, para efectos de proceder con el pago del complemento que corresponda.

Expone que en el caso de autos, entre las fechas 2 de mayo y 21 de julio pasado, la Dirección del Trabajo informó a la Sociedad Administradora los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo que involucra a los Recurrentes. De ellos, la mayoría (8) se encuentran actualmente en proceso de pago y los restantes (3), fueron objeto de reparos en razón del incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley para acceder a las prestaciones que en ella se establecen. Tales reparos fueron informados a los recurrentes a través de correos electrónicos que les fueron enviados entre el día 15 de julio y el día 3 de septiembre del presente año. Particularmente refiere, en el caso de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, se reparó sobre la información a que se refiere el artículo 12 letra a) de la Ley, esto es, datos necesarios para materializar el pago del complemento. Dicha observación se notificó a esta Recurrente con fechas 15 y 23 de julio del presente año, al correo electrónico correo reservado.

Informa que en el caso de don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, se observó la información a que se refiere el artículo 12 letras a) y d) de la Ley, esto es, antecedentes necesarios para materializar el pago del complemento y porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo convenida y remuneración correspondiente a dicha jornada, respectivamente. Dichos reparos se notificaron a este recurrente con fechas 15 y 23 de julio, y 3 de septiembre del presente año, al correo electrónico correo reservado.

En cuanto a doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, se reparó sobre la información a que se refiere el artículo 12 letras a) y d) de la Ley, esto es, antecedentes necesarios para materializar el pago del complemento y el porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo convenida y remuneración correspondiente a dicha jornada, respectivamente. Tales observaciones se notificaron a esta recurrente con fechas 15 y 23 de julio, y 3 de septiembre de 2020, al correo electrónico correo reservado.

Agrega que las notificaciones se dirigieron a los correos que cada una de las recurrentes señaló para estos efectos y, simultáneamente, se comunicaron dichos reparos a las direcciones correo reservado y correo reservado de su empleador.

En consecuencia, dice, la Sociedad Administradora ha obrado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad alguna, limitándose a dar cumplimiento a sus obligaciones legales ya consignadas. Además, su representada no ha hecho sino cumplir con las disposiciones de carácter obligatorio establecidas en la Ley, no habiendo existido, ni existiendo fundamento alguno que sustente la presentación del recurso.

4°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

6°) Que en el caso de la especie el recurso de protección entablado habrá de ser desestimado, debido a que no concurre el más básico de los requisitos que exige la normativa que consagra para que pueda prosperar, como lo es la ausencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Desde luego, los recurrentes no han señalado donde radicaría la actuación u omisión ilegal o arbitraria que motiva la presentación de su acción, y se han limitado a recurrir debido a la falta de información relativa al trámite que realizaron tendiente a obtener el pago de un beneficio establecido por la Ley N°21.227.

Sin embargo, ambas instituciones recurridas han señalado que cumplieron cabalmente sus obligaciones legales, dando la tramitación legal a las presentaciones que efectuaron.

Efectivamente, de acuerdo con el mérito de lo informado, se aprecia que la Dirección del Trabajo recibió los pactos de reducción de jornada laboral que involucran a los recurrentes, informándolos a AFC antes de la fecha de interposición del recurso. La segunda entidad, por su parte, ha señalado que entre el 2 de mayo y el 21 de julio pasado, la Dirección del Trabajo informó a la Sociedad Administradora los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo que involucra a los recurrentes. De ellos, la mayoría (8) se encuentra en proceso de pago y los restantes (3), fueron objeto de reparos en razón del incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 21.227 para acceder a las prestaciones que en ella se establecen. Tales reparos fueron informados a los recurrentes a través de correos electrónicos que les fueron enviados entre el día 15 de julio y el día 3 de septiembre del presente año. En el caso de doña nombre reservado, se reparó sobre la información a que se refiere el artículo 12 letra a) de la Ley, esto es, datos necesarios para materializar el pago del complemento. Dicha observación se notificó a esta recurrente con fechas 15 y 23 de julio del presente año, al correo electrónico entregado para objeto.

En el caso de don nombre reservado, se observó la información a que se refiere el artículo 12 letras a) y d) de la Ley, esto es, antecedentes necesarios para materializar el pago del complemento y porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo convenida y remuneración correspondiente a dicha jornada, respectivamente. Dichos reparos se notificaron a este recurrente con fechas 15 y 23 de julio, y 3 de septiembre del presente año, al correo electrónico también consignado para ello.

Finalmente, en cuanto a doña nombre reservado, se reparó sobre la información a que se refiere el artículo 12 letras a) y d) de la Ley, esto es, antecedentes necesarios para materializar el pago del complemento y el porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo convenida y remuneración correspondiente a dicha jornada, respectivamente. Tales observaciones se notificaron a esta recurrente con fechas 15 y 23 de julio, y 3 de septiembre de 2020, al correo electrónico igualmente designado para tal fin.

7°) Que, de acuerdo con lo expuesto, lo cierto es que no existe actuación ilegal o arbitraria, como se adelantó, pues todos los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo que involucra a los recurrentes fueron recibidas por la Dirección del Trabajo, la que las comunicó a AFC, encontrándose la mayoría en proceso de pago, y habiendo tres que no están en dicha situación, ello se debió a que no se cumplían requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley N°21.227, lo que se puso en conocimiento de las tres personas referidas previamente, a los correos electrónicos entregados por ellas mismas.

De este modo, la acusación de inactividad que se hace a las dos recurridas no es efectiva, pues ambas hicieron lo que les correspondía, de acuerdo con la ley, dando a las presentaciones la tramitación que la misma ley dispone.

8°) Que, entonces, no existiendo acto u omisión ilegal que puede achacarse a las recurridas, que cumplieron cabalmente con lo mandatado en la Ley N°21.227, el recurso en examen no puede prosperar, debiendo desestimarse, lo cual hace además innecesario emitir pronunciamiento en relación con la garantía fundamental que se ha estimado vulnerada por quienes recurrieron sin tener motivo alguno para ello.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, MARIA CECILIA CAJAS ZUÑIGA, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra de la DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA PONIENTE y en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

N°Protección-69166-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. No firma el Ministro (s) señor Andrade, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.