nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que se dedujo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber efectuado descuentos por planilla sobre su remuneración mensual, perturbando el legítimo ejercicio de la garantía contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Solicita se acoja el recurso y en definitiva se ordene a la recurrida la devolución de todas las sumas descontadas de sus remuneraciones, y que se abstenga de realizar nuevas retenciones, con costas.

Expone que en los años 2014 y 2015 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, el cual fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la ley 18.833. Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo por tanto en mora a los pocos meses. En diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron era repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva, por lo que insistió en buscar otra solución, pero la recurrida expuso que si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales que en Derecho correspondan.

Durante esa época, estaba al tanto de que sería demandado, sin embargo nunca recibió una demanda ejecutiva en la que se le notificara que se haya ejercicio la cláusula de aceleración contenida en el pagaré respectivo. Por otro lado, de no hacerse efectiva tal cláusula de aceleración, la última cuota tenía fecha de vencimiento el 3 de febrero del año 2015. Así las cosas, transcurrió tiempo suficiente desde la primera morososidad del pagaré como para que este fuese susceptible de ser declarado prescrito.

No obstante lo anterior, y para su sorpresa, el 30 de diciembre de 2022, el área de RRHH de su empleador le entrega liquidación de sueldo correspondiente a la remuneración del mes de diciembre de 2022, en la que consta que a mi representado se le descuenta el monto de $100.000.- producto del crédito social ya individualizado, esto directamente de su remuneración, por orden de descuento de Caja de Compensación 18 de Septiembre, a la cual en la actualidad se encuentra afiliada su actual empleador.

La situación descrita lo deja en un estado de indefensión, pues luego de más de 8 años, un porcentaje importante de su remuneración le será arrebatada de forma totalmente arbitraria. En consecuencia, pretenden descontar de forma ilegal y arbitraria de la remuneración de mi representado, una deuda claramente prescrita, cuya cuota asciende a la fecha a $116.658 y a $65.440, en relación a ambos mutuos de dinero, que se reiterará durante los próximos meses sin siquiera tener certeza o claridad de por cuantos meses ocurrirá.

El acto de autotutela efectuado por la recurrida, se trata de un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado de su derecho de propiedad sobre su remuneración, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses.

SEGUNDO: Que al evacuar su informe, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, dando cuenta que con fecha 3 de diciembre 2015, otorgo al actor la operación de crédito código N° 36.RUT reservado por un capital inicial de $2.048.226.-, a una tasa de Interés de 2.36%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $65.440, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de marzo 2015. Las cuotas de los meses de marzo 2015 a febrero 2016, se pagaron en forma correcta y en los plazos establecidos. La cuota del mes de marzo 2016, se pagó con fecha 24 de enero 2023. A la fecha, la presente operación de crédito se encuentra con cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de abril 2016 a febrero 2020.

No obstante anterior, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, su parte ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde diciembre de 2022.

En estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es, que se dejen sin efecto los descuentos efectuados sobre las remuneraciones del recurrente y se restituyan los montos descontados, y habiéndose informado por la recurrida que se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador, así como también indicó expresamente que restituirá aquellas sumas descontadas con ocasión del crédito reclamado, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho a favor de la actora.

SEXTO: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-691-2023.