nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN CHILE

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 17: a lo principal y otrosí, por no corresponder a esta causa, no ha lugar.

Al escrito folio 18, estése a lo resuelto precedentemente.

Al escrito folio 19, téngase presente.

Al escrito folios 19 y 20: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece doña Gabriela Cisterna Orellana, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de don nombre reservado, ingeniero civil informático, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados, en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, representado legalmente por don nombre reservado, por las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Refiere que el recurrente ingresó al servicio el 01 de diciembre de 2014 como: “Oficial de Seguridad Tecnologías de Información Subdirección de Estudios y Desarrollo", cargo a contrata. Esta naturaleza y cargo se mantuvo hasta el nombramiento que culmina el 31 de diciembre de dos mil diecinueve, siendo durante este lapso sus evaluaciones siempre satisfactorias, siendo calificado en lista uno (1) de distinción, recibiendo siempre buenos comentarios de sus jefaturas.

Sostiene que el señor nombre reservado fue designado como Encargado Subrogante de Seguridad de la Información, sin embargo, el día 5 de abril 2019, para su total sorpresa, fue notificado de la resolución que dispone el termino anticipado de designación a contrata, es decir, su desvinculación del servicio luego de más de cuatro años de trayectoria laboral, sin respetar su última designación que era hasta el 31 de diciembre de 2019.

La autoridad del Servicio, por las razones que se indican en el acto que impugna ha determinado efectuar una reestructuración de la Subdirección de Estudios y Desarrollo, -en adelante SED-, la que esta ordenada en la Resolución Exenta N° 144 de 03 de abril de 2019. Que, asimismo, la reestructuración citada es transversal a la SED, involucrando la supresión del Departamento de Estudios, del Departamento de Tecnología de la información y comunicación, de la Unidad de Computación, y finalmente también la supresión de la Unidad de Desarrollo Informático, siendo en consecuencia, dos departamentos y dos unidades la que se suprimen en el marco de este proceso de reestructuración.

Con ocasión de esta reestructuración, se estimó que los servicios del recurrente don nombre reservado son innecesarios, y además no está considerado para incorporarse a las nuevas Unidades que se crean, de conformidad con las facultades del Jefe de Servicio.

Estima que de lo enunciado se puede advertir que se trata de argumentaciones que carecen de un sustento y que no respetan la importante y destacada trayectoria del señor nombre reservado, razón por la cual solicita acoger la presente acción, dejando sin efecto el término anticipado de su contrata.

Frente a la referida resolución, y dado que se trata de una argumentación vaga, superflua y que no se condice con la realidad, con fecha 12 de abril de 2019, su parte interpuso de conformidad con el artículo 15 de la Ley 19.880, recurso de reposición contra la Resolución N° 621 de 05 de abril de 2018, mediante la cual se puso término anticipado a su contrata. Posteriormente, con fecha 11 de julio de 2019 el señor nombre reservado recibe en su domicilio la Resolución Exenta N° 1064 de fecha 28 de junio de 2019, la cual rechaza el recurso de reposición que fue interpuesto.

De esta forma, la Resolución N° 1064, de fecha 28 de junio de 2019 constituye el acto arbitrario e ilegal fundamento de la presente acción. Esta resolución N° 1064, lesiva de las garantías constitucionales del recurrente, valida los argumentos que fueron entregados en la Resolución exenta N° 621 para disponer el cese anticipado de la contrata del recurrente.

Añade que es un acto administrativo irregular, toda vez que no dio cumplimiento al deber de fundamentación de los actos de la Administración Pública, deber que emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como de la Ley 19.880 sobre bases generales de los procedimientos administrativos. Asimismo, ese deber de motivación ha sido expresamente recepcionado y exigido por la doctrina administrativa de la propia Contraloría General de la República, entre otros, en los dictámenes 23.518 de 2016 y 6.400 de 2018.

En efecto la cita de argumentos genéricos y vagos del acto administrativo por medio del cual se pone término anticipado a la contrata, y expresar motivos que no se sustentan a sí mismos y que no se condicen con la realidad, incumple la normativa transcrita, y transgrede: i). la libertad de trabajo en su expresión de la estabilidad en el empleo, ii). Igualdad ante la ley referida a su derecho a no ser víctima de actos arbitrarios y; iii). derecho de propiedad. Además una afectación del principio de confianza legítima respecto a la continuidad de la contrata del señor nombre reservado. Todas garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado en los numerales 2, 16 y 24.

A modo de conclusión, estima el término anticipado de la contrata, es por un lado un acto ilegal, ya que no se respetaron los principios del procedimiento administrativo contenidos en la ley 19.880, en relación específicamente al deber de motivación de los actos de la administración, especialmente aquellos que afectan situaciones jurídicas de particulares, y de otro lado, es arbitrario, porque se le privó de forma arbitraria de su fuente laboral y de ingresos, sin fundamentación. Como indica la Excma. Corte Suprema, con este acto se devastaron sus derechos laborales sin una debida fundamentación.

Pide se tenga por interpuesta la presente acción de protección en contra de la Resolución Exenta N° 1064 de fecha 28 de junio 2019, notificada a su parte con fecha 11 de julio de 2019 emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante la cual se puso fin anticipado a la contrata de su representado; admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y ordenando:

1. El inmediato reintegro a sus labores y cargo, en los términos que establece la ley.

2. Se ordene, en el más breve plazo, el pago de sus remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el periodo que la decisión impugnada le privó de su empleo, con los reajustes e intereses correspondientes.

3. Se instruya al Servicio de Registro Civil e Identificación, a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo.

4. Se condene en costas al Servicio de Registro Civil e Identificación.

Acompañó el recurrente los siguientes documentos: 1. Memorándum DDP N° 1033 de 25 de noviembre de 2014, informa finalización proceso de selección; 2. Currículum vitae de nombre reservado; 3. Resolución TRA N° 252/309/2014 sobre designación a contrata de persona que indica. 4. Certificado de antigüedad emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 5. Hoja de Calificación 2014-2015; 2016-2017 y 2017-2018.

SEGUNDO: Que, al informar la recurrida, hace una síntesis del recurso, para luego solicitar su rechazo basado en los siguientes acápites y fundamentos.

Explica que luego de una auditoria en que se concluyó hacer mejoras al sistema, mediante resolución N° 144 de 03 de abril de 2019 se establece una nueva estructura de la Subdirección de Estudios y Desarrollo, que implicó la supresión del Departamento de Estudios, del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Unidad de Computación y la Unidad de Desarrollo Informático.

Con ocasión de esta implementación, con fecha 05 de abril de 2019 mediante Resolución N° 621 se puso término a la contrata del señor nombre reservado. Dicha resolución, señala ampliamente los fundamentos de la decisión, y contrario a lo señalado por el recurrente, dispone de manera expresa los fundamentos de la decisión.

Con fecha 12 de abril de 2019 el señor nombre reservado presenta una reconsideración administrativa de la resolución, alegando esencialmente ciertos supuestos defectos de legalidad de la misma (sin referir a una supuesta vulneración de derechos fundamentales). Dicha reposición fue rechazada mediante Resolución Exenta N° 1064 de 28 de junio de 2019 En primer término refiere no cabe más que rechazar absolutamente la pretensión de la recurrente, por cuanto no ha existido ninguna vulneración de su derecho igualdad ante la ley, libertad de trabajo y propiedad (ni privación, ni perturbación, ni amenaza), ni menos es posible imputar al Servicio de Registro Civil e Identificación ninguna medida o acto que pudiese ser calificado en ése sentido pues, por el contrario, el Servicio de Registro Civil e Identificación en todo momento ha resguardado la protección de los derechos de los funcionarios públicos, correspondiendo así que se rechace el recurso de protección interpuesto por el recurrente don nombre reservado.

En cuanto al principio de confianza legítima que la Contraloría ha invocado en su jurisprudencia reciente no deroga las normas en materia de ejercicio de potestades discrecionales (no arbitrarias), sino que vincula a todo órgano sujeto a su control a fundar las resoluciones en que se ponga término a la respectiva contrata. Precisamente el Servicio cumplió de manera íntegra con dicha exigencia, y fundó acabadamente su resolución de poner término anticipado a la contrata del señor nombre reservado, en respeto pleno de la juridicidad y legalidad vigente.

En cuanto a la fundamentación requerida por el legislador, explica que en particular se acató el mandato señalado en el artículo 11 de la Ley N°19.880, pues, el acto impugnado contiene tanto los fundamentos de hecho como el cúmulo de razones jurídicas que fundamentan la resolución dictada por el Director de Servicio.

En cuanto a la inexistencia de afectación a las garantías constitucionales referidas por el recurrente, señala que el Director del Servicio puede ejercer discrecionalmente la potestad de organizar, reorganizar o reestructurar las unidades internas de su dependencia, sin modificar la estructura de planta determinada en la ley, y es aquello lo que ocurrido legítimamente en este caso.

El recurso es improcedente, y así recientemente la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 26575-2018 de 19 de enero de 2019 resolvió al efecto que: Segundo: Que la condición "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, el artículo 3 de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio".

En mérito de lo expuesto pide se tenga por evacuado informe, y en definitiva no dar lugar al recurso de protección deducido por el recurrente en virtud de los antecedentes de hecho y las consideraciones de derecho expuestos, con expresa condenación en costas.

Acompañó la recurrida, los siguientes documentos:

1. R.EX N 14 2015 - Designa Oficial de Seguridad 2. R.EX 32 de 27 de enero de 2016 Designa encargado seguridad de la información a don nombre reservado.

3. R.EX 280 de 5 agosto de 2016 complementa res. 32 Designa encargado de la seguridad de la Información nombre reservado.

4. R.EX N° 92 DE 2017 - Encargado de Seguridad de la Información.

5. Res. N° 621 de Término de contrata de don nombre reservado de 05 de abril de 2019 6. R.EX N 1064 2019 - Rechaza Recurso de Reposición nombre reservado

7. Recurso de reposición presentado por don nombre reservado de 12 de abril de 2019 8. Resolución Exenta N° 144 de 03 de abril de 2019 que reestructura Subdirección de Estudios y Desarrollo 9. MEMO SED 78 16-01-2019 resp. a MEMO DN 05 Informa Resultado Auditoría 10. MEMO DN 05 de 04-01-2019, que Informa resultado Auditoría Seguridad de la Información 11. Providencia DN 835 02-04-2019, Adjunta MEMO UGE 39 01-04-2019 12. MEMO AI 158 de 02-04-2019, Informa respecto a nueva Estrategia de Seguimiento de compromisos 13. Resolución Exenta RA N° 252/746/2019 de 15 de junio de 2019 14. Prórroga de Designación a Contrata - nombre reservado

15. Resolución Exenta RA N° 252/746/2019 de 17 de mayo de 2019 16. Documento “Estrategia de transformación digital del Estado” 2019 17. Guía técnica gestión documental del Estado. Abril 2019 18. Informe de estado de seguridad Gobierno TI-SED 19. Guía técnica. Guía de digitalización Marzo 2019.

20. Memo DN N°05-2019 Informa Resultado Auditoria Seguridad de la Información.

21. Memo SED N°78 Informa Compromiso de 2019 22. Agenda Digital 2020. Gobierno de Chile 23. Oficio Gab N° 002 sobre austeridad y eficiencia 24. Rex Tra 252 309 2014 De 05-12-2014 Contrata nombre reservado

25. Rex 252 2303 2015 De 18-06-2015 Prorroga 2015 nombre reservado

26. Rex 252 319 2016 De 26-01-2016 Prorroga 2016 nombre reservado

27. REX 252 2955 2017 De 29-12-2017 Prorroga 2018 nombre reservado

28. REX 252 3216 2018 De 31-12-2018 Prorroga 2019 nombre reservado

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que para la resolución del asunto propuesto, es del caso precisar que la vinculación con la administración pública a través de la modalidad a contrata es esencialmente transitorio, cuya duración es limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna, por lo que pueden ser discrecionalmente variadas por la autoridad facultada para realizarla.

QUINTO: Que, por expresa disposición del artículo 3° Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes, y la diferencia esencial entre ambos radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. En este último caso, el artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En concordancia con la norma precedentemente citada el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

SEXTO: Que con los documentos acompañados, se tiene por establecido que el recurrente ingresó a prestar servicios al Servicio de Registro Civil e Identificación desde el año 2014, ininterrumpidamente a contrata y que a la época de ponerse término a sus servicios ejercía funciones como asesor técnico del Subdirector de Estudios y Desarrollo, del Encargado de Seguridad de la Información y del Director Nacional en la materia.

SEPTIMO: Que, la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

En seguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo impugnado expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En relación a los hechos, se advierte que la decisión adoptada por la autoridad consistente en desvincular laboralmente al recurrente en razón de la reorganización interna, y que en la misma el cargo que desempeñaba el recurrente se extinguió.

En cuanto al derecho, se aprecia que la dictación de la resolución impugnada obedece a un actuar enmarcado dentro de las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente el Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que, de lo razonado y como sostenidamente se ha resuelto, se desprende que la autoridad administrativa está facultada para dictaminar el cese de las funciones, en tanto no sean necesarios los servicios -como en la especie ocurre-, y asimismo no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley. En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora.

Por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación, obsta a la procedencia del recurso, desde que el acto impugnado impresiona como debidamente fundado, dictado por la autoridad competente y dentro de sus facultades, máxime cuando obedece a un proceso de reestructuración y supresión de unidades y la creación de otras en que según se informó, los servicios del recurrente no son necesarios.

NOVENO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor del recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese.

N°Protección-69011-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

Santiago, nueve de octubre de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.