ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS CARRASCO LIMITADA con DIRECCIÓN DEL TRABAJO ACUMULADA 6870-2025, 6871-2025, 6872-2025, 6873-2025, 6874-2025, 6876-2025, 6877-2025, 6878-2025, 6879-2025, 6880-2025, 6881-2025 Y 6951-2025

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

1º Que comparece don Pedro Matamala Souper, abogado, en representación de las sociedades Administradora Franquicia Carrasco SpA, Arcos Dorados Restaurantes de Chile SpA, Clínica Belenus SpA, Sociedad de Recaudación de Pagos y Servicios Limitada – Servipag, Arcos de Valparaíso SpA, Inversiones Las Docas SpA, Jeansblue SpA, Matriz Ideas S.A., Levi Strauss Chile Limitada, Comercializadora de Alimentos Corachi SpA, Comercial Tarragona S.A. y Vanguardia SpA, interponiendo recursos de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director Nacional don Pablo Zenteno Muñoz.

Señalan que la autoridad recurrida, mediante Ordinario N°206 de fecha 2 de abril de 2025, bajo el epígrafe “Contrato de trabajo. Cláusulas tácitas. Semana Santa. Viernes Santo”, ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al interpretar que la decisión de las empresas de no abrir sus locales durante años anteriores en la festividad religiosa de Viernes Santo habría configurado una cláusula tácita de descanso absoluto en favor de los trabajadores, obligatoria y vinculante para las partes, lo cual les impide operar en dicha fecha, afectando gravemente la continuidad de sus giros y vulnerando con ello garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, particularmente la libertad de desarrollar cualquier actividad económica lícita (N°21), el derecho de propiedad en sus diversas especies (N°24) y la igualdad ante la ley (N°2). Por ello solicitan que se deje sin efecto dicho Ordinario y se restablezca el imperio del derecho, reconociéndose que las recurrentes pueden abrir sus establecimientos en la fecha indicada conforme a la normativa laboral vigente.

Los hechos expuestos se vinculan directamente con el pronunciamiento administrativo emitido por la Dirección del Trabajo a raíz de la solicitud formulada por organizaciones sindicales -la Confederación de Sindicatos del Comercio y la Producción, la Confederación Nacional de Trabajadores de Comercio y Servicios y la Central Unitaria de Trabajadores-, quienes pidieron determinar la legalidad de la apertura de locales comerciales el día 18 de abril de 2025, correspondiente a Viernes Santo. La autoridad, tras un análisis sobre el principio de consensualidad, la primacía de la realidad, la procedencia de las cláusulas tácitas y la posible discriminación religiosa, concluyó que el hecho de no abrir en años anteriores constituía un acuerdo tácito que debía respetarse, aun cuando dicha festividad no se encuentra dentro de los feriados irrenunciables de la Ley N°19.973.

Expone que las sociedades recurrentes desarrollan giros de muy diversa índole, todos ellos vinculados a la libertad de empresa y al legítimo ejercicio del derecho de propiedad: cadenas internacionales de comida rápida como McDonald’s y Carl’s Jr.; clínicas de salud y estética; empresas de vestuario como Wrangler, Lee y Levi’s; servicios financieros y de recaudación de pagos; casas comerciales de productos para el hogar, así como establecimientos de entretención masiva. Todas estas actividades requieren operar durante todo el año, particularmente en fechas de alta afluencia de público, sin que la ley laboral haya establecido restricción de apertura para la festividad de Viernes Santo.

Desde el punto de vista jurídico, argumentan que la Dirección del Trabajo carece de atribuciones para crear obligaciones no previstas en la ley, pues su competencia se limita a fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y no a imponer nuevas prohibiciones.

Añaden que el Ordinario recurrido desconoce el principio de legalidad al atribuir a una supuesta práctica de no apertura, la calidad de cláusula contractual tácita, lo que implica alterar la voluntad de las partes en la relación laboral. Resalta además, que la autoridad administrativa desnaturaliza la noción de “cláusula tácita” al imponer un efecto vinculante sin que existan manifestaciones concordantes de voluntad, ya que la decisión empresarial de no abrir en ciertos años respondió a motivos comerciales o coyunturales y no a un acuerdo con sus trabajadores.

En cuanto a las garantías fundamentales, sostienen que se ve afectado el derecho a la igualdad ante la ley, al tratar de manera distinta a las empresas de comercio y servicios respecto de otras actividades que no se encuentran impedidas de abrir en la misma fecha. Igualmente, se perturba la libertad de desarrollar actividades económicas lícitas, pues se les impide disponer libremente sobre la apertura de sus locales en una jornada que no está sujeta a limitaciones legales.

Finalmente, se conculcaría el derecho de propiedad, en tanto se restringe, en forma indebida, el legítimo ejercicio de las facultades inherentes al dominio, como son la administración y explotación de sus bienes y negocios.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el Ordinario N°206 de 2 de abril de 2025 dictado por la Dirección del Trabajo, declarando que las recurrentes se encuentran plenamente facultadas para abrir y atender público durante el día 18 de abril de 2025, Viernes Santo, y en cualquier otro feriado no calificado por la ley como irrenunciable, con expresa condena en costas.

2º Que, al evacuar informe la Dirección del Trabajo, indica que la acción constitucional se dirige contra un Ordinario, que corresponde a decisión institucional que tiene carácter interpretativo-doctrinal, que las recurrentes invocan las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que solicitan el cese del acto mediante la suspensión de sus efectos y, en subsidio, que se deje sin efecto el Ordinario, con costas.

A efectos de fundar el rechazo del arbitrio, la recurrente alega, la improcedencia de la vía, por cuanto el recurso de protección no constituye sustituto jurisdiccional de las acciones ordinarias previstas para impugnar actos administrativos; en la especie, la controversia debe ventilarse ante la judicatura laboral vía reclamación del artículo 420 letra e), en relación con el artículo 504, ambos del Código del Trabajo, por tratarse del mérito de una doctrina administrativa. Se enfatiza que la tutela de protección procede sólo ante afectación indubitada y actual de garantías fundamentales, lo que aquí no concurre.

Enseguida, alega la falta de legitimación pasiva material, por cuanto el acto impugnado es un pronunciamiento interpretativo que, por su naturaleza, no ejecuta privación, perturbación ni amenaza concreta a derechos fundamentales; lo eventualmente lesivo sería, en su caso, un acto de aplicación ulterior. Se invocan como fundamentos de derecho las facultades legales de interpretación del Director del Trabajo: artículo 5 letra b) del DFL N° 2, de 1967, y artículo 505 inciso primero del Código del Trabajo, además del principio de juridicidad que ampara el ejercicio de potestades normativamente conferidas.

Asimismo, sostiene la inexistencia de un derecho indubitado de las recurrentes que amparar, desde que las actoras controvierten la doctrina administrativa sobre consensualidad del contrato y cláusula tácita, materia que exige debate y prueba propios de un juicio de lato conocimiento; por ende, la acción cautelar no puede erigirse en instancia declarativa de derechos.

Por otra parte, se afirma la legalidad y razonabilidad del Ordinario N° 206. En lo fáctico, dicho pronunciamiento responde a solicitudes institucionales relativas a la apertura de locales del comercio en “Viernes Santo” de 2025, y se limita a reiterar doctrina sobre cláusulas tácitas, primacía de la realidad y límites al ius variandi; en lo jurídico, se encuadra en las facultades interpretativas antes reseñadas y no invade competencias jurisdiccionales. Se descarta arbitrariedad, por existir fundamentación lógica y proporcional.

Del mismo modo, se desestiman las alegaciones de vulneración del artículo 19 N° 3 inciso quinto —por inexistencia de “juzgamiento” o comisión especial— y del artículo 19 N° 21 —pues el Ordinario no prohíbe la actividad económica ni la restringe, careciendo de aptitud para impedir el giro—.

Finalmente, se opone la excepción de falta de oportunidad: el feriado cuestionado aconteció el 18 de abril de 2025; las directrices de fiscalización generaron sólo siete denuncias con cuatro sanciones que no afectaron a las recurrentes; además, la orden de no innovar fue rechazada y su reposición, desestimada por pérdida de oportunidad. No existe, pues, medida útil que adoptar para restablecer el imperio del Derecho.

En mérito de lo anterior, concluye solicitando rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas.

3º Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque directamente alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

4º Que, como se colige del libelo pretensor, lo denunciado como acto ilegal es la dictación por parte de la recurrida del Ordinario N°206 de fecha 2 de abril de 2025, que señala en su epígrafe “Contrato de trabajo. Cláusulas tácitas. Semana Santa. Viernes Santo”, al que se imputa provenir del ejercicio de facultades que aquel órgano administrativo no tiene, pues en términos normativos estiman que solo cuenta con atribuciones para fiscalizar y sancionar el incumplimiento de normas laborales.

5º Que, en su contenido, lo que determina aquel acto es que al no haberse abierto durante años anteriores las tiendas del comercio al público durante la festividad religiosa correspondiente a "Viernes Santo", indefectiblemente conlleva a razonar que, durante esa fecha, el empleador ha convenido tácitamente con tales trabajadores que el feriado se exprese como uno de descanso de forma absoluta; que las cláusulas tácitas son una proyección del principio de la primacía de la realidad y, por tanto, su naturaleza es eminentemente protectora y garantista, debiendo cautelarse que los trabajadores no se vean perjudicados o forzados a modificar aquella; y que, aun siendo un feriado que de acuerdo con la Ley N°19.973 no forma parte de aquellos de carácter irrenunciable, ello no faculta ni autoriza al empleador a desconocer la vigencia de las cláusulas tácitamente convenidas con sus trabajadores y trabajadoras.

Entonces, el contenido del acto, es una interpretación de la normativa laboral, función que está dentro de aquellas de las cuales se ha dotado a la recurrida, por lo que, desde ya, se puede afirmar que no se arroga facultad alguna.

6º Que esta actuación, es en particular, el ejercicio de la función que le entrega el D.F.L. N° 2 del año 1967, artículo 1, en su letra b): “Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo;” , lo que se ve refrendado en el artículo 5 de este mismo texto, en que se indica que al Director del Trabajo, le corresponde: “b) Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social..” y “c) Velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República”.

Esta facultad de la Dirección del Trabajo para interpretar las normas laborales se ve ratificado en el artículo 505 del Código del Trabajo, que dispone: “...La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”.

7º Que, respecto de la imputación realizada, de carecer la recurrida de facultades para interpretar contratos y con ello, generar obligaciones, se debe puntualizar que, en este caso, no se ha interpretado un contrato, sino que se ha obrado por la vía de constatar hechos determinados y ahí determinar, conforme al análisis jurídico y sistemático de las normas y principios laborales que señala, el efecto que tiene para las partes involucradas, las acciones desplegadas por las empresas, por lo que ante su eventual repetición en el tiempo, serían indiciarios de la comisión de una eventual infracción.

O sea, no se estableció la existencia de cláusulas tacitas en las relaciones laborales determinadas, sino que se constató que existiendo las hipótesis legales para ello, se aplica el efecto de tales acuerdos tácitos entre empleadores y trabajadores, si se reitera una conducta como la descrita.

8º Que, sin perjuicio de lo dicho recién, la Dirección del Trabajo sí tiene facultades para calificar un contrato laboral, pues la norma mandata a la Dirección del Trabajo a fiscalizar las relaciones laborales y la acción de fiscalizar tendría el sentido natural y obvio que se extrae a partir del significado que el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que contempla la posibilidad de criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien, es decir, hace un juicio racional de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia o de las reglas del arte, de que se trate el asunto.

Enseguida, aun cuando el órgano administrativo hubiere calificado un contrato en particular, tiene a salvo la facultad de reclamación para el caso que esa facultad la hubiere ejercido sobre errados presupuestos.

9º Que, como se ha dicho, la finalidad propia de la presente acción de protección, es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental.

En esta dirección se ha razonado por la Excma. Corte Suprema que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol 1108-2009).

10º Que, no puede sino concluirse que en el presente caso no se ha establecido que las empresas recurrentes posean un derecho indubitado que las habilite para reclamar por el presente medio, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, por ende, no es posible advertir las vulneraciones a las garantías constitucionales que aluden las recurrentes en su libelo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Pedro Matamala Souper, abogado, en representación de las sociedades Administradora Franquicia Carrasco SpA, Arcos Dorados Restaurantes de Chile SpA, Clínica Belenus SpA, Sociedad de Recaudación de Pagos y Servicios Limitada – Servipag, Arcos de Valparaíso SpA, Inversiones Las Docas SpA, Jeansblue SpA, Matriz Ideas S.A., Levi Strauss Chile Limitada, Comercializadora de Alimentos Corachi SpA, Comercial Tarragona S.A. y Vanguardia SpA, en contra de la Dirección del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Manuel Luna Abarza N°Protección-6870-2025 y acumuladas.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.