nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

CERTIFICO: Que, se anunció, escuchó relación y alegó contra el recurso, la abogado doña Yasna Vukic Zalaquett, por la Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana.

Santiago, 29 de octubre de 2018 nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación La Araucana, del giro de su denominación, representada por su gerente general don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que se ha conculcado a su respecto la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, con ocasión de un descuento practicado en su remuneración por concepto de crédito social.

Pide se reestablezca el imperio del derecho, ordenando que la recurrida cese en sus solicitudes de descuentos a su empleador, y que restituya los descuentos realizados, por ser arbitrario e ilegal su acción, solicitando condenación en costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que en el mes de agosto de 2018, específicamente el 31 de dicho mes, su empleador Progesys le realizó un descuento de $30.187.-, por concepto de crédito personal en CCAF, y ante dicho cobro irregular y arbitrario solicitó mayores detalles, en donde, le indicaron que se trataba de una solicitud efectuada por la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana derivada de un crédito que había solicitado.

Indica que frente a lo anterior y dado que en alguna oportunidad tuvo un crédito social con la Caja de Compensación recurrida, que había sido regularizado a través de los seguros y descuentos de su finiquito laboral, o por lo menos, eso había pensado, al averiguar, directamente con la Caja de Compensación la Araucana en sus oficinas, le informaron que se trata de un crédito social insoluto que pidió en el año 2012, es decir, hace 6 años atrás.

Señala que la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, durante el año 2014 dedujo demanda ejecutiva en su contra, haciendo uso de la cláusula de aceleración de pago, proceso que se encuentra en tramitación ante el 2° Juzgado de Letras de San Bernardo, en causa rol C-2903-2014, demanda que actualmente se encuentra notificada y archivada por la inactividad del acreedor.

Hace presente que la recurrida, al momento de ejercer la acción ejecutiva haciendo uso de su cláusula de aceleración convencional de pago y trabando la litis mediante la notificación de la demanda ejecutiva, trajo como consecuencia, que ya no existan cuotas pendientes, dado que en la actualidad se adeuda la totalidad del crédito, por lo tanto, no sería compatible ejercer la acción ejecutiva y desconocer sus propios actos, dado que al hacer uso de la cláusula de aceleración de pago, la recurrida está cobrando la totalidad de la deuda como plazo vencido en sede civil y una vez ejercido este derecho, no es posible, volver a las mismas condiciones iniciales, dado que dicha condición, si bien en un principio es facultativa según la redacción del contrato de mutuo, una vez ejercida es irreversible.

Agrega que al interponer la demanda ejecutiva en sede civil, se le está entregando la competencia a los tribunales de justicia para llevar la ejecución del crédito, por lo tanto, no es congruente hacer uso de beneficios que se entregan para el cobro oportuno de un crédito no judicializado como ocurre con el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Por último, puntualiza que lo indicado precedentemente, en relación a que la recurrida no puede hacer uso del artículo 22 de la Ley 18.833, dado que esta facultad esta entregada para el cobro oportuno del crédito, ha fallado por la Excma. Corte Suprema, en causa rol 12.424-2018 y por ello, la arbitrariedad e ilegalidad de la acción de la recurrida se encuentra en el cobro extemporáneo del crédito mediante el uso arbitrario de la facultad que contempla el artículo 22 de la Ley 18.833 que tiene por finalidad el cobro oportuno del crédito.

Concluye que el uso abusivo de la garantía de cobro de la remuneración ha vulnerado el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la Republica, sin explicitar la forma en que ocurrió la conculcación.

Segundo: Que, la recurrente acompañó copia de su liquidación de sueldo de agosto de 2018.

Tercero: Que evacua el informe requerido la abogado de la Caja de Compensación y Asignación Familiar doña Yasna Vukic Zalaquett, quien solicita el rechazo del arbitrio intentado Funda sus alegaciones señalando que, conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes de Prestaciones Familiares y de Subsidios de Cesantía contemplados en el D.F.L. N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el de Subsidios por Incapacidad Laboral; y de prestaciones de bienestar social, en cuya virtud pueden establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los Regímenes de Crédito Social, de Prestaciones Adicionales y de Prestaciones Complementarias.

Agrega que para la finalidad anterior, conforme al artículo 29 de la citada ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, compuesto por comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. Al ser las Cajas de Compensación, corporaciones sin fines de lucro, los excedentes obtenidos incrementan el Fondo Social, otorgando más beneficios de bienestar social a sus afiliados.

Indica que los recursos de este fondo se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales y de crédito social, a adquirir bienes para el funcionamiento de las Cajas de Compensación y al financiamiento de sus gastos de administración, destacando que la administración superior de estas instituciones de previsión social están a cargo de un Directorio formado por los propios interesados, es decir empleadores y trabajadores.

Refiere que con la finalidad de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una central de riesgo financiero de las C.C.A.F., instrucciones contenidas en Circulares N°2627 del año 2010, N°2714 y N°2743 del año 2011, N°2839 del año 2012, N°2925 del año 2013, por citar algunas.

Explica que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, celebraron el 15 de abril de 2013, un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ellas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso.

Cita al efecto el artículo 22, inciso 1° de la Ley N° 18.833 y concluye que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones se funda en dicha norma, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que describen el mecanismo del pago del crédito social.

Destaca las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, la que se ajusta al artículo 58 del Código del Trabajo.

Refiere que la recurrente pretende que se reembolse el dinero descontado en agosto de 2018, producto de un crédito que fue solicitado el 2 de noviembre de 2010, Folio N°003-000545716, por un monto de $3.900.000.-, pactado en 57 cuotas mensuales y sucesivas de $147.422.-, las que eran descontadas de su liquidación de remuneraciones como estaba pactado en el contrato de mutuo, mediante su empleadora Falabella y Compañía Corredora de Seguros Limitada, encontrándose pagadas desde la cuota N°1 hasta la cuota N°9, pasando a partir de la cuota N°10, a figurar como morosa, hasta que el 05 de noviembre de 2012, la recurrente celebra un acuerdo de pago con La Araucana C.C.A.F., a fin de regularizar la morosidad producida en el pago del crédito social, por la suma de $7.768.247.-, pactado en 12 cuotas, las once primeras cuotas por la suma de $100.000.- (cien mil pesos), cada una; y la cuota N°12 por la suma de $6.668.247.- Sostiene que respecto al acuerdo de pago, sólo se pagó la cuota N°1 directamente por caja, en el mes de diciembre de 2012, no existiendo más pagos por este concepto, pasando nuevamente a figurar con morosidad, la que se mantuvo hasta enero de 2016, en que es posible ubicarla por encontrarse trabajando en una entidad afiliada a la C.C.A.F. Los Andes, procediendo dicha Caja atendido el Sistema InterCajas a descontar y remesar a partir del mes de febrero de 2016 en adelante, la suma de $100.000.- (cien mil pesos), monto que permitió saldar la cuota N°2 hasta la cuota N°11, estando aún pendiente de pago el total de la cuota N°12, figurando nuevamente como morosa hasta el mes de julio de 2018, en que nuevamente se la ubica y se procede a enviar la planilla respectiva a la C.C.A.F. Los Andes para aplicar los descuentos vía Sistema InterCajas, a partir del mes de agosto del año en curso, es así que en el mes de septiembre de 2018, se recibe la suma de $30.187.-, que sirvió para abonar a la cuota N°12.

Con relación al finiquito que indica la recurrente, expone que nunca se recibió por la Caja descuento alguno en virtud de algún finiquito y respecto a la causa señalada por la recurrente, se trata de un juicio ordinario en que la demandada no interpuso la excepción de prescripción para efecto de dar por extinguida las acciones de cobro por parte de esta Caja.

Recalca que el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de La Araucana C.C.A.F., pues esta institución, sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger el fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal establecida para ello y conforme lo expuesto, la recurrida no ha vulnerado la Garantía Constitucional contemplada en el artículo 19 N°24, puesto que ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones legales. En consecuencia sólo se ha procedido a regularizar una obligación contraída por una de las partes, siendo ilegal o arbitrario si la deducción realizada hubiera sido declarada prescrita, lo que no aconteció.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia simple del dictamen N° 4527 / 093 / del año 2011, emitido por la Dirección del Trabajo, validando el descuento a través del Proyecto Intercajas; 2.- Copia simple del Ordinario N°67989, de fecha 13 de diciembre de 2016 emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, en el que se valida la modalidad de descontar el crédito por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como ya ha venido señalando la Excma. Corte Suprema, cuya doctrina esta Corte hace suya, las Cajas de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, están subordinadas a la Constitución Política de la República, a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella. De allí surge el principio de igualdad ante la ley, que importa la interdicción de la arbitrariedad, de modo que el ejercicio de esa función pública debe reposar en un análisis motivado y racional, no simplemente potestativo e intempestivo.

Séptimo: Que, en este sentido, hay que dejar establecido que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Octavo: Que, teniendo en especial consideración que la recurrida había ingresado una demanda de cobro en procedimiento ordinario, ejerciendo su derecho a la acción, es inconcuso concluir que al pretende el cobro de las cuotas mediante el ejercicio del contrato intercajas, ha actuado de manera injustificada, reviviendo un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno y mediante obligaciones vigentes, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que, durante más de 6 años, dio señales de desinterés en perseguir su solución, situación que se agrava, desde que la demanda ordinaria interpuesta, luego de haber sido notificada, fue abandonada.

Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

Noveno: Que, así las cosas, esta Corte estima que el proceder de la recurrida se torna en arbitrario y vulnera, abiertamente, la legítima expectativa de la recurrente en orden a percibir sus remuneraciones de forma íntegra, situación que por cierto, afecta en su esencia, los derechos fundamentales previstos en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, y en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos practicados sobre la remuneración de la actora a requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Familiar recurrida, debiendo ésta, además, proceder a la devolución de los dineros descontados de su remuneración y que motivan el presente arbitrio, sin perjuicio del derecho que asiste a la referida entidad para perseguir el pago de la obligación por los medios ordinarios.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-68.666-2018.