Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Segurida

Santiago, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, representada por el abogado don Erwin Moller Rubio, quien interpuso recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente el rechazo del pago del subsidio correspondiente a la licencia médica N°NUM000, extendida por su médico tratante por un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión. Lo anterior, debido a que las recurridas estimaron que el reposo prescrito en dichas licencias no se encontraba debidamente justificado, actuación que vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los números 1, 2, 9, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al carecer de motivaciones técnicas que le sirven de sustento, deviniendo en un mero capricho de la autoridad administrativa, por lo que solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de las recurridas y se ordene el pago de la licencia.

Expone que se encontraba bajo reposo médico conforme a las licencias médicas emitidas en conformidad con los requisitos legales establecidos. Sin embargo, las entidades recurridas determinaron de manera arbitraria que la licencia médica que motiva la presente acción constituía un reposo injustificado.

Precisa que de su historial médico se advierte que el periodo de reposo inicia cuando fue diagnosticada con "trastorno mixto de ansiedad y depresión", condición psicológica caracterizada por la presencia simultánea de síntomas significativos tanto de ansiedad como de depresión.

Detalla que esta patología genera diversos síntomas debilitantes que incluyen sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, falta de motivación, preocupación excesiva, nerviosismo, irritabilidad, dificultades para concentrarse, cambios en los patrones de sueño y apetito, fatiga constante, síntomas físicos como dolores de cabeza, molestias gastrointestinales y tensión muscular.

Asimismo, señala que el diagnóstico de esta enfermedad se realiza principalmente a través de la identificación de síntomas clínicos, no existiendo pruebas objetivas específicas para su diagnóstico, siendo por tanto esencial la evaluación clínica detallada y la experiencia del médico tratante.

Refiere que el tratamiento varía según los síntomas de cada paciente e incluye terapia farmacológica y psicoterapia, pudiendo el médico tratante incluir como parte fundamental del tratamiento el reposo laboral, permitiendo al paciente recuperarse sin las presiones y el estrés del entorno laboral. En este contexto, al ser diagnosticada con esta enfermedad, comenzó de inmediato con el tratamiento adecuado establecido por su médico tratante, siendo el reposo laboral estrictamente necesario debido a la naturaleza debilitante de los síntomas de la patología, los cuales impactan significativamente la calidad de vida y la capacidad para trabajar.

Sostiene que existe un incumplimiento del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas establecido en el Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, específicamente su artículo 16, que exige que en caso de rechazo de una licencia médica, la resolución respectiva debe estamparse en el formulario dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida. Alega que las respuestas proporcionadas carecen de una argumentación sólida y detallada, limitándose a señalar aspectos incorrectos y omitiendo completamente cualquier tipo de justificación adecuada.

Asimismo, acusa el incumplimiento de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, particularmente sus artículos 11, 16 y 41, que establecen la obligatoriedad de los órganos de la Administración del Estado de fundamentar sus decisiones, expresar los hechos y fundamentos de derecho en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares, realizar el procedimiento con transparencia y que las resoluciones contengan decisiones fundadas. Complementa este argumento citando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que califica como arbitrario el actuar de las recurridas cuando no se ajusta a la normativa por no explicitar las razones que motivaron sus decisiones.

Adicionalmente, argumenta el incumplimiento de la Ley N°20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, cuyo artículo 10 establece que las instituciones de salud previsional serán las encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas, no los usuarios o pacientes. Finalmente, invoca la Ley N° 21.331 sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, específicamente su artículo 20 numeral 6, que prohíbe la discriminación respecto de otras enfermedades en relación a la tasa de aceptación de licencias médicas.

Estima que se vulnera del derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, ya que la negativa a proporcionar el reposo médico necesario genera incertidumbre y preocupación respecto a su situación laboral y financiera, pudiendo exacerbar los síntomas de su enfermedad y obstaculizar su recuperación. Respecto del derecho de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, alega discriminación arbitraria al recibir un trato desigual respecto de otras personas a quienes sí se les autoriza el pago de licencias médicas, especialmente considerando que el rechazo sistemático de licencias de salud mental genera discriminación entre quienes tienen recursos económicos y quienes no. Además, en cuanto al derecho a la protección de la salud y seguridad social contemplados en los numerales 9 y 18 del artículo 19, sostiene que la denegación de la licencia médica impide el acceso a los beneficios económicos y de salud proporcionados por el sistema de seguridad social, agravando su situación y la de su familia. Finalmente, respecto del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, argumenta que el rechazo de las licencias médicas la priva del derecho a retribución monetaria contemplada por la ley para casos de encontrarse imposibilitada de trabajar por enfermedad, constituyendo los rechazos actos irreflexivos y antojadizos sin causa legal ni justificación médica.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se ordene a las recurridas que aprueben la licencia médica NUM000, otorguen el subsidio por incapacidad laboral correspondiente y paguen las costas de la causa por haber compelido a la recurrente a litigar.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Rodrigo Javier Campos Cortés, mandatario judicial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Explica que la justificación del rechazo de la mencionada licencia médica quedó debidamente registrada en el expediente administrativo y en la cartola médica de la usuaria, sustentándose en el peritaje realizado por ISAPRE Consalud S.A. el 6 de agosto de 2024. Dicho informe pericial concluyó categóricamente que la exploración psiquiátrica implementada permitió objetivar que la señora nombre reservado experimentaba "una reacción vivencial normal en el contexto de las ansiedades de separación de su lactante y en el contexto del problema representado por haberse mudado a una ciudad lejana de la ciudad en que su empleador le pide volver a trabajar presencialmente". El peritaje determinó expresamente que la recurrente "no cumple criterios diagnósticos de un trastorno psiquiátrico" y que incurría en "un incumplimiento terapéutico", exhibiendo "un comportamiento disocial, que resta confiabilidad al relato respecto al menos de la intensidad y repercusiones de la sintomatología".

Añade que fue de particular relevancia la conclusión del informe pericial que estableció que "la funcionalidad del aparato mental de la Sra. nombre reservado es adecuada" y que "la sintomatología experimentada por ella no tiene connotación psicopatológica", agregando que el reposo laboral no cumple un rol curativo.

Destaca que el peritaje concluyó que no le correspondía reposo laboral desde el 19 de marzo de 2024 en adelante.

Finalmente, fundamenta su actuación en el marco normativo vigente que regula el otorgamiento de licencias médicas y consecuente pago del subsidio, específicamente en el Decreto N°7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales y el Decreto Supremo N°3/1984 que establece el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, cuyo artículo 14 otorga competencia privativa para aprobar o rechazar licencias médicas, enfatizando su carácter de organismo eminentemente técnico que busca asegurar el cumplimiento de la finalidad terapéutica y transitoria de las licencias médicas.

Tercero: Que, comparece la abogada Andrea Cisternas Tiemann, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que la señora nombre reservado, reclamó ante la Superintendencia debido a que la Subcomisión Talca - COMPIN Región del Maule confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM001, extendida por un total de 25 días a contar del 22 de octubre de 2024, por diagnóstico de episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, emitida por el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra. Posteriormente, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, dictando la Resolución Exenta N°NUM002, de 10 de marzo de 2025, que confirmó el rechazo de la licencia médica cuestionada.

Explica que dentro de los antecedentes que se consideraron para decidir el rechazo de la licencia médica se encuentra el informe de peritaje médico realizado el 15 de abril de 2024 por el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra, respecto de una licencia médica anterior a la reclamada en estos autos. En dicho peritaje se concluyó expresamente que: "La exploración psiquiátrica implementada en el caso de la Sra. nombre reservado permite objetivar que ella experimenta una reacción vivencial normal en el contexto de las ansiedades de separación de su lactante y en el contexto del problema representado por haberse mudado a una ciudad lejana de la ciudad en que su empleador le pide volver a trabajar presencialmente.

No cumple criterios diagnósticos de un trastorno psiquiátrico. La funcionalidad del aparato mental de la Sra. nombre reservado es adecuada. La sintomatología experimentada por ella no tiene connotación psicopatológica. El reposo laboral no cumple un rol curativo." Más relevante aún, el peritaje determinó que "puede aseverarse que ella cumple criterios diagnósticos de una simulación consciente, tanto de una incapacidad laboral de origen psiquiátrico, como también de una morbilidad psiquiátrica. En consecuencia, no le ha correspondido reposo laboral desde el día 19.03.2024, en adelante" Adicionalmente, la profesional médica de la Superintendencia, doña nombre reservado, elaboró la ficha médica de 2 de marzo de 2025, donde concluyó que la recurrente ya había mantenido reposo médico prolongado que incluía períodos de pre y post natal, enfermedad de hijo menor de un año y licencias de causa psiquiátrica, totalizando 70 días autorizados por la misma patología. El informe técnico determinó que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del período ya autorizado, especialmente considerando que no existía descripción acabada del cuadro clínico, plan de tratamiento ni proyección de reintegro laboral en los informes médicos presentados.

Finalmente, niega la existencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuación, destacando que la resolución impugnada se dictó dentro del marco de las atribuciones legales conferidas por los artículos 2° y 3° de la Ley N°16.395, así como por las disposiciones del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud. Asimismo, argumentó la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, particularmente respecto del derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, toda vez que la emisión de una licencia médica no otorga por sí sola derecho a retribución monetaria, sino que requiere autorización del organismo competente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM002, de 10 de marzo de 2025 que mantuvo el rechazo de la licencia médica, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por la recurrente.

Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “(…) que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 70 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, en efecto, los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y el informe del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado. Los informes médicos no describen adecuadamente el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni los ajustes en el tratamiento que podrían justificar un rol terapéutico del reposo. Es más, en evaluación de segunda opinión, queda en evidencia que no existe propositividad vital orientada al reintegro dado que la reclamante se trasladó a residir a una ciudad distinta a la de su trabajo”.

Tales conclusiones se encuentra abonadas con el merito de los informes periciales emitidos en la causa, los que establecen, en el caso del primero: “No cumple criterios diagnósticos de un trastorno psiquiátrico. Incurre en un incumplimiento terapéutico. Exhibe un comportamiento disocial, que resta confiabilidad al relato respecto al menos de la intensidad y repercusiones de la sintomatología. La funcionalidad del aparato mental de la Sra. nombre reservado es adecuada. La sintomatología experimentada por ella no tiene connotación psicopatológica. El reposo laboral no cumple un rol curativo. Dado lo antes referido en torno de la Sra. nombre reservado, puede aseverarse que ella cumple criterios diagnósticos de una simulación consciente, tanto de una incapacidad laboral de origen psiquiátrico, como también de una morbilidad psiquiátrica”; y, en el caso del segundo, que “No existe descripción acabada de cuadro clínico, GAF, plan de tratamiento y reintegro. Informe de psicóloga GES señala atenciones a partir del 28/8/24, registrando ultima atención por médico GES en noviembre. Describe como estresor situación laboral. La LM reclamada es emitida por psiquiatra extra sistema pese a ingreso a GES. Peritaje con fecha 15/4/25, señala que cuadro clínico corresponde a simulación ya que evaluada no cuenta con red de apoyo para el cuidado de hija y se trasladó a vivir durante el periparto a vivir a otra ciudad distinta a la del trabajo”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 6863-2025 Protección